2. Las exigencias ciudadanas y las políticas federales en México

Foto de Juan Carlos Fonseca Mata vía Wikicommons

Sí por México y la sociedad civil de derecha en México

 
Alberto J. Olvera

 

 

 

El surgimiento de una red de organizaciones civiles llamada Sí por México constituye una respuesta de un sector de las élites empresariales mexicanas a la irrelevancia de los partidos de oposición en la fase de consolidación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En efecto, el PRI, el PAN y el PRD, los culpables del desastre neoliberal, carecen de la legitimidad necesaria para atraer el voto de las clases medias crecientemente descontentas con el gobierno de AMLO. Se trata de un esfuerzo por abrir nuevos espacios de participación política a élites locales para que, a través del registro de alguno o algunos de los partidos antes mencionados, ciudadanos no militantes de partidos puedan participar como candidatos en las elecciones parlamentarias federales y estatales de 2021, así como a alcaldías e incluso gubernaturas en ciertos estados del país.

 

Esta estrategia estaba cantada desde hace casi un año, cuando quedó claro a los grupos empresariales de Monterrey, pero también a los sectores más negociadores de las élites empresariales de la Ciudad de México y de Guadalajara, que no era posible negociar con AMLO una coexistencia que garantizara el mantenimiento del status quo anterior. El gobierno de la 4T no abriría a la inversión privada la industria energética y no negociaría el pago de impuestos pendientes bajo las reglas que durante el gobierno de Peña Nieto les habían permitido utilizar a la hacienda pública como tesorería privada, es decir, como mecanismo para financiar a corto y mediano plazo sus gastos, ni daría auxilio a empresas en problemas por la pandemia.

Durante casi todo 2019 e incluso hasta principios de 2020, el Consejo Coordinador Empresarial buscó un espacio de negociación con López Obrador. Sin embargo, no lograron concretarse inversiones importantes ni en la industria energética ni en las grandes obras públicas planeadas por el gobierno de la 4T. Tampoco se resolvieron los pagos pendientes a cientos de empresas privadas por parte de Pemex, generadas tanto en el gobierno federal actual como en el anterior.

Agotadas las instancias de negociación, los grupos empresariales decidieron que la vía político-electoral era la única viable para poner algún control sobre el gobierno. Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX, ya había señalado esta dirección desde el principio del nuevo gobierno. Lo que parecía una actitud muy radical en ese momento pasó a ser aceptado como alternativa única para los grupos empresariales en la primera mitad de 2020. La estrategia ganó tracción con la confrontación entre diez de los gobernadores de oposición contra el gobierno federal en exigencia de mayores recursos para enfrentar en sus estados los efectos de la pandemia.

 

Este conflicto derivó de la ausencia de una política nacional de control de la pandemia y de la falta de una política económica anticíclica, dados los efectos devastadores sobre la economía nacional de la parálisis económica global. Finalmente, la gota que derramó el vaso fue el recorte planeado a los presupuestos estatales para el 2021 a raíz de la caída dramática de los ingresos públicos que ha traído consigo la propia crisis económica y la negativa del gobierno federal a incrementar aún más su propio endeudamiento.  La “Alianza Federalista” de los diez gobernadores se convirtió en la única oposición política visible que ha tenido López Obrador en estos primeros años de su gobierno, dada la desaparición virtual del PAN, el PRI y el PRD de la escena pública.

El debilitamiento de los partidos impulsores del Pacto por México tiene que ver con su derrota moral en las elecciones del 2018.  López Obrador tuvo razón en cuanto a que la corrupción rampante y la frivolidad de la oligarquía política que se constituyó en el gobierno anterior fueron entendidas como afrentas imperdonables por la ciudadanía, incluyendo las clases medias urbanas. La división entre el PAN y el PRI en las elecciones de 2018 terminó de destruir la escasa credibilidad que cada uno de los partidos por separado pudo haber tenido, y peor aún, provocó divisiones internas dentro del PAN y del PRI que condujeron a un vacío de dirección al interior de esos partidos.

El carácter plebiscitario de la elección de 2018 implicó la descalificación pública de los tres partidos principales y la concesión de una oportunidad a López Obrador y a su partido personal, Morena, para tratar de corregir los excesos oligárquicos de una clase política que se repartió al Estado de una manera facciosa, destruyendo la legitimidad de las reformas del Pacto por México, especialmente de las reformas políticas, a saber, la creación del INE y del INAI, de los organismos reguladores como la Comisión de Competencia Económica, y otras que quedaron incompletas, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El reformado Consejo de Administración de Pemex había perdido ya cualquier viso de legitimidad desde el gobierno de Felipe Calderón.

