2. Justicia, inseguridad, medio ambiente y economía en México

Reforma policial, una vía para enfrentar la violencia e inseguridad en México

 
Consuelo Morales

Directora de CADHAC

 

 

 

En la actualidad, hablar de derechos humanos en México es un terreno contradictorio. Por un lado, se han creado una serie de innovaciones institucionales y avances en el marco jurídico para resolver las crisis de violencia e inseguridad que históricamente han aquejado al país, sin embargo, al paso de los años hemos ido constatando que los cambios políticos han expuesto la vulnerabilidad de estos avances. Es decir, los derechos humanos en el país están involucrados en una compleja mezcla de avances y retrocesos, que se caracteriza por una posición del Estado de no generar políticas que reconozcan la violencia como un elemento de origen multifactorial.

La crisis de derechos humanos en un entorno donde la violencia e inseguridad impera en nuestro país ha puesto a debate tres visiones: ¿hay que sacrificar derechos para tener seguridad?, ¿hay que respetar los derechos humanos para tener seguridad? y ¿qué instituciones están ahora teniendo el respaldo político y económico con la misión de salvaguardar la seguridad pública?

México atraviesa una grave crisis de violencia bajo esta nueva administración. Durante los primeros once meses del sexenio, se reportaron un promedio de 99 asesinatos por día. Además, en comparación con los últimos seis años, el número total de delitos ha aumentado. En comparación con el período de seis años de Fox, el crimen aumentó en un 41%; con el de Calderón, en un 27%, y con el de Peña Nieto, en un 18%[1]. Según los datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al comparar los primeros once meses de la administración López Obrador con los de Peña Nieto, se observa un aumento en la tasa y el número de homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones[2]. El número de asesinatos y la creciente desconfianza de la sociedad frente a las instituciones de seguridad confirman que no se han identificado las categorías organizativas de la policía mexicana que lo ayudan a resolver los problemas de inseguridad[3].

La inseguridad es la mayor preocupación entre los mexicanos, por encima del desempleo, la inflación, la corrupción y la impunidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la inseguridad como el riesgo percibido de las personas de ser agredidas o de ser víctimas de cualquier tipo de delito, y lo considera como un elemento fundamental para el bienestar ciudadano. En el Índice de Vida Mejor de la OCDE, que mide la sensación de seguridad al caminar de noche, México tiene el índice más bajo de países de la OCDE (42%)[4]. Además, la tasa de homicidios en México es de 18.1%, mucho más alta que el promedio de países evaluados por la OCDE (3.7%), y la más alta de países que integran la OCDE. Mientras que, de acuerdo al reporte Índice de la Paz de México en 2020, diseñado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), existen cuatro dinámicas distintas de violencia en México: 1. violencia política;  2. violencia oportunista, que incluye extorsión y robo; 3. violencia interpersonal, que incluye agresión, agresión sexual y violencia en la familia; y 4. conflicto de carteles, caracterizado por altos niveles de homicidio, delitos relacionados con el tráfico de drogas y conflictos armados entre grupos criminales y el gobierno[5]. El reporte también menciona que si bien el temor a la inseguridad ha aumentado constantemente en los últimos cinco años, la conciencia de las acciones del gobierno para contrarrestarlo ha disminuido.

La militarización de la seguridad pública propuesta por el presidente está destruyendo el Estado de derecho, aumentando la crisis institucional de derechos humanos, en un país donde se debe siempre garantizar la vida, la integridad y el desarrollo de sus habitantes. La figura de la Guardia Nacional resulta una medida preocupante y riesgosa en este panorama de inseguridad. Como ha mencionado la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): "el gobierno de López Obrador sólo ha profundizado la naturaleza militarizada de la seguridad pública en México y ha hecho casi obsoleta la policía civil a nivel federal"[6].

