¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?

 

El SNA es una estructura ciudadano-gubernamental especializada en la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Esta estructura está integrada por un Comité Coordinador, en el que se encuentran los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC); la Secretaría de la Función Pública (SFP); el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); el presidente del Instituto Nacional de Transparencia (INAI); un representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC). Se integra también por una Secretaría Ejecutiva, un Sistema Nacional de Fiscalización, integrado por la ASF, SFP, las entidades de fiscalización superiores y las secretarías encargadas del control interno en los estados; y los sistemas anticorrupción de cada estado.

 

¿Por qué esas y no otras autoridades forman parte del SNA? Porque esas dependencias y entidades son las que por sus facultades reciben y generan información relacionada con la fiscalización de recursos públicos, la investigación, prevención y persecución de los delitos por hechos de corrupción; las que vigilan las actividades de los servidores públicos y los sancionan cuando se encuentra que son responsables; las que determinan la política de compras, auditan el gasto de recursos federales y coordinan a los órganos internos de control, generando información que, al cruzarla, da como resultado patrones de actividades sospechosas, banderas rojas que muestran posibles actos de corrupción, personas y empresas vinculadas a actos de corrupción, etcétera.

 

¿No son demasiadas autoridades en un solo sistema? Irma Eréndira Sandoval, ya nombrada por el entonces presidente electo López como secretaria de la Función Pública, pero sin haber tomado posesión del cargo, expresó en diversas ocasiones que el SNA, tal y como está conformado, es una mesa de trabajo donde “mucho café se bebe, pero muy poco se logra”; adicionalmente señaló que “tiene instancias que realizan las mismas tareas al mismo tiempo, hay duplicidades, hay falta de conexión de los poderes”. Al respecto, considero que, efectivamente, el SNA es una estructura grande, pero su complejidad no deriva de sí misma, sino de las dependencias que la componen. Es decir, no es que en el SNA haya muchas autoridades haciendo lo mismo, es que en la administración pública hay muchas dependencias y entidades haciendo lo mismo.

 

La complejidad que sí genera el SNA es que esas autoridades tienen que comunicarse entre ellas. El lector podría pensar que eso no puede ser tan complicado; el problema es que sí lo es: las autoridades no suelen comunicarse entre ellas. Hay casos, algunos verdaderamente absurdos, en los que algunas dependencias o entidades que comparten la misma cabeza de sector tienen que hacer convenios de colaboración entre ellas para comunicarse, como lo hiciera recientemente el SAT con la oficialía mayor de la SHCP.

 

¿Qué falta para que el SNA funcione a plenitud? Faltan muchas cosas, entre ellas, que todas las entidades federativas tengan su Sistema Estatal Anticorrupción completo (la CDMX sigue faltando). Falta también el nombramiento de los magistrados anticorrupción. Falta modificar algunas leyes a nivel estatal. Falta mucha voluntad política, como siempre. Pero las 2 cosas más importantes que creo que faltan son: (i) terminar la Plataforma Digital Nacional (PDN); y (ii) fortalecer las facultades de los Consejos de Participación Ciudadana.

 

La Plataforma Digital Nacional es, en términos muy sencillos, una plataforma tecnológica que contendrá 6 sistemas con información que se podrá intercambiar libremente y que permitirá “quitar barreras y romper silos de información para que los datos sean comparables, accesibles y utilizables”, tanto por las autoridades del SNA, como por los ciudadanos[1]. Los sistemas que contendrá la PDN son: 1. Declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal; 2. Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contratación; 3. Servidores públicos y particulares sancionados; 4. Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización; 5. Denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción; y 6. Contrataciones Públicas.

 

Los sistemas ya existen, y se siguen nutriendo diariamente. Los sistemas no se moverán de sus servidores, la plataforma solo los interconectará a través de diversas aplicaciones de interface de comunicación (Application Programming Interface, API). El problema es que para que la información pueda “interoperar” es necesario estandarizarla y ponerla en un formato común, tarea nada sencilla. Además, la PDN contendrá no sólo los referidos sistemas a nivel federal, sino también los del nivel local. Imagine el lector la cantidad de información que manejará la plataforma. Imagine también los beneficios de tenerla; por ejemplo, cuando la PDN funcione tendremos en una sola herramienta y en cuestión de segundos la seguridad de que cierto servidor público estatal que haya sido sancionado no podrá ser parte ser parte de ningún otro gobierno de otro estado o del federal. Podremos evitar que las empresas sancionadas vuelvan a competir por contratos gubernamentales; es decir, la plataforma permitirá la interoperabilidad de millones de datos del ámbito federal y local, lo cual facilitará las investigaciones por hechos de corrupción, acelerará los tiempos de los procesos judiciales y prevendrá la comisión de futuras faltas y delitos.  Actualmente la plataforma ya cuenta con 3 de los 6 sistemas federales y algunos datos adicionales del Estado de México.

