Implementado el 29 de enero de 2019, el Programa “Quédate en México” obliga a las personas solicitantes de asilo en EUA a esperar en territorio mexicano mientras resuelven sus procedimientos migratorios.

​

Hasta el mes enero de 2021, más de 70,000 personas (Syracuse University TRAC Immigration Data Tools, 2021) sujetas a dicho programa enfrentan una multiplicidad de riesgos sociales, agravados por la pandemia de COVID-19, mientras esperan por las próximas acciones -en materia de política migratoria- del presidente Joseph Biden en coordinación con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

​

La implementación del Programa “Quédate en México”

​

El 28 de noviembre 2018, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, comentó (The Washington Post, 2018) que el presidente López Obrador había sostenido conversaciones con el ex-presidente Donald Trump a fines de ejecutar una medida migratoria restrictiva denominada: Migration Protection Protocols (Protocolos de Protección a Migrantes o MPP, por sus siglas en inglés).

​

A pesar de que los representantes del gobierno mexicano negaron la negociación con Donald Trump, el 20 de diciembre del 2018 el gobierno estadounidense anunció la implementación del Programa “Quédate en México”, invocando la Sección 235(b) (2) (c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.

​

El 29 de enero de 2019, “Quédate en México” comenzó a operar como un plan piloto, en el puerto de entrada de San Isidro-Tijuana (Baja California), para luego extenderse a las ciudades de Mexicali (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Matamoros y Nuevo Laredo (Tamaulipas), Piedras Negras (Coahuila) y Nogales (Sonora).

​

La formalización de esta política restrictiva, que obstaculiza el acceso al territorio estadounidense y el procedimiento de asilo de ese país, se aúna a la firma, por parte de los gobiernos de EUA y México -en junio de 2019- de la “Declaración Conjunta México Estados Unidos” y el “Acuerdo Complementario entre los Estados Unidos y México” (traducción al español de “Supplementary Agreement between the United States and México”). Estos acuerdos fungieron como el muro que Trump construyó a través del impulso de políticas migratorias violatorias de derechos humanos en la región.

​

Estos instrumentos y políticas son manifiestamente contrarias a la Constitución mexicana, a la ley interna y al Derecho Internacional, ya que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Asimismo, violan el marco legal de los EUA y la obligación internacional de no devolver a una persona a un territorio donde su vida o integridad corran peligro, o donde pueda sufrir persecución.

​

Los compromisos asumidos por México a partir del Acuerdo Migratorio desencadenaron el despliegue -especialmente en la frontera sur- de la Guardia Nacional, un cuerpo militar al que le fueron adjudicadas funciones migratorias contrarias a la ley y que le fue asignada la contención del flujo migratorio. Esta situación incrementó el número de operativos de detección y detención migratoria que a su vez contribuyeron al aumento de personas detenidas en condiciones violatorias a sus derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia de COVID-19. [1]

​

El refuerzo en la seguridad de la frontera con México, a partir del Acuerdo Migratorio, también forma parte del muro prometido por el ex-presidente Donald Trump.

​

Parte de la política de muros impulsados por Trump y aceptados por los países de México y Centroamérica, consiste en el uso de militares para frenar la migración. En junio del 2019, se enviaron 6,000 elementos de la Guardia Nacional (en adelante, GN) a la frontera sur de México (El Economista, 2019). Para septiembre del 2019, estaban desplegados 25,441 elementos militares de diversos cuerpos (Milenio, 2019) y la GN ya acumulaba 7 quejas ante la CNDH por actuaciones contra migrantes fuera del margen de la ley (ídem). Tan sólo de junio a septiembre del 2019, el número de efectivos militares con funciones de control migratorio se cuadriplicó.

​

Frente a la pandemia de COVID-19, el despliegue militar se ha incrementado debido a la ejecución del plan DN-III-E, como estrategia de contención del COVID-19, que incluye la movilización de más de 250,000 elementos de diversos cuerpos, tal como lo indicó el presidente Manuel López el 19 de marzo de 2020 en su espacio matutino (AMLO: portal de noticias, 2020).

​

La militarización se ha traducido en medidas represivas y una mayor limitación de los derechos humanos de las personas migrantes. Además, provoca un chilling effect o efecto disuasorio para la defensa de los derechos humanos.

​

Debido a que la Declaración Conjunta México-EUA, el Acuerdo Migratorio, el Programa “Quédate en México” y la militarización de la política migratoria son manifiestamente contrarios a la Constitución mexicana, a la ley interna y al Derecho Internacional, desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (en adelante, FJEDD) se promovió una demanda de amparo indirecto en contra del mismo.