A lo largo de la historia, la militarización también ha tenido un alto costo para los derechos humanos en México. El despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y combatir el crimen organizado tampoco ha logrado reducir el crimen y la violencia. Solo en el primer año, desde la implementación de la Guardia Nacional, ya se han señalado abusos contra los derechos humanos de los migrantes. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluyendo la tortura, las desapariciones forzadas y abusos contra los migrantes, han continuado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como cuestiona López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana: “¿Hacia dónde va el gobierno del presidente López Obrador, por este sendero que abre paso a las fuerzas armadas, a pesar de que su intervención en la seguridad pública no ha logrado reducir las violencias y sí en cambio las ha involucrado en un conflicto con los derechos humanos ampliamente documentado?”[7].

 

El caso de Nuevo León

En Nuevo León, múltiples temas han dominado la agenda de seguridad: inseguridad local, desaparición de personas, violaciones a personas privadas de su libertad, migración, etc. Hace algunas semanas, la organización “Cómo vamos, Nuevo León” publicó  los resultados de la segunda evaluación de la gestión de los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)[8]. Los aspectos que se evaluaron de los gobiernos fueron los servicios públicos, policía, seguridad pública, finanzas, ordenamiento urbano, movilidad y espacio público y gobierno eficiente y confiable. El rubro con las evaluaciones más bajas (3.7 el promedio metropolitano) fue el de seguridad. Además de que la plataforma señaló que los delitos sexuales y violencia familiar van a la alza en la zona metropolitana.

El crimen organizado ha dejado su marca en Nuevo León con ejecuciones de extrema violencia, calcinación y “narco-mensajes”. La violencia estatal puede vincularse con la falta de una adecuada política de seguridad nacional, representada por el terror vivido en Culiacán con la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán y la masacre de las familias LeBarón y Langford. La violencia en México ha provocado fuertes reacciones nacionales e internacionales, siendo la intención de Donald Trump de calificar al narcotráfico como una organización terrorista  una muestra de ello.

De igual manera, hay que señalar que la tasa de feminicidios aumentó a pesar de las alertas de género[9]. Por otro lado, situaciones como la burla de los miembros de la Fuerza Civil de Nuevo León a un grupo de personas con el himno feminista chilena "Un violador en tu camino" enmarcan el grave problema de la violencia contra las mujeres en el estado. Así mismo, los periodistas en el país tienden a sufrir hostigamientos y ataques por parte de autoridades y crimen organizado. De acuerdo al Informe de Reporteros Sin Fronteras, “Balance 2019: de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo”, México fue el país con más asesinatos a periodistas en el mundo con 10 casos, los mismos que Siria[10].

El fortalecimiento de los cuerpos policiales

Los policías no están tampoco exentos de la ola de inseguridad. Cada oficial de policía asesinado debe ser también un agravio para el país, sin embargo, en México la mayoría de estos casos pasan desapercibidos debido a la indolencia del gobierno y la sociedad. Ni siquiera hay un registro público oficial de estos casos; la mayoría se conocen solo porque los medios nacionales o locales los informan. Durante 2018, al menos 452 oficiales de policía fueron asesinados (promedio, 1.24 por día), mientras que, el año pasado, al menos 446 policías fueron asesinados (un promedio de 1.16 por día)[11].  

El fortalecimiento de los cuerpos policiales debe ser un paso para mejorar la seguridad pública. Actualmente se desconoce el número real de elementos policiales, además de que no existe una verdadera carrera policial en el país[12]. Es preocupante que, ante una crisis de violencia e inseguridad como la experimentada en México, no haya acciones dirigidas a desarrollar mejores políticas públicas, diseños institucionales o mecanismos para romper con los abusos y la arbitrariedad que han surgido en las instituciones públicas, afectando negativamente las condiciones sociales y laborales de la policía y, por lo tanto, la seguridad de los ciudadanos[13].

