Las repercusiones de la austeridad republicana en la educación nacional

 

Sylvia Schmelkes

Universidad Iberoamericana, CDMX

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Introducción

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Puede argumentarse que es necesaria mayor austeridad en el gasto del gobierno federal en general, en educación en particular. La austeridad afecta fundamentalmente los gastos corrientes en educación.  Impacta en primer lugar los salarios de los funcionarios y de la burocracia de nivel medio y alto.  Impacta de manera muy importante sobre la posibilidad de contar con apoyos profesionales externos a la burocracia para la realización de proyectos específicos.  Impacta de manera radical todos aquellos rubros de pago a personas que no son por nómina, sino que, por las necesidades de crecimiento del sector público y la renuencia o restricción expresa a crear plazas, se fueron desarrollando a su interior en la forma de pagos por honorarios asimilados o por honorarios profesionales.  Impacta en los gastos de movilidad, sobre todo de viajes al interior de la República.  Afecta las posibilidades de contar con representantes del gobierno y de sus organismos descentralizados en las entidades federativas.  E impacta en los gastos corrientes de diverso tipo. 

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Sin duda es importante racionalizar el gasto.  Es conveniente recortar todos aquellos gastos innecesarios y los superfluos, e incluso aquellos que, siendo necesarios, pueden considerarse prescindibles, pues le restan al presupuesto destinado a la atención directa del asunto público para el que están previstos. 

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Si bien nadie puede estar en contra de racionalizar el gasto público y de destinar lo más que se pueda a la atención directa del asunto público en cuestión, el problema se presenta cuando la medida de austeridad es general y no considera los casos específicos y sus particulares necesidades.  Veamos algunos ejemplos.

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1. La reducción de los salarios de los funcionarios y de la burocracia media.  Esta medida pudiera parecer necesaria.  Se puede decir que los salarios de los funcionarios eran exagerados, y que los de la burocracia media estaban por encima de lo que se justifica por el trabajo desempeñado y el esfuerzo invertido.  El Presidente de la República señala que el trabajo debe hacerse por gusto y compromiso con la nación, y no como forma de enriquecerse de manera personal.  Todo esto es más que cierto. Sin embargo, lo que debe tomarse en cuenta es el precio de talentos y trabajos determinados en el mercado de trabajo, segmentado como está.  De esta forma, un funcionario de alto nivel, a quien se le redujo su salario en el sector público en alrededor del 40%, muy probablemente pueda encontrar trabajo en el sector privado, incluso en el académico, o puede incursionar en el emprendedurismo, por una cantidad mayor, incluso significativamente mayor en algunos casos, a lo que está obteniendo en el sector público. Suponiendo, como se desea, que la economía sigue creciendo y que la demanda de personas altamente preparadas hace lo mismo en el mercado de trabajo, el tiempo de permanencia de personal altamente capacitado en el sector público puede verse limitado. Las personas preferirán incursionar en otros campos a cambio de un ejercicio profesional satisfactorio y mucho mejor pagado.  Con ello, el sector público se vaciaría de talentos y de personas capacitadas en terrenos en los que su labor profesional, por el impacto social de la misma, es de suma importancia.  Ello repercutiría en la eficacia y la eficiencia de la marcha del sector.

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En el caso específico de la educación, el impacto de la austeridad republicana puede observarse en la dificultad para reclutar personal de primer nivel especialmente formado para desempeñarse en el terreno educativo.  Quienes ocupan los cargos más altos, salvo muy honrosas excepciones, no tienen el perfil para diseñar políticas educativas porque no tienen formación ni experiencia especializada ni conocen, en muchos casos, el sistema educativo.  Son personas que están muy bien dispuestas a colaborar con la nueva administración, pero que en la mayoría de los casos no se encuentran formados para el tipo de labores y de decisiones que tendrán que tomar. 

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Quienes sí tienen la formación, se encuentran ocupando cargos en el sector privado, o bien desarrollando sus propios emprendimientos educativos o de otra naturaleza.  En el mediano plazo, los efectos pueden ser muy destructivos.

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2. La eliminación de otras formas de pago de personas. La prohibición de contratar personas por honorarios asimilados o por honorarios profesionales condujo al despido indiscriminado masivo de operadores esenciales en algunas áreas, algunas neurálgicas, del sector educativo. Estas personas resultaron indispensables ante la ineficiencia de personal de base sindicalizado y la necesidad de sacar proyectos adelante, sobre todo programas educativos especialmente destinados a atender problemas serios en el campo, se hacía indispensable. Malamente, esto se venía haciendo desde hacía ya varias administraciones. Era un trabajo precarizado, sin prestaciones ni certeza laboral en muchos casos, pero relativamente bien pagado, con personas especialmente formadas y en general eficaces en su desempeño.  La nueva administración corta de tajo todo este sector, cuya cuantificación es muy difícil de realizar, pero que representaban cuando menos el 20% promedio del personal de la burocracia central de la Secretaría de Educación Pública.  Al parecer, hace apenas unas semanas que se libera la posibilidad, limitada, de contratar nuevamente a personal por honorarios.  Durante al menos diez meses, se paralizaron muchas de estas áreas que prestan directamente servicio educativo, como es el caso del Consejo Nacional de Fomento Educativo, cuyos operadores en los estados estaban todos contratados por honorarios.  La efectividad de los programas especiales que dependían de estas personas, muchos de los cuales atendían problemas de inequidad educativa, se vio extraordinariamente afectada, y su recuperación viene siendo lenta e incierta.

