2. Flujos migratorios: México, Estados Unidos y Centroamérica

Política migratoria con Biden. ¿Habrá cambios?

Andrew Selee

Director del Migration Policy Institute

Desde su llegada a la presidencia, Joe Biden y su equipo han manifestado repetidamente que la migración será uno de los temas prioritarios de su administración. No es sorprendente que los Demócratas quieran cambiar las políticas migratorias, que fueron tan prioritarias para la administración del presidente anterior, Donald Trump, y que fueron centro de su propuesta de cambio político durante cuatro años. Pero hay una distancia entre desear hacer cambios y lograrlo, y las secuencias de estos cambios son importantes.

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Los cambios probables con Biden se pueden dividir entre cuatro ejes específicos, cada uno con su ritmo distinto y retos particulares. Primero dibujamos estos cuatro ejes y luego tocamos el tema de la secuencia de estas reformas y como diferentes formas de abordarlos podría llevar a muy diferentes consecuencias para el futuro de migración en la región.[1]

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Eje 1: Crear vías legales para la migración

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Entre los años 80 y 2007, había flujos constantes de migrantes irregulares mexicanos a los Estados Unidos, que generaron tensiones permanentes en la relación entre los dos países. Pero a partir de 2007 empezar a bajar estos flujos, en gran parte por los cambios económicos en México que, si bien eran insuficientes, lograron desincentivar la migración indocumentada entre los dos países.[2] Otro cambio que ayudó a reducer la migración irregular, fue el alza en peticiones para visas temporales para mexicanos que desean trabajar en el campo o en la industria hotelera y restaurantera en Estados Unidos, que llegaron a más de 260,000 en el año fiscal 2019. Si bien los mexicanos tenían menos razones para migrar, los que querían ir tenían canales legales para hacerlo por primera vez. Aunado a las visas de residencia permanente solicitados por familiares ya viviendo legalmente en Estados Unidos, se empezaron a generar nuevos canales legales para la migración, que efectivamente eran sustituidos por la migración irregular.[3]

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Sin embargo, no ha pasado nada similar en Centroamérica. De hecho, en el año fiscal 2019, sólo un poco más de 8,000 centroamericanos, de Honduras, Guatemala y El Salvador, tuvieron acceso a visas de trabajo estacional, frente a más de 260,000 mexicanos. En el año fiscal 2020, los números bajaron un poco, pero la proporción quedó casi igual.[4]

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La administración Biden sabe que tiene que crear oportunidades laborales para los centroamericanos en Estados Unidos como prioridad, pero no tiene tan claro cómo hacerlo. Los programas de visas estacionales están a petición de los empleadores, quienes tienen que decidir a quiénes quieren contratar, y el gobierno sólo facilita las visas cuando hayan identificado a los trabajadores. Los empleadores ya están satisfechos con el talento que han podido encontrar en México y no tienen muchas razones para buscar más allá de este país. Y las condiciones legales para la contratación en Centroamérica, generan preocupaciones entre algunos empleadores potenciales.

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Los gobiernos en Centroamérica han empezado a cambiar sus marcos legales e identificar a trabajadores que desearon ir por la vía legal a los Estados Unidos, pero se necesita un impulse suave desde el gobierno estadounidense para lograr que esto se dé. Esto tendrá que ser el punto central de una nueva propuesta migratoria de Biden, pero aún no es claro como lograrlo.

También hay oportunidades, en teoría, para ampliar los programas de trabajadores agrícolas en Canadá y dialogar sobre cómo generar algunas plazas de trabajo para centroamericanos en México en las zonas más económicamente dinámicas, pero estas conversaciones apenas empiezan.

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Eje 2: Refinar los mecanismos de protección humanitaria

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Sabemos que la migración desde Centroamérica, y también desde algunos puntos en México tiene distintas causes, pero la violencia criminal y política ha sido un factor central en la decisión de migrar para muchas personas.[5] Sin embargo, casi el único mecanismo para ofrecer protección ha sido a través de asilo o refugio en los otros países de la región. Durante los últimos dos o tres años, bajo la administración Trump, se ha vuelto más difícil gestionar el asilo en la frontera con los Estados Unidos, lo cual ha llevado a un número muy grande de aplicaciones en México, que se ha vuelto el país mas importante para la protección humanitaria en la región.

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La administración Biden ha dicho que va a lanzar una nueva y reformada sistema de asilo en la frontera, pero tomará varios meses hacerlo. La idea es que los casos son decididos por oficiales de asilo en unas semanas, en vez de enviarlos a las cortes migratorias, que tienen demoras de años. Pero lanzar este nuevo sistema requiere un proceso difícil de cambio de reglas en el gobierno y de recursos distintos para contratar a oficiales de asilo y colocarlos en la frontera.

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Mientras tanto, en su primera acción en la frontera, la administración Biden cerró el programa de MPP (“Quédate en México”) y empezó a llevar varios miles de personas que estaban registrados en el MPP a los Estados Unidos. También notificaron a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que dejarían sin efecto los acuerdos de cooperación en asilo, por medio de los cuáles podrían enviar a peticionarios de asilo de la frontera hasta esos países. Son decisiones decentes y importantes, pero atienden solo los desaciertos del pasado, sin construir nuevos mecanismos para el futuro.

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Pero el asilo no puede ni debe ser la forma prioritaria para ofrecer protección, sino la opción de último recurso. El equipo de Biden ha indicado que quiere construir otros mecanismos de protección dentro de los países, trabajando con gobiernos, organismos internacionales y ONGs, para evitar el desplazamiento interno y encontrar formas de protección más próximas a donde la gente vive. Y además quieren ver cómo identificar a los que sí necesitan salir del país para su protección, de la mano con ACNUR y ONGs, y reubicarlos por medio de los programas de refugio en varios países, incluyendo Estados Unidos.