La muerte de Giovanni López en manos de cuerpos policiacos en Ixtlahuacán, Jalisco, nos recuerda la importancia de los policías locales para romper el espiral de violencia inmerso en el país. Los policías locales son vitales en esta tarea, puesto que son los elementos de seguridad que están más cercanos a la sociedad y, por lo tanto, deben ser la cara de la justicia. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2019, la ciudadanía tiene un nivel de satisfacción muy bajo frente a los policías locales[14]. Es decir, la percepción ciudadana frente a los policías es insatisfactoria. Esto resulta preocupante, porque el cuerpo policial debería hacer sentir segura a la comunidad y no provocar una angustia.

A esto hay que sumarle que las carencias institucionales han impedido que los policías locales puedan fortalecerse y los han dejado desprotegidos y mal equipados para hacer frente al crimen organizado, ocasionando que ser policía en México implique un alto riesgo de ser asesinado.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe la figura del Certificado Único Policial (CUP), la cual valida la capacitación y profesionalización de los policías[15]. Según un reporte de Animal Político (2019), en nuestro país solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial (Certificado Único Policial) que avala su formación, capacidades y confiabilidad[16]. El CUP era un requisito obligatorio para permanecer en el puesto.

En 2016, los gobiernos se dieron un plazo de tres años para certificar a todos sus elementos, meta que no ha sido cumplida. El CUP es el documento que avala que un policía en el país cumple con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y proceso de evaluación de control de confianza. Al parecer, con la creación de la Guardia Nacional de México, todo este esfuerzo se echa por la borda y la militarización sigue.

Por ello, debemos insistir en que, para mejorar la seguridad pública, debemos tener cuerpos de seguridad capacitados que transmitan confianza a la población en general. Toda reforma debe ir encaminada a la profesionalización de la policía local. En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), hemos reconocido esta urgencia en nuestro entorno estatal en Nuevo León, y dinamizado el que los policías estén cada vez mejor capacitados.

Sobre la desaparición de personas y su búsqueda

La desaparición de personas se ha presentado como un grave problema de inseguridad a nivel nacional, siendo Nuevo León una de las entidades más afectadas. A través del Plan Estratégico en Materia de Desaparición en Nuevo León, presentado en septiembre de 2019, autoridades municipales y estatales se han coordinado para desde sus propias competencias hacer una adecuada implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, incluidos los derechos de las víctimas a la ayuda, asistencia y atención. Es así que, desde  enero, CADHAC se ha coordinado junto con gobiernos municipales para  brindar capacitaciones a los cuerpos policiales del área metropolitana de Monterrey, policías de Seguridad Pública del Estado, policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia  con el fin y la necesidad de apoyar la profesionalización para enfrentar los retos actuales, entre ellos el de la desaparición de personas.

El “Curso básico sobre metodología y técnicas de búsqueda de personas desaparecidas” de nueve módulos,  estuvo enfocado en que las corporaciones policiales y fiscalías, así como el personal operativo que esté preparado para apoyar a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, sean capaces de coordinar y colaborar oportuna y profesionalmente en los procesos de búsqueda con apego a los derechos humanos y a los estándares y protocolos nacionales e internacionales.

Urge destinar tiempo y recursos para que en un corto tiempo se pueda contar con policías competentes para hacer frente a la inseguridad, buscar que sean cuerpos de seguridad civiles quienes asuman el liderazgo en la Seguridad Pública. Dejar a un lado los tintes partidistas para que las autoridades municipales y estatales puedan coordinarse desde sus propias competencias para asumir responsablemente la búsqueda de las personas desaparecidas. Apoyar y atender respetuosamente, sin revictimizar a personas que buscan a sus familiares, sin lugar a dudas, ha sido un logro muy respetable, que sin duda, representa un paso importante en el cumplimiento, a nivel local del Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León al cual se sumaron, desde sus propias competencias,  autoridades estatales y municipales el 24 de septiembre de 2019, a nivel nacional de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP), y a nivel internacional de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Reforma policial vs. militarización

Es importante considerar la carrera policial como una profesión pública y entender que una mala preparación, ocasiona violaciones a los derechos humanos y a su vez un incremento de casos por investigar; como ha mencionado la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): “durante más de dos décadas, sucesivos, gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abusos y corrupción”[17].

