1. Combate a la corrupción: institucionalidad y papel ciudadano

Después de cinco años, ¿qué es lo que todavía le falta al Sistema Nacional Anticorrupción de México?

 
Gina Hinojosa

@gina__hinojosa

Asociada de Programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

 

Maureen Meyer

@meyermc

Directora para México de WOLA

Más de cuatro años han pasado desde que el Congreso mexicano aprobó la histórica reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)—un órgano diseñado para fortalecer y coordinar los esfuerzos para combatir la corrupción en México, incluso a través de facilitar la participación ciudadana en la lucha anticorrupción.

Después de todo este tiempo, el SNA aún no ha recibido el apoyo político que necesita para prosperar. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre del 2018, los impulsores del Sistema esperaban que las grandiosas promesas del presidente para poner fin a la avaricia gubernamental se materializaran en un mayor apoyo para el SNA y las varias instituciones que forman parte de él.

Sin embargo, hasta ahora el Presidente López Obrador no ha aprovechado el potencial del Sistema Nacional Anticorrupción como un órgano capaz de finalmente institucionalizar la lucha anticorrupción en México. El escepticismo de López Obrador hacia las instituciones—particularmente esas que gozan de autonomía del poder ejecutivo—y su preferencia por liderar una campaña anticorrupción basada principalmente en mensajes firmes y gestos simbólicos, ha planteado dudas sobre si el presidente respaldará las iniciativas del SNA de alguna manera sustancial.

A su vez, el Senado mexicano, actualmente controlado por una coalición liderada por MORENA, el partido político de López Obrador, ha permitido que aspectos fundamentales del SNA languidezcan. Como se discute abajo, los legisladores no han cumplido con su responsabilidad constitucional de nominar candidatos para varios puestos importantes del SNA, dejando vacíos esos lugares. Los sistemas anticorrupción estatales a menudo no reciben los fondos suficientes de las legislaturas estatales y muchos fiscales anticorrupción alegan que carecen de los recursos y la autonomía necesaria para hacer su trabajo.

La estrecha estrategia anticorrupción de López Obrador ha incluido expresar su apoyo por ciertas acusaciones de alto perfil de exfuncionarios públicos del gobierno de su predecesor, Presidente Enrique Peña Nieto—casos que brindarán grandes elogios a México si resultan en condenas.

Por ejemplo, López Obrador ha afirmado que el caso contra Emilio Lozoya, quien dirigió la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre 2012 y 2016, ayudará a "estigmatizar la corrupción" en México, “para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos”[1]. Los cargos contra Lozoya involucran sobornos que supuestamente recibió de la compañía brasileña Odebrecht, así como de la siderúrgica mexicana Altos de Hornos de México. Lozoya ha declarado que estaba manejando estos sobornos en nombre de Peña Nieto y otros exfuncionarios.

Si bien estos cargos representan pasos en la dirección correcta, la campaña anticorrupción de México debe ir más allá de las acusaciones de alto perfil llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República, que ahora es autónoma. Los tres niveles de gobierno deben adoptar un enfoque mucho más integral que también priorice la prevención y detección de la corrupción, así como la sanción de los funcionarios de menor nivel que incurran en actos ilícitos.

A medida que surgen serias preocupaciones con respecto a incidencias de corrupción en la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, particularmente relacionada con la contratación pública de equipos médicos y servicios de salud, la necesidad de monitorear el gasto público y hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas se ha vuelto más importante que nunca.

Sin embargo, muchos aspectos del SNA pueden operar sin el respaldo político del poder Ejecutivo o Legislativo; de hecho, el Sistema ha logrado importantes avances sin este apoyo.

Por ejemplo, el Comité Coordinador del SNA ha propuesto importantes leyes de transparencia, la Secretaría Ejecutiva ha desarrollado tecnología que facilita la coordinación entre entidades anticorrupción en los tres niveles del gobierno, y el Comité de Participación Ciudadana—el órgano compuesto por cinco líderes de la sociedad civil que gobierna el SNA—desarrolló la Política Nacional Anticorrupción, un documento que delinea 40 prioridades de política pública para guiar la lucha contra la corrupción. Varios sistemas anticorrupción a nivel estatal también han desarrollado prácticas que podrían beneficiar a otros estados, como se describe a continuación.

Aun así, con puestos vacantes y a menudo con pocos fondos y una falta de apoyo político, los sistemas anticorrupción a nivel federal y estatal nunca alcanzarán su potencial completo.