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Crear este entramado de mecanismos de protección es una apuesta a mediano y largo plazo, pero empezar a hacer desde ahora podría garantizar el éxito al futuro.

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Eje 3: Profesionalizar al control migratorio

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Las presiones de la administración Trump a los gobiernos de México y Centroamérica, siempre trataban de incrementar el control migratorio en sus fronteras. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos generó una serie de medidas cada vez más drásticas para controlar su propia frontera. Con la administración Biden no desaparecerá la presión para que los países ejerzan algún tipo de control en sus fronteras, sino más bien que todos los gobiernos, incluyendo Estados Unidos, lo hagan de una forma apegada a la ley, con roles y responsabilidades claros que permiten la transparencia y fiscalización de las operaciones de control.

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En el caso de los Estados Unidos, esto quiere decir repensar la estructura de los centros de detención y los procedimientos para la detención, así como hacer seguimiento de peticionarios de asilo sin necesidad de detención física. En el caso mexicano y de los gobiernos de Centroamérica, sospecho que tendrá mucho que ver con la profesionalización de los institutos migratorios, así como líneas claras de qué agencias policiacas intervienen en tareas de control fronterizo, con entrenamiento para lidiar con poblaciones civiles.

También hay grandes oportunidades para invertir en programas de recepción y reinserción sustentables en los países de origen a donde se deportan los que no lograr entrar a Estados Unidos (o, a veces, México). Estos programas son débiles y poco estructurados, en estos momentos, y dependen mucho de la voluntad de ONGs con pocos recursos. Aquí hay una oportunidad de amortiguar el golpe para los que no logran su objetivo de migrar exitosamente.

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Es poco probable que se abandonen los esfuerzos para controlar las fronteras, y los gobiernos tienen derecho a hacerlos, pero hay formas de llevarlos a cabo más transparentes y apegadas a la ley.

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Eje 4: Invertir en el desarrollo y el Estado de derecho

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A corto plazo, ninguna inversión en desarrollo ni Estado de derecho va a revertir el deseo que tienen tantos centroamericanos y algunos mexicanos de salir de su país. Pero a largo plazo, es lo que más importa para transformar las múltiples situaciones que empujan a los migrantes a salir de sus países.

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Se necesitan inversiones que generen empleo, aminoren los factores climáticos en la agricultura, entrenen a los jóvenes en oficios que les puedan servir al futuro. También se necesitan inversiones en gobernanza, sobre todo en mejorar la calidad de los cuerpos policiacos y el sistema de justicia, atacar a la corrupción y generar contrapesos contra la concentración y el mal uso del poder. Algunos de estos esfuerzos se pueden hacer con gobiernos, pero otros se tendrán que hacer con la sociedad civil y organismos internacionales, construyendo el Estado pero también la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar a los gobernantes.

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También hay oportunidades para incluir a los migrantes, tanto a los que vuelven con capital y conocimientos que pueden servir a sus países, como los que quedan fuera pero mandan remesas y quisieran hacer inversiones. Hasta ahora, las estructuras legales, acceso a los sistemas financieros y proyectos productivos, rara vez estén pensados para estas poblaciones, aunque en algunos países generan una gran parte del PIB nacional (más de 20 por ciento en Honduras y El Salvador, por ejemplo).

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Las secuencias importan

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Finalmente, son de gran importancia las secuencias de cómo se implementa una estrategia así. Casi todas estas medidas requieren de inversiones y cambios a largo plazo, y requieren que haya un dialogo tranquilo y sostenido entre distintos actores en la región. Si las primeras acciones de la administración Biden provocan alza en el número de migrantes indocumentados que llegan a la frontera con México, es probable que disminuya el espacio político para maniobrar y crear alternativas a largo plazo.

Hay algunas razones para estar preocupados en estos momentos en que justo está pasando esto, y que las primeras decisiones, que sí fueron justas y correctas, ya están incentivando a la migración irregular hacia Estados Unidos, y que esto podría dañar las posibilidades de generar cambios a largo plazo. Ojalá no sea así y que esta visión, tan distinta a la de los últimos cuatro años, pueda realizarse durante estos cuatro años.

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Notas

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[1] Para más información y análisis de estos cuatro ejes, se puede consultar Andrew Selee y Ariel Ruiz Soto, Construyendo un nuevo sistema migratorio regional (Washington, DC: Migration Policy Institute, Noviembre de 2020). También Andrew Selee, Silvia Giorguli, Ariel Ruiz Soto y Claudia Masferrer, Invertir en el vecindario: cambios en los patrones migratorios entre México y Estados Unidos y oportunidades para una cooperación sustentable (México y Washington: El Colegio de México y Migration Policy Institute, 2019).

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[2] Andrew Selee, Vanishing Frontiers: The Forces Driving Mexico and the United States Together (Nueva York: PublicAffairs, 2018), especialmente el capítulo 8.

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[3] Ver Selee y Ruiz Soto, Contruyendo.

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[4] No hay datos finales de las visas todavía, pero según las cifras preliminares hubieron 245,000 visas estacionales, mas or menos, para mexicanos y unas 5,500 para centroamericanos de los tres países.

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[5] Itzel Eguiluz, Desplazamiento forzado hacia México desde Centroamérica, 2014-2019 (México: ACNUR, 2021).