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3)  Perspectiva de las organizaciones de migrantes
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Foto de WhisperToMe vía Wikimedia Commons

El derecho a votar y ser votados: los del otro México

 
Carlos Arango

Presidente del Frente Nacional de Inmigrantes y del Movimiento Mexicano

Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil

 

Abraham  Lincoln

 

La  diáspora mexicana ha luchado por  muchos años para obtener sus derechos políticos plenos, el derecho a votar y ser votados. Millones de mexicanos en exilio -económico, político  o por otras causas- han enfrentado rechazo a la petición de ejercer sus derechos constitucionales, siendo hasta el 2006 en que por primera vez se logró votar desde el exterior con la limitante de que solamente podrían votar quienes tuvieran credencial de elector emitida en México. Lo  que  dejó fuera del proceso electoral a millones de mexicanos que vivían fuera de su país de origen, principalmente en Estados Unidos de América (EUA). El debate de hoy es el derecho a ser votado como lo establece el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 35.- Son derechos de la ciudadanía: I.- Votar en las elecciones populares; (REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

 

Hizo falta un fuerte cabildeo desarrollado por los miembros de la Comisión Política del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que fue parte del pacto de Chicago por el cual todos los partidos políticos se comprometieron a apoyar la credencialización en los consulados de México en Estados unidos y otros países donde vivieran mexicanos. Eso hizo posible que eventualmente se pudiera solicitar la credencial de elector fuera de las fronteras mexicanas y se argumentó de manera contundente en favor del voto electrónico, un hecho que se consumó en la elección para la Jefatura de Gobierno de 2012 y fue implementado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, el Legislativo dejó en manos del entonces Instituto Federal Electoral tres opciones de voto: presencial, por correo o electrónico. El IFE optó por el ya conocido voto por correo que desalentó la votación del exterior y fue el método que se utilizó en la elección presidencial de 2018, bajo la dirección del actual Instituto Nacional Electoral, que cambió su nombre en 2014.

Estas disposiciones se encuentran en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Libro Sexto, denominado "Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero" (artículos, del 329 al 356), donde se establecen los requisitos, procedimientos, prohibiciones y atribuciones que debe realizar la autoridad electoral, los partidos políticos y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para poder emitir su voto desde cualquier parte del mundo.

Recientemente el INE aprobó el voto electrónico con el que se espera  mejorar la participación política desde el exterior. Hasta el momento se han emitido cerca de un millón de credenciales de  elector, cifra que representa el 10% del universo electoral en el exterior.

La obtención de la credencial de elector en el exterior no es complicada; el problema  se genera al momento de darla de alta  y manifestar la intención de votar, un elemento que no garantiza piso parejo entre la población migrante mexicana y quienes habitan dentro de las fronteras de México.

El procedimiento fue difícil y frustrante, ya que el sistema utilizado por internet no es empático con el ciudadano del exterior.

El INE tiene que generar más confianza y asesoría para que las personas se puedan inscribir en el padrón electoral del exterior en estas elecciones intermedias, en la que las personas originarias de varios estados podrán votar desde el exterior y se elegirá al primer diputado migrante  para el Congreso de la Ciudad de México.

 

El debate más urgente está en la elección de diputados y senadores, debido a que la población migrante no ha sido tomada en cuenta por la mayoría de los partidos políticos. Solamente la izquierda en un periodo tuvo la intención de incorporar a los migrantes en las listas de representación proporcional, como fue el caso del PRD en la cuarta circunscripción,  cuando se colocó a los migrantes en los primeros 18 espacios de representación proporcional, específicamente en 2006.

El sistema electoral mexicano ha avanzado de manera muy importante en temas como la paridad de género, las acciones afirmativas para las comunidades indígenas, e incluso en el reconocimiento de usos y costumbres en esas comunidades.

Hoy resulta que desde el Palacio Nacional a los migrantes se les llama héroes por el envío de remesas a México, a pesar de la pandemia y la gran afectación sufrida por la comunidad mexicana a causa del COVID-19.

Las remesas recibidas en México durante agosto alcanzaron un nuevo máximo histórico de 3,374.6 millones de dólares, tratándose del mayor incremento de las remesas desde noviembre del año pasado, cuando crecieron 22.5%. Sin embargo, el presupuesto de Hacienda presentado a la Cámara de Diputados recorta aúnmás el presupuesto consulados, servicios comunitarios y protección de los compatriotas, así como la repatriación de cadáveres.

Eso sucede porque la diáspora no cuenta con representación en el Congreso. Ya en el pasado se ha insistido en que se forme una circunscripción, la sexta en el Congreso  mexicano, como lo hacen otros países como Francia.

Hoy es el tiempo, como hemos insistido sobre la acción afirmativa, para que los partidos contendientes por diputados y senadores pongan en su lista plurinominal un migrante por cada circunscripción. Este tipo de exhortos y puntos de acuerdo ya se han presentado en el Congreso. Por su parte, el INE tiene la  capacidad de establecer un criterio de acción afirmativa que dé a los migrantes una voz en la elección de 2021.

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