Como señala la organización México Evalúa, la política criminal se entiende como un plan del Estado que detalla cómo se hará frente a la criminalidad, definiendo los delitos y a las autoridades competentes para perseguirlos (México Evalúa, 2020.)  En estricto sentido, la política criminal es una condición general que se puede extraer de las leyes y lineamientos en materia penal. En el caso de México, se ha definido que las fiscalías presten atención especializada a delitos contra los derechos humanos, delitos electorales y actos de corrupción. Dicho de otra forma, los delitos de corrupción ya son vistos con cierto nivel de prioridad dentro de la Ley, y se establece a la fiscalía especializada en combate a la corrupción como la figura responsable de su persecución.

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Pareciera que la PNA realmente hace referencia a la generación de una política de priorización, la cual sí compete a las instancias de procuración de justicia. Esta herramienta se basa en la definición de criterios que permiten dar trámite a los casos conforme a cuestiones como su grado de afectación, complejidad, y factibilidad (México Evalúa, 2020). Ello fomenta que las fiscalías actúen con mayor objetividad y eficiencia, ya que permite que cada caso sea atendido de forma proporcional a sus propias características.

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A la par de esta Política, debe también haber un plan de persecución que establezca las vías legales correspondientes a cada delito, lo cual permita garantizar la aplicación de justicia para aquellos delitos en los que no se opte por la judicialización[1]. Todos estos elementos son componentes básicos de la política criminal del Estado, que abarca todo tipo de delitos. Por lo mismo, es importante que las políticas de priorización en materia de combate a la corrupción formen parte de una estrategia amplia.

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Dado el camino que ha tomado el Sistema Nacional Anticorrupción y, por ende, los Sistemas Estatales, es importante enfatizar la necesidad de incorporar una visión anticorrupción en todos los ámbitos del sector público. En particular, es importante desvincular la noción del Comité Coordinador como el máximo órgano de decisiones en materia anticorrupción. El Comité debe ser un espacio útil para aquellos actores que busquen fomentar la cooperación institucional, no un espacio de deliberación que busque definir el rumbo que deben tomar las autoridades competentes. Esas decisiones deben ser producto del mandato popular, materializadas en la política criminal, la política de transparencia, de rendición de cuentas, entre otras.

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Visto de esta forma, es importante que la opinión pública exija un cambio de rumbo. Otro posible error bajo la inercia actual sería colocar un peso desmedido en las organizaciones de la sociedad civil. El diseño del propio Sistema acomoda la participación de organizaciones mediante el Comité de Participación Ciudadana, otorgándoles un papel protagónico no visto en ninguna otra instancia. Si bien el trabajo especializado que generan estas organizaciones es un insumo valioso para las autoridades, es problemático confundir su papel con uno general de corresponsabilidad ciudadana.

Sin el impulso necesario desde los poderes Ejecutivos, Legislativos y el Judicial, ningún esfuerzo anticorrupción puede ser exitoso. Es difícil imaginar un escenario donde se dé dicho impulso sin el papel de los medios de comunicación, el sector privado y el electorado. Cada uno tiene el poder de movilizar la voluntad política hacia políticas públicas concretas que se transforman en acciones sostenidas a lo largo del tiempo. El impulso popular llegó a poner el tema anticorrupción sobre la mesa en 2016 y produjo una reforma importante. Tristemente, desde entonces, la atención se ha visto desviada en los formalismos y tecnicismos de la instalación de los Sistemas. 

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Desde una perspectiva optimista, no hay necesidad de reformar leyes de manera sustanciosa más allá de lo que se ha logrado en los últimos seis años. Con los avances existentes, se pueden poner en marcha esfuerzos para reforzar a las fiscalías estatales, poniendo énfasis en las especializadas en combate a la corrupción. Una de las formas más sencillas es mediante la exigencia de mayor transparencia en las instancias de procuración de justicia. Tan solo el año pasado, la organización Ethos reportó que las fiscalías anticorrupción locales reciben, en promedio, el equivalente a $6 pesos por habitante en su presupuesto anual, mientras que el estándar internacional aceptable para una autoridad análoga yace en un dólar por habitante (Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, 2019)[2].

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En ciertos casos, las propias fiscalías no fueron siquiera capaces de reportar el presupuesto que se les destinaría para dicho año, dado que depende directamente de una decisión al interior de las fiscalías generales. Este es otro aspecto en el que los criterios al interior de las instituciones de procuración de justicia pueden proveer mayor certeza y transparencia, al permitir que la asignación de presupuesto y otros aspectos relativos a la gestión de recursos humanos, materiales y de inteligencia sea más objetiva.

