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Los organismos autónomos son pilares de la democracia contemporánea

 
Daniel Tacher Contreras

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

 

 

 

En el largo proceso de transición a la democracia en México, el principal reto fue desmantelar un sistema político basado en una jerarquía política, la cual se centralizaba en el presidente y las estructuras corporativas y clientelares del partido oficial. El presidente era un árbitro de todas las esferas de vida política, social y económica y formalmente, tenía facultades para tomar decisiones en todos los ámbitos. O, en su caso, nombrar funcionarios cuya dependencia de la figura presidencial les orillaba a operar sus instrucciones. Esta estructura se completaba con un partido cuya conformación corporativa controlaba la organización social, condicionando las políticas públicas a la existencia de apoyos políticos.

El proceso que inició con la liberalización del sistema de partidos en 1977, permitió el registro de partidos históricamente excluidos. Abrió la puerta a un débil sistema multipartidista, que requirió de impulso para fortalecer las organizaciones partidistas. Este ímpetu se concretó con subvenciones financieras y en especie, como el otorgamiento de tiempos en radio y televisión. Sin embargo, esta liberalización y multiplicación de partidos no garantizó una efectiva ni mayor competencia partidista.

El proceso de transición a la democracia tuvo un impulso fundamental en el primer lustro de la década de los noventa. Tras el fraude electoral en 1988, el diagnóstico de la concentración de poder alcanzó un nuevo consenso. Era necesario desmantelar esa estructura centralizada. El objetivo de las negociaciones se centró en establecer mecanismos de pesos y contrapesos al poder ejecutivo. Fue posible que México, como otros países de América Latina inmersos en este proceso, compartiera sus experiencias y conocimientos en el proceso de cambio institucional.

 

Instituciones autónomas y concentración del poder político

En México y en toda la región latinoamericana, el objetivo de controlar el poder del Ejecutivo fue el punto central del nuevo diseño institucional. Por un lado, las estructuras tradicionales de control como el Congreso, eran insuficientes ante la hegemonía del partido oficial, lo que hizo necesario construir otros mecanismos de control. La fórmula política fue la creación de instituciones autónomas, el criterio de mecanismos de rendición de cuentas, el control sobre sus decisiones y la asunción de responsabilidad administrativa y judicial. En este contexto fueron creándose organismos autónomos.

Los organismos autónomos para operar y ser efectivos no pueden hacerlo en forma aislada en el sistema. Conforman una red de instituciones, cuyos procedimientos no jurisdiccionales y abreviados, permiten posicionar en la opinión pública mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad sobre funcionarios gubernamentales, con objeto de que ningún espacio gubernamental quede sin vigilancia.

Durante el proceso de transición, la organización de la sociedad y la movilización de diversos grupos impulsaron el debate sobre su creación. Así, estas instituciones fueron creadas en dos grandes momentos. El primero consistió en desmontar un aparato burocrático concentrado en el Ejecutivo. Esta concentración y jerarquía de mando del Presidente, los hacía inútiles para garantizar mecanismos de rendición de cuentas.

La primera generación de instituciones buscó dotar de credibilidad al proceso de cambio político. Así, se desmanteló la estructura de control del Ejecutivo sobre los procesos electorales. La Comisión Federal Electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación desapareció y, en su lugar, se creó el Instituto Federal Electoral, La primera institución del nuevo paradigma institucional, independiente del gobierno y conducida por ciudadanos sin militancia partidista, es decir una institución ciudadana.

En materia de derechos humanos, durante el gobierno no democrático, la poderosa Secretaría de Gobernación controlaba los servicios de inteligencia y su policía política, al mismo tiempo que la agenda de derechos humanos, siendo una paradoja sin sentido. Era indispensable que al gobierno se le vigilara y las violaciones a derechos humanos tuvieran un mecanismo de protección. Así, desmantelada de la Subsecretaría de Derechos Humanos surgió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, además de ser una demanda ciudadana, incorporó estándares internacionales. Sustentada en los Principios de París, fue la base de un sistema de protección no jurisdiccional, de gran importancia para la defensa y promoción de los derechos humanos.

A estas instituciones se agregaron mecanismos de autonomía, indispensables para garantizar el manejo económico y la independencia judicial. El Banco de México logró autonomía, para evitar el uso político de las reservas financieras que tanto daño hicieron a la economía durante los años setenta y condujeron a la crisis que provocó el viraje económico en los ochenta. En tanto, la reforma de 1994 que dotó de independencia al Poder Judicial, abrió la puerta para garantizar efectivos controles al poder. Este Tribunal se perfiló como medio de control constitucional.

