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Foto de John Moore/Getty
PEF 2020, las reasignaciones y el objetivo político
Francisco Alvarado
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.
El pasado 15 de noviembre se cumplió el plazo legal para que se aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020; sin embargo, las presiones y bloqueos que realizaron alcaldes y otras organizaciones, principalmente campesinas, al Palacio Legislativo de San Lázaro obligaron a los legisladores a echar mano del “reloj parlamentario” para que, finalmente, el documento fuera votado en una sede alterna. Así sucedió después de hacerle ajustes a diferentes partidas presupuestales, bajo la premisa de la austeridad y con el propósito de cumplir con la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de “no moverle ni una coma” al proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El PEF y la negociación política
Un primer aspecto que resalta es que, a diferencia del Presupuesto de Egresos votado el año pasado, en el que por motivo de la transición gubernamental se dio una dinámica inercial no ajena a las negociaciones tradicionales de ajuste y redistribución de partidas, ahora sí le correspondió al nuevo gobierno formularlo a plenitud y someterlo a votación en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, y aun cuando el documento enviado por el Ejecutivo tenía carencias notables que dieron pie al surgimiento de fuertes críticas, al final los legisladores, principalmente de MORENA, PVEM y PT, simplemente desoyeron gran parte de esas voces.
Además, la negociación política, que se registró en San Lázaro y finalmente en la sede alterna en la que se aprobó el Presupuesto, evidenció que en dichos arreglos legislativos el partido mayoritario no necesitó comprar voluntades políticas de la oposición como antaño ocurría, para que se aprobara el proyecto tal como fue propuesto por el Ejecutivo federal en sus grandes líneas y prioridades, bajo el argumento de apegarse a un esquema de ahorros y reducción de gastos en congruencia con la austeridad republicana que caracteriza a la actual Administración federal.
Lo llamativo de lo anterior es que esos recursos se destinarán a rubros en los que el titular del Poder Ejecutivo decidió fueran reasignados. Ello, en la práctica, evidencia que la supuesta separación de poderes vulneró cualquier teoría democrática que supone que el Poder Legislativo es el que decide a dónde, cómo y cuánto puede gastarse, mientras que el Ejecutivo debe, por esa misma regla, ajustarse a las cifras dispuestas por los legisladores.
Además, en el difícil, complicado y complejo escenario económico nacional, el Presupuesto de Egresos fue colocado como un mero acto contable alejado de su dimensión como factor esencial del desarrollo.
Los ajustes y las reasignaciones
En la versión final del Presupuesto de Egresos se especificó el destino de cada peso que gastará el gobierno y, por lo tanto, los programas, proyectos y erogaciones que serán su prioridad. En ese orden, es claro que dichas prioridades se centrarán en los programas sociales, mediante los que se entregarán recursos de manera directa. De igual forma, se priorizarán las grandes obras de infraestructura que se han anunciado desde el inicio de la actual administración. Ello, a pesar de que se ha reiterado que los programas sociales carecen de reglas de operación, no cuentan con padrones claros de beneficiarios, no se pueden medir de manera tangible sus resultados y que, por su objetivo centralista, son instrumentos clientelares y ajenos a la transparencia presupuestal.
Si bien para el Presupuesto de Egresos 2020, la Cámara de Diputados contó con una bolsa menor de recursos para reasignar a diferentes rubros, también es de resaltar que las reasignaciones presupuestales sumaron en números cerrados $12,500’000,000, lo que significó una cifra 52.1% menor a los recursos que se reasignaron en el presupuesto del 2019, que sumaron $23,768’000,000.
Lo que sí es tangible es una reestructuración del gasto, que se orienta por los mismos criterios que en 2019, esto es, se rige por tres prioridades: el gasto social, en particular el administrado por la Secretaría del Bienestar, que contará con $8,365’300,000 adicionales, con lo que su presupuesto será de $181,457’000,000, es decir, 4.8% más a la propuesta del Presidente y 16.9% más a lo que se le aprobó en 2019. La segunda prioridad es la seguridad, rubro al que se dedicarán cerca de $59,000’000,000; la tercera prioridad es el sector energético con un presupuesto poco menor a los $49,000’000,000, que implica un aumento de $21,000’000,000.