El discurso polarizador de López Obrador, fundamental en su proceso de legitimación de la destitución del viejo orden, se quedó sin oponentes institucionales. Su crítica se concentró en la denuncia del pasado, mientras que en el presente se cebó en sus críticos en la esfera pública, sobre todo ciertos medios de comunicación, que en ausencia de una oposición digna de ese nombre, constituyen hasta hoy el único contrapeso significativo al gobierno. La narrativa de denuncia del viejo régimen se mantiene viva gracias a que los escándalos de corrupción de la época de Peña Nieto siguen apareciendo y se manejan políticamente de acuerdo la conveniencia del propio gobierno. Al tratar de destruir a sus críticos, López Obrador pretende que el debate público no se concentre en las acciones de su gobierno, siendo las herencias del pasado. Cambiar esta perspectiva debería ser el trabajo no solo de la opinión pública mediática, sino de la sociedad civil organizada y de una oposición política moderna.

Dado que López Obrador ha acaparado el espacio político de la izquierda,  y que un posible centro político tendría que localizarse en los partidos de la transición hoy deslegitimados, los actores empresariales y algunos sectores de la clase media han tratado de fortalecer el perfil de su propias sociedades civiles, localizadas en la derecha histórica. De hecho, una sociedad civil de derecha siempre ha existido en México, fuertemente vinculada a los sectores conservadores de la Iglesia Católica, a los grupos empresariales de Monterrey y a los restos dispersos de la ultraderecha clerical. El paso al espacio público de este sector de la sociedad civil no es una novedad,  pues ha estado muy activo desde hace años en las luchas contra la legalización de los derechos sexuales y reproductivos, y en la resistencia contra la educación sexual y la intolerancia a la homosexualidad. Lo que es nuevo es el esfuerzo de darle mayor visibilidad mediante una fuerte inversión mediática y la alianza con los sectores empresariales, particularmente la COPARMEX, pero también con sectores de las élites de la Ciudad de México.

 

Dos tendencias distintas dentro de las recientes expresiones de la derecha mexicana

Cabe distinguir dos tendencias dentro de esta activación de la derecha mexicana.  De un lado, el sector más radicalizado e ideologizado creó el movimiento llamado Frente Nacional AntiAMLO (FRENAA), que buscaba forzar la renuncia inmediata de AMLO  antes de que cumpliera dos años en el poder el 1 de diciembre de 2020, para así obligar a una nueva elección presidencial en 2021. Este movimiento buscaba azuzar el miedo de la población al “chavismo mexicano”, llamando a López Obrador  un “dictador bolivariano” en potencia. Si bien no asumía sus vínculos con la ultraderecha católica, sus dirigentes tenían todos los vasos comunicantes con ella, y tenían el apoyo de un comunicador que perdió el piso, Pedro Ferriz de Con, que se convirtió a la derecha radical con sorprendente pasión.

 

FRENAA, que ha realizado movilizaciones simbólicamente fuertes en la Ciudad de México, hasta ocupar el zócalo por un mes, tuvo un financiamiento fuerte de un sector oligárquico norteño. Su base social está constituida por las asociaciones religiosas antiabortistas ligadas a las estructuras profundas de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y tal vez de ciertas Iglesias pentecostales. Pero sus acciones no trascienden su estrecha base social.

Es muy probable que este movimiento no haya contado con el apoyo ni con la aprobación de las élites oligárquicas más lúcidas, que debieron percibir claramente su inviabilidad  política, aunque ha sido una expresión que, en todo caso, sirvió de termómetro del estado de la opinión pública. Quedó claro que el descontento con el gobierno es real, pero que la ciudadanía no está dispuesta a ser dirigida por un sector minoritario y retrógado, que considera socialista y apoyador de las causas del aborto y de la tolerancia sexual a un gobierno que ha mostrado una inflexible ortodoxia neoliberal y un conservadurismo moral profundo, paradójicamente muy cercano a las causas de ese movimiento.

La otra corriente está mejor articulada políticamente, y ya estaba dibujada desde un año atrás. Sí por México presume ser una alianza de 500 organizaciones civiles, casi la mitad de las cuales son delegaciones de la COPARMEX en diferentes ciudades del país, y otra buena parte proviene de un sector ligado a la filantropía católica y empresarial. Hay algunas pocas organizaciones civiles, sobre todo observatorios empresariales de distinta índole,  que intentan vigilar las acciones del gobierno, sobre todo en el campo de la seguridad pública.

Si por México, cuyo infortunado logo parece copiado del de la campaña de Pinochet por el sí a su permanencia indefinida en el poder en 1989, está dirigido en la práctica por Claudio X. González Guajardo, el heredero de un emporio industrial y financiero, y cuyo padre fue un destacado empresario y líder empresarial desde los tiempos de Luis Echeverría. Claudio Jr. ha impulsado la creación de Think Tanks muy importantes en la década pasada, como Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.  La primera organización fue una de las grandes impulsoras de la reforma educativa en el gobierno de Peña Nieto, y denunció los excesos del poder sindical y la pésima calidad de la educación que recibían (y reciben) niños y niñas de nuestro país.

