2.  Políticas migratorias: Centroamérica, México y EUA
Foto de AP

Propuesta de ruta para la liberación de personas en estaciones migratorias y la atención a solicitantes de asilo y migrantes en tránsito por México durante la pandemia de COVID-19 [*]


 

Diana Martínez Medrano

Coalición Internacional contra la Detención (IDC)

Jorge Romero León

Oxfam México

Lorena Cano Padilla

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

 

 

Diagnóstico

 

Al paso de los años, la política migratoria en México ha mantenido una premisa constante: contener la migración irregular hacia los Estados Unidos de América. Para ello, se ha privilegiado la acción de privar de la libertad a personas en movilidad de todas las edades y sin hacer distinción de situaciones de vulnerabilidad, para lo cual se creó una figura inconstitucional y desproporcionada de detención que ha tenido graves consecuencias en los derechos humanos. Dicha situación fue visible para la opinión pública hasta 2010, año en el que se mostraron en medios de comunicación las extorsiones, secuestros y los casos de trata de personas, entre otros tantos delitos cometidos en contra de la población migrante en México. Ese año se descubrieron fosas clandestinas en las que decenas de cuerpos eran quemados para no dejar rastros de los crímenes en su contra, que dicho sea de paso, no eran delitos investigados por tratarse de personas cuyo registro de existencia en México (al menos de su paso) es nulo.

Numerosas son las denuncias realizadas por organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos y organismos internacionales por el uso de la detención migratoria como regla general y por los plazos que superan las horas permitidas en la Constitución Política para las detenciones administrativas en este país. Pero han sido pocos los efectos positivos en su atención y modificación, tanto por parte de los operadores de justicia como de la administración pública federal.

Han existido algunos esfuerzos para evitar la detención migratoria de ciertos perfiles de personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la adopción de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, que han prohibido expresamente la detención de menores de edad en estaciones migratorias. También destaca el programa de alternativas a la detención para solicitantes de la condición de refugiado[1]. No obstante, aún estamos lejos de respetar los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que la detención migratoria debe ser la excepción y no la regla, además de estar sujeta a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Aunque la detención migratoria debe apegarse a un debido proceso legal, existen numerosos testimonios de personas que han sido privadas de la libertad por comisión de delitos y que han sido trasladadas a estaciones migratorias para su deportación. Estas personas han narrado que la detención en estaciones migratorias es mucho peor que estar en la cárcel por infinidad de motivos, entre ellos, el nulo acceso a necesidades básicas de higiene, alimentación, aire y luz natural, separación por sexos/géneros, comunicación con el exterior y hacinamiento.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, durante el año 2019, autoridades migratorias realizaron 182,940 eventos de presentación (puestas a disposición) en las estaciones migratorias, de los cuales en 53,507 se trató de menores de edad y, de ellos, más de 3,800 no acompañados[2]. Durante los primeros dos meses del 2020, las cifras parecían ir incluso en incremento comparadas con el año anterior, al alcanzar en enero y febrero los 30,633 eventos de presentación. No obstante, la llegada del COVID-19 a México impactó en la disminución de los operativos migratorios y las detenciones. Entre abril y mayo, disminuyeron a 4,960 los eventos de presentación, de los cuales 402 fueron eventos de menores de edad, de dicho número, únicamente 13, no acompañados[3].

La emergencia sanitaria y el limitado conocimiento que se tenía del coronavirus fue suficiente para “encender las alarmas” de la sociedad civil y organismos internacionales con respecto a los lugares que podrían encontrarse en riesgo de contagios masivos, tales como reclusorios, estaciones migratorias, y sobre todo, los lugares en los que el acceso a atención médica no es continua ni permanente. Diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas, que en marzo del 2020 ya se encontraban trabajando en colectivo ante una reciente negativa de la autoridad migratoria para permitirles ingresar a las estaciones migratorias con fines de asistencia y de otorgamiento de información, no tardaron en iniciar una estrategia de incidencia conjunta con metas muy concretas. Entre ellas, exigir la liberación de todas las personas que se encontraban en detención migratoria mediante medidas alternativas que permitieran garantizar la salud de las personas en situación de movilidad. Asimismo, el cese de los operativos migratorios que tuvieran como finalidad poner a disposición de las estaciones migratorias a las personas en situación irregular, exigiendo para ello condiciones dignas de libertad que fueran acompañadas de acceso a derechos hasta el momento ignorados abiertamente por las autoridades.

