Militarización: una amenaza para los derechos humanos
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PRESENTACIÓN

 

Elio Villaseñor Gómez

Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

-¿La realidad duele? 

-No, la realidad es lo que es. 

-Entonces ¿qué es lo que duele? 

-Las expectativas y juicios que añadimos a la realidad 

Concepto Maya México

 

 

En el contexto actual, el espacio público ha sido transformado en una plaza en la que la  gestión federal se reduce a un ejercicio de comunicación social en el que algunos actores  nos ofrecen a la ciudadanos una realidad de país que la ajustan a una narrativa ligada a la  voluntad presidencial. 

En esa propensión, los “otros datos” son un instrumento de férreo control de la información  gubernamental encaminada a debilitar las expresiones políticas, las manifestaciones  sociales o los desacuerdos en lo económico que se caracterizan por pensar en forma distinta  a los designios presidenciales. El propósito fundamental de esta práctica gubernamental es actuar en consonancia para impulsar sus objetivos circunscritos a lo que denomina la Cuarta Transformación de la República. 

El anterior es el contexto en el que, como cada año, el gobierno federal envió al Congreso  de la Unión el Paquete Económico 2023, integrado por los Criterios Generales de Política  Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la  Federación para el próximo año, incluyendo las proyecciones macroeconómicas y las  estimaciones de finanzas públicas. 

En términos generales, el documento contiene supuestos macroeconómicos muy optimistas,  principalmente en rubros como el crecimiento esperado del PIB (de un rango de entre 1.9%  y 3% , con una estimación puntual de 2.4% al cierre de 2023); relaja las metas de finanzas  públicas (al tener como objetivos un balance fiscal de -3.6% del PIB, un balance primario de  -0.2% del PIB y Requerimientos Fiscales del Sector Público por 4.1% del PIB), pero, 

además, contempla un crecimiento importante en el gasto de 11.6% real respecto al  aprobado para 2022, lo que difícilmente puede considerarse como austero. 

En contraparte, se incrementan marginalmente los recursos destinados a sectores que  impactan a la sociedad en general como la educación (se proyecta una asignación de  recursos por $945,011’000,000, que representará un aumento de apenas 6.5% en términos  reales en comparación con el monto que fue aprobado para 2022) y al sector salud (al que 

se destinarán $868,200’000,000, un incremento real del 4.0%, que continúa siendo inferior al  6% del PIB, el nivel de gasto recomendado internacionalmente). 

Lo presupuestado para esas áreas sensibles y de impacto social contrasta con el aumento  de recursos que se destinarán a obras emblemáticas, sobre todo a las que recaen a cargo  de las Fuerzas Armadas: Para la refinería Olmeca ubicada en el puerto de Dos Bocas,  Tabasco, se presupuestan $47,200’000,000 para 2023; al Tren Maya se destinarán 

$143,073’000,000, un aumento de 127% frente los $62,942’000,000 que le fueron asignados  para este año; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles [AIFA] dispondría de  $836’230,000, superior a los $419’449,000 que se le otorgaron para el ejercicio de este año.

En conjunto, las previsiones macro son consideradas por analistas en economía como demasiado optimistas y onerosas las destinadas a las grandes obras del gobierno federal,  por lo que es muy probable que las metas planteadas en el marco macroeconómico, a partir  de las cuales se construyen las estimaciones de ingresos públicos con los que se determina  el gasto a realizar, tendrán que sufrir ajustes de consideración durante su implementación,  pero sobre todo porque para 2023 se observa un panorama altamente incierto y complicado. 

En términos pragmáticos, la visión de la realidad gubernamental en materia presupuestal es  la de imponer un escenario más de fe con la que pretende ajustar los objetivos económicos  a la idea de justicia social, como una suerte de aliento político para reforzar ante la  ciudadanía un proyecto que refrende la actual conducción de su modelo de desarrollo  económico en el que sólo caben quienes son partidarios y leales al proyecto o se pliegan a  lo que se postula desde un atril en cada mañanera, en las que lo creíble es el discurso y la  retórica presidencial. No importa que sea una mentira, lo único que importa es quien lo dice, que lo convierte de facto en un dogma de fe.

 

Lo que resulta desconcertante es que los mexicanos vivamos frente a dos realidades. Una  en la que el gobierno envía un mensaje económico aparentemente tranquilizador pese a la  recesión, el convulso entorno mundial y de desalentadoras proyecciones económicas  nacionales e internacionales. Otra, en la que la ciudadanía vive en un entorno de  contradicciones entre lo que requiere para mejorar su economía individual y familiar,  aspiración para la que no existe una respuesta gubernamental, sobre todo cuando la pobreza se incrementó en 3.8 millones de personas de 2018 a 2020, según datos del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La pasmosa realidad nos demuestra que un importante segmento de la sociedad, en  particular la más vulnerable, sigue cifrando en la acción y la voluntad gubernamental la  esperanza de encontrar una solución a sus necesidades más apremiantes y la  implementación de políticas públicas que coadyuven a construir caminos de soluciones para  un favorable acceso a mejores condiciones de vida en términos económicos y sociales.

