2. Economía, inversión y empleo
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Foto de Ernesto Eslava en Pixabay

La inversión y la recuperación tras la pandemia en medio de una crisis múltiple

 
Enrique Provencio

Coordinador del Informe del Desarrollo en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM

 

 

 

A principios de 2021 la pandemia seguía repercutiendo en todos los ámbitos, sobre todo en los contagios y fallecimientos, en el sufrimiento humano y el dolor de tantas familias que han perdido seres queridos. Las tres primeras semanas del año fueron las peores desde el inicio de la enfermedad, tanto en casos registrados como en muertes, y la perspectiva apunta a un largo periodo de apuros, al menos para todo el primer semestre, a pesar de la vacunación (Ederly, 2021).

Como se ha comentado aquí en Brújula Ciudadana, la crisis desatada por la pandemia es múltiple, con efectos que rebasan las dimensiones sanitarias y se extienden a la situación económica y social, a las condiciones de vida de la mayoría de la población, incluyendo la convivencia, los entornos cotidianos y hogareños, las expectativas de futuro, la estabilidad emocional y muchos otros aspectos de nuestra existencia.

Es palpable que se trata de una conmoción múltiple, de estratos entrecruzados, y uno de ellos es el sacudimiento económico. Esta es una crisis diferente, se ha dicho con insistencia, desatada por la emergencia del SARS-cov-2 y modulada por los contextos específicos de cada país y región. En el caso de México, el contexto específico fue que el año previo a la pandemia ya teníamos una recesión y un ajuste de las finanzas públicas, y que durante un largo periodo habíamos padecido un bajo crecimiento, sobre todo por el mal desempeño de la inversión, tanto pública como privada. La salida de la crisis económica, y en alguna medida también de la sanitaria, demanda que se recupere la inversión, que esta sea más productiva y sustentable, y que se dirija a los sectores prioritarios de la recuperación y a las regiones más afectadas. Se requieren más y mejores inversiones, públicas y privadas.

En 2020, la inversión fue uno de los componentes de la economía que tuvo mayores desplomes, de alrededor del 20% anual. Ya en 2019 se había reducido en 4.6% anual, y en realidad venía bajando claramente desde 2016, si se ve la formación bruta de capital fijo como proporción del producto interno bruto. Así que los problemas de la inversión no surgieron con la pandemia, ni con la recesión de 2019. De hecho, y si se mira con este indicador de la proporción inversión – producto, los niveles de 2008 ya nunca se recuperaron, y de hecho en las últimas tres décadas el año más elevado del coeficiente de inversión fue 1994[1] Es así, uno de los problemas estructurales más grandes y añejos, con una contribución determinante al mal desempeño económico, la baja productividad, la insuficiente creación de empleos y otros rezagos, incluyendo las notables diferencias en el desarrollo de las entidades federativas y las regiones (CIEP 2020; Casar 2021; Provencio 2019).

La importancia de la inversión pública y privada, nacional y extranjera, fue claramente diagnosticada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la propuesta que recibió pero no aprobó la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados 2019). Ahí se reiteraba la centralidad de la inversión como condición –no suficiente, pero sí necesaria- para superar la ya prolongada etapa de bajo crecimiento, y para mejorar la infraestructura social y económica, apuntalar las mejoras en productividad y bienestar, entre otros fines, incluyendo los de competitividad y elevación de los ingresos públicos.

Ese proyecto de Plan Nacional de Desarrollo incluyó la meta de elevar el coeficiente de inversión a 25% del producto, como requisito para una expansión promedio de 4% anual en el sexenio. En la descripción del indicador, por cierto, porque ese proyecto tenía indicadores y metas, se decía que el logro mediría “si el ambiente de estabilidad macroeconómica efectivamente ha favorecido la inversión” (Cámara de Diputados 2019: 162). El documento se hacía eco de las evidencias históricas y de la documentación especializada sobre el papel determinante de la inversión en el desarrollo. El Plan que finalmente se aprobó se refirió a la inversión solo en sus relaciones con el control de la corrupción, algo de gran relevancia, sin duda, pero sin otorgarle la centralidad que el tema merecía y sigue mereciendo en la estrategia de desarrollo.

Ya para 2019, se perfilaba como compleja la tarea de activar la inversión para acercarla a un equivalente de la cuarta parte del producto, dado que el índice de la inversión fija bruta había alcanzado su máximo en diciembre de 2017 y continuó a la baja en 2018 (gráfica 1). Con el desplome de 2020, el índice terminó el año con niveles cercanos a los de antes de la Gran Recesión de 2009, y con un coeficiente de inversión que se perfilaba cercano al 18% del producto, uno de los más bajos en lo que va del siglo.

Gráfica 1

Inversión fija bruta enero 2006 – octubre 2020. Índice 2013 = 100. Serie original corregida por efectos de calendario.

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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. 18 de enero de 2021.

