​El prospecto de ser deportado en el marco de la batalla contra el Covid-19 supone la posibilidad de llegar al país de origen y ser sometido a una condición de aislamiento obligatorio generalmente deficiente e improvisada. Desde antes del 11 de marzo, fecha en la que la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia, varios gobiernos centroamericanos habían ya establecido medidas de emergencia, incluyendo el cierre de sus aeropuertos y sus fronteras terrestres. Sin embargo, los vuelos de personas deportadas desde los EUA, como también las deportaciones terrestres desde México han continuado sin interrupción alguna. Aunque el manejo de población deportada en el marco de la pandemia no ha sido de conocimiento público, ya hay varias historias conocidas de personas que han sido sometidas a condiciones de aislamiento que no cumplen de manera adecuada con las prácticas de distanciamiento físico recomendadas por la OMS y por epidemiólogos locales.

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Inmigrantes ante las medidas de alivio y estímulo económico

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Como es bien conocido, el gobierno federal estadounidense aprobó recientemente la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES Act, por su nombre en inglés). Esta medida de alivio y estímulo económico ha sido la más costosa en la historia de los EUA, con un monto de más de $2 mil de millones (o $2 trillones en la lógica estadounidense). La cifra dirigida a ayudar a individuos es de aproximadamente $560 mil millones, dividido entre pagos directos a contribuyentes tributarios y pagos suplementarios a quienes han sido despedidos a consecuencia de las medidas de prevención del contagio del Covid-19 y están recibiendo o están por recibir pagos en concepto de seguro de cesantía involuntaria o desempleo.

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Sin embargo, la población extranjera que trabaja y paga impuestos en los EUA sin autorización migratoria ha sido plenamente excluida de estos programas. Es más, aquellos individuos que han incluido dependientes económicos en sus declaraciones de impuesto sobre la renta, que no cuentan con un número de seguro social, sino únicamente un número de identificación tributaria, serán excluidos de los créditos tributarios de hasta $1,200 por persona, y de $500 por cada menor de edad dependiente de un contribuyente tributario. Estas medidas constituyen una penalización de personas extranjeras, más allá de aquellos que carecen de autorización migratoria alguna.

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La Ley CARES incluye también $153.5 miles de millones para reforzar los sistemas de salud en el país, particularmente en lo referente al suministro de pruebas para establecer el contagio del Covid-19. En teoría, las pruebas de contagio deberían estar disponibles para cualquier persona que las necesite, sin excluir a personas extrajeras que residen en el país sin autorización migratoria. Sin embargo, el tener acceso a pruebas de contagio no garantiza de ninguna manera las medidas de tratamiento médico que pudieran ser necesarias. Tomando en cuenta que en la sociedad estadounidense hay cerca de 30 millones de personas sin ningún tipo de póliza de cuidado médico, y que al menos 20 millones más de personas tienen pólizas de cuidado médico que no garantizan cobertura adecuada en el caso de hospitalización e intervenciones quirúrgicas, el prospecto de tener que recibir atención médica más allá de la prueba de contagio viene con la carga financiera y emocional de endeudarse con decenas de miles de dólares a razón de la naturaleza mercantil de los servicios médicos en los EUA.

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Impacto laboral del Covid-19 en la población inmigrante latinoamericana

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Como ya se mencionó, la mayoría de los estados de la unión americana han declarado medidas de aislamiento domiciliar para sus residentes. Esta medida incluye el cierre de restaurantes, bares y cualquier otro tipo de negocio que implica la congregación de personas en un mismo espacio físico. A consecuencia de estas medidas, tanto el tráfico vehicular privado como el uso de medios de transporte terrestres y aéreos han disminuido notablemente. Una consecuencia adicional ha sido la reducción drástica en el uso de hoteles u otros servicios de hospedaje tales como Airbnb. La implicación laboral de todas estas medidas es que cientos de miles de personas han visto sus jornadas laborales reducirse enormemente o, peor aún, han quedado desempleados y, en muchos casos, sin acceso a protecciones tales como el seguro de cesantía involuntaria por ser trabajadores extranjeros sin autorización migratoria.

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No obstante, la crisis ha generado atención hacia funciones laborales caracterizadas como “esenciales” por el gobierno federal, como también por gobiernos municipales y estatales. La gama de funciones que caen bajo la denominación de esenciales es muy amplia e incluye áreas de empleo tales como:

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• Gasolineras, tiendas de suministros para automóviles, talleres de reparación de automóviles e instalaciones relacionadas.

• Farmacias.

• Tiendas de abarrotes, mercados de agricultores, bancos de alimentos y tiendas de conveniencia.

• Tiendas de licores.

• Restaurantes (solo para entrega a domicilio, comida para llevar y en coche)

• Ferreterías y fontaneros.

• Contratistas y otros comerciantes, personal de reparación de electrodomésticos.

• Exterminadores y otros proveedores de servicios.

• Empresas de cuidado de jardines y piscinas, incluyendo cuidado residencial de jardines y piscinas.

• Obras de construcción y firmas de ingeniería y arquitectura.

