La estrategia económica del gobierno: entre la inclusión y la incertidumbre

 

Carlos Heredia Zubieta

Profesor asociado en el CIDE

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La Cuarta Transformación, como se conoce el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó en campaña electoral que su estrategia económica estaría marcada por dos hechos fundamentales: a) La separación del poder económico y el poder político; y b) Una economía incluyente.  Ello representaría un viraje fundamental a partir de administraciones anteriores señaladas por un fuerte proceso de concentración de la riqueza y del ingreso y una creciente desigualdad económica y social, catalizadas ambas por la corrupción y la impunidad.

 

El mejor instrumento para medir qué tanto el gobierno pone el dinero para sustentar sus promesas es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  El domingo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el paquete económico a la Cámara de Diputados que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de PEF. Las prioridades de dicho paquete descansan en la seguridad ciudadana, la política social y la recuperación de Petróleos Mexicanos mediante la inyección de recursos públicos masivos.   El PEF para el año fiscal 2020 es revelador, pues nos permite poner en relieve las expectativas y la estrategia del gobierno federal sobre las principales variables económicas.  Aunque todas están íntimamente interrelacionadas, en este texto diseccionaré la evolución reciente y las perspectivas de cada una.

 

1. El crecimiento económico.  La expectativa generada desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador fue que México dejaría una etapa de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, en promedio alrededor de 2% anual en las tres últimas décadas, para crecer al 4% en promedio durante el sexenio 2018-2024.  Si bien el primer año de gobierno tradicionalmente registra una tasa por abajo del promedio   -pues los agentes económicos aguardan definiciones gubernamentales para definir sus decisiones de inversión- los primeros 12 meses del mandato de AMLO hacen prever un crecimiento significativamente inferior a la cota baja del rango de 0.6% a 1.2%, estimado para 2019.  La producción automotriz, tradicionalmente la ‘estrella’ de la manufactura y del sector exportador, resiente una caída significativa.  El crecimiento que perfila la SHCP para 2020 es de 2%, y de 2021 a 2014 de 2.3% a 2.7%, proyección que luce excesivamente optimista a estas alturas del partido.

 

El crecimiento económico parece elusivo. Desde la entrada en vigor del TLCAN, el crecimiento del PIB mexicano siguió más o menos la pauta del crecimiento en Estados Unidos (EUA); sin embargo, a partir de 2018 se ha producido un ‘desacoplamiento’ de ambas economías. Mientras EUA ha llegado a crecer al 3%, nosotros andamos rondando el crecimiento cero. Ante las perspectivas ajustadas a la baja, el presidente de la república ha preferido priorizar el debate sobre el desarrollo económico, entendido como una vía para una mejor distribución de la riqueza. En México se ha registrado crecimiento sin desarrollo, pero luce imposible tener desarrollo sin crecimiento, sin mayor generación de riqueza. Se podrá distribuir mejor, pero a partir de un pastel cuyo tamaño no crece y, por lo tanto, la rebanada que le tocará a cada mexicano será menor.

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2. La plataforma de explotación petrolera.  Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado mexicano, es vista por AMLO como el corazón de la economía mexicana – por ello resulta crucial rescatarla del saqueo y el desmantelamiento a la que ha sido sujeta durante décadas.  El propósito es encomiable – hay numerosas compañías petroleras gubernamentales de enorme éxito en la economía global.  Las dificultades surgen cuando se pretende cumplir estos objetivos con apenas un atisbo de inversión privada nacional e internacional, y cuando se emprenden proyectos de inversión que corresponden a otra época, anterior a la transición energética hacia fuentes de energía limpias y consistentes con la economía del siglo XXI.  De un máximo de 3.2 millones de barriles de petróleo crudo por día en 2005, Pemex ha caído hasta 1.3 millones – el gobierno pretende poner a la empresa en 2.5 millones al finalizar el sexenio, pero el esquema de inversiones inyectadas luce insuficiente de cara a un objetivo que se antoja inasequible en las condiciones actuales.

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3. La economía de la energía. Además del petróleo, el panorama en otras fuentes de energía tampoco resulta alentador.  En el caso del gas natural, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, detonó un proceso de arbitraje internacional, porque consideraba que los contratos con las compañías que construyeron y operan el transporte de gas por ductos eran abusivos e incluso ‘leoninos’ en beneficio de las empresas.  La respuesta de inversionistas canadienses, estadounidenses y mexicanos fue contundente: de no haber respeto a contratos firmados por el Estado mexicano, se entraría en una espiral de desconfianza e incertidumbre para la inversión, no sólo en este sector, sino para el conjunto de la economía mexicana.  Se hizo valer un escenario donde, derivado del incumplimiento de contratos, estaría en riesgo la ratificación legislativa del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que el gobierno mexicano espera ocurra este otoño.  El presidente AMLO intervino para establecer una mesa de negociación con un resultado en que el gobierno se dijo satisfecho, porque ahorraría mucho dinero, pero al ver la letra de los contratos renegociados el resultado fue incluso oneroso para los contribuyentes mexicanos. El balance final fue que el gobierno creó un conflicto donde no existía, para luego ‘solucionarlo’ y colgarse una medalla por un triunfo inexistente.