 

Luego hubo un distanciamiento con Peña debido a que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó y denunció los mayores escándalos de corrupción de ese gobierno, desde las empresas fantasma usadas por Javier Duarte en Veracruz,  hasta la famosa Estafa Maestra, los Panama Papers y el caso Oderbrecht. En ese sentido, este joven líder proveniente del mundo empresarial hizo un gran servicio al país al organizar el estudio y promover la denuncia de la corrupción sistémica del viejo régimen, contribuyendo a deslegitimar sus pretensiones modernizadoras, una labor que, por cierto, mucho contribuyó a la victoria de López Obrador. Sus Think Tanks fueron también pioneros en el uso del litigio estratégico para avanzar sus causas.

En la dirección de Sí por México está también Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX, y muy político dirigente empresarial. Se han sumado organizaciones civiles de derecha como el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Red de Líderes Católicos; el Frente Nacionalista por México, la Fundación Carlos María Abascal, la red llamada Observatorio Ciudadano, Chalecos México, Cambiemos México, México Convoca, entre otras muchas.

El gobierno de López Obrador fue una gran decepción para Claudio X. González y los académicos que le han acompañado, pues AMLO revirtió la reforma educativa que penosamente había empezado a controlar el poder de los sindicatos magisteriales sobre el sistema educativo, y desestimó la activación del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue la apuesta política de un sector prodemocrático de la sociedad civil para tratar de institucionalizar la lucha anticorrupción, tanto a escala nacional como local. Más aún, la denuncia de López Obrador de que todo grupo que se hiciese llamar sociedad civil sería un mero intermediario político innecesario, y defensor de facto de los intereses de los viejas élites, condujo a una ruptura entre el nuevo gobierno y los sectores de centro e incluso de izquierda de la sociedad civil realmente existente.

Es en este escenario que Claudio X. González y Gustavo de Hoyos deciden pasar a una ofensiva política abierta, convirtiendo a Sí por México en una plataforma para legitimar la nueva alianza entre el PAN, el PRD y el PRI, en esta ocasión simulando una respuesta a una petición de la sociedad civil organizada para, en unidad, plantear un reto electoral a Morena en las elecciones de 2021. Para tal fin, en un acto público que tuvo lugar hace tres semanas, los tres partidos firmaron la carta de 10 peticiones de Sí por México,  simbolizando la alianza virtuosa entre sociedad civil y partidos de oposición.

En realidad, la carta programática de Sí por México es sumamente vaga y cualquiera podría estar de acuerdo con ella. La organización cuidadosamente busca desmarcarse a la vez de la derecha radical y de la agenda del gobierno. Pretender asumir un ligero y un tanto descolorido lenguaje progresista con la intención de atraer el voto de la clase media urbana decepcionada con López Obrador. A la vez, busca encontrar un lenguaje programático común para tres partidos formalmente situados en el centro, la derecha y la izquierda del mapa político.

El efecto de esta iniciativa ha sido limitado hasta ahora. Los sectores prodemocráticos y progresistas de la sociedad civil no se han sumado a esta alianza, cuyo carácter elitista no puede ser ocultado. Es poco probable que lo hagan en el futuro, dado que los actores políticos de la alianza fueron los responsables de la debacle moral nacional en el gobierno de Peña, actores de las negociaciones a puertas cerradas de las que surgió el Pacto por México, y corresponsables del reparto faccioso de puestos públicos y contratos que caracterizó al gobierno pasado. Y sucede que ninguno de los tres partidos ha hecho una autocrítica de sus prácticas mafiosas ni ha reconocido su responsabilidad en el desastre del pasado inmediato.

El pragmatismo de Sí por México es comprensible, pues, en efecto, es necesaria una oposición al gobierno de López Obrador. Y dada la imposibilidad de formar nuevos partidos políticos de aquí al 2024, parece inevitable tener que usar las siglas de los ya existentes. Pero el precio a pagar es muy alto: darle respiración artificial a partidos zombis, a formaciones que merecerían pasar a mejor vida, y que de hecho carecen ya de base social propia, por lo menos a escala nacional. El delicado equilibrio entre el pragmatismo de lo inmediato y la necesidad de formar nuevos actores políticos será muy difícil de encontrar y mantener.

Lo cierto es que Sí por México corrobora otra dura realidad, esta vez por exclusión. La izquierda social y la sociedad civil progresista carecen de expresión política. Y ello permitirá a Morena usurpar una representación política que no tiene: la de las causas de la izquierda. En algún momento este vacío deberá ser llenado, a riesgo de condenar a múltiples movimientos sociales, en especial el feminista, el ecologista, el de derechos humanos, el de los pueblos indígenas, el de jóvenes, a permanecer en los márgenes de la política formal.