Las austeridades de la 4 T: ¿planeadas o forzadas?

 

Saúl Escobar Toledo

INAH

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El país vive un proceso de transformación de sus instituciones y políticas públicas que apenas empieza. Los resultados de estos cambios aún no se ven claramente  y algunos de ellos tardarán en ponerse en marcha. Como parte de esta oleada de nuevas medidas, el tema de la austeridad ha despertado un interés especial. Frente a la corrupción y el derroche que hemos vivido en las últimas décadas, el tema adquiere una gran relevancia. Resulta difícil oponerse a adoptar una serie de medidas que le den mayor eficacia, transparencia y mejor uso a los recursos públicos. Gastar bien y combatir el mal uso de los dineros de los contribuyentes  parecen  buenas ideas. Sin embargo, siempre se corre el riesgo -y este caso no es la excepción- de que las medidas de austeridad resulten equivocadas o demasiado rígidas. Los siguientes comentarios pretenden ofrecer algunas anotaciones sobre este asunto.

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Para empezar, parece necesario discutir la diferencia entre una austeridad planeada, entendida como una orientación para evitar derroches y desperdicios, de otra que podemos llamar forzada, que surge de la escasez. La línea que las hace diferentes puede ser a veces muy delgada pero vale la pena hacer la distinción.

El primer año de gobierno que está por concluir parece haberse basado más bien en una austeridad obligada, producto de la falta de recursos y en la imposibilidad de ejercer lo que ya se tiene por la ausencia de proyectos. Las nuevas prioridades del gasto: la pensión universal para adultos mayores, el programa para jóvenes aprendices, los destinados al campo, etc., tuvieron que obtenerse de una reasignación de otras partidas. Ello se debió a dos razones: por una parte, no se llevó a cabo una reforma fiscal que aumentara los ingresos tributarios; por otra, la economía entró en una fase de crecimiento inercial más lento, lo que a su vez disminuyó (aunque no mucho)  la captación tributaria en algunas partidas.

 

Veamos:

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Según el informe de las finanzas públicas de la SHCP correspondiente a septiembre, diversos indicadores muestran un retraso en el ejercicio del gasto. El gasto neto total sin erogaciones en inversiones financieras reportó un avance del  70% respecto a lo programado. Esta cifra no muestra un subejercicio demasiado grande, pero viendo con más detenimiento el asunto, en algunos aspectos el retraso es más preocupante: por ejemplo, en comparación con el año pasado tomando en cuenta el periodo enero-septiembre, el gasto corriente  muestra una caída de casi 7%. Esta caída se explica en parte por la disminución del gasto de, por ejemplo, el Poder Legislativo (-28.4%) y el INE (-44.7%). Pero también de secretarías de estado como: Agricultura y Desarrollo Rural (-30.4%). Más preocupante aún, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes sufrió una caída de 64% en ese mismo periodo en comparación a 2018; Educación Pública -9.4%; y Medio ambiente y Recursos naturales -30.9%.

Los descensos no fueron parejos. Si algunos rubros de gasto disminuyeron hubo otros que aumentaron: Defensa Nacional aumentó su gasto entre enero y septiembre, en comparación al año pasado, en 8.7%; Trabajo y Previsión Social tuvo un aumento espectacular de 377%; y Bienestar un incremento de 53%. Estos aumentos muestran sin duda las prioridades del gobierno y el ejercicio de nuevos programas.

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Pero también podemos observar que se aplicaron recortes en servicios personales (-4.2%), mientras que las provisiones salariales y económicas tuvieron un descenso notable: -50.4%. Ello revelaría que las medidas de austeridad afectaron no solo a las prestaciones y puestos de altos mandos, sino también a otros trabajadores al servicio del Estado.

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Pero lo más relevante se encuentra en el renglón de inversión física del sector público, pues esta cayó en -14.4% en el periodo enero-septiembre en comparación a 2018. Si solo se toma en cuenta el gobierno federal, la inversión física muestra una cifra aún mayor, un retroceso de -21.8%. Y la inversión directa -32.4%.

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Es decir, la austeridad le pegó a los salarios y prestaciones, pero sobre todo a la inversión. En el primer caso, para reasignar recursos y en el segundo por la ausencia de proyectos: el nuevo aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas etc., apenas están iniciando o están en una fase de planeación, pero también muestra que otros proyectos necesarios para el desarrollo simplemente no se pusieron en marcha.

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El lado positivo de esta situación fue que se logró un balance de las finanzas públicas mejor de lo programado lo que se reflejó, según la SHCP, en un “un superávit primario del Sector Público, definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, de 279 mil 868 millones de pesos, mayor al monto previsto originalmente de 153 mil 93 millones de pesos y al registrado el año anterior de 114 mil 202 millones de pesos”. (SHCP,2019, p. 6).