• Bancos e instituciones financieras relacionadas, incluidos los servicios de seguros y contabilidad.

• Vendedores de teléfonos y computadoras.

• Organizaciones de beneficio comunitario que atenden a clientes caso por caso.

• Lavanderías, tintorerías y proveedores de servicios de lavandería.

• Proveedores de atención médica, hospitales, clínicas y operaciones de atención médica, incluidos servicios de investigación y laboratorio, venta y distribución médica y dentistas.

• Organizaciones que brindan refugio y/o servicios sociales

• Periódicos, televisión, radio y otros medios de comunicación.

• Empresas que ofrecen servicios de envío y encomiendas, incluidos apartados postales.

• Aerolíneas, taxis y otros proveedores de transporte privado.

• Atención domiciliaria para personas mayores, adultos o niños.

• Instalaciones de vivienda asistida, hogares de ancianos, guarderías para adultos e instalaciones para personas mayores.

• Tiendas de mascotas.

• Oficinas veterinarias.

• Estaciones de policía.

• Estaciones de bomberos.

• Inspectores del del código de construcción.

• Cárceles.

• Tribunales.

• Servicios de basura, saneamiento y reciclaje.

• Transporte público local (autobuses y sistemas subterráneos).

• Servicios públicos (agua, electricidad y gas, telecomunicaciones).

• Ciertas oficinas municipales, del condado, estatales y federales.

• Funerarias, crematorios y cementerios.

• Personal de mantenimiento, limpiadores, conserjes y porteros.

• Fabricación que incluye productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, agrícolas, de papel, productos de seguridad y sanitarios.

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Como es bien conocido, muchas de estas áreas de empleo son ocupadas por personas extranjeras, tanto personas con autorización migratoria, como sin ella. Un campo de empleo particularmente esencial es el de la agricultura. Varios estudios del mercado laboral han destacado el papel indispensable que juegan los trabajadores no autorizados en dicho campo. En cierta forma, la respuesta pública ante la pandemia del Covid-19 ha generado una oportunidad de señalar lo sensato que sería impulsar un programa de regularización migratoria que permita reconocer la importancia vital que juegan las personas extranjeras que laboran en campos claves del mercado laboral de los EUA. Sin embargo, estos llamados seguramente chocarán con los argumentos ideológicos de desprecio a los extranjeros que desdichadamente son los que escuchan muchos legisladores federales, especialmente Republicanos, como los que escucha el presidente Trump de su asesor sobre temas migratorios, Steven Miller.

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Posible impacto en el flujo futuro de las vitales remesas familiares

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Indudablemente, el patrón de reducción o pérdida total del empleo -y consecuentemente de la remuneración laboral que está afectando a un segmento de la población de personas extranjeras que trabajan en los EUA, especialmente si se trata de un periodo que se prolongue de manera indefinida- pudiera traducirse en una reducción en el monto total de envío de ayuda económica a sus familiares en los países de origen. Para países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, la República Dominicana, Colombia e incluso Brasil, este prospecto genera graves complicaciones, dado el nivel de dependencia al que se han acostumbrado tanto gobernantes como líderes empresariales en dichos países. Sin embargo, el impacto directo más delicado es el potencial empeoramiento en la condición de vida de millones de personas en los países antes mencionados y otros.

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Una luz de esperanza en lo referente al envío de remesas en que muchas personas extranjeras que viven en los EUA, incluyendo trabajadores sin papeles, se emplean en áreas del mercado laboral que caen bajo alguno de los rubros denominados como esenciales. Lo anterior hace difícil predecir con exactitud qué tan severo será el impacto futuro en lo referente al flujo de remesas.

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Conclusiones

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En lo inmediato, lo más importante que estamos impulsando organizaciones como las agrupadas bajo la sombrilla de Alianza Americas es una labor intensa de educación sobre los derechos laborales y sociales de la población inmigrante latinoamericana en el marco del combate a la pandemia generada por el Covid-19. La página web de Alianza Americas, al igual que el perfil organizacional en Facebook, son puntos clave de acceso a información amplia y diversa, que incluyen cajas de herramientas educativas para el uso de personas inmigrantes latinoamericanas, así como enlaces a organizaciones que sirven y abogan por el bienestar de estas comunidades. Una de las herramientas en vías de desarrollo se relaciona precisamente con cómo aprovechar las oportunidades incluidas en el Ley CARES y, además, el impulso de iniciativas de incidencia dirigidas a tomadores de decisiones políticas a fin de que reconozcan las mil y una maneras en que las comunidades inmigrantes juegan un papel vital para el bienestar de los EUA y para sus países de origen.

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Finalmente, este es un momento de fomentar con más vigor la importancia de la organización social y política de las comunidades inmigrantes latinoamericanas en todas las formas posibles de manera que salgamos fortalecidos en nuestra capacidad de incidencia política que nos permita avanzar hacia condiciones de vida digna, más democráticas y sostenibles para nuestras familias tanto en los EUA como en nuestros países de origen.

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7 de abril, 2020