 

Además, como sociedad atestiguamos que hace ya un buen rato la élite política tiene  centrada toda su acción en los cargos de elección popular que habrán de disputarse en los  próximos años a nivel local y federal, en el ánimo de seguir viviendo del presupuesto y para  cuya labor no hay ninguna referencia de agenda social urgente. Lo importante para la clase  política es figurar en las encuestas y mapeos partidistas, mediante el cambio de camiseta o  de ejercicios de acrobacia ideológica.

En ese marco, la realidad es muy terca y no se le puede esconder con otros datos ni  tampoco ofrecernos un país que solo existe en el imaginario de nuestros gobernantes, entre  los que, en muchos casos, es clara la ausencia de planeación, la falta de cuadros en la  gestión pública con las competencias necesarias para atender las necesidades sociales, por  exceso de carga “ideológica” en la dirección de los asuntos confiados a las dependencias y  entidades administrativas y por la tendencia a la improvisación, aunque ésta sea bien  intencionada. 

Por ello, además de presentar un escenario macroeconómico optimista, la realidad de país y  de su población no puede interpretarse o dirigirse desde un atril o detrás de un escritorio. Se  debe tener sensibilidad social y política para evaluar el sentimiento de los ciudadanos de a  pie. Para ello es preciso que la clase política se despoje de la indiferencia ante lo que otros  piensan y del uso de las carencias de la ciudadanía para lograr los propios fines. 

El asunto no es preservar la sentencia de “estás conmigo o estás contra mí” u otras  variaciones similares del mismo pensamiento, que en lugar de unificar polarizan, sino, como  reza el refrán popular, “tomar al toro por los cuernos”, dado que la gobernabilidad y las  políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la base social, como productos  del consenso de grupos específicos y actores sociales reales. Es decir, retomar la vía  institucional y privilegiar el cauce político como vía para lograr soluciones a las necesidades  urgentes de una sociedad cada vez más castigada por factores internos y externos.

Por ello es de esperar que en la discusión y definición de las partidas presupuestales exista  la prudencia, la sensibilidad y el tino de los legisladores para destinar los recursos  suficientes que permitan atender las más básicas necesidades sociales, pues los temas más  apremiantes están a la vista de todos, como son la carestía de la vida, la creciente pobreza, la rampante inseguridad (con el registro de 18 mil 93 homicidios dolosos en México durante  2022; para un acumulado de más de 120 mil casos en el periodo 2018-2022, de acuerdo con  datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y las  consecuencias que ello implica para los ciudadanos; el empleo y la precariedad de la fuentes  de trabajo; la salud y el persistente desabasto; la educación y su planeación como gran  igualador social; el respeto de los derechos humanos; la economía estancada y la falta de  certidumbre; y las nuevas oportunidades en la relocalización de la economía global. 

El momento presente es delicado. Hay demasiados pendientes, rezagos y la urgencia de  solución, por lo que las decisiones que los legisladores determinen en materia presupuestal  son decisivas para el futuro inmediato. Y, en ese plano, la realidad nos exige a todos volver  a recuperar nuestro entusiasmo, reconocer que no hay ninguna solución si no ponemos los temas urgentes en la mesa de un diálogo con los gobernantes o futuros candidatos para las elecciones próximas. 

A todos ellos, tenemos que preguntarles qué propuestas concretas y cómo solucionarán  nuestros problemas más urgentes, un prerrequisito para sentar las condiciones  necesarias para la existencia efectiva de una mayor actuación ciudadana y la operación de la esfera pública, en una relación que se caracterice por la interacción, la interlocución y la acción conjunta que lleve implícito un sentido valorativo: el tasar como deseable la actitud cívica y la consecución del interés colectivo. 

Lo anterior es menester en momentos en los que se definen asuntos como las partidas  presupuestales y las metas macroeconómicas. Es un gran apremio, pues cada vez es más  generalizado el reclamo de un “Ya basta” al espectáculo político y de que es hora de empezar a construir desde ahora una ciudadanía propositiva con vocación de ser un actor  clave en el espacio público. Es momento de que la sociedad civil se presente de manera  distinta, separada e inclusive antagónica con respecto al Estado, pero con capacidad de  producir iniciativas de solución mediante el consenso, y a contracorriente de lo que a muchos en el gobierno les conviene, como limitar el ejercicio de la ciudadanía.

Para el gobierno un entorno como el descrito es una exigencia puesto que el ambiente en el  que se implementará el Paquete Económico 2023 es complejo y de múltiples retos por la  convergencia de varios factores como la inflación global, las restricciones financieras, la  recesión económica mundial, sumado a los problemas internos que aquejan al país y que  impactarán en la economía mexicana, en la efectividad de las finanzas públicas y en la  dirección de política económica, que tiene cada vez menor margen de maniobra. 

Frente a ese escenario, desde la sociedad es imperioso el llamado para construir el bien  común que pregonó Tomás de Aquino, al invocar que el derecho es lo justo o ajustado a  otro, conforme a cierta clase de igualdad. Es una máxima que debe ser ponderada por todos  los actores sociales y la clase gobernante puesto que, sin esa igualdad y sus garantías, la  paz y la justicia social que pregona el gobierno en turno es estrictamente etérea y  acabaremos tarde que temprano enfrentándonos a una realidad que será dura y dolorosa  para todos los mexicanos.