Como otros gobernantes contemporáneos en Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, etcétera, en México, López Obrador se caracteriza por un estilo centralista y personalista de gobernar. Apela al sentimiento popular y lo encarna. Apela a un proyecto conservador que busca reinstaurar, regenerar, regresar la grandeza perdida. Es un liderazgo que concentra decisiones y ataca a los contrapesos políticos, sociales o institucionales. En su caso, López Obrador ha definido su proyecto político enfocado a la desarticulación de las instituciones nacidas en el proceso de transición. Su proyecto es regenerar el sistema previo a la transición.

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López Obrador sabe que la corrupción es el tema más sensible. Un tema que ha lastimado la vida pública y privada. Lo supo, lo explotó en campaña y ganó. Ofreció la gran ilusión de acabar con la corrupción. La ilusión de acabar con las prácticas que llevaron al enriquecimiento de muchos a costa del erario. La ilusión de cambiar.

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La corrupción está presente en el día a día de la sociedad. Está en el condicionamiento de los servicios más básicos y cotidianos, como los servicios de limpieza y recolección de basura.  Está en la colusión entre autoridades y delincuentes en todos los niveles. Está en la clase política que otorga beneficios económicos a sus cercanos con contratos de abultados presupuestos. Está en el sistema económico de compadres que se benefician de su cercanía al poder. Está en el presente, en la historia cercana y lejana. ¿Quién podría estar en contra de enjuiciar a los corruptos? Nadie, sin duda.

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A dos años de gobierno, con las peores crisis agudizando la vida nacional, los malestares sociales siguen ahí, a la vista de todos, todo el tiempo. En materia de seguridad, la militarización (ahora constitucional) de la seguridad continúa con una estrategia que ha mostrado sus grandes deficiencias. La violencia feminicida en aumento, sin freno. En materia económica, los efectos de la pandemia del COVID-19 han causado graves afectaciones y se prevé que tardaremos entre seis y diez años en regresar a los niveles económicos de 2018.

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La crisis de salud de una pandemia suma miles de muertes; desde el día que se reportó el primer fallecimiento en México, se promedian 388 muertes al día. Al 1 de septiembre han muerto 65,241 mexicanos. La ilusión de un futuro próspero se ha ido diluyendo.

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En este marco, la lucha contra la corrupción es el último reducto de ilusiones por vender. El presidente retoma una ilusión. El presidente retoma el ánimo de justicia, tal vez hasta de venganza, pero incuestionable: enjuiciar a los expresidentes. A los expresidentes se les ha declarado culpables por su herencia de corrupción.

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Para llevar a cabo este acto de justicia basta con obtener las evidencias y presentarlas ante la Fiscalía General de la República. Para enjuiciar a un expresidente basta con documentar su corrupción. El juicio requiere de pruebas. Así en muchos países sus expresidentes han sido enjuiciados por delitos tan diversos que van desde corrupción hasta genocidios. Pero en México no.

En México el presidente quiere consultar al pueblo (siempre el pueblo). Quiere que el pueblo decida si se presentan cargos contra los expresidentes. Invita a impulsar una consulta popular para, en su caso, hacer obligatorio el juicio. Pero este llamado no es inocente, es un dardo envenenado contra la democracia, contra las instituciones.

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Para llevar a cabo una consulta popular se requiere cumplir con diversos procedimientos. Primero, debe activarse una solicitud de consulta. Esto implica varias posibilidades. Puede activarse una consulta popular si el 2% de la lista nominal de electores lo solicita, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o bien a petición del presidente. Sin duda para un presidente con mayoría en ambas Cámaras y un partido movilizado que lo respalda cumplir con los requisitos no será problema.

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El problema radica en su constitucionalidad. El problema radica en los siguientes pasos del proceso. De acuerdo con el artículo 35 constitucional, la pregunta que será sometida a consulta debe ser evaluada por la Suprema Corte de Justicia. La evaluación de la pregunta debe someterse a las siguientes reglas:

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“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”

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Por lo tanto, una propuesta de consulta que pregunte sobre procedimientos de justicia es inconstitucional. Todas las personas, incluso los expresidentes, tienen derecho a un recurso efectivo y al debido proceso. La consulta propone violar estos derechos.

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El siguiente problema constitucional que enfrentará el presidente será ante el Instituto Nacional Electoral. Este tiene que validar que las firmas que respaldan la solicitud sean legales, que no estén duplicadas, en fin que cumplan con encontrarse en el listado nominal. Por el tamaño del partido, pero sobre todo el tamaño de la ilusión eso no será problema.

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La consulta que quiere el presidente tiene también matices electorales. El presidente quiere estar presente en el marco del proceso electoral del año 2021. Pero las consultas no pueden realizarse el mismo día de la elección. El artículo 35 constitucional señala como fecha para su realización el primer domingo de agosto, dos meses después de la jornada electoral. No solamente esta la fecha, el mismo artículo señala que “durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”, por lo que su objetivo mediático se obstaculizará.

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La mesa está servida para dar el mayor golpe contra la democracia y sus instituciones. La solicitud de consulta es abiertamente inconstitucional. El presidente no podrá hacer propaganda en sus “mañaneras”. El resultado apunta a la descalificación “popular” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apegarse a la ley será juzgado desde el poder como un obstáculo a la justicia y el pueblo lo sabe. La disyuntiva populista es clara.

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Por el otro lado, si la tentación populista arrasa a la Corte el resultado implicará para el Instituto Electoral la conducción del proceso. Apegarse a la ley implicará suspender la propaganda del gobierno. En conjunto, el proceso federal ordinario y el proceso de consulta popular obligarán al presidente a suspender su propaganda por 120 días. El presidente y los suyos acusarán censura.

En la venta de ilusiones el presidente sabe cómo hacerlo. El llamado a juntar firmas, a impulsar una consulta y, en última instancia, a convocarla él mismo tiene un objetivo: minar las instituciones democráticas que son contrapeso del poder. Apegarse a la ley hará que el presidente y los suyos acusen a las instituciones de impedir la justicia. El presidente ha movilizado los sentimientos populares contra sus predecesores, pero su verdadero objetivo es la destrucción de las instituciones y de la democracia misma. Su objetivo es la regeneración del régimen previo a la transición.