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La austeridad republicana prohibió la existencia de representaciones federales en las entidades federativas, y ello implicó, además del despido de quienes antes cumplían estas funciones, la necesidad de depender de los “superdelegados” para la operación en las entidades federativas, que tienen a su cargo la representación de todas las dependencias del gobierno federal en los estados, la pérdida de presencia estatal de sus proyectos y el incumplimiento de sus funciones.  Los programas federales en los estados se vieron fuertemente afectados, si no es que totalmente paralizados, y aún no se sabe cómo se va a resolver esta ausencia de la funcionalidad de programas federales que en muchos casos son indispensables en las entidades.  Un paréntesis:  el desempleo que han generado estas medidas se observa ya en las estadísticas.  A ningún país conviene un elevado desempleo.  Cuando el desempleo es ilustrado, se generan efectos negativos sobre la percepción del valor de la educación.  Además, sus efectos en la disminución del dinamismo económico no son despreciables.

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3. La disminución de gastos de viajes y viáticos.  Sin duda había abusos en los viajes, sobre todo internacionales, que se realizaban en algunas dependencias del sector público federal, y se hacía necesario tomar medidas al respecto.  Pero la reducción de estas partidas de gasto ha sido indiscriminada también. Ello ha abonado, sobre todo, a la inoperancia de los programas federales en las entidades federativas.  Con ello se refuerza el centralismo, pero no aquel que se refiere a la concentración de las decisiones en la capital de la República – que también ocurre --, sino el que se manifiesta en algo mucho más grave, que es la falta de funcionalidad, eficacia y eficiencia de la operación de la parte federal de la educación, que en muchos estados es la única fuente de financiamiento.

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La limitación indiscriminada de viajes al extranjero en el ámbito de la educación también está teniendo -- y puede llegar a tenerlo aún mayor, si se prolonga en fenómeno --, un efecto de aislamiento del país respecto de los organismos internacionales y de lo que ocurre en otros países.  Comienza a verse un fenómeno preocupante, que es la suplantación de la representación internacional de México por instituciones del sector privado, o incluso por gobiernos de entidades federativas en manos de partidos diferentes al que está en el poder federal.  Para México la relación con organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, la OEI, incluso la OCDE, ha sido fundamental.  En algunas épocas de la historia educativa, México ha tenido un liderazgo internacional de consideración.  La tendencia aislacionista no nos conviene como país.

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4. El presupuesto 2020.  El presupuesto finalmente refleja las prioridades que el gobierno le da a sus políticas.  Las prioridades que se derivan del Artículo 3° tal y como fue modificado el 15 de mayo pasado claramente hablan, entre otras cosas, de dos prioridades fundamentales:  el magisterio -- se entiende que su formación tanto inicial como continua es clave-- , y de la equidad educativa – grave problema de nuestra educación y declarativamente de primera importancia para esta administración. Sin embargo, el presupuesto 2020, recién aprobado el pasado 20 de noviembre, si bien aumenta el gasto previsto total en educación, disminuye en 60.6% el presupuesto destinado a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de quien dependen las escuelas normales del país.  El gasto previsto en formación continua de maestros disminuye de $186 a $171 miles de millones de pesos.  El presupuesto destinado a las escuelas de tiempo completo – destinadas a las zonas más pobres del país y que proporcionan alimentación a los alumnos – disminuye en 50%.  En cambio, los aumentos en el presupuesto destinado a becas son descomunales.  Ahora las becas para la educación media superior y superior son universales, lo que no abona a la equidad por ser regresivas – en educación superior, por ejemplo, las becas universales subsidian al 75% de los universitarios que proceden de los deciles superiores de ingreso (CIEP, 2019)--. Ellos también reciben beca.

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La preocupación por la equidad se está entendiendo de esta manera, a nuestro parecer equivocada, sin que por otro lado se observe la dotación de recursos crecientes para la atención de la equidad no solo de acceso, sino de permanencia y sobre todo de aprendizaje.  Así, el presupuesto austero no responde a las prioridades declaradas de la actual administración, y su aplicación traza un panorama sombrío para desarrollo de la política educativa – y del derecho a la educación -- en el próximo futuro.

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