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PRESENTACIÓN

 

Elio Villaseñor Gómez

Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

Un asunto central en la agenda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el migratorio. Es una problemática que de ser una crisis humanitaria ha pasado a convertirse en una auténtica crisis de derechos humanos en la región.

Las escenas de la militarización y la tendencia de generar un ambiente de criminalización hacia los migrantes por su deseo de buscar una vida mejor son en gran parte resultado de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano con la Administración Trump para detener y retornar a quienes pasan por nuestro país.

En este contexto, cada día se va fortaleciendo una cultura de odio y xenofobia hacia las personas migrantes, cuyo único delito es ser pobres y huir de sus países por la violencia y la pobreza.

Ante ello, es posible detectar la incongruencia discursiva del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al fenómeno migratorio, que contrasta notablemente con sus posturas en diferentes momentos en lo que va de su gestión.  

Por ejemplo, en octubre del año pasado, siendo ya Presidente electo sostuvo: “Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. El fenómeno migratorio debe ser abordado con respeto a los derechos humanos y dando opciones de trabajo a los que se ven obligados a abandonar sus pueblos… Donde come uno, comen dos”. En enero, a poco más de un mes de asumir la Presidencia, se comprometió a que “El migrante que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo; se creará un plan de ocupación del sur por parte de los centroamericanos que huyen o migran de su región”. Esa vocación la reforzó en marzo cuando ofreció que “El gobierno otorgará visas de trabajo humanitarias a migrantes centroamericanos, con el fin de reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. México está en condiciones de ofrecer empleo a ‘hermanos centroamericanos’. El apoyo se brindará a quienes lo soliciten, ‘todo voluntario y tolerado’”.

En contraste, un giro radical persiste en su referencia hacia los migrantes después de que en junio pasado firmó un Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, al acotar: “Es que no se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal, o sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes, sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio”.

Además, esta contradictoria actitud no solo ha sido aplicada a los migrantes, también es una constante la política de perseguir a la red de los defensores de los derechos de éstos y de acosar y hostigar a los encargados de los albergues para migrantes, de los cuales incluso se ha descalificado su trabajo humanitario.

Aplicar a la misma estrategia que se instrumenta para perseguir a los miembros de la red del crimen organizado, de las bandas de la trata de personas y de extorsionadores, contra la justa causa y aspiración de los migrantes que buscan un mejor porvenir ha decantado en un ambiente que los criminaliza. Incluso, esa punible repulsión abona a generar un ambiente de discriminación y xenofobia hacia los migrantes, tal como lo revela una reciente encuesta publicada (el 25 de julio) por el diario El Financiero -que aplicó vía telefónica a 410 personas a nivel nacional del 12 al 14 de julio-, la cual revela que el 57% de los entrevistados está de acuerdo con el uso de la recién creada Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes centroamericanos; en contraste, el 42% está en desacuerdo.

Pero además, la imagen que ahora proyecta nuestro país en el plano internacional con el despliegue de la Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte, es la de fungir como “un muro” de contención del flujo migratorio y que el actual gobierno de México sea visto como el mejor aliado del presidente Donald Trump en su estratagema para reforzar uno de los temas que más atrae a su base electoral: la migración que supuestamente atenta contra la seguridad nacional de su país. Este es un aspecto que, de nueva cuenta, se perfila como uno de los ejes en su estrategia electoral para reelegirse, comprobada su eficacia durante su pasada campaña cuando encauzó una marcada hostilidad contra los migrantes, en especial los mexicanos, a los que en más de una vez calificó de narcotraficantes, violadores y criminales.

Pero además de esbozar la situación de los migrantes en nuestro país y en el vecino del norte, una vez transcurridos los 45 días de la firma del Acuerdo Migratorio signado por México con la Administración Trump, el saldo hasta este momento es el siguiente:

  • Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, las detenciones de indocumentados que intentaron cruzar la frontera entre México y EUA disminuyeron 28% durante junio con respecto a mayo. Las capturas pasaron de 144 mil 278 en mayo a 104 mil 344 en junio. En 2018 el promedio de captura era de 40 mil 149 personas.
     