 

¿Qué proponemos?

Este colectivo de organizaciones identificó el perfil de las personas que se encontraban en riesgo y que podrían ser afectadas por el COVID-19. Ello incluye a personas mexicanas deportadas y expulsadas de Estados Unidos durante la emergencia; personas migrantes privadas de la libertad en estancias provisionales y estaciones migratorias, incluyendo a solicitantes de asilo en México; población forzada a permanecer en ciudades del sur de México en tanto se regulariza su situación, incluyendo a solicitantes de asilo; personas recientemente liberadas que no cuentan con apoyo mínimo para garantizar una estancia digna y adecuada que les permita cumplir con las medidas de prevención establecidas por la autoridad sanitaria; población expulsada a México, a pesar de ser nacionales de otros países, y solicitantes de asilo en Estados Unidos que esperan del lado mexicano la resolución de sus casos ante las cortes estadounidenses (bajo el programa “Quédate en México” o MPP, por sus siglas en inglés) .

De manera particular, preocupa el gran número de niñas, niños y adolescentes que se encuentra en los grupos arriba identificados. También genera alarma la situación de las personas que laboran en las estaciones migratorias y que podrían estar en grupos de riesgo, así como otros perfiles de población en situación específica de vulnerabilidad adicional a las ya mencionadas.

Las propuestas de la sociedad civil fueron integradas en un documento[4] que contiene diez puntos de acción inmediata, así como la implementación de un programa que ponga en el centro la opinión y necesidades de las personas en movilidad. Esto es, antes de ejercer cualquier tipo de acción estatal, en una breve entrevista conocer cuáles son las posibilidades, necesidades y expectativas de las personas; hacer palpable la regularización migratoria prevista en Ley para todas las personas que lo requieran y, en consecuencia, tener acceso a derechos y servicios. También se propone priorizar la respuesta para las personas en situación de riesgo como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Las diez propuestas incluyen medidas sanitarias de emergencia que deben tomarse con urgencia para proteger a la población en movilidad, un alto inmediato a las deportaciones y retornos asistidos (denominados voluntarios sin serlo necesariamente), y mayor coordinación entre los diversos actores involucrados:

1. Las medidas sanitarias ante la contingencia generada por el COVID-19 --que incluyen distanciamiento social, higiene y desinfección, quedarse en casa y cumplir a detalle los protocolos de salud en caso de riesgo / exposición-- también deben implementarse en los contextos donde suceden movimientos migratorios y por todas las autoridades migratorias en el país, en estaciones migratorias y en las dinámicas binacionales o transfronterizas en las fronteras mexicanas. Para ello, la Secretaría de Salud debe instruir a las autoridades facultadas para definir y operar la política migratoria a efecto de que se ciñan a estos lineamientos, e inspeccionar que las medidas se cumplan a cabalidad.

2. Alto inmediato a las deportaciones o devoluciones desde México si no existen las condiciones para llevarlas a cabo. Es importante que los memorandos de entendimiento binacionales y acuerdos para las deportaciones y repatriaciones de EUA a México, y de México con Centroamérica, se cumplan e incorporen detallada y explícitamente las medidas sanitarias en curso. De lo contrario, se pone en juego la salud pública de miles de personas. Es importante incluir la participación de autoridades sanitarias en todos los procesos migratorios para garantizar y asesorar sobre las medidas que deben incluirse, adecuarse o cambiarse en el contexto de esta pandemia y para preservar la salud pública.

3. Alto inmediato al desplazamiento irregular de personas solicitantes de asilo en los EUA y otras migrantes deportadas irregularmente por EUA que se encuentran en ciudades del norte, a la frontera sur de México. Además, deben investigarse a cabalidad los hechos documentados en abril y mayo del 2020, que llevaron al abandono de migrantes en puntos ciegos de la frontera sur, con el fin de que se sancione de manera efectiva a los responsables.

