Sin temor a ser catastrofistas, los presagios sobre el nivel de destrucción de nuestro planeta como, por ejemplo, la presentada en la película de culto “Cuando el Destino nos Alcance” (1973, del director Richard Feischer), cada día va cobrando forma dejando atrás muchas de sus imágenes concebidas como ciencia ficción distópica para ser una realidad cercana para no pocos países. 

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En un escenario de cambio climático a todas luces irreversible, resulta preocupante el impacto que tiene el aumento de la temperatura sobre los fenómenos de sequía cada vez más intensa que han sido registrados desde hace por lo menos las últimas tres décadas, y que perfilan pronósticos de fenómenos más extremos y frecuentes, que vendrían a confirmar el proceso de cambio climático y sus infaustas consecuencias a nivel global. 

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En ese sentido, estimaciones de la comunidad científica advierten que si no se reducen las emisiones globales de gases con efecto invernadero en las próximas décadas y se supera temporalmente el nivel pactado de calentamiento establecido en el Acuerdo de París (1.5°C) de 2015, habrá graves impactos, algunos de los cuales serán irreversibles, sobre todo cuando todas las previsiones apuntan a que la población mundial se encamina a superar los 2°C, lo que supondrá un escenario en el que anualmente se verifiquen más meses de sequía, ante la ausencia de “medidas urgentes  para combatir el cambio climático y sus efectos” [Objetivo 13 de los Objetivos de  Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030]. 

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Con ese marco, la reiteración de los episodios de sequía implicará un ineludible  agotamiento de los volúmenes almacenados en los embalses y de los niveles de agua subterránea, con el impacto socioeconómico y ambiental que esto conlleva. 

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En los hechos no resultan hipotéticas las advertencias de que el cambio climático es un agente silencioso, pues en el caso de México está comprobado que en el largo plazo provocará mayores e importantes impactos en la disponibilidad de agua, perfilando un panorama muy desolador para las personas y los gobiernos (v.gr los episodios de grave sequía en todo el país, pero con niveles de emergencia en los estados del Norte de la República) que comienzan a padecer la escasez de agua tan necesaria para los usos más básicos de la vida cotidiana, así como afectar también los procesos de cultivo de los productos del campo, al igual que a las empresas cuyo funcionamiento y procesos productivos están vinculadas con el uso del agua. 

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En línea con lo anterior, es preciso atender los datos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó en julio pasado, acerca de que el 81% del territorio nacional se encuentra en algún nivel de sequía y de las 210 presas que hay en México, 116 están a menos del 50% de su capacidad. 

En ese orden de ideas, y en el entendido de que el cambio climático es el principal  riesgo que enfrenta la humanidad y la competitividad de los países en años por venir,  para México resulta fundamental el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T MEC), el cual estipula siete acuerdos ambientales multilaterales que permitirían una  transición energética en los tres países que incentivarán la inversión de los proveedores  de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. De  ahí que sea crucial que la transición energética planteada en el Acuerdo Comercial se  apoye en la generación de energías limpias y renovables, que potencializarían una mayor competitividad no solo en Norteamérica, sino a nivel mundial en el tema  comercio exterior y en el combate al cambio climático. 

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Con esa referencia, los riesgos para la producción y el abasto de alimentos que apenas comienzan a despuntar en el país, generan preocupación por la volatilidad e incremento

en los precios de los insumos que se reflejan en el de los alimentos. Este factor se  suma a las secuelas derivadas de la pandemia del SAR-Cov2 que fracturó las cadenas de suministro a nivel global, a las que hoy se adicionan la inflación y fenómenos  naturales como la sequía y las inundaciones, lo que proyecta un mayor precio de los alimentos que invariablemente impacta sobre todo en el bolsillo del consumidor final.
 

Lo arriba descrito es una muestra de cómo la vulnerabilidad humana y la de los ecosistemas son interdependientes y que sustenta la tesis de los estudios que advierten  que el calentamiento global producido, sobre todo, por el aumento de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera dará lugar a sequías más severas, largas o frecuentes con un grave impacto para la producción de alimentos. 

Este panorama real refleja el poco interés que tenemos los ciudadanos y las autoridades de asumir compromisos para hacernos cargo de la titánica tarea de cuidar nuestro planeta y crear conciencia colectiva de que éste es nuestra casa común y de  que no podemos vivir y convivir entre nosotros si no impulsamos acciones que impidan la tendencia destructiva de nuestro entorno ambiental. 
 

Para enfrentar las amenazas latentes que lastiman la economía y a las sociedades y generan riesgos en materia de bioseguridad, que conjugadas perfilan una ominosa  situación de hambruna que, incluso, ya comienza a descollar con mayor fuerza en  algunos países -hasta junio de 2022, el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda aumentó a 345 millones en 82 países, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA)-, el mundo, y México claro está, necesitan de una sociedad civil fuerte, activa y dispuesta a participar y enriquecer las políticas públicas, con propuestas que representen un verdadero beneficio para las naciones y sus comunidades. 
 

Ello, porque siendo la Tierra nuestra casa común, nos exige preservarla, de  convertirnos en agentes solidarios de su conservación para las generaciones venideras  con una visión y responsabilidad puestas en el presente y en garantizar el futuro de  nuestras comunidades, de la humanidad. 

Ante esa urgencia, los ciudadanos y nuestros gobiernos debemos tomar conciencia de  los grandes desafíos nacionales que enfrentamos, mismos que requieren tener un rol más activo, combativo, propositivo, solidario y corresponsable en la defensa y  preservación de nuestro entorno natural, para poder seguir construyendo una sociedad en la que la pauta sea la certidumbre, la solidaridad y la seguridad de nuestro presente y nuestro porvenir en esta nuestra casa común. Es una tarea que debe germinar desde  lo local y lo individual con acciones claras y consistentes que permitan mejorar nuestro  estilo de vida y nuestro entorno para que tengan un impacto global tangible. 
 

Sobre todo, porque el actual panorama ambiental es una prueba contundente de que  los gobiernos no pueden solos y algunos son reacios a emprender y asumir compromisos y ser corresponsables para combatir el cambio climático, razón por la cual  los ciudadanos no podemos ni debemos dejar nuestra casa común en manos solo de los gobernantes, sino que, como habitantes de nuestra Tierra, estamos comprometidos  a emprender una cadena de acciones que empiezan en la familia, la escuela, el trabajo y en los espacios públicos donde cada uno de nosotros ponga lo mejor de nuestra parte  para que todos tengamos una vida digna y amigable con nuestro entorno.
 

Con ese contexto, la urgencia inmediata para atender las grandes causas como combatir el cambio climático y sus consecuencias, exige contar con una sociedad  organizada, activa, comprometida y con fortaleza para seguir construyendo nuestra  casa común, nuestro planeta, con una reorganización estructural e intensa renovación del espíritu de lucha que ha caracterizado a la sociedad civil organizada, adicionada  con una sinergia en la que nadie se quede atrás y todos seamos parte de las decisiones  a tomar para redefinir el rumbo y el futuro de nuestras comunidades. 
 

Por ello, más que un apremio, debemos asumir como una alerta que el desarrollo económico actual es incompatible con la devastación de los recursos naturales y la  generación de contaminantes causantes del cambio climático. En virtud de ello, es  fundamental considerar la participación inclusiva de todos los actores sociales para  generar políticas públicas compatibles con lo que se podría denominar la justicia climática y orientarlas a desarrollar acciones de mitigación efectiva de las secuelas que  hoy el mundo y nuestro país padecen como consecuencia de haber sido omisos para  impulsar un modelo de desarrollo sostenible y resiliente a los impactos del clima.