4. Migración y derechos humanos

Foto de EneasMx vía Wikimedia

Masacre 72 migrantes: buscar justicia en un país lleno de impunidad

 
Ana Lorena Delgadillo Pérez

Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.

Muchos países han enfrentado graves crisis en materia de derechos humanos y han tomado acciones contundentes para dar una respuesta efectiva a las víctimas e impedir que los hechos se repitan. Eso es lo que se esperaría en México, que se busque a las personas desaparecidas, que se sancionen los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidos y que se repare el daño garantizando  medidas de no repetición.

Lo ocurrido en San Fernando Tamaulipas, desde hace más de 10 años, sigue siendo un misterio para todos nosotros. ¿A quién se estaba protegiendo? ¿Quién estaba protegiendo? ¿Por qué se dejó hacer y por qué 10 años después sigue siendo un territorio marcado por la violencia? 

Cuatro masacres registradas: la de los 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas en agosto de 2010 y, en el mismo municipio, la correspondiente al hallazgo de 48 fosas clandestinas con 195 restos localizados en abril de 2011; la de Cadereyta, Nuevo León, donde se localizaron 49 torsos en 2012 y la de Güemez donde se encontraron 16 restos en marzo de 2014. Más de 20 mil secuestros de migrantes documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2009 y 2010. Cerca de 22 migrantes bajados de un bus en febrero de 2019 en la carretera Reynosa a San Fernando que desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Diez años y lo único que tenemos son una serie de preguntas, pero no respuestas.

Cualquier país con un mínimo sistema de pesos y contrapesos hubiera cimbrado hasta sus entrañas con tal cantidad de masacres y desapariciones pero las instituciones mexicanas no sintieron ni la presión ni la responsabilidad por tantas vidas perdidas y además no se vieron cuestionadas por los países de donde las víctimas eran originarias. Aún a la fecha, los rostros humanos de familias enteras que quedaron destruidas en México y Centroamérica, no han logrado mover la voluntad de los países para tener un plan regional conjunto, de prevención y de investigación, para que esto no vuelva a suceder.

A pesar de que San Fernando y en especial Tamaulipas ha sido uno de los territorios más peligrosos para la población migrante, por el número de personas desaparecidas y ejecutadas, a 10 años seguimos sin saber y sin entender cuáles han sido las causas estructurales que han provocado estas graves atrocidades.  Seguimos también sin saber cuál es el número de personas migrantes desaparecidas y por qué se les desaparece. Y ahí está la clave, si no sabemos lo que pasó, tampoco sabremos cómo prevenirlo, cómo evitar que esto vuelva a ocurrir.

La impunidad manda el mensaje de que la violencia está permitida, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del feminicidio de Karla Pontigo y por cuanto hace a la población migrante en México, la violencia cometida en contra de ellos y ellas sigue impune y sigue ocurriendo. Es preciso resaltar el vínculo necesario que existe entre las desapariciones que siguen ocurriendo y la impunidad y poner en medio del debate a las fiscalías como parte de esta maquinaria que crea impunidad y que obstaculiza o no facilita la búsqueda.

Un sistema de procuración de justicia hecho para que no funcione

Desde los inicios de las investigaciones de los casos de las masacres y desapariciones en el norte de la República Mexicana en los años del gobierno de Felipe Calderón, había una intención de que no se investigara ni la violencia contra las personas migrantes, ni otras graves violaciones que ocurrían en el país. Desde la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la estrategia era obstaculizar a las víctimas para que no lograran denunciar las desapariciones y para no permitirles participar en las mismas; en los casos de masacres de migrantes, se fraccionaban las investigaciones primero en fuero local y federal y luego al interior de la PGR en distintos equipos de diversas áreas que no compartían la información entre sí. 