A continuación, analizamos a grandes rasgos los aspectos más importantes que aún les falta a los sistemas anticorrupción.

Comités de participación ciudadana

El espíritu detrás de los sistemas anticorrupción se basa mayormente en la idea de que México no puede combatir la corrupción sin el apoyo ciudadano. En 2019, más de un tercio de ciudadanos mexicanos reportaron que tuvieron que pagar un soborno para acceder a servicios públicos básicos como la salud o la educación[2]. Menos del 11 por ciento de los delitos cometidos en el país son denunciados, principalmente por la falta de confianza en las autoridades o en la capacidad de las instituciones públicas[3]. Si los ciudadanos continúan viendo a la corrupción como una parte inmutable de su vida cotidiana, y si no se sienten seguros o capacitados para denunciar la corrupción cuando la vean, cualquier campaña contra la corrupción quedará sin alcanzar sus metas.

Aquí es donde entran los comités de participación ciudadana. En el Estado de México, por ejemplo, miembros del comité del sistema anticorrupción estatal han trabajado para asegurar que los reportajes periodísticos vayan más allá de solo exponer los escándalos de corrupción: se han vinculado con los periodistas investigadores con el objetivo de allegarse más información sobre los casos, y han solicitado reuniones con las autoridades estatales para discutir los hallazgos, incluso el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el presidente del Poder Judicial del Estado.

En Aguascalientes, el sistema anticorrupción ha utilizado YouTube y otros medios sociales para incrementar la conciencia pública sobre las iniciativas del sistema anticorrupción y para informar a los ciudadanos sobre cómo denunciar la corrupción a las autoridades apropiadas.

En respuesta al COVID-19, el Comité de Participación Ciudadana a nivel federal emitió una propuesta de política pública para fortalecer los esfuerzos para monitorear la contratación pública[4]. La propuesta describe los pasos que tomará el Comité para impulsar la transparencia y responsabilidad del gobierno durante la pandemia. A nivel estatal, 14 comités de participación ciudadana han emitido declaraciones similares[5].

El 3 de agosto, la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana expresó su desacuerdo con las recientes reformas legislativas que permiten al gobierno comprar medicamentos, equipos médicos y otros insumos mediante un único intermediario sin realizar ningún tipo de licitación pública, comparaciones de precios o otros requisitos legales que los funcionarios generalmente deben cumplir antes de comprar dichos artículos[6].

Aunque son centrales a los sistemas anticorrupción, dos entidades—la Ciudad de México y Nuevo León—no han establecido sus comités de participación ciudadana. A nivel federal, dos de los cinco miembros del Comité terminaron sus mandatos hace casi un año, pero el Senado no ha asegurado su reemplazamiento inmediato[7]. 

En tres ocasiones, la Comisión de Anticorrupción del Senado no logró un quórum cuando estaba programada para entrevistar candidatos para la Comisión de Selección del SNA (el grupo compuesto por nueve individuos responsables de nominar nuevos miembros al Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional). Los anteriores miembros de la Comisión de Selección terminaron sus mandatos en octubre 2019, y con su ausencia, nuevos miembros no pueden ser nominados para llenar los asientos vacantes en el Comité de Participación Ciudadana.

Magistrados anticorrupción

Unas de las leyes secundarias que acompañó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ordenó la adición de 18 magistrados anticorrupción autónomos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos magistrados tendrán jurisdicción exclusiva sobre faltas administrativas graves como el peculado y el lavado de dinero. La ley insta a la incorporación de una “Tercera Sección” a la Sala Superior del Tribunal, así como cinco nuevas salas especializadas—todos para facilitar procesos judiciales más rápidos en casos de corrupción. Se supone que se deben incorporar tres magistrados a cada una de las salas especializadas y a la Tercera Sección.

En abril de 2019, el presidente López Obrador declaró que, como una manera de reducir los gastos gubernamentales, su gobierno estaba buscando una manera de reducir el número de magistrados. “Se está haciendo una propuesta para cumplir con el mandato legal, pero a ver si podemos reducir el número”, dijo. “Que haya una sala en vez de cuatro o cinco regionales y que no haya 18 magistrados”[8]. La reducción del número de magistrados tendría un impacto negativo en las funciones sancionadoras de México en casos de corrupción.

Hasta la fecha, el Presidente López Obrador solo ha propuesto nombres para los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal. No ha hecho nominaciones para las salas especializadas, a pesar de que un fallo de una corte federal le ordenó a hacerlo.