Las primeras instituciones autónomas fueron sentando las bases de la transición. Con la alternancia y la pluralidad política nuevas agendas tuvieron espacio. Las exigencias ciudadanas por incorporar medios de rendición de cuentas y transparencia sembraron la semilla de las nuevas instituciones. Nuevos derechos reconocidos requirieron de mecanismos de protección y garantía. En el inicio del nuevo siglo se crearon nuevos órganos para nuevas demandas. La transparencia en la información gubernamental sin duda ha sido el medio de control más efectivo para conocer origen, destino y uso de los recursos públicos, por lo que en un sistema democrático el control al gobierno y la transparencia son fundamentales.

Nuevamente, se hicieron necesarios otros organismos para garantizar que el Estado no fuera el paraguas de oligarquías económicas. Para el funcionamiento de un mercado libre que beneficie a los consumidores, es indispensable un Estado que vigile y evite la formación de monopolios y otras formas de distorsión de precios en los mercados.

En resumen, la creación de estas instituciones se enfocó en establecer una estructura especializada, eficaz en la toma de decisiones, controlada y transparente, resultado de la evolución del Estado Constitucional de Derecho, propio de las democracias contemporáneas y correspondiente a las demandas sociales.

 

Autonomía y equilibrio de poderes en la coyuntura actual de México

En términos técnicos, estas instituciones se encuentran expresamente en la Constitución. No dependen del Ejecutivo. Tienen autonomía para establecer su organización interna y promulgar su normatividad para su funcionamiento. Esta misma autonomía permite que su actuar técnico no dependa de criterios políticos y su patrimonio no depende del Ejecutivo. En algunos casos, su presupuesto se define desde la Constitución, como en la materia electoral. Como toda institución del Estado son auditados por la Auditoría Superior de la Federación y sujetos de responsabilidad. Las relaciones que establecen con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son de coordinación, así el nombramiento de sus funcionarios suele ser una combinación de atribuciones entre los poderes y no de forma única, discrecional, ni unipersonal. Gracias a su autonomía son instituciones que pueden cuestionar la constitucionalidad del actuar del Ejecutivo o del Legislativo, es decir, están legitimados para promover controversias constitucionales.

Los organismos autónomos no son el resultado de una arbitrariedad política, sino producto de demandas ciudadanas. Su actuación es sujeta de escrutinio. En la búsqueda de formar instituciones abiertas y no dependientes de los cambios políticos, todas sus actuaciones y resoluciones se sustentan en principios de publicidad. Todas las personas podemos conocer cómo y qué deciden.

Por su peso histórico son el resultado de la formación de un estado democrático. Por su objetivo, son instituciones especializadas cuya actuación y determinaciones no dependen del poder unipersonal del presidencialismo autoritario. Por su papel en la contención del poder político, los órganos autónomos son la base de un estado de derecho. En el proceso de consolidación democrática, su papel es aún más importante que en su momento de creación.

Es indispensable recordar que estas instituciones no solamente han sido el resultado de un proceso de negociación política, sino también de la movilización social y de la participación de la sociedad en el proceso de transición democrática. Por ello, en su origen su naturaleza fue enteramente ciudadana, pues se buscó formar instituciones cuya conducción fuera independiente. Su mayor valor histórico es justamente su ciudadanización.

Nos encontramos en un proceso de coyuntura que cuestiona el valor de la democracia. El poder se sustenta en la posverdad y la añoranza al pasado autoritario. Un proceso que cuestiona el equilibrio de poderes y se incomoda con la rendición de cuentas. La regeneración del autoritarismo del que partimos, busca dinamitar toda la estructura democrática construida.

Esta misma coyuntura es una oportunidad para replantear y fortalecer a los organismos autónomos. Es necesario fortalecer su actuar independiente. Pero es más importante replantear su naturaleza ciudadana, que ha permitido enfrentar cambios políticos sustanciales, con base en la certeza de su imparcialidad. El futuro de los órganos autónomos debe regresar a ese origen y dejar de lado el criterio de jugadores de veto, que los convirtió en cuotas partidistas.

La tentación de la regeneración autoritaria busca, como lo ha hecho, derrumbar instituciones centrales para la rendición de cuentas, el equilibrio y los límites al poder. Por ello, es impensable que los organismos autónomos sean absorbidos por la administración pública centralizada del Ejecutivo. Ese fue el punto de partida. En cambio, la consolidación democrática pasa por órganos autónomos ciudadanos, como en su momento ocurrió con la transición. La democracia requiere de esa ciudadanía activa. Podemos sustentar que la democracia mexicana tendrá futuro en la gobernanza y la participación ciudadana.