Cualquier reforma de la policía, así como de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debe tener necesariamente en cuenta la conciencia de las cuestiones de género, la conciencia de la discriminación y los problemas raciales que existen en México y, por supuesto, también, la opresión y la violencia que sufren los mexicanos de los estratos económicos más pobres. Es necesario fortalecer las competencias y el desarrollo institucional de los policías, en especial los policías municipales quienes son el primer contacto de la ciudadanía.

Es un error que la actual administración opte por políticas de militarización y el desmantelamiento de la policía federal, en lugar de una sólida reforma policial. 14 años después de la controvertida salida del ejército de los cuarteles para patrullar las calles con la justificación de la guerra contra el crimen organizado, la provisión de seguridad pública al ejército, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha consolidado a través de un decreto el papel del ejército hasta marzo de 2024, es decir, prácticamente hasta el final de su mandato. Con el decreto firmado por López Obrador, el ejército tiene la facultad de prevenir la comisión de delitos y podrá: salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio ;garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social; realizar detenciones y canalizarlas a las instancias pertinentes; y coordinarse con otras instituciones para llevar a cabo sus funciones.

La militarización del país debe tener límites para el uso de la fuerza y ​​ buscar hacer frente a la inseguridad mediante instituciones civiles. Desde el punto de vista del presidente, la militarización es un elemento de seguridad y de combate contra los grupos militares. Los militares participarán en aduanas, centros de inmigración, carreteras federales, ferrocarriles, aeropuertos y transporte. A esto deben agregarse las funciones que se llevan a cabo en las investigaciones y en la obtención de información de inteligencia.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha criticado el carácter militarizado de las políticas públicas en México, incluyendo la Guardia Nacional, y por la falta un calendario fijo sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana. Para el Comité, el gobierno de México debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de seguridad y garantizar que la intervención de las fuerzas armadas se limite a circunstancias excepcionales y de duración limitada, de acuerdo con protocolos claros y preestablecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona que la participación extraordinaria de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública implica que cualquier intervención está justificada y es excepcional, temporal y limitada a lo estrictamente necesario en las circunstancias de un caso especial. La presencia de cuerpos militares en la labor de seguridad ciudadana debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria a la labor de las corporaciones civiles, regulada y supervisada también por cuerpos civiles. El decreto presidencial no cumple con las condiciones y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El gobierno está obligado a cumplir no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales y las consideraciones de la Corte realizadas en sus sentencias. El ejército puede utilizarse con adecuada justificación y restricciones para una operación de varios días, pero no se debe convertir al ejército en policías. El mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben reservarse principalmente para las fuerzas policiales civiles.

Históricamente, el despliegue de las fuerzas armadas para realizar funciones policiales está asociado con una mayor probabilidad de violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la transformación de las instituciones de policía civil en instituciones militares representa un riesgo para la seguridad de los mexicanos. Se debe prestar especial atención a las posibles transformaciones de la policía hacia la lógica de las operaciones militares resultantes de la interacción con los militares en tareas conjuntas, así como la incorporación del ejército a las corporaciones policiales.

El fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas, en lugar de la policía civil, en las tareas de seguridad pone en riesgo los derechos humanos. Las fuerzas armadas no tienen entrenamiento para interactuar con la población civil, sino preparación para la guerra, para usar la fuerza para derrotar a un enemigo en situaciones de combate. La presencia de soldados mexicanos en las calles ha resultado en serias violaciones de los derechos humanos. La militarización de la seguridad pública en México jamás ha logrado reducir la violencia y ha resultado en graves violaciones de los derechos humanos. La solución a la violencia, la inseguridad y la impunidad no debe centrarse en la creación de instituciones como la Guardia Nacional, sino en la reformulación de la policía civil.

