Uno de los ámbitos donde se ha expresado con más nitidez esta dinámica que amenaza al proceso de democratización, es lo que sucede con el Pacto Federal, en lo que se refiere a la relación entre los diferentes órdenes de gobierno. Subrayo específicamente órdenes y no niveles, pues no se trata de que uno sea superior a otro, sino que se trata de órdenes de gobierno diferenciados entre sí por competencia y responsabilidad, pero a su vez complementarios y subsidiarios. Se trata de la organización política del Estado mexicano y el espacio en donde los estados de la federación, si bien son soberanos, están unidos por un acuerdo nacional en sus tres órdenes de gobierno; es decir, el federal, el estatal y el municipal. Probablemente, el mejor reflejo de esta concepción es el mismo nombre oficial de nuestro país: “Estados Unidos Mexicanos”.

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Con el “argumento” de la lucha contra la corrupción y de los abusos de los gobiernos estatales, observamos un aumento cada vez mayor de la centralización en sentido contrario a la federalización. El hecho real es que el gobierno federal concentra cada vez más atribuciones, presupuesto, decisiones y poder. Así, de diversas maneras, al Pacto Federal se le erosiona, tensa y somete a desgaste y presión. Y hay que ser claros, no es que no haya cosas que arreglar, no es que no haya abusos y corruptelas, no se trata de defender un pasado indefendible. Se trata de fortalecer nuestra democracia a través de vías democráticas.

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Son diversas las formas en que se ataca al Pacto Federal; sin embargo, abordaré la que refiere a la cada vez mayor concentración del presupuesto en el orden federal y la consecuente reducción y castigo a los gobiernos estatales y municipales. Se trata de una tendencia que ha venido reforzándose desde el inicio de la actual administración.

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El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) refleja muy claramente lo anterior. Ya los presupuestos ejercidos en 2019 y 2020, tuvieron cambios significativos con respecto al término de relación entre la federación y los gobiernos estatales y municipales, cuya manifestación fue el recorte y la reducción de recursos a éstos últimos. Por poner un ejemplo, de acuerdo con México Evalúa, en 2020 hubo una reducción de 3 mil millones de pesos solo en el ramo 28, correspondiente a participaciones de estados y municipios, situación no vista desde 2009[1].

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En el presupuesto del 2021 se agudiza aún más esta tendencia a la reducción presupuestal a los niveles estales y municipales. El gasto federalizado continúa el retroceso del 2020 mediante recortes a las participaciones, aportaciones, subsidios, convenios e incluso de la capacidad recaudatoria a nivel local, casi todo a través de los recortes a los ramos 23 (-41.8%), 25, 28 y 33, al tener reducciones en un -5.5% con respecto a los presupuestos de 2020 [2].

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En el caso específico de los municipios, el panorama no es más alentador; por ejemplo, la caída del 1.0% al ramo 33 al perder 7.7 mil millones de pesos en los diferentes fondos, perdiendo en promedio un 4.5% de recursos. Algunos de los más afectados fueron: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo para Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.

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Asimismo, hay una reducción del -41.8% al pasar de 15.7 mil millones de pesos a 9.1 mil millones de pesos en los fondos del ramo 33, mismo que otorga recursos para provisiones salariales y económicas, afectando con ello al Fondo para Entidades Federativas y Municipios, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y a la Provisión para la Armonización Contable.

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Finalmente, también se reducen recursos vía Convenios de Descentralización, que se transfieren a las entidades mediante convenios de coordinación para la descentralización de funciones o reasignación de recursos, ya que estos se redujeron en 30.2 mil millones de pesos quedando en 100.7 mil millones de pesos, con una caída en términos reales del -23.1%[3].

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A lo anterior, debemos añadir lo sucedido con la eliminación de 109 fideicomisos, ya que algunos específicamente se referían a actividades de alcance estatal y municipal, como es el caso del Fondo para la Atención de Desastres Naturales (FONDEN), que incluía los fondos para atender emergencias en las entidades federativas y municipios por la presencia e impacto de desastres naturales, entre otros. Se ha dicho que el manejo de estos recursos los hará directamente la federación, aunque también se dieron otras versiones. El ejercicio presupuestal mostrará la verdad.

