La evolución del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero (2006-2019)

 

 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Consejero electoral, Instituto Estatal Electoral de Baja California

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Uno de los debates superados en la amplia gama de temas inherentes al proceso de transición democrática en México fue el que hacía referencia a la extensión del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Se ha documentado que la demanda del derecho al voto es tan antigua que, por lo menos, data desde la época en la que José Vasconcelos fue candidato a la presidencia de la república por el Partido Nacional Antireeleccionista, llevando a cabo una campaña política en diversas ciudades de Estados Unidos (Santamaría, 2004: 29-46; Sandoval y Ross Pineda, 2001: 7-8).

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En la elección de 1929, Vasconcelos compitió frente al candidato del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortíz Rubio. Fue ahí en donde el exsecretario de Educación Pública, durante el gobierno de Álvaro Obregón (1921-1924), logró establecer una base de apoyo político en Estados Unidos gracias a su acercamiento a la comunidad mexicana (Schütze, 2007: 145).

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El notorio incremento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, la apertura comercial que México empezaba a experimentar, las crisis económicas que sacudían fuertemente al país y la compleja elección presidencial de 1988 fueron fenómenos que se combinaron para que diversos sectores, incluyendo al propio gobierno, valoraran y estudiaran la posibilidad de que quienes radicaban en el extranjero pudieran votar en elecciones mexicanas.

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En el segundo quinquenio de la década de los noventa, el debate se trasladó al Congreso de la Unión. En aquella ocasión, la deliberación parlamentaria en torno al tema estuvo acompañada de diversas iniciativas de ley y, por ende, de modificaciones constitucionales que abrieron la puerta para organizar y llevar a cabo elecciones de carácter extraterritorial en el ámbito federal, específicamente en las presidenciales.

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Fue en el primer mes del año de 1995 cuando, en el contexto de la “reforma político-electoral definitiva”, el tema del voto de las y los mexicanos en el extranjero entró a la agenda legislativa, ya que se suscribieron los “Compromisos para un Acuerdo Político Nacional” entre los partidos políticos y la Presidencia de la República, lo cual significó la base de la futura reforma y los primeros pasos hacia la extraterritorialización de las elecciones mexicanas (Guerrero, 2013: 39).

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La legislación en materia electoral del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero nació en el mes de agosto de 1996 cuando se abrió la posibilidad al sufragio desde el exterior en elecciones mexicanas con la reforma al artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminándose el requisito de encontrarse dentro de los límites del distrito electoral de pertenencia para votar; sin embargo, no se reglamentó el mecanismo para el registro al listado nominal y la emisión del voto. Cuatro meses más tarde, se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución, referentes a la no pérdida de la nacionalidad mexicana y a la posibilidad de que las y los mexicanos en el extranjero pudieran adquirir doble o múltiple nacionalidad.

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Para 1998, la Cámara de Diputados ordenó al otrora Instituto Federal Electoral que instalara una comisión de expertos para que estudiara la factibilidad de realizar elecciones en el exterior, buscando así definir la modalidad más adecuada para llevarlas a cabo. Tras seis meses de trabajo, la Comisión de Especialistas para el Estudio de las Modalidades del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero concluyó que sí era viable realizar elecciones mexicanas fuera del país y propuso seis maneras distintas para organizarlas (ife, 1998). No obstante, quedaría pendiente la reglamentación que establecería con claridad los mecanismos que se utilizarían para el registro de electores y la emisión del sufragio, lo cual impediría que se pusiera en práctica este ejercicio para los comicios federales de 2000.

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Nueve años tuvieron que transcurrir para contar con un diseño de votación extraterritorial, después del primer avance que se había dado en 1996 en materia legal. El 28 de junio de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la modalidad electoral para que las y los mexicanos residentes en el exterior pudieran ejercer el voto en las elecciones presidenciales de 2006, dejando un margen muy estrecho para la planeación de la primera elección, lo cual afectaría a las diversas etapas que concernían al proceso electoral 2005-2006.

 

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Experiencia positiva en 2006 y las modificaciones que siguieron

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La magnitud del fenómeno migratorio mexicano, cuestión que trajo consigo el desarrollo de amplias comunidades de emigrantes organizados en el exterior, permitió que se llevara a cabo la primera experiencia de votación extraterritorial en 2006 sin inconvenientes que pusieran en riesgo la elección presidencial, a pesar del clima de desconfianza que prevalecía en ese entonces entre diversos sectores de la arena política. La experiencia positiva fue el principal motor que impulsó la caída de las viejas creencias que giraban alrededor del sufragio extraterritorial, permitiendo así, el surgimiento de elecciones con voto desde el extranjero a nivel local.

 

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Periódico Oficial de la Federación las leyes secundarias de la reforma político-electoral, las cuales contemplaron modificaciones de gran calado en el sistema electoral mexicano. Esta serie de cambios implicaron modificaciones en la nueva legislación que afectó al Libro Sexto del extinto Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (lgipe), el cual contenía lo correspondiente al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

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Uno de los cambios más significativos respecto al diseño anterior fue la credencialización de las y los mexicanos en el exterior, principalmente porque éste era el primer obstáculo al que se enfrentaban los emigrantes al momento de querer ejercer el voto. El trámite para solicitar la credencial para votar desde el extranjero se llevaría a cabo en las representaciones diplomáticas de México e inició en febrero de 2016, consistiendo en cuatro etapas que concluirían en agosto del mismo año, contando así con una cobertura global.

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Asimismo, otra de las variantes respecto al modelo de 2005 consistió en extender el sufragio extraterritorial activo para las senadurías, así como ampliar los mecanismos para el ejercicio del voto mediante módulos que se instalaran en las representaciones consulares para entregar la boleta en sobre cerrado y por la vía electrónica a través de internet.

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No obstante, desde 2016 a la fecha, todas las elecciones con voto extraterritorial que se han organizado han utilizado el mecanismo postal para la emisión y envío del sufragio. Cabe destacar que, entre 2012 y 2015, existieron entidades que implementaron el voto electrónico por internet, tales son los casos de Baja California Sur (2015), Ciudad de México (2012), Chiapas (2012 y 2015) y Colima (2015)[1].   

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Por otra parte, desde el año 2006 se han desarrollado 25 elecciones con voto extraterritorial en 15 entidades del país, las cuales han contemplado distintos órdenes de gobierno, en donde se han disputado diversos cargos de elección popular y se han registrado diversas tasas de participación electoral en función de las estimaciones que existen en relación a la cantidad de emigrantes mexicanos que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, así como en relación al número de ciudadanas y ciudadanos que se inscriben a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (lnere).