 

La PDN es una de las principales herramientas de trabajo del SNA. Sin ella es como si les pidiéramos al sistema nacional y a los sistemas locales anticorrupción que sigan tomando decisiones sin basarse en datos y en evidencia, y la lucha anticorrupción seguirá siendo lo que ha sido los últimos años, un fracaso.

 

La nueva administración no parece entender la importancia de esta herramienta y de su impacto en la lucha contra la corrupción. El recorte presupuestal de casi 30 por ciento de 2018 a 2019 destinado a la construcción de la PDN lo dice claramente.

Lo siguiente son los Consejos de Participación Ciudadana (CPC). Se componen de 5 ciudadanos “de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.

 

Los seleccionados como miembros del CPC no son servidores públicos, aunque sí están sujetos al régimen de responsabilidades para los servidores públicos que determina el artículo 108 constitucional. Duran de 1 a 5 años en sus encargos (terminan escalonadamente), se les paga a través de contratos por honorarios como si fueran prestadores de un servicio, y entre sus funciones están las de proponer mejoras al sistema, opinar respecto de algunos programas, acceder sin restricción, pero por conducto del Secretario Técnico del SNA, a la información que genere el Sistema, entre otras cosas. De entre los miembros del CPC se selecciona a uno para que sea el presidente, quien goza de voto de calidad en las votaciones del Comité Coordinador.

 

 

La relevancia del factor ciudadano en el SNA

 

La inclusión del factor ciudadano en el SNA no es menor; es, por decir lo menos, un mensaje político de que la presión que por tantos años las organizaciones de la sociedad civil pusieron en el tema del combate a la corrupción fue escuchado y tuvo su efecto. El eco de esos movimientos también se sigue sintiendo al interior de los CPC, porque en ellos los ciudadanos tenemos puesta nuestra última gota de confianza. La ciudadanía esperamos que sean ellos quienes hagan funcionar el sistema en su conjunto. Sí, ¡que pongan a trabajar al auditor superior, a la secretaria de la contraloría, a los magistrados anticorrupción, al fiscal anticorrupción, a todos! Que también hagan las investigaciones, capturen a los corruptos y los metan a la cárcel. Que, además, se vinculen y trabajen con todas las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y cuanto personaje que busque luchar contra la corrupción se ponga en frente.

 

La triste realidad es que el día a día de los CPC es muy complicado, no solo porque no tienen facultades para hacer muchas de las cosas que esperamos que hagan, y por más que quieran, legalmente no pueden obligar a ninguna de las autoridades del sistema a “ponerse a trabajar”. Pero, más complicado aún es que los CPC no tienen presupuesto para realizar sus actividades. A los miembros se les paga sus honorarios, pero al no ser un órgano gubernamental no se les dota de presupuesto, ese se lo dan a la Secretaría Ejecutiva, y ahí vienen otros problemas que merecen un artículo aparte.

 

Si los ciudadanos no comenzamos a enterarnos de las labores de los CPC, a coordinarnos con ellos para auxiliarlos en sus actividades, y a tomarnos más en serio la selección de sus miembros, el factor ciudadano que tantos años y trabajo costó, desaparecerá por decreto.

 

A manera de conclusión, debemos subrayar la importancia de la creación del SNA, aplaudir sus avances, aunque sean pocos y lentos, informarnos más del sistema, incluirnos en los espacios en los que podamos hacerlo. Exigir que antes de pensar en modificar el Sistema, se le permita funcionar: ¿Cómo vamos a mejorarlo si no sabemos aún cómo funciona? ¿Por qué tendríamos que modificarlo por completo si aún no ha comenzado a mostrar sus beneficios? ¿Por qué desecharíamos años de trabajo y esfuerzo de los ciudadanos y de muchos servidores públicos si se supone que, en lo referente al tema de la corrupción, estamos todos en el mismo canal?

Sin embargo, las voces que desde el gobierno se escuchan señalando la necesidad de mejorar algo que aún no sabemos si funciona siguen escuchándose. Debe ser que, en este tema, también se tienen otros datos.

​

​

​

​

[1] La ciudadanía tendrá acceso restringido a ciertos datos, con posibilidades limitadas de hacer ciertos cruces de información. Esto debido a que los sistemas tienen datos personales y otros tipos de información que pueden poner en riesgo a alguna persona, la seguridad pública o la seguridad nacional.