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Por lo tanto, hubo un menor endeudamiento:

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“Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)… registraron un déficit de 172 mil 480 millones de pesos. En el mismo periodo del año anterior, los RFSP presentaron un déficit de 304 mil 601 millones de pesos” (SHCP, 2019, p.7).

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En otras palabras, se ha ahorrado (y endeudado menos) a costa de programas muy importantes de inversión y otros quizás no tan importantes que implicaron la supresión de algunos puestos de trabajo o la reducción de salarios y prestaciones.

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Este ahorro logró una estabilidad de precios y del tipo de cambio, pero al mismo tiempo actuó procíclicamente, es decir, acentuó la caída del ritmo de crecimiento de la economía. Cualquiera puede entender que es prudente ahorrar en tiempos de abundancia, pero que es más sensato gastar cuando la soga aprieta.

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Que esto último está pasando lo ratifica la  SHCP de esta manera:

“En línea con el proceso de desaceleración en la actividad económica global que se ha venido manifestando a lo largo de 2019, la información macroeconómica correspondiente al cierre del segundo trimestre y a los primeros meses del tercer trimestre de 2019 indica una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana… En el segundo trimestre de 2019, el PIB registró una disminución en términos reales de 0.8% en su comparación anual, mientras que, al eliminar el efecto estacional, el nivel del PIB en el segundo trimestre de 2019 no registró variación en términos reales con respecto al nivel observado en el primer trimestre del año” (SHCP, 2019, p.31).

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La caída del crecimiento provocó, a su vez, que algunos rubros  de la captación fiscal disminuyeran, principalmente debido a una menor recaudación del IVA equivalente a -2.6% en el periodo enero-septiembre en comparación al año pasado. Una caída del IVA se explica principalmente por un menor consumo.

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Afortunadamente, este faltante se compensó con un aumento del IEPS en gasolina y diésel equivalente al  50.5% y 63.9% respectivamente de tal manera que la afectación de las finanzas públicas no ha sido importante. Tomando el conjunto del periodo los ingresos tributarios aumentaron en 2.8% en términos reales en comparación a 2018.

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Hay que anotar, sin embargo, que los ingresos petroleros han mejorado, pero no suficiente: en septiembre, aumentaron en 162% respecto al mismo mes de 2018, pero tomando en cuenta los meses enero-septiembre cayeron respecto a 2018 en -4.6%.

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En síntesis, las finanzas públicas van caminando con algunos tropiezos pero no se han derrumbado. Sin embargo, plantean un espacio muy estrecho para impulsar la economía y para financiar los nuevos programas y la expansión en rubros importantes.

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La austeridad del primer año de gobierno ha sido entonces más bien producto de las circunstancias adversas que de una política planificada. En el inicio de otros sexenios, se ha observado este fenómeno debido a que el ejercicio del gasto se retrasa por falta de experiencia, por evaluar los programas en curso del sexenio anterior, o por la tardanza en instrumentarse. Sin embargo, en este caso, el fenómeno fue más amplio, porque se juntó con otros factores: un panorama mundial poco favorable para el crecimiento y la reasignación presupuestal para echar a andar las nuevas prioridades del gobierno.

 

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Aplicar la austeridad de manera planificada

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Para los próximos años, cabe esperar que las cosas se hagan de manera más racional. Y que la austeridad se aplique de manera planificada, más razonada, para evitar recortes abusivos. Para ello afortunadamente se cuenta ya con una Ley Federal de Austeridad Republicana, decretada apenas el 19 de noviembre de este año.

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En dicho ordenamiento se define la austeridad republicana como una “conducta y política de Estado” que deben “acatar los entes públicos” así como el Poder Legislativo y Judicial y los órganos autónomos y las empresas públicas, “para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados” (Secretaría de la Función Pública, 2019, p. 1).

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La Ley advierte que esos entes deberán “abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que México sea parte…enfocar las medidas de austeridad republicana preferente en el gasto corriente no prioritario; y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres…” (SFP, 2019, p. 2).

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Se pretende evitar el despilfarro en “gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios…”

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También, limitar la contratación de secretarios particulares, choferes y servicios de consultoría y despachos externos. Quedan prohibidas, igualmente, las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia y las constitución de fideicomisos o mandatos salvo en ciertos casos. Aunque se prohíbe contratar pensiones, regímenes de retiro y seguros de gastos médicos, se dejan a salvo aquellos que  estén pactados en las Condiciones Generales de Trabajo o los contratos colectivos de trabajo.

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La ley es especialmente restrictiva en el caso de nepotismo, pues considera que se caerá en este ilícito “quien designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato” (SFP, 2019, p. 8).