2. Visión regional de la pandemia: Estados Unidos y Centroamérica

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Inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos en tiempos de pandemia: el impacto del paquete económico de Trump

 
Oscar Chacón  

Alianza Americas

A lo largo de la historia de las epidemias y de las pandemias se ha demostrado que los trastornos de salud que estas ocasionan afectan mayormente a las personas que se encontraban en condiciones graves de vulnerabilidad en cuanto a su capacidad inmunológica, ya sea a razón de condiciones graves de desnutrición o por condiciones precarias de salud personal que les afectaba antes de que llegara una epidemia o, peor aún, una pandemia. Estas lecciones de crisis de salud del pasado, generadas por el surgimiento de nuevos agentes virales (como es en la actualidad el Covid-19) nos recuerdan que, en el caso de poblaciones sin acceso continuo o acceso precario a sistemas de cuidado de salud, estas se vuelven parte de los grupos especialmente vulnerables.

El surgimiento del Coronavirus o Covid-19, un suceso que pudo haber ocurrido en los últimos meses de 2019, pero que alcanzó prominencia mundial a razón del número de personas afectadas en la provincia de Wuhan en la República Popular China a partir de enero del año en curso, ha tomado al mundo entero por sorpresa. Más allá de lo sucedido en Wuhan desde enero pasado, este virus ha afectado mayormente a los Estados Unidos de América (EUA), a varios países europeos, y a Canadá. 

De acuerdo con el Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, de los 17 países con al menos 10 mil casos registrados, 10 son europeos, en adición a los Estados Unidos y Canadá. El único país latinoamericano que aparece en esa lista es Brasil. De acuerdo con la misma fuente, los EUA ocupa el primer lugar en número de casos registrados hasta la noche del 9 de abril, y cuatro países europeos registran el más alto número de personas fallecidas (Italia, Francia, España y el Reino Unido).

En los EUA, país donde residen más de 22 millones de personas nacidas en América Latina, especialmente de México, la evolución del manejo público desde el gobierno federal en torno al Covid-19 ha sido errático. Los gobiernos estatales y municipales han jugado un papel mucho más activo en la respuesta ante el Covid-19, especialmente después de la declaración de este virus como una pandemia por parte de la Organización Mundial para la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo. Hasta la fecha de redacción de este artículo, 42 estados de la unión americana habían declarado medidas de prevención centradas principalmente en el aislamiento domiciliar aplicadas con diferentes grados de rigor. Estas medidas buscan que toda persona que pueda trabajar desde casa se abstenga de salir en aras de minimizar la posibilidad de contagio del Covid-19.

En total, se estima que hasta 316 millones de personas se han visto afectadas por las medidas de contención ante la amenaza del contagio. Los dos estados de mayor población del país, Nueva York y California, han adoptado las medidas más estrictas en lo referente al aislamiento social. Estos son también estados de gran concentración de población inmigrante latinoamericana. Dado que el Centro de Control sobre las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no ha publicado un desglose étnico y racial de la población contagiada o fallecida a consecuencia del Covid-19, no tenemos datos definitivos sobre el número de personas de origen latinoamericano afectadas por este virus. Lo que ha comenzado a salir a la luz pública, con base en datos compilados por algunas ciudades como Chicago, Detroit y Nueva Orleans, es que la población negra parece mostrar un grado desproporcional de contagios e incluso fallecimientos a consecuencia del Covid-19. A la luz de las muy bien conocidas estadísticas sobre la falta de acceso a cuidado médico que ha afectado a la población negra de los EUA, esta noticia no es sorprendente. En el caso de la población de origen latinoamericano, es previsible la repetición de un patrón similar. La ciudad de Nueva York ha comenzado a revelar datos preliminares sobre la población de origen latinoamericano afectada por el Covid-19, según los cuales esta representa el 30% de los fallecidos hasta esta fecha.

El Covid-19 en el contexto xenofóbico y racista dominante

Hay un dicho popular en la cultura política estadounidense: “una crisis es algo terrible de desperdiciar”. En el caso específico del surgimiento de la pandemia en torno al Covid-19, la Administración Trump está haciendo todo lo posible de que esta crisis termine siendo beneficiosa para el avance de sus prioridades políticas, desde su incesante guerra contra las personas extranjeras consideradas como indeseables, hasta su ambición por un segundo término en la Casa Blanca.