  • Según un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, más de 2 mil 600 menores de edad, incluidos al menos 18 bebés, fueron separados de sus padres en la frontera de EUA con México entre 20 días y 6 meses durante la aplicación de la política migratoria de 'tolerancia cero' en 2018.
     

  • Según cálculos de The Wall Street Journal, unas 18 mil 700 personas están registradas en México esperando turno en la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo en ese país, pero ya no podrán hacerlo, luego que entrara en vigor una nueva regulación del gobierno de Donald Trump.
     

  • La Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que en lo que va de 2019, Estados Unidos ha detenido a más migrantes que en cada año fiscal de la última década, con 688 mil 375 aprehensiones hasta finales de junio; “eso promedia 2 detenciones cada minuto durante 272 días”.
     

  • Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), la cifra de deportaciones en México aumentó un 32.7 % en junio con respecto a mayo. La cantidad de extranjeros que las autoridades devolvieron a sus países de origen pasó de 16 mil 507 a 21 mil 912. De junio pasado al 15 de julio, el gobierno de México deportó a 79.3% de extranjeros que entraron al país.
     

  • Legisladores demócratas de Estados Unidos, que visitaron centros de detención de migrantes en Texas, calificaron sus condiciones de “horribles”.
     

  • En el tráfico de personas hacia México, se descubrió que, por lo menos, existen dos organizaciones delictivas que se especializan en el traslado de menores de edad que buscan llegar a Estados Unidos y para lo que sus familias pagan hasta $8,000 dólares, que supuestamente incluyen el costo del viaje y sobornos.
     

  • La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que, de acuerdo con datos del gobierno mexicano, el tráfico de migrantes se ha convertido en un negocio de jugosas ganancias para el crimen organizado, pues para llegar a Estados Unidos desde México, los indocumentados pagan a bandas delictivas entre 5,000 y 40,000 dólares, monto que depende de la zona geográfica de su viaje.

Como vemos, las políticas migratorias -diseñadas para complacer a Donald Trump y evitar que su gobierno impusiera a México una serie de aranceles- han tenido un costo humanitario en contra de los inmigrantes. Pero además, como se ha reiterado en este y otros foros, ha significado el sometimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a una suerte de evaluación, como la que se constató en la reciente visita del Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, cuando se dio el visto bueno al cumplimiento de México con los compromisos establecidos en el Acuerdo Migratorio de junio pasado.

Lo anterior traza un eventual escenario en el que cada vez estaremos más sujetos a los vaivenes y las exigencias de la campaña electoral estadounidense; podría pensarse que muy probablemente mañana se pueda aplicar un criterio similar para certificar, por ejemplo, la “tarea” de México en materia de combate al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, mediante los amagos y otras amenazas diplomáticas, políticas o económicas. 

En este cuadro de realidades bilaterales, la sociedad debe impulsar una campaña desde las familias, las escuelas y todo espacio público para evitar contagiarse de una cultura de xenofobia, en la cual a los migrantes se les vea como indocumentados y no se respete su dignidad humana. Evitemos convertirnos en instrumentos de criminalización de los migrantes por ser pobres, porque la única razón por la que salieron de sus países fue para buscar mejores condiciones de vida individual y familiar. En el centro de la diplomacia mexicana debería colocarse a las personas migrantes como seres humanos y no a las mercancías, como única vía de entablar una relación de concordia entre las naciones.

En la actual coyuntura, los ciudadanos vivimos un gran desafío: cambiar la narrativa en el trato que se brinda a los hermanos centroamericanos, en un marco en el que predomine nuestra cultura tradicional de hospitalidad y se genere un ambiente de una respetuosa acogida, conscientes de que también somos un país de migrantes, con alrededor de 30 millones de mexicanos viviendo fuera de México. Ante esa realidad, no podemos ser candil de calle y oscuridad de nuestra casa.

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BRÚJULA CIUDADANA. Año 11, Número 113, noviembre-diciembre 2019, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
Tel. (55) 55141072, www.iniciativaciudadana.org.mx/brujulaciudadana

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