En contraste, no se ha dado apoyo al sector empresarial, especialmente en el comercio, servicios, turismo, transporte, y mucho menos a las empresas micro (que cuentan de uno a 10 empleados), pequeñas (que tienen de 11 a 50 trabajadores) y medianas (a las de 51 a 250 empleados), ambas conocidas como MiPymes, lo que ha causado la pérdida de más de un millón de esas entidades, que representan cerca del 72% del empleo en México.

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Además, a pesar de que esas unidades económicas representan los casi 5 millones de establecimientos, su precarización laboral (tres quintas partes de ellas son informales), su rezago tecnológico y la caída del sector manufacturero, fueron factores que favorecieron el confinamiento social y la reducción de la actividad productiva, como consecuencia del contagio y mortalidad asociados al nuevo coronavirus. Esto provocó que el 80% de ellas fueran afectadas por la crisis que las golpeo por distintos flancos y a un mismo tiempo.

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La realidad para este tipo de empresas no pudo ser más calamitosa. Basta citar que, de acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020, publicado en diciembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, 1 millón 10 mil 857 establecimientos (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente el año pasado, lo que coincide con el periodo de pandemia y las medidas de confinamiento establecidas para el control del coronavirus.

En dicho estudio también se cita que, en los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva, laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los negocios sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. Es decir, en total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo en este tipo de empresas y negocios. Por actividad económica, la mayor proporción de cierres definitivos se registró en establecimientos de servicios privados no financieros, con el 24.92%; comercio, con 18.98% y manufacturas, con el 15%.

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Ante el cierre de comercios y empresas en México, que encendió las luces de alerta, los representantes de la iniciativa privada solicitaron al gobierno más apoyos fiscales y aplazamiento de pagos a créditos o servicios, para poder hacer frente al difícil panorama provocado por las afectaciones del coronavirus. En su lugar se confirmó a un Estado más preocupado por mantener una inflexible política de austeridad y una mal entendida responsabilidad fiscal. Algo que no descartó algunos apoyos.

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Por ejemplo, para las grandes empresas se impulsaron planes de infraestructura a fin de reactivar la economía mexicana. Estos planes contemplaron un conjunto de acciones y proyectos de infraestructura financiados por capital privado, pero que excluyó a otras grandes empresas que, en consideración del gobierno federal, están muy desarrolladas en lo tecnológico y cuentan con un uso intensivo de capital, pero no necesariamente de mano de obra, puesto que sus procesos de producción son más automatizados.

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Para el resto de las pequeñas y medianas empresas del país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno; 500 mil para economía informal y 500 mil para la formal. Se trató de créditos a 3 años y con 3 meses de gracia, con una tasa de interés de 6.5% anual, mismos que a la postre fueron utilizados para cubrir por algunos meses la nómina del personal de este tipo de unidades económicas pero que, al final, no representaron un “salvavidas” para la sobrevivencia de muchas de ellas.

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En esa línea, cabe destacar que de acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), publicada por el INEGI, la proporción de empresas que recibieron apoyos fue de 5.9%, mientras que el 94.1% restante no recibió ningún tipo de ayuda. En blanco y negro, el sondeo arrojó que las empresas consideraron que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia, es aquella relacionada con los apoyos fiscales, con 61.3% de respuestas. Un 40.6% indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4% mencionó la trasferencia de efectivo y 30.3% que se necesitan nuevos créditos. La encuesta destacó que 37.6% de las unidades económicas previeron un retraso en el pago de sus deudas, con una proporción mayor en las microempresas, con 38%, mientras que en las grandes empresas fue de 19.3%.

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Esa estadística revela la situación actual de las empresas y denotó con creces la profundidad de la afectación del coronavirus. Pero también manifiesta cómo las unidades productivas de actividades diversas, se han ido ajustando a la nueva normalidad de la actividad económica, obligadas a superar las dificultades por las que atraviesan y remontar un escenario difícil para una recuperación de la economía, que según lo consideran analistas, tendría lugar hasta dentro de dos o cuatro años.

El año 2020 fue por demás complejo para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, porque de estar contra las cuerdas en 2018, para 2019 la contracción económica las tiró a la lona y en el 2020 la pandemia y el desplome del PIB de México las noqueó. El año 2021 no deja de ser igualmente complicado para estas unidades productivas, que habrán de enfrentar retos mayúsculos para seguir manteniendo su peso dentro de la economía de México.

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Ante la ausencia de apoyos e inversión, este tipo de empresas estarán obligadas a aprender a reinventarse, mediante la innovación e impulso de la creatividad, para diferenciarse de sus competidores en sus servicios, tanto de los pequeños como de los grandes. La innovación puede ser resultado de la implementación de servicios ajustados a las medidas sanitarias que dicta el gobierno, conforme cambia de color el semáforo sanitario -tal como lo están realizando entre otras, los restaurantes en las grandes ciudades del país-, y otra es aprovechar, en el terreno creativo, el desarrollo cada vez más extendido de la relación entre los consumidores con las herramientas digitales.

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En lo inmediato, las MiPymes enfrentan una situación que las ha rebasado e impactado sus finanzas y el empleo que generan. Ante ello, será importante una pronta adaptación a los cambios, que habrá de detonar el periodo post-pandemia. Lo importante para estas unidades productivas será retomar la enseñanza que deja la desaparición de algunas grandes empresas, pues existe una alta probabilidad de que las MiPymes también desaparezcan ante situaciones futuras, que les afecten en sus ventas y su operación cotidiana.

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Lo anterior será un elemento fundamental, pues está comprobado que las empresas micro, pequeñas y medianas no cuentan con los recursos necesarios que les garanticen la sobrevivencia ante un prolongado confinamiento, aun cuando la inmunización de la población se logre, en dos o tres años según se estima. Estas empresas tampoco cuentan con apoyos gubernamentales que las salven de sus dificultades económicas o su eventual liquidación, sobre todo en un escenario en el que el pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es moderado, a pesar del optimismo gubernamental proyectado para este indicador, para el que se augura una recuperación gradual y de largo plazo.

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Los desafíos para las MiPymes son enormes y todo indica que las soluciones no surgirán de la misma manera que en otras crisis económicas les permitieron no sólo sobrevivir, sino remontar las dificultades asociadas a una caída económica, que hoy se agrava por la tragedia que causa el virus del COVID-19.

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Por ello, es importante que el gobierno en turno considere las voces de alerta de las empresas, que se están expresando sobre el sentir de lo que está sucediendo en México con la economía. Al igual que la exigencia de un mayor acercamiento del gobierno con las pequeñas y medianas empresas mexicanas, y que se lleve a cabo un plan para poder reforzar y ayudar a este sector, que es vital para la economía y para la generación de empleos.