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4. El programa de inversiones en infraestructura. Las inversiones en el sureste mexicano parecerían muy estimulantes: el tren Maya, proyectos carreteros, el corredor transoceánico.  Sin embargo, las prisas por empezar y entregar resultados a tiempo se contraponen con un análisis serio de factibilidad y, sobre todo, de rentabilidad económica, financiera y social.  El Tren Maya no parece tener mucho futuro y, en el presupuesto 2020, se le ha designado apenas una cantidad simbólica, que solo alcanza, en el mejor de los casos, para realizar estudios preliminares y articular el proyecto ejecutivo. El corredor transoceánico goza de mejores augurios: ya cuenta con una entidad constituida para su ejecución, cuenta asimismo con recursos de programas sociales en su territorio y con un equipo de trabajo organizado y consistente.

  

5. Los programas sociales y el bienestar de los mexicanos. Además del rescate de Pemex, la más alta prioridad del gobierno de AMLO es apoyar a cada hogar mexicano con transferencias en efectivo dirigidas a jóvenes, a estudiantes, a madres solteras, a personas de la tercera edad.  Ello es positivo desde el punto de vista de detener el empobrecimiento de amplias capas de la sociedad mexicana y favorecer un mayor poder adquisitivo.  Sin embargo, no queda claro qué sigue después de las transferencias y qué tanto tiempo las finanzas públicas aportarán suficientes recursos para su continuidad a lo largo de los seis años de la administración.  Se extraña un esquema centrado en la capacidad de generación de valor de los receptores de la ayuda, de manera que en algún momento se ‘gradúen’ de recibir ayuda, para evitar caer en una dependencia permanente de apoyos que en el pasado ha generado patrimonialismo y clientelismo electoral en el uso de los recursos públicos. 

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6. Las finanzas públicas.  Este gobierno se ha mostrado orgulloso de su ortodoxia en el manejo del dinero público, cimentada en lo que denomina austeridad republicana y en ahorros en la gestión cotidiana de la administración pública.  En principio, se ha propuesto alcanzar un superávit primario, aunque el ingente monto del gasto en programas sociales eventualmente lo llevará a un déficit moderado de uno o dos puntos del PIB.  El punto más problemático sobre el citado ‘ahorro’ es que este se desprende del subejercicio de gasto de las entidades de la administración pública federal y tiene como consecuencia el deterioro de los servicios de educación, salud, estancias infantiles, ciencia y tecnología, entre otros rubros.  La reticencia del AMLO a emprender una reforma fiscal integral empieza a ser cuestionada incluso desde los legisladores de su propio partido en la Cámara de Diputados, quienes ven que el dinero no va a alcanzar sin mayor recaudación tributaria e ingresos fiscales acrecentados. 

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7. La inversión privada. Se han producido múltiples diálogos del presidente con la cúpula empresarial, marcados por un escepticismo recíproco.  Por un lado, las promesas de inversión por 32 mil millones de dólares se quedan en buenas intenciones en vez de materializarse; de hecho, en el último año la inversión total cayó 7 por ciento. Por otro lado, salvo en el caso de empresarios que le son cercanos, el presidente sospecha que la oligarquía mexicana tiene doble cara: por un lado, manifestándole su apoyo y, por el otro, conspirando para debilitarlo.  El resultado es que la inversión sigue detenida. Hasta ahora, cuatro de cada cinco contratos gubernamentales han sido asignados en vez de licitados, lo que no abona a la confianza del sector privado.

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Hacia adelante.  Hay que reconocer los méritos de la actual conducción económica y financiera. Incrementó el salario mínimo en un porcentaje sin precedente en décadas, lo cual fue muy bien recibido por el conjunto de la sociedad y no registró efectos inflacionarios. Ha mostrado un manejo responsable en la macroeconomía, y su postura fiscal ha sido responsable, incluso excesivamente cautelosa.  La renuncia del primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, no impactó negativamente al tipo de cambio, y se mantuvo la estabilidad bajo el nuevo titular, Arturo Herrera.  El gobierno le ha apostado a la ratificación del T-MEC en el otoño de 2019, aunque los conocedores aseguran que en el Capitolio estadounidense no hay apetito de los demócratas -quienes controlan la Cámara de Representantes- por darle un triunfo a Trump, quien ya lanzó su campaña para reelegirse el 3 de noviembre de 2020.

 

López Obrador confía en su instinto político.  Hasta hoy lo apoyan de manera sostenida 68 de cada 100 mexicanos encuestados al respecto, lo que convalida su estrategia y no representa incentivo alguno para cambiar. Sin embargo, la calificación que reciben su gabinete y las áreas más sensibles del gobierno (salud, seguridad pública, educación) están más de 20 puntos por debajo de la aprobación del presidente. Aunque muchos analistas se han mostrado escépticos, en grandes líneas el presupuesto 2020 ha recibido el beneficio de la duda, pero más allá de mantener la economía estable, la estrategia económica tendrá que incrementar los niveles de confianza y certidumbre entre los inversionistas privados e internacionales, y con ello cimentar mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos. En ello se juega el futuro de su gobierno.