El BID calcula un retroceso de entre -1 y -4% del comercio mundial. De esta manera, los países en desarrollo sufrirán al mismo tiempo los efectos de la pandemia (por la reclusión hogareña) y además los problemas de la economía mundial, lo que puede dar como resultado, dice la UNCTAD, una recesión más larga. El efecto combinado afectará, en realidad ya lo estamos sintiendo, principalmente en el empleo y en los ingresos de los trabajadores.

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Ante esta situación, diversos organismos internacionales han coincidido en que se requiere coordinar un apoyo mundial para inyectar liquidez a los mercados nacionales que lo requieran, y, si es necesario, señala de manera contundente la UNCTAD, aplicar controles de capitales, respaldados por el FMI, para cortar la fuga de divisas. El organismo de la ONU considera también que será necesario analizar la posibilidad de una suspensión de pagos temporal del servicio de la deuda externa de los países en desarrollo que lo requieran. Algo se está haciendo ya en esta materia pues desde el 25 de marzo, el Banco Mundial y el FMI llamaron a apoyar una suspensión del pago de la deuda de las 76 naciones más pobres del planeta. Pero, reitera la UNCTAD, hay que hacer más y propone un “Plan Marshall” para la recuperación de la salud mundial en favor de los más pobres.

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Medidas que se harán necesarias por país

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Esta es la situación en el frente internacional. En cuanto a las medidas internas, de acuerdo con la experiencia y los estudios en curso, se ha señalado que cada país necesitará, por lo menos:

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1) comprometer todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, celebrando de manera prioritaria contratos públicos para la compra de insumos esenciales y productos finales, y  la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas. También pueden estar justificadas, dice el Fondo, medidas como el racionamiento, los controles de precios y otras acciones contra el acaparamiento en situaciones de escasez extrema.

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2) Proporcionar suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento en los hogares  y al paro técnico provocado por la caída del comercio internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente se quede en casa y, al mismo tiempo, mantengan sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes. Otras medidas pueden ser: suspensión temporal de pagos hipotecarios y de intereses moratorios de otros créditos.

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3) Los gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas privadas, incluyendo el aplazamiento del pago de impuestos y de las contribuciones a la seguridad social; subsidios para mantener el empleo; y programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.

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En una palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda como de la oferta.

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Cambio de paradigma: mayor intervención del sector público

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Hay que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: la emergencia exige una mayor intervención del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora del control del Estado sobre el mercado.

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No parece haber duda entonces de que, para enfrentar las crisis, tanto sanitaria como económica, se requieren acciones extraordinarias. Ya hemos visto el esfuerzo que están haciendo las naciones desarrolladas y China. En el caso de los países en desarrollo y a pesar de que las dificultades son mayores por su exposición externa, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes pasado:

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Argentina, por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al 1% del PIB para aumentar el gasto en salud; apoyar a trabajadores y grupos vulnerables; respaldar a empresas de los sectores más golpeados con exenciones o diferimientos a los pagos de la seguridad social. Además de este esfuerzo fiscal, el Banco Central otorgará garantías para que los bancos ofrezcan créditos a las PYMES que produzcan bienes básicos por una cantidad de alrededor de otro punto del PIB: de esta manera, las medidas del gobierno argentino representan alrededor del 2% del PIB.  Hay que aclarar, sin embargo, que esa nación tiene un serio problema de deuda y, por lo tanto, mayores dificultades para contratar nuevos créditos en los mercados internacionales. Quizás por ello, el paquete incluye nuevos impuestos. 

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En Brasil las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que representan el  3.5% por ciento del PIB, la mayor parte de reasignaciones del presupuesto ya aprobado, pero dejaron a un lado la obligación legal de superávit primario haciendo uso de una cláusula de escape constitucional.

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El gobierno de Chile, por su parte, presentó un conjunto de medidas de alrededor de 4.7% del PIB con más o menos los mismos objetivos: fortalecer el gasto en salud; subsidios a trabajadores y hogares; exenciones y diferimientos de pago de impuestos para empresas; créditos a micro y pequeñas empresas.

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Por otro lado, hace unos días, el 29 de marzo, la ministra de economía de Perú dijo que se alista un paquete equivalente al 12% del PIB en tres fases: atender la pandemia, créditos para empresas y estímulos para proteger el empleo. Una cantidad que parece muy alta incluso en comparación con los países desarrollados.

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Finalmente, en otro lado del mundo, Turquía decidió aplicar un conjunto de políticas  equivalente al 1.5% del PIB en gastos fiscales y un adicional de 0.,5% en fondos crediticios garantizados.

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Las medidas económicas anunciadas en México, su corto alcance y grandes retos

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En México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció las siguientes medidas económicas (en miles de millones de pesos: mmdp):

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42 mmmdp de anticipos para adultos mayores

3.4 mmdp para créditos a pequeños empresarios

4 mmdp para mantenimiento de escuelas

28 mmdp destinados a la inversión en caminos rurales

11 mmdp para el campo

40 mmdp adicionales al sector salud

25 mmdp adicionales para infraestructura y vivienda

177 mmdp en créditos de vivienda a cargo de FOVISSSTE e INFONAVIT

65 mmdp extras para PEMEX

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Todo ello suma cerca de 400 mmdp, es decir, alrededor de 1.6% del PIB.  Algunos rubros ya estaban contemplados en el presupuesto: adelantos de pagos  y  ratificación de algunos proyectos. Otra parte representa créditos cuyo impacto tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.

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Comparado con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el esfuerzo se ve más pequeño. Faltan, además, algunas cosas:

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Apoyo a trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de inmediato o, en su defecto, apoyos en efectivo a las personas asalariadas despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del sector informal.

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Apoyos a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de impuestos y cuotas a la seguridad social. 

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Para evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el universo de trabajadores más vulnerables y las microempresas existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos:

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2 millones de personas en desempleo abierto

2 millones de personas que trabajan para un patrón, pero sólo reciben propinas (sin percepciones salariales)

2.5 millones de personas que trabajan por su cuenta no remunerados (talleres familiares, establecimientos no formales y trabajo en el hogar)

5 millones de trabajadores asalariados subcontratados o con contratos precarios

2.5 millones de trabajadores por cuenta propia que viven con 1 SMD

2 millones de jornaleros agrícolas

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En total, de manera gruesa, y sin mucho rigor en el conteo,  tenemos alrededor de 15 millones (un 28% de la población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una reducción prolongada de sus ingresos. Para estos 15 millones, es indispensable llevar a cabo  un programa especial consistente en otorgar transferencias directas, por ejemplo, un salario mínimo diarios por tres meses. Ello equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).

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Por otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el 95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas. Es decir, estamos hablando de alrededor de 5 millones 900 mil microempresas  que dan sustento a 13.3 millones de personas.

Para este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir, teóricamente, unos 576 pesos por establecimiento. Si lo multiplicáramos por 10, para poder otorgar 5760 pesos por cada changarro, ello daría un total de 34 mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB

En total, los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9% del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.

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Para financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló en los llamados pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderán a 4.4% del PIB (contra 2.6% originalmente aprobado); el balance público registrará un déficit de 3.3% del PIB (frente al 2.1 calculado) ; mientras que el balance primario se ubicará en -0.4% del PIB (en lugar del superávit de 0.7 previsto).

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En conclusión, el programa anunciado el domingo no se basó en la idea de la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia: hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.

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Esta estrategia no corresponde a la sanitaria, pues en este caso las autoridades del sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada fase tres), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).

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En materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los resultados de ambas estrategias.

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Bibliografía consultada

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