Para tener una visión más amplia de lo aprobado y el destino de las principales partidas, es pertinente enumerar estas a manera de numeralia:
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La Cámara de Diputados aprobó un gasto neto de 6 billones 107,732.4 millones de pesos, 0.8% real más respecto del aprobado en 2019.
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Se hicieron reasignaciones por $11,396’600,000, reducciones por $14,677’400,000 y ampliaciones por $26,074’000,000 entre el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 y el de 2020.
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Para revertir el deterioro de Pemex y de la CFE se incrementó su presupuesto en 8.8% y 1.4% respectivamente.
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Se incluyeron $4,000’000,000 para fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública, a favor de los municipios y Alcaldías de la CDMX.
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La SHCP fue la que más incremento tuvo entre lo proyectado y lo aprobado, un 11.8% al pasar de $21,156’800,000 a $23,656’800,000.
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Otras secretarías a las que se les amplió su presupuesto son: Bienestar (4.8%), Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) (2.8%), Seguridad y Protección Ciudadana (1.7%), Cultura (1.12%), Semarnat (0.7%), SEP (0.4%), Trabajo y Previsión Social (0.36%) y Salud (0.18%).
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En la Sader se asignaron $800’000,000 para el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería y Pesca con recursos provenientes de los Programas de Fomento a la Agricultura.
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Los organismos más castigados fueron los autónomos. El único al que se respetó la propuesta fue el INEGI, de $16,572’800,000.
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Se planteó un aumento de $3,999 en el sueldo del Presidente; pasará de los actuales $108,000 mensuales a $111,999 mensuales en 2020.
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Sin embargo, 10 puestos de servidores públicos percibirán más que el Presidente. La percepción mensual de un Ministro de la SCJN será de $204,683; la de un Consejero del CJF de $204,683; la de un Magistrado del Tribunal Electoral del PJF $200,105; la del Consejero presidente del INE $143 ,000; la del Comisionado presidente del COFECE $143,000; la del Presidente del IFT $143,000; la de la presidenta de la CNDH $140,081; la del Fiscal General de la República, $139,881; la del comisionado del INAI $133,860; y la del Presidente del INEGI, $122,325.
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Se destinan $20’000,000 para la atención a refugiados en el país, de los cuales $10’000,000 son para servicios personales y $10’000,000 para gastos operación de la Coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
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Se destinan $350’00,000 al Fondo Federal Especial para garantizar la obligatoriedad de la Educación Superior establecida en la reforma educativa del gobierno actual.
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En la Secretaría de Bienestar se hicieron ampliaciones por $8,365’300,000 para 3 programas “estrella” del gobierno: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de $129,350’300,000; Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente, de $14,197’200,000; y Sembrando Vida, de $28,504’900,000.
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Se asignan $1,000’000,000 adicionales para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, destinado a los municipios.
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A fin de sentar las bases de la autosuficiencia alimentaria, se asignaron $11,000’000,000 para el Programa de Producción para el Bienestar, $10,000’000,000 al de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, $1,000’000,000 al de Crédito Ganadero a la Palabra y $1,000’000,000 al de Fertilizantes.
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Se destinan $1,401’900,000 para implementar la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
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El presupuesto contempla ampliar recursos en los ramos 28 y 33 por $7,561’000,000 que se desglosan como sigue: Ramo 28 Participaciones, aumentó $7,184’000,000; Ramo 33 Aportaciones, se incrementó en $306’000,000. Así, la aportación de recursos para los Estados y Municipios aumentó a 1 billón 703 mil 654 millones de pesos y 1 billón 711 mil 215 millones de pesos, respectivamente.