Falta de fondos y puestos vacantes a nivel estatal

Además de los estados que no tienen comités de participación ciudadana completos, tres estados no tienen fiscales anticorrupción. En Baja California, una fiscal fue seleccionada, pero renunció un mes después de tomar protesta, alegando que no recibió los recursos financieros necesarios para hacer su trabajo y construir su equipo—una preocupación compartida por otros fiscales a lo largo del país.

Mientras tanto, los sistemas de tres estados no tienen secretarías ejecutivas, las cuales proveen asistencia técnica al comité coordinador y evalúan la efectividad de las iniciativas anticorrupción. Mientras que las entidades gubernamentales que forman parte de los comités coordinador tienen su propio presupuesto, legisladores a nivel federal y estatal deben asignar fondos específicos para las secretarías ejecutivas. En 14 estados, las secretarías ejecutivas recibieron menos fondos en 2020 que recibieron en 2019. Tres estados ni asignaron fondos en 2020: la Ciudad de México, Chiapas y Morelos.

Con voluntad política, los sistemas anticorrupción todavía pueden alcanzar su potencial

Los sistemas anticorrupción han tenido éxitos limitados y el progreso ha sido lento. Pero acabar con la corrupción en México no sucederá de la noche a la mañana. Tomó tiempo aprobar las leyes necesarias para dar vida a los sistemas anticorrupción y tomará aún más tiempo galvanizar el amplio apoyo público necesario para combatir la corrupción desde todos los ámbitos.

Mientras que investigaciones y enjuiciamientos exitosos son esenciales en la lucha contra la corrupción, el trabajo de los comités de participación ciudadana también es fundamental. Igualmente lo es el trabajo de las secretarías ejecutivas en el desarrollo de la tecnología necesaria para fortalecer los esfuerzos anticorrupción y realizar evaluaciones constantes de las políticas públicas.

Además, los fiscales deben ir más allá de perseguir a funcionarios públicos de gobiernos anteriores. La verdadera prueba será si México puede despolitizar los enjuiciamientos y llevar ante la justicia a cualquier funcionario público—del pasado o presente—que abuse de su poder. Esto será de vital importancia mientras México continúe lidiando con la pandemia de COVID-19 y trabajando para abordar las acusaciones de corrupción en la contratación gubernamental de suministros médicos.

Con el liderazgo apropiado, los sistemas anticorrupción pueden continuar reforzando sus capacidades y desarrollar maneras creativas de cumplir con sus mandatos. Pero el presidente López Obrador, el Senado, y los gobiernos estatales necesitan hacer su parte. Llenando los puestos vacantes, nombrando los magistrados, asegurando fondos adecuados, e implementando la Política Nacional Anticorrupción serían un buen lugar para empezar. La falta de apoyo suficiente reducirá las posibilidades de éxito y pondrá en duda el compromiso de López Obrador a realmente poner fin a la corrupción política en el país.

Refrencias

 

[1] "Extradición de Lozoya ayudará a seguir limpiando de corrupción al país: AMLO", Animal Político, 17 de julio de 2020, https://www.animalpolitico.com/2020/07/detencion-lozoya-estigmatizar-corruptos-limpiar-corrupcion-amlo/.

[2] Transparencia Internacional, "Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019: Opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", 23 de septiembre de 2019, https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/gcb-lac-report-web.pdf.

[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019: Principales resultados", 24 de septiembre de 2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

[4] Comité de Participación Ciudadana, "Gobernanza anticorrupción en tiempos del COVID-19 Una propuesta de política pública," abril de 2020, https://cpcseamorelos.org/wp-content/uploads/2020/04/Gobernanza-anticorrupcioìn-COVID-19.pdf.pdf.

[5] Ver la página web del Comité de Participación Ciudadana sobre COVID-19: http://cpc.org.mx/?page_id=15971.

[6] Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, "Posicionamiento sobre la Reforma al artículo 1ro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", 3 de agosto de 2020, http://cpc.org.mx/?p=16199.

[7] Ver la página web del Comités de Participación Ciudadana sobre los sistemas estatales anticorrupción: https://sna.org.mx/como-vamos/.

[8] Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez, "Busca AMLO disminuir número de magistrados anticorrupción", 5 de abril de 2019, https://lajornadasanluis.com.mx/destacada/busca-amlo-disminuir-numero-de-magistrados-anticorrupcion/

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

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