Como es bien conocido, la Administración Trump definió a los inmigrantes mexicanos, latinoamericanos y otros extranjeros provenientes de países asiáticos y africanos, como enemigos de la nación. Esta posición política fue uno de sus más importantes mensajes en el momento del anuncio de su campaña presidencia en junio del 2015 en la ciudad de Nueva York y ha seguido siendo una prioridad hasta este día.

La trayectoria de la Administración Trump en lo referente al ataque continuo contra personas extranjeras consideradas indeseables ha sido muy clara: desde su bloqueo a personas refugiadas provenientes de países mayormente musulmanes, la cancelación de los programas de protección migratoria temporal mayormente beneficiosos para inmigrantes mexicanos y centroamericanos dentro de programas como DACA y TPS, el endurecimiento de los requisitos para aprobación de visas de residencia permanente, la modificación de la definición de carga pública como criterio de exclusión para personas extranjeras, el incremento en el número de camas en centros de detención de extranjeros hasta la eliminación práctica del programa de asilo en los EUA. La Administración Trump ha sido, sin duda, incansable en su asedio de la población extranjera de origen latinoamericano, asiático y africano. Más allá de xenofóbica, la Administración Trump ha impulsado una política guiada por su bien documentada lealtad a principios supremacistas blancos.

El contexto brevemente descrito es el telón de fondo en el que se ha venido articulando la respuesta del gobierno federal ante la pandemia actual. Contrario a lo que cualquier asesor de salud pública genuinamente comprometido por el bien común aconsejaría, la Administración Trump ha hecho caso omiso a los llamados hechos por organizaciones de la sociedad civil a efecto de liberar a personas extranjeras cuya única falta ha sido vivir en el país sin autorización migratoria. De igual manera, se han ignorado los llamados a favor de suspender las deportaciones, como también las peticiones de procesar las solicitudes de asilo pendientes de resolución en las zonas fronterizas entre México y los EUA.

​El prospecto de ser deportado en el marco de la batalla contra el Covid-19 supone la posibilidad de llegar al país de origen y ser sometido a una condición de aislamiento obligatorio generalmente deficiente e improvisada. Desde antes del 11 de marzo, fecha en la que la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia, varios gobiernos centroamericanos habían ya establecido medidas de emergencia, incluyendo el cierre de sus aeropuertos y sus fronteras terrestres. Sin embargo, los vuelos de personas deportadas desde los EUA, como también las deportaciones terrestres desde México han continuado sin interrupción alguna. Aunque el manejo de población deportada en el marco de la pandemia no ha sido de conocimiento público, ya hay varias historias conocidas de personas que han sido sometidas a condiciones de aislamiento que no cumplen de manera adecuada con las prácticas de distanciamiento físico recomendadas por la OMS y por epidemiólogos locales.

Inmigrantes ante las medidas de alivio y estímulo económico

Como es bien conocido, el gobierno federal estadounidense aprobó recientemente la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES Act, por su nombre en inglés). Esta medida de alivio y estímulo económico ha sido la más costosa en la historia de los EUA, con un monto de más de $2 mil de millones (o $2 trillones en la lógica estadounidense). La cifra dirigida a ayudar a individuos es de aproximadamente $560 mil millones, dividido entre pagos directos a contribuyentes tributarios y pagos suplementarios a quienes han sido despedidos a consecuencia de las medidas de prevención del contagio del Covid-19 y están recibiendo o están por recibir pagos en concepto de seguro de cesantía involuntaria o desempleo.

Sin embargo, la población extranjera que trabaja y paga impuestos en los EUA sin autorización migratoria ha sido plenamente excluida de estos programas. Es más, aquellos individuos que han incluido dependientes económicos en sus declaraciones de impuesto sobre la renta, que no cuentan con un número de seguro social, sino únicamente un número de identificación tributaria, serán excluidos de los créditos tributarios de hasta $1,200 por persona, y de $500 por cada menor de edad dependiente de un contribuyente tributario. Estas medidas constituyen una penalización de personas extranjeras, más allá de aquellos que carecen de autorización migratoria alguna.