Los ajustes presupuestales a los organismos autónomos
De acuerdo con el Presupuesto aprobado, de las reasignaciones totales, 36.7% se concentró en los ramos autónomos, pues si bien la propuesta del presidente contemplaba un presupuesto por $123,265’300,000, se les recortaron $4,182’900,000, con lo que su presupuesto quedó en $119,082’400,000.
Los principales afectados por los recortes que hicieron los legisladores son el INE, el INAI, la FGR, el IFT, la CNDH, la SCJN y el TFJFA, los cuales perdieron en total $4,182’000,000, con lo cual se les complicará llevar a cabo tareas esenciales y tendrán limitantes para un desempeño eficiente.
A pesar de ello, el argumento expuesto por los legisladores es que no se hizo ningún recorte, sino que solo se autorizó un monto menor al que solicitaron los organismos autónomos, pues concluyeron que éstos pueden realizar sus funciones sustantivas sin los aumentos solicitados. En contraste, los ajustes presupuestales no afectaron al Poder Legislativo ni a los partidos políticos, revelando que el criterio de austeridad que se hizo efectivo en otros rubros no es de ninguna manera aplicable para ellos.
Sobre ese particular, lo más gravoso fueron las opiniones que desde el Ejecutivo federal se hicieron en torno de dichos recortes en las partidas que finalmente se aprobaron para los organismos autónomos, destacando la del presidente López Obrador quien se refirió de manera especial al caso del INE de la siguiente manera: “¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón. Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE, todos”; “los consejeros del INE deberán ajustarse al recorte presupuestal que se ejerció este año o, en su caso, retirarse de sus cargos”; “Ahí se andan quejando algunos. Los del INE ganaban 300 mil pesos mensuales. Ya eso se terminó, esa burocracia dorada va pa' fuera...”.
Si bien es cierto que el precario crecimiento económico y la consecuente disminución de recursos disponibles que priva en el país hacen necesario asignar y ejercer el gasto de manera eficiente, también lo es que los ajustes presupuestales realizados a las entidades autónomas mencionadas no abonan a su eficiencia y, por el contrario, ponen en riesgo sus labores en aspectos esenciales para un estado democrático, como son la impartición de justicia, la defensa de los derechos humanos, el acceso a la información pública y la organización y realización de actividades electorales. Sobre todo, estos órganos son emblemáticos de la autonomía y los contrapesos en una democracia, fueron creados para evitar los excesos de los poderes públicos y para garantizar que el ejercicio de los derechos fundamentales no se encuentre en riesgo o sean objeto de vulnerabilidad.
El PEF y el escenario 2020
Es del conocimiento general que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son instrumentos que hacen viable una política pública, entendida esta como un mecanismo para orientar el desarrollo y que de manera conjunta deben funcionar como motores del crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza.
El caso es que la política recaudatoria no está siendo utilizada como mecanismo para cerrar la brecha de desigualdad social, aunque existan esfuerzos para evitar la elusión y evasión de impuestos, con medidas punitivas. Mientras que el Presupuesto no fue diseñado para responder al estado actual de la evolución de la economía nacional en un contexto en el que el gasto y la inversión pública son tan necesarias para remontar el bajo crecimiento económico y afrontar, aunque sea en menor grado, el complejo y complicado panorama internacional, en el que se atisban barruntos de una recesión a nivel global.
En línea con lo anterior, es fundamental entender y reiterar que las prioridades que marca el Presupuesto que se ejercerá el año entrante dan sustancia a las palabras del gobernante.
En este plano, es evidente que el Presupuesto, aparte de ser un documento cardinal para garantizar la gobernanza desde una perspectiva económica, también es, al final de cuentas, un documento político desde una perspectiva social, cuya implementación estará en función del interés ideológico y político que se busca impulsar con la denominada economía moral que es parte estructural de la Cuarta Transformación de la República.
En ese sentido, no hay que perder de vista que lo que determina un Sistema Político y su desarrollo en materia económica se puede discernir desde el análisis, la propuesta y la redirección del gasto público, pues en este elemento se podrá apreciar con claridad la esencia del proyecto de una Nación.