Se decidió arbitrariamente en el caso de las fosas clandestinas de San Fernando que una parte de los restos se quedarían con la entonces PGR y la otra parte se quedarían en la procuraduría local en Tamaulipas. Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho hubo casos donde se solicitaba que se requiriera al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) información que pudiera llegar a las investigaciones penales sobre estructuras criminales, análisis de contexto y vinculación con agentes del estado y lo que obteníamos eran reportes sacados del internet, que en nada aportaban a saber cuáles eran las estructuras que desaparecían y ejecutaban migrantes.

La situación no ha cambiado mucho. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, gobiernos anteriores construyeron una maquinaria de impunidad al interior de las fiscalías, pero esta situación se mantiene con el actual gobierno federal y la mayoría de las entidades federativas.

Imposible derribar una maquinaria de impunidad y violaciones a derechos humanos en las fiscalías, si no hay recursos o si éstos están mal ejecutados, pero sobre todo, si  no hay una depuración del personal. El caso Ayotzinapa nos mostró con mucha claridad que uno de los principales problemas para lograr la verdad en la desaparición de los 43 estudiantes, eran precisamente los bloqueos y las violaciones a los derechos humanos venían de la propia institución que debía investigar. Una de las principales banderas para transformar las instituciones, para dotarlas de humanidad, profesionalismo y compromiso debe ser el servicio de carrera y la depuración de personal que ha actuado contra la ley. Esta debiera ser la gran transformación para todas las fiscalías del país, pero mientras exista en su interior redes de corrupción y de complicidad, difícilmente tendremos resultados para la búsqueda y para la justicia.

San Fernando y otros territorios en México siguen siendo territorios de muerte y desaparición porque las fiscalías no han logrado investigar las causas políticas y sociales que permitieron que ciertos grupos se beneficiaran de esta violencia.  El problema no se resuelve, ni se resolverá, deteniendo a algunos de los entonces cabecillas de los grupos criminales porque incluso ellos son sustituibles y lejos de acabar con las estructuras criminales, éstos terminan por reagruparse en diversas células o aliándose con otros grupos para mantener el poder.

Resulta impactante leer informes de hace más de 17 años, como el realizado por la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México (año 2003), a raíz de las desapariciones y los feminicidios ocurridos en el norte de la República, donde nos subrayaban que de acuerdo a la experiencia internacional, los fallos sistemáticos en investigaciones, impulso y procesamiento de homicidios dolosos, obedecían a la carencia de idoneidad e infraestructura o a la presencia de corrupción en el sistema de administración de justicia. En ese entonces, el grupo de expertos señalaba que “[l]a extraordinaria importancia en cuanto al número de víctimas, su sucesión temporal a lo largo de una década, la gravedad intrínseca a cada uno de los crímenes y la complejidad de la investigación requerida, han puesto a prueba un sistema de por sí insuficiente, que ha sido manifiestamente desbordado por un desafío criminal para el que no estaba preparado, dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes.”

Diecisiete años después seguimos sin saber cómo investigar y prevenir la violencia, aunque tenemos muy claras las graves consecuencias de la actuación del crimen organizado coludido con agentes del estado. Los cambios a las fiscalías han sido sólo de papel. Se está perdiendo la oportunidad de que al menos la Fiscalía General de la República (FGR) sea la fiscalía especializada para investigar la gran corrupción y graves crímenes que pueden implicar graves violaciones a derechos humanos. Con los pasos atrás que se están dando, nos tomará muchos más años reconstruir una mínima institucionalidad.

Fiscalías cómplices de una doble desaparición

“A mi hijo lo desaparecieron dos veces, uno cuando iba en el tránsito por México hacia los Estados Unidos y otra cuando ya estaba muerto, cuando me ocultaron su cadáver” Nadie describe de mejor manera lo que implica para las familias ser víctimas de una doble desaparición que doña Bertila Parada, madre de Carlos Alberto, migrante salvadoreño. De acuerdo a los casos de migrantes desaparecidos y ejecutados que ha podido acompañar la Fundación para la Justicia y de acuerdo con el trabajo que se ha realizado desde la Comisión Forense para identificación de restos de masacres de San Fernando y Cadereyta, muchos de los cuerpos que fueron localizados en las fosas clandestinas en San Fernando y después colocados en fosas comunes por la Fiscalía de Tamaulipas y la actual FGR, pudieron haber sido identificados al ser localizados, es decir, desde 2011 o 2012. Varias familias de Centroamérica habían enviado ya sus muestras de ADN a México y éstas o se perdieron o no se utilizaron de manera correcta.