La Ley CARES incluye también $153.5 miles de millones para reforzar los sistemas de salud en el país, particularmente en lo referente al suministro de pruebas para establecer el contagio del Covid-19. En teoría, las pruebas de contagio deberían estar disponibles para cualquier persona que las necesite, sin excluir a personas extrajeras que residen en el país sin autorización migratoria. Sin embargo, el tener acceso a pruebas de contagio no garantiza de ninguna manera las medidas de tratamiento médico que pudieran ser necesarias. Tomando en cuenta que en la sociedad estadounidense hay cerca de 30 millones de personas sin ningún tipo de póliza de cuidado médico, y que al menos 20 millones más de personas tienen pólizas de cuidado médico que no garantizan cobertura adecuada en el caso de hospitalización e intervenciones quirúrgicas, el prospecto de tener que recibir atención médica más allá de la prueba de contagio viene con la carga financiera y emocional de endeudarse con decenas de miles de dólares a razón de la naturaleza mercantil de los servicios médicos en los EUA.

Impacto laboral del Covid-19 en la población inmigrante latinoamericana

Como ya se mencionó, la mayoría de los estados de la unión americana han declarado medidas de aislamiento domiciliar para sus residentes. Esta medida incluye el cierre de restaurantes, bares y cualquier otro tipo de negocio que implica la congregación de personas en un mismo espacio físico. A consecuencia de estas medidas, tanto el tráfico vehicular privado como el uso de medios de transporte terrestres y aéreos han disminuido notablemente. Una consecuencia adicional ha sido la reducción drástica en el uso de hoteles u otros servicios de hospedaje tales como Airbnb. La implicación laboral de todas estas medidas es que cientos de miles de personas han visto sus jornadas laborales reducirse enormemente o, peor aún, han quedado desempleados y, en muchos casos, sin acceso a protecciones tales como el seguro de cesantía involuntaria por ser trabajadores extranjeros sin autorización migratoria.

No obstante, la crisis ha generado atención hacia funciones laborales caracterizadas como “esenciales” por el gobierno federal, como también por gobiernos municipales y estatales. La gama de funciones que caen bajo la denominación de esenciales es muy amplia e incluye áreas de empleo tales como:

  • Gasolineras, tiendas de suministros para automóviles, talleres de reparación de automóviles e instalaciones relacionadas.

  • Farmacias.

  • Tiendas de abarrotes, mercados de agricultores, bancos de alimentos y tiendas de conveniencia.

  • Tiendas de licores.

  • Restaurantes (solo para entrega a domicilio, comida para llevar y en coche)

  • Ferreterías y fontaneros.

  • Contratistas y otros comerciantes, personal de reparación de electrodomésticos.

  • Exterminadores y otros proveedores de servicios.

  • Empresas de cuidado de jardines y piscinas, incluyendo cuidado residencial de jardines y piscinas.

  • Obras de construcción y firmas de ingeniería y arquitectura.

  • Bancos e instituciones financieras relacionadas, incluidos los servicios de seguros y contabilidad.

  • Vendedores de teléfonos y computadoras.

  • Organizaciones de beneficio comunitario que atenden a clientes caso por caso.

  • Lavanderías, tintorerías y proveedores de servicios de lavandería.

  • Proveedores de atención médica, hospitales, clínicas y operaciones de atención médica, incluidos servicios de investigación y laboratorio, venta y distribución médica y dentistas.

  • Organizaciones que brindan refugio y/o servicios sociales

  • Periódicos, televisión, radio y otros medios de comunicación.

  • Empresas que ofrecen servicios de envío y encomiendas, incluidos apartados postales.

  • Aerolíneas, taxis y otros proveedores de transporte privado.

  • Atención domiciliaria para personas mayores, adultos o niños.

  • Instalaciones de vivienda asistida, hogares de ancianos, guarderías para adultos e instalaciones para personas mayores.