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La pregunta entonces es ¿cómo lograr que las autoridades presten atención a estas necesidades y asuman el compromiso de impulsar un combate efectivo a la corrupción en los estados? En este punto, los propios Comités de Participación Ciudadana y las organizaciones que trabajan en la materia pueden ser de gran ayuda, pero necesitan la aportación de la opinión pública. Es necesario que la ciudadanía encuentre una forma de involucrarse en el sistema de justicia, que pueda entender lo que se necesita y abogar por acciones contundentes. Una forma de hacerlo es evaluando los criterios que emplean las fiscalías generales y las fiscalías anticorrupción para la atención de sus casos. La presión por generar mayor apertura al interior de las fiscalías estatales no puede venir solamente de los Sistemas Anticorrupción, tiene que ser una exigencia que genere eco en los medios de comunicación y en el debate público.

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Es igual de importante poner atención sobre las personas que ocupan cargos clave en el sistema de justicia. A diferencia de otros cargos públicos, en México no elegimos a nuestros fiscales locales mediante las urnas, como sí lo hacen nuestros vecinos del Norte. Nuestros procesos varían, desde la emisión de convocatorias abiertas hasta nombramientos propuestos por el Ejecutivo, que en todo caso son aprobados por los Congresos locales. Gran parte de los esfuerzos de la sociedad en el tema de anticorrupción tiene que centrarse en las acciones del Legislativo en cada estado. No solo importa el proceso de nombramiento, importa más aún el seguimiento que los Congresos den al trabajo de las fiscalías. Cada diputada y diputado tiene el poder de exigir un ejercicio de rendición de cuentas y señalar omisiones, decisiones cuestionables y exigir respuestas a nombre de la ciudadanía que representa.

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El papel de la ciudadanía en la lucha anticorrupción

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Nuestro discurso tiene que ser capaz de encauzar a la ciudadanía para influir en estos procesos. No se puede tener un Estado de derecho mientras la clase política sienta que puede capturar las instituciones de justicia con total impunidad. No se puede tener una democracia verdadera si el Estado es utilizado sistemáticamente para extraer beneficio particular. Necesitamos hacer preguntas contundentes hacia las personas que ocupan las instituciones de procuración de justicia en todo el país: ¿Cuáles delitos de corrupción son prioritarios para la fiscalía y cuántos de estos han sido investigados en el año? ¿Cuenta la fiscalía con un plan de persecución para delitos de corrupción? ¿Cuáles son los criterios que utiliza para evaluar su desempeño? ¿Están basados en acciones o en resultados? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ha identificado la fiscalía en sus procesos de investigación? ¿Se ha procurado la coordinación con el Poder Judicial y las autoridades federales en materia de combate a la corrupción? ¿Para qué temas en específico? Todos estos cuestionamientos tienen que encontrar eco en las voces de los representantes populares. Si no lo vemos, tenemos que exhibirlo y seguir exigiéndolo.

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Hay un sinfín de factores que dificultan el combate a este tipo de escenarios, más en estados cuya prensa se encuentra subyugada a la censura o limitada por la falta de recursos que le permitirían actuar de forma independiente. Por lo mismo, la sociedad civil tiene la responsabilidad de apoyar la creación de una prensa libre y encauzarla hacia temas de trascendencia, como el combate a la corrupción. Es importante que como ciudadanos apoyemos a la prensa con nuestro propio bolsillo, particularmente a aquella que esté dispuesta a agarrar al toro por los cuernos.

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Basta ya de esfuerzos ociosos que distraen de las acciones verdaderamente necesarias para impulsar el combate a la corrupción en México. Por su parte, varias organizaciones han comenzado a abordar temas de justicia, buscando poner el foco sobre ellos para generar un mayor interés por parte de la sociedad mexicana. Apoyemos estos esfuerzos, son importantes para que un fenómeno de esta magnitud pueda ser controlado por el Estado. Sigamos de cerca las labores de las fiscalías y los Congresos locales, exijamos una verdadera rendición de cuentas y no más simulación. Por último, invitemos a otros a formar parte de la conversación; ya sea suscribiéndose a un medio periodístico, firmando peticiones a favor de mayor apertura en las fiscalías, presionando a candidatos y diputados para abordar estas preguntas, votando. Recuperemos el significado de participación ciudadana y encaucemos a nuestros conciudadanos a luchas que valgan la pena.

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Bibliografía

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Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. (n.d). ¿Qué nos frena? Los retos y obstáculos en el combate a la corrupción en los estados. México. Recuperado de https://ethos.org.mx/ethos-publications/que-nos-frena-los-retos-y-obstaculos-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-los-estados/

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México Evalúa. (5 de febrero de 2020). Policy brief: hacia una persecución penal estratégica. México. Recuperado de https://www.mexicoevalua.org/hacia-una-persecucion-penal-estrategica-policy-brief-001/

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Notas

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[1] Para un mejor entendimiento de estos mecanismos, recomiendo el trabajo de México Evalúa en materia de investigación penal. Partiendo de sus documentos de Hallazgos, hasta sus policy briefs citados en este artículo.

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[2] Con una tasa de cambio de 22 pesos mexicanos por dólar, esto implica que los estados solamente están llegando a un 27% de este estándar.