Vista por sus grandes componentes, la inversión se contrajo los últimos años más en construcción que en maquinaria y equipo, y más en la inversión pública que en la privada. En la construcción, la desaceleración de la inversión era muy clara desde antes de 2019, y de hecho menor incluso que una década atrás, antes de la Gran Recesión. Por el efecto de los recortes a la inversión pública, la obra civil estaba ya muy deprimida, no solo en la infraestructura de carreteras, puentes y otras obras, sino también en las inversiones urbanas y de transporte, en agua, riego y saneamiento, en electricidad y en petroquímica y petróleo, y en otras construcciones. Tal comportamiento, al que se sumó el desplome de 2020, tendrá un efecto de largo alcance en la disponibilidad y calidad de la infraestructura, pues, adicionalmente, los recursos para mantenimiento han tenido en ocasiones una caída mayor que la obra nueva.

En lo que va del siglo, la inversión pública alcanzó su máximo en 2009. Desde entonces se fue deteriorando con altibajos y a partir de la consolidación fiscal de 2015, aceleró su reducción. El ajuste de la inversión pública, sobre todo en infraestructura fue del 40% a precios constantes entre 2013 y 2020 (CIEP 2020), con un impacto considerable en el crecimiento económico, los servicios públicos y otras consecuencias que afectaron no solo la capacidad productiva actual, sino también el desarrollo para años siguientes (Clavellina 2019).

La decisión de castigar la inversión pública durante tantos años ha derivado de la austeridad fiscal, bajo diferentes nombres y motivaciones, para equilibrar el presupuesto o reducir el endeudamiento público. La decisión tiene además una consecuencia generacional muy importante, porque de hecho las decisiones actuales de inversión se traducen en un sacrificio de bienestar social y de potencialidades futuras. Clavellina (2019) estima que las reducciones de la inversión pública provocaron un menor crecimiento de 2010 a 2019, lo que significa que los ajustes de la inversión -y de hecho del gasto público en general- han jugado un papel procíclico, agravando las tendencias del bajo crecimiento en los periodos de descenso, y desacelerando la economía cuando crece la inversión privada.

Otra consecuencia muy relevante del decrecimiento de la inversión tanto privada como pública ha sido el efecto regional diferenciado, que, dicho en términos generales, afectó sobre todo a los estados del Sur y Sureste, al menos hasta 2018. Con esto se agravaron las condiciones por las que varias entidades se han mantenido en condiciones de rezago. Por ejemplo, en lo que se refiere a construcción, los estados de la región Sur en la clasificación del Banco de México, tenían al tercer trimestre de 2020 una inversión en construcción equivalente a la mitad de la registrada en 2013, y en el caso de la obra asociada a la inversión pública, ésta era menos de un tercio en comparación con 2013 (Banco de México 2020).

La perspectiva de la inversión, y en especial de la pública, no es promisoria para los próximos años. Se espera que en 2021 haya cierta recuperación, que de hecho inició en el segundo semestre de 2020, pero si se mantiene el tipo de relación observada durante la década pasada, lo más probable es que el coeficiente de inversión se mantenga alrededor de 20% del producto, muy lejos del requerido para mejorar la dinámica de la economía. Los Criterios Generales de Política Económica para 2021, de hecho, perfilaron una trayectoria declinante de la inversión física presupuestaria para el periodo 2020 – 2026, en el que esta caería de 3.1 a 1.9 %. Como se puede ver en la gráfica 2, de concretarse esta previsión, 2026 sería el año de menor inversión física pública del siglo, lo que estaría prolongando una etapa de por sí ya muy larga de inversiones deprimidas en México.

Gráfica 2

Trayectoria de la inversión física presupuestal 2000 – 2020 y proyectada a 2026. % del PIB.

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La derogación de la figura del diputado migrante envía un mensaje desalentador e implica, en los hechos, la negación de los derechos a un sector importante del país. Solo son bienvenidas sus remesas y otras contribuciones en el campo de la educación y la cultura, pero se les niegan sus derechos, ampliamente reclamados, para participar en la tomas de decisiones sobre el rumbo de las políticas públicas en México.

Frente a esta triste historia, no queda más que mantener la lucha y rechazar este retroceso, este golpe a la democracia en la Ciudad de México, que excluye e impide el goce pleno de los derechos a una parte de sus ciudadanos

Fuente: formulada a partir de SHCP, Estadística oportuna de finanzas públicas, para el periodo 2000 – 2019. De 2020 en adelante, Criterios Generales de Política Económica para 2021, pág. 77 y 93.

Esta trayectoria sería particularmente preocupante, por las condiciones en las que estará quedando la economía después de la pandemia, y sobre todo por las necesidades relacionadas con la infraestructura de salud y otros sectores de alta prioridad para el bienestar. Una de las recomendaciones de política económica que se ha enfatizado para estimular la recuperación tras la pandemia es precisamente un esfuerzo para fortalecer la inversión, sobre todo en infraestructura de salud, conectividad digital y medio ambiente, en especial en la descarbonización de la energía (FMI 2020; OECD 2020), por lo que corresponde a los gobiernos.

