Dilemas de México : migración, economía, inseguridad y salud

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PRESENTACIÓN

 

Elio Villaseñor Gómez

Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

Sin lugar a dudas, para los ciudadanos y ciudadanas, la elección del pasado 6 de junio fue una fiesta cívica con una marcada participación de quienes salimos a votar de manera ordenada, respetando las regulaciones sanitarias recomendadas para hacer efectivo el sufragio. También se confirmaron, una vez más, las fortalezas democráticas, la capacidad de organización para votar libremente, contar los votos, sus resultados y asignar y reconocer los triunfos de quienes ganaron. Todo ello con la confianza y credibilidad que le confirieron las autoridades respectivas al proceso electoral, a pesar de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, de la lamentable violencia política y por la inédita virulencia del discurso contra las autoridades electorales.

Fue una elección histórica, no sólo por el número de cargos de elección popular disputados, sino porque en buena medida, su resultado reveló que el sentido del sufragio se convirtió en una suerte de referéndum y en una gran oportunidad para que las ciudadanas y los ciudadanos expresáramos, a través del voto, nuestra inconformidad hacia quienes fueron electos y la necesidad de poner en un primer orden de atención los temas urgentes de nuestro país y de las agendas públicas de mayor relevancia y preocupación para la ciudadanía.

Así, una vez concluido el proceso electoral, las ciudadanas y los ciudadanos queremos que los candidatos y candidatas electos dejen de lado el ambiente de las campañas, que superen el debate que se ha reducido a la discusión de quién obtuvo mayor número de posiciones en el Congreso de la Unión, quién obtuvo el mayor número de gubernaturas y otras posiciones políticas para, en su lugar, poner en el centro de la discusión nacional una agenda con los problemas más urgentes de resolver, como son el combate a la pobreza, a la corrupción, a la desigualdad, a la inseguridad, a los rezagos en la educación y en la salud, así como impulsar la reactivación económica sustentable en el largo plazo.

Para ello, es preciso que los actores políticos, principalmente quienes fueron electos en los diferentes cargos públicos, dejen atrás aquellos temas que únicamente distraen la atención de la sociedad para, en lo inmediato, poner el acento en los asuntos pendientes que afectan a la ciudadanía con una agenda pragmática cuyo eje sea convertir a la economía y los grandes problemas de la cuestión social, en los principales temas de debate público en el país.

Reconociendo que en el país priva un contexto de complejidad política, la única opción viable es que, en conjunto, la clase política y la ciudadanía generen sinergias que reconcilien visiones y generen espacios de diálogos plurales y de consensos amplios, no sólo sobre las prioridades de una agenda pública amplia, sino también sobre los métodos y procesos para materializar en el corto y largo plazos la solución de los problemas urgentes e ingentes que atraviesa nuestro país.

Esa gran discusión deberá transitar primordialmente por la vía de cambiar la narrativa donde unos y otros se confrontan, para convertirla en otra en la cual el hilo conductor sea crear un ambiente donde todos y todas contribuyamos, con inteligencia democrática, a la solución de los asuntos prioritarios.

En ese orden de ideas, se requiere una nueva narrativa con espacios desde los cuales sea posible procesar las diferencias y anular la fragmentación y la polarización que dividen. Una narrativa que no tenga como propósito la imposición de una sola postura sino, por el contrario, cuyo objetivo sea la convergencia de puntos coincidentes sobre lo realmente prioritario y urgente, así como sus vías de solución.

Lo anterior requiere por definición construir nuevos códigos discursivos, capaces de vincular la racionalidad de una agenda de prioridades con una tarea política, legislativa y ciudadana efectiva, frente a la exigencia de soluciones viables que demandan los diversos sectores sociales, toda vez que hemos atestiguado que ningún actor -gobierno, empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de pie- podrá solucionar la agenda pública por sí solo.

Todo ello es un apremio político y social, pues no hay que perder de vista que en el país, al menos en los dos últimos años, estimaciones diversas indican que el número de personas en pobreza ronda los 60 millones de personas; que la cifra de muertes en exceso registradas desde que se declaró la pandemia por el SAR-COV-2 asciende a poco más de las 400 mil; que la inseguridad pública se ha traducido en más de 88 mil 841 homicidios dolosos; de la existencia de expedientes de cerca de 20 mil desaparecidos; de feminicidios que en mayo de 2021 sumaron 2 mil 471; de un ineludible rezago educativo que, debido a la pandemia, expertos estiman en la pérdida de 1.8 años en el aprovechamiento de los educandos; de una rampante corrupción e impunidad que se han caracterizado por ser problemas estructurales de larga data; y de una caída del crecimiento económico (-8.2% en el año de pandemia), traducida en la pérdida de empleo, el cierre de empresas (principalmente de las pequeñas y medianas) y un incremento de la migración de connacionales que buscan una mejoría de sus condiciones de vida en otros países, principalmente en Estados Unidos, lo cual forma parte de un fenómeno migratorio más amplio que se registra en las fronteras Norte y Sur del país, derivado en una situación de crisis humanitaria que punza a quienes han abandonado su país de origen, en busca de mejores condiciones de vida.

Como nota al margen, cabe destacar que en la frontera Norte de México al menos 80 mil migrantes han sido retornados al país desde Estados Unidos para ser asentados en refugios y campamentos, en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Ante ello, los únicos que han salido ganando son los traficantes de indocumentados. Mientras tanto, las solicitudes de refugio al cierre de mayo superan las 35 mil y se estima que al cierre del año se contabilicen hasta 90 mil solicitudes de personas que pedirán refugio en México. Para contener el flujo de migrantes, el gobierno mexicano ha movilizado en la frontera sur 12 mil 282 elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, mientras en la frontera Norte desplegó a 15 mil 280 elementos, para hacer un total de 27 mil 562 miembros de las Fuerzas Armadas encargadas de contener la migración indocumentada en territorio mexicano, principalmente la proveniente de Centroamérica.

Esa realidad inocultable nos invita a todas y todos a subirnos al “Tren de la Historia” para aprender a trabajar juntos por las causas comunes, a contribuir con inteligencia democrática en la solución de los temas urgentes, para construir nuevas rutas de diálogo y proponer nuevas ideas, a fin de alcanzar las metas propuestas e inducir una nueva relación con los Poderes de la Unión, que permita sentar nuevas bases y formas de interlocución entre gobierno y sociedad, con el objetivo de que nadie se quede atrás y abandonar, en definitiva, la recurrente práctica de los acuerdos políticos cupulares que, como lo ha confirmado la historia, se pactan en los sótanos del poder político y económico.

Los momentos actuales son de unidad, de reconciliación en medio de la diversidad, de reconocimiento de la pluralidad, de aceptar que habrá coincidencias y legítimas discrepancias, de tener el convencimiento de que la confrontación de ideas es natural en un sistema democrático. Es urgente hacer más y mejor política con una visión inclusiva y con la suficiente voluntad para tender puentes de entendimiento, que sirvan como mecanismos para procesar los diferendos, en aras de construir y consolidar el futuro inmediato del país.

Este cambio de narrativa no será una tarea fácil; sin embargo, las luchas con las que la ciudadanía ha contribuido al cambio de régimen en las últimas cinco décadas deben servir de aliciente para avanzar en la defensa de nuestros derechos plenos y tener conciencia de que ahora nos corresponde contribuir nuevamente al cambio del ejercicio del poder. Un cambio en el que lo público implique la corresponsabilidad y la real rendición de cuentas, por parte de los gobernantes hacia los gobernados.