Varios restos fueron re-enterrados por las fiscalías en fosas comunes, con información que hubiera sido un primer paso para lograr su identificación, como tatuajes, señas particulares o hasta credenciales de identificación. Lo que vimos en los casos de migrantes, es la tragedia que actualmente enfrenta el país con más de 37,000 restos sin identificar. En un país con más de 75,000 personas desaparecidas, la identificación pronta, científica y profesional de los restos, debiera ser el primer paso para terminar con la tortura de miles de familias de México y de Centroamérica. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que no escatimará en recursos para las familias de personas desaparecidas, pero es difícil que su dicho se materialice en respuestas efectivas.  El Mecanismo Forense Extraordinario no tiene garantizados los fondos que requiere y su competencia ha quedado en mucho sometida a la voluntad de fiscalías que han sido cómplices de la desaparición administrativa de muchos restos, como lo señala la investigación Desaparecer dos veces, la burocracia que pierde los cuerpos realizada por Quinto Elemento Lab.

Por cuanto hace a la búsqueda en vida, consideramos complicado que esta tarea pueda llevarse a cabo si las comisiones de búsqueda no cuentan con recursos humanos y materiales suficientes y si no integran en sus estrategias de investigación, metodologías propias para enfrentar la macrocriminalidad como la determinación de patrones, estructuras criminales que operan y se benefician de la desaparición, información de contexto que permite que esto ocurra, más allá de la búsqueda caso a caso, metodología heredada incorrectamente del sistema procesal penal.

Para los casos de migrantes desaparecidos, sigue siendo un obstáculo que hasta la fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores no haya emitido los lineamientos para que consulados y embajadas mexicanas en otros países, puedan recibir las denuncias de las desapariciones de migrantes, participar en las investigaciones y dar seguimiento a las mismas. Se resume en un tema de voluntad institucional.

Mecanismo extraordinario de investigación, búsqueda e identificación

El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que ésta puede ser competente para examinar una situación, cuando un Estado no quiere o no puede llevar a cabo investigaciones que impliquen la comisión de crímenes establecidos en dicho Estatuto, como el crimen de lesa humanidad. Hasta este momento México ni ha querido ni ha podido superar la violencia en la que se ha visto envuelto desde hace más de 10 años. Es difícil que la situación que enfrentamos actualmente pueda ser superada con instituciones que no se han depurado ni se han transformado. Las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y amplios sectores de la sociedad hemos puesto todo nuestro esfuerzo por tratar de incidir para que haya un cambio radical, una transformación real en las instituciones de justicia. En ese sentido es preciso también de manera paralela, comenzar a constituir los espacios extraordinarios e independientes para la búsqueda, la justicia y la reparación integral. Todos los esfuerzos son necesarios para dar una respuesta a los miles de víctimas que existen en el país, así como a las familias de las personas migrantes desaparecidas o ejecutadas en su tránsito hacia Estados Unidos.

Notas

[1] Senador de la República por la Ciudad de México, Sin grupo parlamentario, políticamente independiente. Integrante de la Iniciativa AHORA.

La derogación de la figura del diputado migrante envía un mensaje desalentador e implica, en los hechos, la negación de los derechos a un sector importante del país. Solo son bienvenidas sus remesas y otras contribuciones en el campo de la educación y la cultura, pero se les niegan sus derechos, ampliamente reclamados, para participar en la tomas de decisiones sobre el rumbo de las políticas públicas en México.

Frente a esta triste historia, no queda más que mantener la lucha y rechazar este retroceso, este golpe a la democracia en la Ciudad de México, que excluye e impide el goce pleno de los derechos a una parte de sus ciudadanos

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

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