El Fondo Monetario Internacional, de hecho, hizo ver que “Incluso con distanciamiento social, la inversión pública es viable y puede realizarse rápidamente si los gobiernos adoptan cuatro pasos: 1) invertir inmediatamente en mantenimiento; 2) examinar y reiniciar proyectos promisorios cuya preparación o ejecución se vio demorada; 3) agilizar proyectos en trámite para concretarlos dentro de los dos próximos años, y 4) comenzar a planificar inmediatamente nuevos proyectos acordes con las prioridades poscrisis” (FMI 2020: 3) [2]. El organismo llama la atención sobre el hecho de que las bajas tasas de interés hacen posibles nuevos programas de inversión, si se relajan las restricciones de la austeridad y se alienta el acceso al crédito con mejores condiciones financieras.

El panorama para la inversión privada parecía mejorar hacia el tercer trimestre de 2020, al menos a partir de los indicadores de confianza y expectativas (Banco de México, 2021). Sin embargo, los índices se encontraban a principios de 2021 muy por debajo de los niveles correspondientes a los periodos en los que creció la inversión privada. En diferentes momentos de 2019 y 2020 se anunciaron acuerdos de inversión, con los que se actualizaron proyectos de distinto tipo, sobre todo de infraestructura, pero las proyecciones para 2021 y 2022 no reflejan un cambio de tendencias en la inversión privada.

Sin la recuperación sostenida de la inversión, difícilmente repuntará de manera sostenida la economía más allá de 2021. De hecho las expectativas de crecimiento para los años posteriores se mantienen muy bajas, en apenas poco más de 2% anual en lo que resta de la década. La necesidad de mayores y mejores inversiones no se agota en el estímulo del crecimiento per se, sino en la urgencia de fomentar el empleo, la productividad y la innovación, de superar los rezagos en la infraestructura, de poner al día los sistemas de salud, educación y conectividad digital, de mejorar el transporte público y los demás servicios urbanos, de acelerar la transición energética para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación ante el cambio climático, entre otros objetivos de gran calado, que ofrecen la oportunidad de orientar la recuperación y reorientación económica tras la crisis múltiple de la pandemia.

 

Este artículo es parte de un estudio en proceso sobre la crisis múltiple de 2020-2021 y de una presentación en el Seminario Universitario de la Cuestión Social el 17/02/21

 

 


 

Notas

[1] La información de este párrafo proviene de INEGI, específicamente del Banco de Información Económica.

[2] En esta referencia la página 3 se refiere al resumen ejecutivo de la publicación.

Referencias

Banco de México 2020. Reporte sobre las economías regionales, julio - septiembre de 2020. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/reportes-economias-regionales.html

 

Banco de México 2021. Encuestas de expectativas – Percepción del entorno económico. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadro&idCuadro=CR180&locale=es

 

Casar, J. 2021. “Inversión pública, crecimiento y desigualdad regional”. En: Cordera, R. y E. Provencio 2021: La perspectiva regional. Informe del desarrollo en México, edición 2020. PUED UNAM. Recuperado de: http://132.248.170.14/publicaciones/43/Perspectiva_Regional.pdf

 

Clavellina 2020. “Austeridad fiscal y crecimiento económico”. En Notas estratégicas núm. 100. Instituto Belisario Domínguez. Recuperado de: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4896

 

Cámara de Diputados, 2019. Gaceta Parlamentaria del 30 de abril de 2019, anexo XXVIII bis. [Comunicaciones] De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf

 

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) 2020. Infraestructura en México: prioridades y deficiencias del gasto público. Recuperado de: https://ciep.mx/wp-content/uploads/2020/06/Gasto-en-Infraestructura-CIEP-Jun_22_2020-v2.pdf

 

Ederly, A. 2021. COVID19-mx Proyección 2021. Actualización al 25 de enero de 2021. Recuperado de: https://www.linkedin.com/pulse/covid19mx-proyecci%25C3%25B3n-2021-arturo-erdely/

 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 2020. Fiscal monitor: policies for the recovery. Recuperado de: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor

 

INEGI, 2021. Banco de Información Económica. https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html

 

OECD 2020. New horizons: Structural policies for a strong recovery and a sustainable, inclusive and resilient future. Recuperado de: http://www.oecd.org/economy/growth/new-horizons-structural-policies-for-a-strong recovery-2020.pdf

 

Provencio, E. 2019. “Inversión y obra pública en la integración interna”. En: Sánchez Talanquer, M. y R. Becerra, coord, 2019. Las caras de Jano. Noventa años del Partido Revolucionario Institucional. CIDE.

 

SHCP 2020. Criterios Generales de Política Económica para 2021. Recuperado de: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf