Para no pocos observadores, el país perfila un conjunto de tribulaciones, de una exacerbada descomposición prácticamente en todos los rubros, con un panorama sombrío y con ventarrones políticos e ideológicos que quebrantan las esperanzas de poder consolidar un proceso de reconciliación nacional, cuyo tránsito pase por el tamiz de la recomposición del tejido social, elemento indispensable para lograr la gobernabilidad y el bienestar social y económico, impulsando la solidaridad y la cohesión de todos los ciudadanos y del gobierno.

​

Ante ello, está el papel y la labor perseverante de la sociedad civil en el espacio público, que ha buscado desde sus distintos ámbitos de acción, iniciativas sociales, económicas, cívicas y culturales, el empoderamiento de los ciudadanos por una vida digna. Los ejemplos forman parte de una larga lista, como el acuerdo nacional para la reactivación económica planteado por la Coparmex; los conceptos para fortalecer la educación sugeridos por expertos y organismos especializados en el tema educación; estudios de política pública sin sesgos ideológicos, fundamentadas en análisis rigurosos de evidencia y datos duros, como las expuestas por el Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO); labores de seguimiento y consignación en materia de transparencia y rendición de cuentas, como las que reportan Transparencia Mexicana y la Red de Rendición de Cuentas (RRC); entre otros.

​

Con ese precedente, en nuestro país el papel que ha jugado la sociedad civil en su conjunto ha decantado en la promoción y construcción de laboratorios de políticas públicas comunitarias, pero también escuelas cívicas para que los ciudadanos sean sujetos de sus propios derechos, como de sus responsabilidades, particularidades que los ciudadanos asumen de facto, tal como lo confirma la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 -elaborada por el INEGI y el INE-, en la que 36.3% de la población de 15 años y más considera que la frase “tener responsabilidades” describe mejor a un ciudadano, seguido de 29.4% que considera la frase “tener derechos”.

​

En ello, la clave ha sido la de disputar el espacio público para ser actores de interés general, misma que no ha sido nada fácil debido a que el sistema político de nuestro país sigue siendo patrimonio de los partidos y los poderes fácticos, que no han reparado en que la eficacia del sistema político requiere de consensos que privilegien al interés general de la sociedad y que la auténtica democracia no se agota en las urnas, pues va más allá de la democracia electoral y supone una participación real y activa de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas.

​

Esta situación normalmente nos haría voltear la mirada hacia el Estado, en tanto es la figura garante de la certidumbre económica, la armonía y la paz social, aspiraciones ciudadanas que forman parte del mandato que lo obliga a poner orden y establecer las mejores condiciones de vida, procurar los satisfactores que demanda la sociedad e impulsar las acciones y políticas orientadas a fortalecer el tejido social, con estabilidad y bienestar. Sin embargo, no vemos más allá de reclamos, pretextos y justificaciones, que de facto anulan cualquier acción que pudiera ser efectiva para cuando menos contener la andanada criminal, la inflación, la pobreza, la falta de empleo, la corrupción, las carencias en materia de salud y educación, la ausencia de incentivos para un desarrollo y un crecimiento económicos sustentables, y un largo etcétera.

​

A pesar de ese entorno de suyo difícil y complejo, no se reconoce el papel de la sociedad civil. A pesar de ello, los ciudadanos seguimos trabajando todos los días con el empeño de ser parte de la construcción de las políticas públicas, con la convicción de que la solución de una amplia gama de los problemas públicos está en manos de la sociedad .

​

En este proceso de participación en el espacio público, como sociedad civil , hemos demostrado que no solo demandamos sino también proponemos soluciones a los problemas comunes y del país. Prueba de ello es que de acuerdo con la arriba citada ENCUCI 2020, el 55.8% de la población de 15 años y más declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país, al que se suma el 63.2% de la población de 60 años y más en ese sentido.

​

Además, a pesar de la cerrazón al diálogo y el freno a la iniciativa ciudadana por la falta de visión de Estado, desde la sociedad civil estamos llamados a levantar la voz y hacernos presentes en la generación de iniciativas y propuestas para planes, programas y proyectos de carácter público, y desde luego, para establecer mecanismos de control y vigilancia de la implementación de las políticas públicas, pero sobre todo del desempeño de los representantes elegidos popularmente, los servidores públicos y en particular de toda la gestión pública.