4. Implementar, bajo la coordinación de las autoridades sanitarias federal y en cada estado, una estrategia y un esquema de atención para población en movilidad y ruta para grupos específicos, que reduzca la exposición al riesgo de infección y transmisión. Se deben considerar las medidas específicas con población en mayor riesgo ante el Covid-19: con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades autoinmunes (incluyendo cáncer) y mujeres embarazadas, así́ como garantizar el acceso a la salud de la población en movilidad, a quienes presenten síntomas y requieran atención médica, garantizando el acceso a los servicios de salud en los diferentes puntos en donde se encuentre.

5. Liberar a todas las personas detenidas en estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados como estaciones migratorias o lugares donde están privadas de su libertad por motivos migratorios. Además, brindar un documento de estancia por razones humanitarias, realizar detección de grupos de población en mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por el Covid-19 (personas con diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, obesidad y embarazadas) para prevenir consecuencias fatales, y otorgar atención oportuna en caso de necesitarlo.

6. Cerrar las estaciones migratorias a la detención de migrantes; establecer en ellas, en las oficinas de atención a migrantes y en los puertos de acogida de personas repatriadas desde Estados Unidos protocolos de atención sanitaria y medidas ante el Covid-19 que se sujeten a las instrucciones y medidas preventivas instruidas por la SSA, la OMS y ONU, para prevenir el contagio del virus, así como retrasar y contener su propagación. Asegurar que estos mecanismos de vigilancia epidemiológica sean públicos y ampliamente difundidos entre la población.

7. Eliminar los controles de movilidad con fines de detención en todo el país. Usar los recursos de la Guardia Nacional en tiempos de pandemia para tareas de detención migratoria debe ser cuestionado, ya que el país tiene necesidades de logística e infraestructura ante el contagio que deberían ser prioritarias.

8. Desplegar acciones coordinadas para garantizar que las personas migrantes puedan establecerse en lugares donde puedan acatar las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno de México y la OMS, atendiendo de manera segura la cuarentena, donde no tengan que estar en la calle, y cuenten con acceso a agua, saneamiento, salud y alimentación incluyendo, en caso de ser necesario, el establecimiento o ampliación de albergues con protocolos de atención sanitaria y de prevención al riesgo de contagio, así como mecanismos de vigilancia epidemiológica en distintos estados o, inclusive, celebrando convenios de colaboración con hoteles para que las personas puedan quedarse en esos espacios en tanto dura la cuarentena por la pandemia, tal y como se ha realizado en el caso de turistas.

9. Garantizar el acceso a programas sociales a nivel municipal, estatal o federal. Ello requerirá́ una ruta de acción coordinada por Salud con SEGOB, SRE, SIPINNA, SEBIEN, CONAPRED, INMUJERES, CNDH, entre otras, y con otros actores como autoridades locales, organizaciones de atención y defensa de derechos de las personas migrantes y sus familias, organismos internacionales e iniciativa privada.

10. Realizar, publicar y difundir un censo de las personas en movilidad a lo largo del país. Además, difundir sus derechos y beneficios, e integrar un censo de las personas que reciban apoyos específicos.

 

¿Qué necesitan las autoridades y los poderes para actuar?

 

Solo partiendo de atender estas propuestas se pueden sentar bases para una atención integral de la población migrante y solicitante de asilo en tránsito por México o con procesos en curso en el país. Esta atención es una obligación legal conforme a lo mandatado por la Constitución mexicana en su artículo primero, además de la única respuesta verdaderamente humana y solidaria que debió dar el gobierno desde el inicio de la pandemia. Se trata de personas que se encuentran en territorio mexicano, en estancias y albergues, en campamentos, en asentamientos irregulares y en condiciones inhóspitas. Se trata de alrededor de 100 mil personas con necesidades humanitarias y de protección que no podemos obviar y que corresponde atender amplia y cabalmente, tanto a las autoridades como a la comunidad, en sus debidas proporciones.

Hasta ahora, sin ninguna duda, hemos fallado. Si bien la autoridad migratoria liberó a la mayoría de las personas que se encontraban en detención, esto no se hizo de manera adecuada, ni mediante algún programa de alternativas que respondiera a la emergencia sanitaria.