​

La demanda de amparo, bajo el número 985/2019, fue promovida ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, contra actos y omisiones de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consultoría Jurídica Adjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

​

Empero, el Juzgado ante el que se tramitó el juicio no lo admitió por ser “notoriamente improcedente”, considerando que la firma del acuerdo constituyó una facultad discrecional del Poder Ejecutivo en materia de política exterior, dejando de lado que debido a los efectos de este acuerdo, estamos frente un tratado internacional cuyo tratamiento es distinto. Afortunadamente, ante el recurso de queja presentado, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dio la razón a la Fundación y ordenó admitir la demanda. Asimismo, el Instituto para las Mujeres en la Migración (en adelante, IMUMI) también promovió un amparo contra el programa “Quédate en México”.

​

En este sentido, es fundamental el papel del poder judicial frente a los actos del poder ejecutivo federal que violan los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo. La realidad es que los juicios de amparo toman su tiempo, son burocráticos y las autoridades han aprendido a violar las normas del proceso de tal manera que podríamos decir que no existe un recurso efectivo pronto y expedito que pueda proteger a esta población. . El poder judicial es fundamental para poner alto a las violaciones a derechos humanos y evaluar los actos violatorios cometidos bajo el Acuerdo Migratorio y el Programa “Quédate en México.”

​

Consecuencias en materia de Derechos Humanos del Acuerdo Migratorio y el Programa Quédate en México

​

No es posible dimensionar con exactitud las graves consecuencias del Acuerdo Migratorio y el Programa “Quédate en México” en la vida, integridad, salud y demás derechos humanos de las personas sujetas a dicha política. Si bien, el gobierno mexicano indicó que aceptó la estancia de estas como una “respuesta humanitaria” (SRE, 2018) y se comprometió a otorgar permisos de estancia, oportunidades laborales, acceso a la salud y educación, hasta ahora, dichas promesas no se han materializado.

​

Hasta ahora, la implementación del programa, ha generado que más de 70,000 personas, devueltas desde el 2019 por EUA en el marco del Programa “Quédate en México”, se concentren en la frontera norte de México a la espera de sus audiencias en las cortes estadounidenses.

Específicamente, en ciudades con un alto índice de peligrosidad, en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad ante múltiples violaciones a los derechos humanos y riesgos sanitarios. Además, sin garantías de debido proceso para sus procedimientos judiciales.

​

En un reciente informe denominado En la Boca del Lobo. Contexto de riesgo y violaciones a los Derechos Humanos de personas sujetas al programa Quédate en México, desde la FJEDD, IMUMI, Asylum Access y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) documentamos que las personas sujetas al Programa Quédate en México se encuentran en una preocupante situación de riesgo social, que favorece las devoluciones directas e indirectas debido a la carencia de condiciones mínimas para la supervivencia.

​

Además, el contexto de extremo riesgo en la frontera norte mexicana y la desprotección estatal, las hacen más vulnerables ante delitos graves como el asesinato, secuestro y desaparición.

Según el monitoreo de Human Rights First (en adelante, HRF), hasta mayo de 2020, una cantidad de 1,114 personas sujetas al Programa “Quédate en México” habían sido víctimas de secuestros, violación sexual, extorsión, tortura y asesinato. De este número, 256 niños y niñas fueron víctimas de secuestro e intentos de secuestro (HRF, 2020). Para el mes de diciembre del 2020, la actualización del monitoreo de HRF arrojaba como resultado un 17.95% en el incremento de casos (200 casos más), aún en tiempos de pandemia en los que se han restringido y militarizado férreamente los pasos fronterizos justificándose las acciones como medidas para la prevención del contagio (ídem).

​

En un reciente informe sobre la situación de las personas sujetas a “Quédate en México”, Human Rights Watch (en adelante, HRW) corroboró que, sólo en Tamaulipas, entre noviembre de 2019 y enero de 2020, los medios reportaban al menos 32 casos de secuestro o intento de secuestro -en su mayoría por organizaciones criminales- de solicitantes de asilo en el programa “Quédate en México.” Esos casos involucraron a, por lo menos, 80 solicitantes de asilo secuestrados; otros 19 denunciaron intentos de secuestro. También HRW reporta que, al menos cuatro mujeres, fueron víctimas de agresión sexual durante incidentes de secuestro. (HRW, 2021)

​

La situación es aún más letal para los grupos de personas migrantes y solicitantes de asilo en vulnerabilidad social, tal como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidades motoras y/o cognitivas así como enfermedades crónicas, quienes enfrentan diversas formas de riesgos y discriminación interseccionales, que deben ser atendidas para salvaguardar sus vidas e integridad.