  • Tiendas de mascotas.

  • Oficinas veterinarias.

  • Estaciones de policía.

  • Estaciones de bomberos.

  • Inspectores del del código de construcción.

  • Cárceles.

  • Tribunales.

  • Servicios de basura, saneamiento y reciclaje.

  • Transporte público local (autobuses y sistemas subterráneos).

  • Servicios públicos (agua, electricidad y gas, telecomunicaciones).

  • Ciertas oficinas municipales, del condado, estatales y federales.

  • Funerarias, crematorios y cementerios.

  • Personal de mantenimiento, limpiadores, conserjes y porteros.

  • Fabricación que incluye productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, agrícolas, de papel, productos de seguridad y sanitarios.

Como es bien conocido, muchas de estas áreas de empleo son ocupadas por personas extranjeras, tanto personas con autorización migratoria, como sin ella. Un campo de empleo particularmente esencial es el de la agricultura. Varios estudios del mercado laboral han destacado el papel indispensable que juegan los trabajadores no autorizados en dicho campo. En cierta forma, la respuesta pública ante la pandemia del Covid-19 ha generado una oportunidad de señalar lo sensato que sería impulsar un programa de regularización migratoria que permita reconocer la importancia vital que juegan las personas extranjeras que laboran en campos claves del mercado laboral de los EUA. Sin embargo, estos llamados seguramente chocarán con los argumentos ideológicos de desprecio a los extranjeros que desdichadamente son los que escuchan muchos legisladores federales, especialmente Republicanos, como los que escucha el presidente Trump de su asesor sobre temas migratorios, Steven Miller.

Posible impacto en el flujo futuro de las vitales remesas familiares

Indudablemente, el patrón de reducción o pérdida total del empleo -y consecuentemente de la remuneración laboral que está afectando a un segmento de la población de personas extranjeras que trabajan en los EUA, especialmente si se trata de un periodo que se prolongue de manera indefinida- pudiera traducirse en una reducción en el monto total de envío de ayuda económica a sus familiares en los países de origen. Para países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, la República Dominicana, Colombia e incluso Brasil, este prospecto genera graves complicaciones, dado el nivel de dependencia al que se han acostumbrado tanto gobernantes como líderes empresariales en dichos países. Sin embargo, el impacto directo más delicado es el potencial empeoramiento en la condición de vida de millones de personas en los países antes mencionados y otros.

Una luz de esperanza en lo referente al envío de remesas en que muchas personas extranjeras que viven en los EUA, incluyendo trabajadores sin papeles, se emplean en áreas del mercado laboral que caen bajo alguno de los rubros denominados como esenciales. Lo anterior hace difícil predecir con exactitud qué tan severo será el impacto futuro en lo referente al flujo de remesas.

Conclusiones

En lo inmediato, lo más importante que estamos impulsando organizaciones como las agrupadas bajo la sombrilla de Alianza Americas es una labor intensa de educación sobre los derechos laborales y sociales de la población inmigrante latinoamericana en el marco del combate a la pandemia generada por el Covid-19. La página web de Alianza Americas, al igual que el perfil organizacional en Facebook, son puntos clave de acceso a información amplia y diversa, que incluyen cajas de herramientas educativas para el uso de personas inmigrantes latinoamericanas, así como enlaces a organizaciones que sirven y abogan por el bienestar de estas comunidades. Una de las herramientas en vías de desarrollo se relaciona precisamente con cómo aprovechar las oportunidades incluidas en el Ley CARES y, además, el impulso de iniciativas de incidencia dirigidas a tomadores de decisiones políticas a fin de que reconozcan las mil y una maneras en que las comunidades inmigrantes juegan un papel vital para el bienestar de los EUA y para sus países de origen.

Finalmente, este es un momento de fomentar con más vigor la importancia de la organización social y política de las comunidades inmigrantes latinoamericanas en todas las formas posibles de manera que salgamos fortalecidos en nuestra capacidad de incidencia política que nos permita avanzar hacia condiciones de vida digna, más democráticas y sostenibles para nuestras familias tanto en los EUA como en nuestros países de origen.

7 de abril, 2020

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

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