A pesar de contar con referencias e información detallada de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población migrante, las autoridades a cargo de la política migratoria han respondido de manera insuficiente e inadecuada, con desconocimiento, incluso desprecio. Hemos fallado porque no hay coordinación, ni claridad siquiera, de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno, ya no digamos para garantizar derechos, sino por lo menos para paliar las precarias condiciones de prevención y atención que enfrentan las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

 

Por ello, estas medidas representan solo el principio del mínimo necesario. Sobre esta base, será imperante avanzar a la plena regularización de todas las personas migrantes en situación irregular en México, así como costear y financiar programas de alternativas a la detención, y mecanismos para garantizar que las personas en movilidad tengan acceso a salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, trabajo y programas sociales. También se debe ajustar la actuación irregular, ilegal y violatoria de derechos humanos de algunas autoridades migratorias, especialmente del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, así como la intrusiva Secretaría de Relaciones Exteriores a la cabeza de la recientemente creada Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que no han tenido la capacidad de estar a la altura de las obligaciones internacionales ni de la tradición hospitalaria de México. Lejos de ello, se han empeñado en negar la realidad, debilitar la coordinación ya existente y dar largas a la sociedad civil organizada y a las cortes, que han respondido con claridad a varias demandas de amparo orientadas a garantizar que se respeten los derechos de las personas en tránsito.

El resultado de estas omisiones es un estado de alta incertidumbre y altísimo riesgo. Ya ha habido brotes (afortunadamente contenidos) en albergues y asentamientos irregulares, pero aún de ello se sabe poco. Si se mantiene esta disposición, el siguiente brote o la exposición de personas a éste puede ser mucho mayor, y se seguirá violando constantemente derechos, sobre todo cuando los operativos vuelvan a ser en el mismo número e intensidad que a principios de año. Epidemiólogos y epidemiólogas[5] han afirmado que es imposible determinar la efectividad de la atención en temas de salud y sanidad (y por lo tanto de sus Protocolos) dentro de estaciones migratorias sin siquiera conocer los números de las personas que se encuentran allí dentro y de sus condiciones de salud y de vulnerabilidad. Estas son un misterio que se deja entrever cada mes de manera desfasada, ya que las personas han sido devueltas a sus países de origen, incluyendo niñas, niños y adolescentes (por las estadísticas de UPM)[6] y sin conocer las instalaciones de cada estación y estancia migratorias (que en muchos casos se trata de una sola habitación muy pequeña para toda la población)[7].

Hay alternativas. Empezar cuesta muy poco -- continuar con la suspensión de operativos que tengan como finalidad la detención migratoria, establecer protocolos, programas de alternativas a la detención, vigilancia epidemiológica y coordinación. Y hay cientos de organizaciones, albergues, centros de derechos humanos y espacios de acogida dispuestas a ayudar. Lo que falta -como es común- es voluntad.

Notas

 

[1] Tan solo en 2018 ACNUR reportó en un informe de Resultados de sus operaciones en México durante 2018 el apoyo a 3,551 personas que salieron de estaciones migratorias en el marco de dicho programa, 60% de esas personas formaban parte de un grupo familiar y 29% eran menores de edad no acompañados (1,017) https://www.acnur.org/es-mx/publications/pub_prot/5d4080a84/una-mirada-a-los-resultados-del-acnur-mexico-en-2018.html

[2] http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Cuadros2019/cuadro3.1.3.xls

[3] http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2020/Cuadros2020/cuadro_3.1.3.xls

[4] Propuesta de rutas alternativas a la detención para la población migrante en México durante el COVID19. México, mayo 2020. https://imumi.org/wp-content/uploads/2020/05/Propuesta-de-Alternativas-a-la-detenci%C3%B3n-ante-COVID19-MAYO-2020.pdf

[5] Webinar llevado a cabo el día 25 de mayo del 2020 “Migración y COVID en México”, por el Grupo de Apoyo Técnico en Migración y Salud (vía zoom).

[6] http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Estadistica

[7] Documento elaborado por el Consejo Ciudadano del INM https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/consejo-ciudadano-del-instituto-nacional-de-migracion

[*] El texto fue escrito por quienes lo firman en representación de un colectivo de más de 40 organizaciones y redes especialistas en migración.

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Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

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