​

Lo anterior, porque los actuales son tiempos de actuar con decisión, de actuar y decidir con visión de futuro para avanzar en la tarea en la que por décadas la sociedad ha sido coadyuvante y actor eje en la construcción del país, más aún cuando actualmente existen visos de retrocesos continuos.

​

Lo anterior es un apremio frente a la realidad que actualmente está viviendo el país, marcada por la polarización y la destrucción del tejido social, por lo que es urgente seguir bregando para encauzar mediante el diálogo y el consenso, iniciativas que contribuyan a enfrentar estos desafíos con nuestros propios procesos y con la capacidad y la experiencia acumuladas por décadas, con espíritu incluyente en el ánimo de que nadie se quede atrás y buscar puentes vinculantes entre los distintos actores para compartir soluciones conjuntas. Es algo que como ciudadanía nos caracteriza y un rasgo que en la ENCUCI 2020, se destaca con la opinión de 24.3% de la población de 15 años y más que se considera un punto focal de intermediación comunitaria, al que se suma el 24.9% de la población de 30 a 59 años en esa propiedad.

​

El punto es que las experiencias exitosas en los terrenos de la seguridad, la economía, la movilidad humana y de la paz, nos debe confirmar a la sociedad civil como un actor y un activo social que testifica que la única manera de participar es no caer nunca en el pesimismo o la confrontación abierta, sino en alimentar la esperanza de abrir nuevos caminos posibles de diálogo y propuestas constructivas, en los que la gran tarea que tenemos, precisamente como sociedad civil, es crear una nueva narrativa en la que se anule el ímpetu de vernos como enemigos, sino como ciudadanos que queremos ser actores del futuro de nuestra comunidad y del país.

​

En este proceso la ruta a seguir para la sociedad y el ciudadano de a pie es continuar bregando y no pedir permiso para actuar. Como sociedad, necesitamos contagiarnos de las buenas prácticas para fortalecer el tejido social e insistir en plantear propuestas de solución a las demandas más urgentes de la población con una visión de futuro. Lo extremadamente oneroso para la sociedad sería no actuar en términos económicos, sociales y humanos, por lo que el camino no es fácil y, por ello, lo que requiere el concurso de todos, puesto que la ruta hacia una transición sustentable requiere de ajustes en todos los aspectos de nuestros sistemas económicos, políticos, sociales y culturales.

​

La premisa que debe guiar ese esfuerzo es hacer prevalecer el interés general sobre los intereses particulares o los ideológicos.

​

Es la hora de visibilizar la otra mirada de México, la del poder ciudadano, que con su inteligencia y esfuerzo cotidiano busca proponer soluciones en la agenda pública. Por ello, insistimos, el reto de la sociedad civil interesada, estriba en repensar qué hacer y en cómo hacerlo, para reconstruir lo bueno que teníamos, superar lo mal implementado y seguir avanzando hacia terrenos de libertades, justicia y bienestar. Es la hora de que los ciudadanos tomemos las riendas del desarrollo de nuestro país para reestablecer y fortalecer las instituciones. Es la hora de seguir formulando normas acordes a los nuevos tiempos para el diseño e implementación de las mejores prácticas en política pública, a la par que se modernicen y/o mejoren las leyes y las regulaciones.

 

En esa línea, es preciso recalcar que en la trayectoria del país, los ciudadanos somos actores que hemos contribuido con experiencias innovadoras y estrategias de sobrevivencia, escuelas de defensa de derechos humanos así como cambios en distintas leyes como la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, ante el momento de incertidumbre e inseguridad que estamos viviendo en el país, es necesario sacar la mejor reserva del país: la solidaridad y el diálogo para buscar soluciones viables que beneficien al país.

 

Con esa pauta, nuestra fuerza como sociedad podrá ser calibrada en la medida que involucremos a los ciudadanos de pie, a la academia, a la comunidad científica, a las iglesias, a los empresarios y a los gobernantes para levantar olas por un proyecto de bienestar y de paz.

 

En ese propósito, partamos hoy de los retos que nos imponen el parvo crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y el cambio climático, con la noción de que en estos problemas aciagos solo debe haber buenos resultados, en cuanto a su alcance y sostenibilidad, que exige al gobierno y a la sociedad en general, compartir propósitos, diálogo y consenso en un marco de pleno respeto al Estado de Derecho.​