Las fuerzas armadas solo deberían ser responsables de la seguridad nacional. La "seguridad nacional" se refiere a la defensa del Estado mexicano contra las amenazas externas que ponen en peligro su existencia, como la guerra con otro país. La Constitución reserva las funciones de "seguridad pública" a las instituciones civiles, a saber, la policía federal y la policía local. La solución al problema de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado es mejorar la policía, no llevar a las fuerzas armadas a las calles, y menos sin una adecuada regulación. Es necesario que las Fuerzas Armadas dispongan de un buen marco de actuación, puesto que el no tenerlo contribuirá a incrementar la impunidad y la consolidación de redes de poder.

Como ha mencionado José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch: “los soldados están habilitados para usar la fuerza letal como primera opción en un conflicto armado, si disparan contra un objetivo militar legítimo. Con la policía ocurre exactamente lo contrario: solo puede usar la fuerza letal como último recurso, si resulta estrictamente necesario para evitar que los policías o terceros sufran lesiones graves o pierdan la vida. Cuando se envía a soldados equipados con armas largas para realizar prácticas policiales en las comunidades, el resultado usualmente es trágico”.[18]

La policía y los fiscales, no los soldados, están facultados para interactuar con la población civil para prevenir el crimen y la violencia, e investigar y enjuiciar. Deben tomarse medidas firmes para fortalecer el sistema judicial mexicano y las instituciones de la policía civil, como la forma más efectiva de establecer una política de seguridad efectiva.

El factor impunidad y las fuerzas de seguridad en México

Un factor importante que impide mejorar la percepción de seguridad es la impunidad. La mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos permanecen impunes y las fuerzas de seguridad de México también continúan cometiendo abusos. Las violaciones de los derechos humanos documentadas por organismos civiles y públicos, así como de mecanismos internacionales muestran a las fuerzas de seguridad como actores públicos involucrados en actos de tortura, desapariciones forzadas y abusos contra distintas poblaciones.

En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la “recurrente” impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos, y puso de relieve las deficiencias "graves" en la investigación y el enjuiciamiento de estos casos[19]. Es necesario hacer frente a la impunidad para poder resolver problemas como: la falta de recursos económicos, la falta de autonomía institucional, falta de fiscales especializados en delitos graves, la competencia de los funcionarios y el pequeño número de condenas (condenas en la tortura y desapariciones forzadas).

En CADHAC, consideramos que la violación de los derechos humanos reconocidos en México dificulta la posibilidad de su defensa, lo que afecta a la seguridad de las familias de las víctimas y las organizaciones que los acompañan. La experiencia ha demostrado que cuanto mayor sea la violación de los derechos humanos, mayor es el crimen y la violencia social, los cuales inhiben la participación y consulta ciudadana en los asuntos públicos.

Se debe reconocer la debilidad que tenemos al no caracterizar los mecanismos que permiten la impunidad, la corrupción y la colusión entre poderes formales, informales y criminales en las distintas esferas de vida pública nacional. Corresponde promover la participación diversa, plural, abierta y en un marco de respeto a las instituciones democráticas y sus operadores. Se debe reconocer la importancia de las participaciones activas de las víctimas y sus familiares, y no considerar sus opiniones como “poco” objetivas, desinformadas o mal intencionadas, pues esto termina por interrumpir la construcción efectiva y legitimada de políticas  integrales de derechos humanos.

Para romper los mecanismos que perpetúan la violencia y lograr una inflexión en esta espiral de violencia, se requiere una estrategia para aproximarse con mayor celeridad a algunos puntos cruciales para develar la verdad de lo que ha sucedido en esta guerra inaudita, propiciando con ello la posibilidad de romper los círculos de impunidad y hacer justicia.

