Se trata de familias en condiciones de pobreza, que sufrieron la desaparición de un ser amado en el contexto de la violencia irracional que se suscitó en el estado de Nuevo León, mayormente entre 2010 y 2012.

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Además de la violencia y las condiciones de pobreza, estas familias han enfrentado el estigma social, pues el discurso oficial les revictimizaba al afirmarse que sus familiares “en algo andaban”. Esto ha impactado de manera negativa el sentido de solidaridad social hacia este grupo de población dejándoles con un sentimiento de abandono, aunado al duelo complejo y persistente que enfrentan ante la incertidumbre de no conocer el paradero de su ser querido.

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Aunado al impacto emocional y social, la situación de las familias de personas desaparecidas es aún más grave cuando quien es desaparecido era el sostén de la familia, porque sus familiares quedan en una situación de desprotección económica que les obliga a modificar las dinámicas familiares, pues además de encontrar una forma de ganarse el sustento, dedican una parte significativa de su tiempo a la búsqueda de su familiar y de justicia.

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A pesar del trabajo que AMORES y CADHAC han realizado con las autoridades competentes para generar un marco normativo, instituciones y mecanismos que atiendan dicha problemática, el rezago que existe en materia de atención a víctimas es muy grande.

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En el contexto que se presenta a nivel mundial, en nuestro país y en nuestro estado, con la aparición de Coronavirus (COVID-19) nos surgió una particular preocupación por estas familias, pues conocemos de sus carencias, enfermedades y condiciones de vulnerabilidad. Muchas integrantes del colectivo quedaron sin empleo, les redujeron el sueldo o se les presentaron otras dificultades familiares.

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Conforme fueron pasando los meses, pudimos constatar que ellas tenían poco acceso a alimentos, artículos de limpieza, medicinas y otras necesidades básicas. Por lo menos 7 integrantes de AMORES enfermaron de COVID-19 y 2 de ellas fallecieron. En total, desde marzo de 2020, contando otras enfermedades y padecimientos, 16 personas entre integrantes de AMORES y familiares cercanos fallecieron, y otros 18 enfermaron.

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Aunado a ello, los procesos de búsqueda de justicia y aquellos relacionados con la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, se vieron ralentizados a partir de las medidas de contingencia sanitaria implementadas en las instituciones públicas.

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Ante esta situación, era imperante que continuáramos con el acompañamiento que brindamos. Para ello, optamos por continuar las reuniones semanales de fortalecimiento de AMORES de manera virtual. Naturalmente, fue todo un reto, pero tanto el equipo de CADHAC como el colectivo AMORES nos capacitamos en el uso de plataformas de videollamadas y pudimos continuar las reuniones todos los miércoles, así como brindar asistencia jurídica y psicológica individual de manera virtual y telefónica.

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Además, realizamos distintas gestiones para obtener nuevo financiamiento, dirigido a satisfacer las necesidades básicas de las familias que acompañamos. Gracias a las financiadoras que posibilitan nuestro trabajo, así como a una campaña de recaudación en redes sociales, pudimos hacerles llegar despensas de manera periódica durante el 2020. Una parte de esas despensas fue proporcionada por el municipio de Monterrey y otra parte fue complementada gracias a los donativos gestionados por CADHAC. Se elaboró una estrategia de entrega, donde participaron activamente las integrantes de AMORES, quienes se organizaron para que todas las familias tuvieran acceso a este apoyo.

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Tras el cierre de las oficinas y la disminución de movilidad de la población en el estado, se redujeron considerablemente los casos que recibimos. Esto sigue siendo un reto, pues seguimos recibiendo casos de manera telefónica y atendiendo por cita a las personas que solicitan nuestro apoyo.

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Además del trabajo de acompañamiento al grupo AMORES y otras familias víctimas de violaciones a derechos humanos, desde CADHAC manifestamos en varias ocasiones nuestra preocupación por el manejo que el gobierno estatal tuvo en distintos momentos de la pandemia.

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Una de las medidas que nos preocupó, fue la determinación del gobierno del estado de Nuevo León de cancelar el transporte público el domingo y limitar los horarios de operación de lunes a sábado, dado que esta medida vulnera los derechos sociales de las personas trabajadoras.

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Aunque siempre reconocimos la necesidad de la aplicación de medidas sanitarias que contengan la propagación del COVID, manifestamos la imperante necesidad de tener presente el sistema social y las desigualdades que orillan a muchas personas a continuar con sus actividades laborales en domingos y días festivos.

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Por ello, enfatizamos en la necesidad de mantener el transporte público como servicio esencial durante la pandemia, y criticamos la decisión de limitar su horario de operación y la cancelación de su servicio en domingo, por afectar al sector de la población que trabaja esos días y no cuenta con otro medio de traslado.

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En el mismo sentido, expresamos nuestra preocupación por la afectación que sufrieron miles de comerciantes en la entidad debido a la contingencia sanitaria y el riesgo en que se colocó a los sectores incapaces de operar, así como a la cantidad de despidos que se han hecho, situación que acentúa las desigualdades.

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Hicimos un llamado para que el gobierno de Nuevo León propusiera políticas de subsidios que ayuden a aligerar la carga de servicios y gastos que todos los negocios han tenido, sin poder operar.

En cuanto al uso de la fuerza pública, expresamos nuestra preocupación por el Acuerdo No. 14/2020 Relativo a la Determinación a Continuar y Precisar las Acciones Extraordinarias para atender la Emergencia Sanitaria Provocada por el Virus. SARS-CoV2 (COVID-19) en Nuevo León, emitido por el Ejecutivo del estado, mediante el cual se otorgaron facultades a los elementos policiacos para sancionar a la ciudadanía por incumplir medidas de prevención.

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Debido a que se anunció que el desacato de medidas les dio a elementos policiacos y de la Fuerza Civil atribuciones para sancionar con arrestos de 36 horas y otorgamiento de trabajo comunitario, puntualizamos que estas consisten en restricciones hacia los derechos humanos, por lo que deben cumplir con los parámetros de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y no discriminación.  

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Respecto a la situación en los centros penitenciarios, CADHAC hizo un llamado a las autoridades para incrementar las medidas de prevención, pues se habían detectado ya 11 casos de COVID en personas privadas de la libertad y 2 de ellas fallecieron.

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En conjunto con Human Rights Watch, hicimos llegar un exhorto al gobernador del estado, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en el que se dieron a conocer irregularidades dentro de los Centros de Reinserción Social del estado. Entre estas destaca la muerte de tres personas “en circunstancias sospechosas” de los centros de Apodaca 1 y 2.

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En conclusión, la perspectiva de CADHAC es que la situación de derechos humanos en Nuevo León, se vio agravada de manera particular durante la pandemia. Las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de violaciones a derechos humanos se recrudecieron y fueron particularmente difíciles de enfrentar, pues son personas que ya sufren un daño emocional importante. No obstante, el mantenerse unidas les ha fortalecido y han logrado salir adelante sabiendo que no están solas. Como equipo, hemos reafirmado nuestro compromiso de acompañarles y de adaptar ese acompañamiento a sus necesidades y al contexto cambiante. La pandemia nos impactó, pero no nos detuvo. Seguiremos del lado de las víctimas exigiendo verdad, justicia y reparación.