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Por supuesto, no es suficiente el anuncio de que estas medidas son la respuesta para combatir la corrupción, ya que se han presentado casos de malos manejos o de indebida administración, pues la solución optada no fortalece al federalismo, por el contrario, favorece y privilegia la centralización y eso lleva a fortalecer una práctica autoritaria del ejercicio del poder que con muchas dificultades se venía acotando.

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Federalismo y centralización: las tensiones del gobierno actual

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La lucha contra la corrupción también tiene que hacerse en código democrático, con prácticas, procedimientos y cultura democrática. Se requiere visión de Estado, no sólo de gobierno y eso no será posible si el gobierno federal ve en los otros órdenes de gobierno adversarios y/o subordinados.

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En este orden de ideas, otras reglas de la democracia que están siendo severamente trastocadas son las de la transparencia y rendición de cuentas, entendidas como derecho ciudadano y no como prerrogativa del gobernante que informa lo que quiere, cuando quiere y como quiere (para mejor ilustración ver “las mañaneras”). La disminución de recursos a estados y municipios, la centralización y concentración, no han sido acompañadas con más y mejores reglas de operación y transparencia.

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Por el contrario, cada vez se consolida más una regresiva tendencia a la opacidad, aumento de la discrecionalidad y falta de transparencia. Esto no solo debido a que el 80 % de las compras del gobierno federal se hace mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, sino también porque se ejerce una gran cantidad de recursos sin reglas de operación. O no es posible conocer la aplicación territorial de ellos, e incluso no tener certeza a quién se dirigen los programas; debido a la opacidad y discrecionalidad con la que se manejan los padrones de personas beneficiarias.

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Por si no fuera suficiente, el estrangulamiento financiero a estados y municipios, se observa simultáneamente una abierta y directa confrontación, así como la falta de diálogo. Por supuesto que puede haber y de hecho hay legítimas diferencias, ese no es el problema, el dilema es cómo se procesan éstas: con base en un código democrático o en un formato autoritario. La tendencia cada vez más marcada, es que se opta por el segundo en detrimento de nuestra débil democracia.

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De ahí la importancia y significación de fenómenos como la conformación de la llamada Alianza Federalista (AF), integrada por diez gobernadores con el objetivo, entre otros, de trabajar conjuntamente para enfrentar los desafíos sociales y económicos derivados del COVID-19.

Igualmente se ha puesto en la mesa la necesidad de diálogo y la revisión de decisiones que se están tomando tanto por el gobierno federal, como por el Congreso de la Unión, con la mayoría legislativa del mismo gobierno, y que están afectando directamente a los otros órdenes de gobierno.

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En el fondo, la Alianza Federalista (AF) es también una respuesta a las profundas divisiones y ataques que se han promovido desde la Presidencia de la República, así como a su falta de escucha ante opiniones diferentes y a su incapacidad de generar consensos en el marco del Pacto Federal.

Ejemplo claro de esto han sido los recientes ataques al gobierno del estado de Chihuahua y, en particular, a su gobernador Javier Corral. En una inaudita acción, el gobierno federal dejó de coordinarse con las autoridades estatales en materia de seguridad, en la problemática del agua, así como en temas de salud. Recordar que incluso el presidente visitó Chihuahua sin considerar a la autoridad constitucional y legítimamente electa en esa entidad.

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Hoy el Pacto Federal está en revisión, pero esta debe resolver y atender sus debilidades y/o deficiencias, y no crear nuevos problemas. Esto, por supuesto, requiere de la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, los gobiernos estatales tienen mucho que hacer en materia de recaudación, transparencia y rendición de cuentas, así como en fortalecer el federalismo, en lo que respecta al municipio. No se puede pedir democracia a la federación y otorgar autoritarismo a nivel local, al tiempo que se  estrangula y socava a los gobiernos municipales. Hay mucho camino por recorrer para hacer realidad el “Municipio Libre”.