Es necesario que la seguridad y el respeto a las normas y lineamientos de los derechos humanos vayan de la mano. La seguridad no solo consiste en reformar a los elementos policiales, sino en resolver desigualdades y deficiencias sociales, económicas y políticas. El fortalecimiento de las instituciones resulta clave para la consolidación de un sistema democrático, así como buscar la construcción, regulación y legitimación de las instituciones encargadas de brindar seguridad pública resulta esencial para la vigencia de un Estado de Derecho que funcione con pleno respeto a los derechos humanos. Si no hay respeto a la ley, si no hay un control de la fuerza pública, si no se fortalecen las instituciones y seguimos apostando por políticas de militarización, terminaremos en el camino equivocado, estaremos más lejos de  la paz y el Estado de Derecho. En un sistema democrático, la vía civil es la manera para construir una verdadera seguridad.

10 de agosto de 2020

Notas

[1] Blanc, D. (2019) ¿Cómo vamos en seguridad pública y en el respeto a nuestros derechos? Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/como-vamos-en-seguridad-publica-y-en-el-respeto-a-nuestros-derechos/

 

[2] Gobierno de México (2020) Incidencia delictiva. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

 

[3] Llanos Reynoso, L. F., Rivas, L. A., Lambarry, F., & Trujillo, M. M. (2017). La eficacia de la policía en México: un enfoque cualitativo. Polis, 13(2), 107-138.

[4] OCDE (2020) Índice de Vida Mejor. Recuperado de: www.oecdbetterlifeindex.org/topics/safety/

 

[5] Index, M. P. (2020). Mexico Peace Index.

 

[6] Meyer, M. (2020) Un año después de la creación de la Guardia Nacional, México está lejos de desmilitarizar la seguridad pública. Recuperado de: https://www.wola.org/es/analisis/primer-aniversario-guardia-nacional-mexico/

 

[7] López, E. (2020) Militarización en la 4T, el informe que viene. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/militarizacion-en-la-4t-el-informe-que-viene/

 

[8] ¿Cómo Vamos Nuevo León? (2020) ¿Alcalde, cómo vamos? Recuperado de: www.comovamosnl.org/alcalde-como-vamos/

 

[9] Ortiz, A. (2020, Febrero 3). 2019, el año con más mujeres víctimas en México. El Universal, Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/2019-el-ano-con-mas-mujeres-victimas-en-mexico

 

[10] Reporteros Sin Fronteras Por la Libertad de Información. (2019). Balance 2019 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo (Reporte No. 1). Recuperado de: https://rsf.org/es/noticias/balance-de-rsf-sobre-la-violencia-contra-periodistas-en-2019-un-numero-historicamente-bajo-de

[11] Causa en Común (2020) Police officers killed in Mexico. Recuperado de: www.causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2020/06/201906_Police-officers-killed-in-Mexico.pdf

 

[12] Ha habido interés por la formación y la capacitación a los policías, sin embargo, las iniciativas no han sido suficientes, por ejemplo: el Programa Rector de Profesionalización, el cual es el principal instrumento de política pública en materia de capacitación y desarrollo de los integrantes de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario.

[13] Castillo, D. (2020) Ser policía en México. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/ser-policia-en-mexico/

 

[14] INEGI (2019) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/calidad/

 

[15] Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009.

 

[16] Ángel, A. (2019) Solo 1 de cada 4 policías en México está capacitado para cuidar a la gente. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2019/09/en-mexico-solo-1-de-cada-4-policias-tiene-certificado-para-trabajar/

[17] Meyer, M. (2014) La Policía en México. Muchas Reformas, Pocos Avances. Recuperado de: https://www.wola.org/wp-content/uploads/2014/05/La-Policía-en-México_Muchas-Reformas-Pocos-Avances.pdf

 

[18] Vivanco, J.M. (2020) Militarización: craso error. Recuperado de: https://www.elnorte.com/militarizacion-craso-error-2020-08-01/op185061

 

[19] Human Rights Watch. (2019). World Report 2020 (Reporte No. 1). Recuperado de: https://hrw.org/world-report/2020/country-chapters/mexico

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

Diseño: Judith Meléndrez Bayardo

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