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Si bien, podría entenderse un análisis más amplio del Pacto Federal, dadas las múltiples dimensiones, el tamaño y magnitud de las amenazas y ataques que se presentan, no quiero dejar de mencionar cinco que, por su urgencia y trascendencia, me parecen los más críticos:

1) Se hace cada vez más necesario un nuevo término de relación entre los tres órdenes de gobierno. Una de sus concreciones debe ser una nueva Convención Hacendaria que revise y reconfigure las fórmulas y formas de recaudación, la distribución y repartición de ingresos y recursos públicos; así como los controles y la transparencia de su ejercicio.

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2) Que se someta a profundo cambio la figura y la práctica de las y los “superdelegados”. Debe evitarse un mal uso de las mismas y evitar que sean incubadoras de candidaturas a las gubernaturas (cómo se advirtió en el momento de su creación). Basta anotar que, para el proceso electoral de este año en que estarán en juego 15 gobiernos estatales, 9 superdelagados(as) han sido elegidos(as) como precandidatos(as) o candidatos(as) del partido del gobierno federal, en un claro abuso y conflicto de intereses, los mismos que López Obrador reclamaba cuando era opositor.

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3) Los constantes ataques, amenazas y descalificaciones que ha sufrido el Poder Judicial desde la tribuna de “las mañaneras”, cada vez que se presenta una decisión que no gusta o no se comparte con el titular del Ejecutivo; o bien, las amenazas directas para la realización de consultas ciudadanas, entre muchos otros aspectos. Si bien es cierto que el Poder Judicial requiere urgentes modificaciones, así como superar grandes debilidades (como su corresponsabilidad en los altísimos niveles de impunidad), la autoreferencia o los niveles de excepción de las percepciones, salarios y prestaciones, también lo es que la autonomía judicial tiene que preservarse como valor, práctica y término de relación con los otros poderes públicos. 

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4) El ataque, acoso y la búsqueda de debilitamiento o eliminación a los organismos constitucionales autónomos (OCA). Por ejemplo, las frecuentes descalificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que garantizó en varias ocasiones la alternancia del poder, incluida la de López Obrador, y que está ahora bajo ataque. Lo están también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otras entidades. Es indudable que se requieren mejoras y corregir vicios y deficiencias, pero derrumbar el árbol por que unas ramas están feas no sólo resulta excesivo, sino contrario a los esfuerzos y luchas ciudadanas en la defensa y construcción de sus derechos. Eliminar los OCA y que las funciones sean asumidas por instancias del propio gobierno federal, es desconocer y traicionar las luchas libertarias y democráticas contra el abuso y concentración de poder que llevaron a su construcción. Los OCA no son entidades del gobierno federal a gusto del presidente, son entidades púbicas de Estado para tutelar los derechos de la gente.

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5) No menos alarmante son los ataques generalizados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el desconocimiento de sus múltiples aportes en diversas áreas (derechos humanos, transparencia, lucha contra la desigualdad y la discriminación, entre otras); y grupos de población (mujeres, migrantes, personas LGBTTI+, niñez y juventud y más), a la democratización de México. El tejido democrático que se ha construido contra el autoritarismo mexicano y la lucha democrática para romper el monopolio de la acción pública y política del partido oficial y su gobierno, tuvo y tiene en la multiplicidad de OSC uno de sus principales procesos. Fortalecer la sociedad civil es fortalecer a la democracia. Es básico retomar el camino de reconocer a las OSC como entidades de interés público, tal cual lo establece la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. La acción pública va más allá de gobiernos, iglesias, empresas, partidos y entidades corporativas.

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Hoy tenemos una oportunidad histórica que no debemos dejar escapar. El gobierno federal debe jugar un papel decisivo en la transformación del Pacto Federal, pero insisto en que debe hacerlo en código democrático, de cara al futuro de México, con miras a fortalecer los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, con la intención de hacer realidad los sueños de justicia y libertad del pueblo mexicano, superando las viejas formas y esquemas autoritarias que tanto daño nos han hecho a lo largo de nuestra historia.

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Notas

 

[1]Fuente: Números de Erario: Presupuesto por ramo, México Evalúa, disponible en: https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/presupuesto-por-ramo/

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[2] Fuente: Números de Erario: Gasto federalizado: la pérdida de recursos, México Evalúa, disponible en: https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/gasto-federalizado-la-perdida-de-recursos/

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[3] Para más detalle ver: https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/