No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
2. SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y ALGUNOS RIESGOS
La democracia, la ley y la 4T
Pedro Javier González G
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultural del Diálogo A.C.
El Estado de derecho es un ingrediente irrenunciable de todo régimen democrático. Significa, por un lado, la existencia de reglas a las que deben someterse todos los actores con facultades para ejercer la autoridad; estas reglas marcan límites a los actos del poder y, en tal virtud, representan una salvaguarda de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Por otro lado, en una sociedad compleja y plural, donde coexisten diferentes visiones del mundo, valores e intereses, el Estado de derecho significa reglas cuyo respeto es una premisa de la convivencia civilizada en el marco de la diversidad.
Según lo señaló el presidente López Obrador en el discurso pronunciado en ocasión del envío al Congreso de su Primer Informe de Gobierno, México es ya un Estado de derecho, toda vez que en su gobierno se honra el ideal liberal juarista de que “al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”.
Pueden citarse algunos casos emblemáticos de acción de la justicia que apuntan en el sentido de un combate a la impunidad. Sin embargo, es todavía demasiado prematuro celebrar que ya vivimos bajo un nuevo paradigma. Así, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, cuya responsabilidad en la denominada Estafa Maestra parece clara, las dudas surgen a propósito de si el castigo a una exsecretaria es un acto pleno de justicia cuando en el operativo estuvieron involucradas al menos diez dependencias del gobierno federal y no hay indicios de que se esté trabajando para desenredar por completo la madeja de este esquema de corrupción.
Volviendo al discurso del jefe del Ejecutivo, llama la atención la ausencia de toda referencia a la “Ley Bonilla” en Baja California y a la “Ley Garrote” en Tabasco. Ambos casos son de clara trascendencia desde el punto de vista del Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia.
Como se recordará, en el mes de junio se celebraron elecciones en Baja California para renovar la gubernatura, el Congreso estatal y las presidencias municipales. Debido a la decisión de hacer coincidir la elección local con las elecciones federales, se acordó que, por esta ocasión, el nuevo gobierno estaría en funciones solo por dos años; de esta manera, en 2021, habría una nueva elección coincidente con la federal. Cabe mencionar que este tipo de ajustes no es novedoso pues, en años recientes, se aplicó en Puebla y Veracruz.
Así, desde el momento mismo en que arrancó la contienda electoral, estaba establecido que se votaría por un gobernador cuyo mandato se limitaría a dos años. El candidato de Morena, Jaime Bonilla, intentó modificar la duración del mandato y, si bien su alegato tuvo una recepción favorable en el tribunal electoral local, fue claramente rechazado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Una vez confirmado el resultado, el gobernador electo promovió una reforma en el Congreso local que alargaba su mandato a cinco años. Mucho se ha especulado en torno a las razones de los legisladores, de mayoría panista, para acceder a la modificación de la ley. Sin entrar a estos detalles, debe subrayarse el impedimento legal para modificar las reglas del juego en vísperas del inicio oficial del periodo electoral. En el caso de la Ley Bonilla, la ley se reformó incluso a posteriori. Se trata de ofrecer certeza al elector: al ciudadano bajacaliforniano se le convocó a elegir un gobernador por dos años y no por cinco.
Frente a este atropello a la ley electoral y aun a la Constitución, la actitud del Ejecutivo federal ha sido pasiva. La secretaria de Gobernación ha afirmado que, en su calidad de ministra en retiro, encuentra una flagrante violación al orden constitucional, pero que, como titular de Gobernación, debe respetar la decisión del Congreso local. No se trata de confrontar al poder federal con el estatal, sino de hacer valer la Constitución. Al momento de rendir protesta, el presidente se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Con base en esta idea, a través de su Consejería Jurídica, el presidente cuenta con la facultad para interponer ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad. Este recurso, totalmente legítimo, ya ha sido empleado en ocasiones anteriores.
Pero, en adición a la falta de voluntad política del presidente para revertir esta violación al orden constitucional, vale la pena mencionar que, por el momento, no es posible recurrir a la Corte. La razón es simple: la Ley Bonilla aún no se publica en diario oficial de la entidad y, por tanto, no está vigente. Este hecho explica la poca prisa para que la Ley Bonilla entre en vigor. Y precisamente por ello, la mayoría morenista en la nueva Legislatura local votó por someter a consulta la extensión del periodo de duración de la próxima gubernatura, aun a pesar de que la Ley de Participación Ciudadana de Baja California prohíbe expresamente la realización de plebiscitos sobre asuntos electorales. Pero el objetivo subyacente en la consulta es alargar los tiempos para publicar la Ley Bonilla justo antes del relevo en el gobierno y no dejar margen de maniobra para la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Una estrategia de hechos consumados que sentaría un peligroso precedente.
Otro caso digno de consideración y que pone en entredicho la vigencia de reglas portadoras de los valores democráticos es el de la aprobación de reformas al código penal de Tabasco. Bautizada popularmente como “Ley Garrote”, la reforma tiene implicaciones graves en materia de derechos humanos.
Vale la pena notar la coincidencia entre el inicio formal de los trabajos para construir la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos preferidos del presidente López Obrador, y la entrada en vigor de la “Ley Garrote”. Según esta ley, la protesta social es ahora delito con altas penas, de hasta 20 años de cárcel. Basta considerar que una protesta clásica (con marcha, plantón o bloqueo) le va a significar a sus participantes ser recluidos muchos años tras las rejas. En este sentido, la Ley no solo es draconiana, sino desproporcionada y, en consecuencia, no se atiene a los principios estipulados en la Constitución.
El mensaje es claro: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tolerará la mínima oposición local que se exprese mediante la movilización y que se traduzca en contratiempos que dificulten tener lista la refinería en tres años. El presidente argumenta que el objetivo no es coartar libertades, sino evitar sobornos y actos de extorsión. Sin duda, puede en principio parecer razonable que se busque evitar la utilización de los movimientos sociales con fines de lucro económico y/o político. Pero para ello no era necesaria una reforma atentatoria de las libertades, con penas tan desproporcionadas y que, sobre todo, dejar ver la intención de hacer un uso político del derecho penal.
Y no puede obviarse la paradoja que supone que quien durante gran parte de su carrera política hizo de la movilización y de la toma de instalaciones petroleras su principal herramienta de lucha sea quien hoy amenaza con criminalizar la protesta contra sus proyectos favoritos. Es igualmente paradójico que quien se ufana de no querer reprimir al pueblo al grado de permitir la vejación de las fuerzas armadas o el bloqueo de vías férreas en Michoacán sea el principal beneficiario de la “Ley Garrote”.
Ambos eventos ilustran el largo camino que aún se debe recorrer para alcanzar un verdadero Estado de derecho. Por desgracia, no son los únicos. En Veracruz, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó “suspender temporalmente” al fiscal estatal Jorge Winckler, contrapeso incómodo del gobernador Cuitláhuac García. Los diputados morenistas desconocieron los procedimientos establecidos legalmente para nombrar y remover al fiscal. Más aun, designaron como encargada de la Fiscalía a la responsable jurídica del gobierno estatal. De esta manera, la autonomía de la procuración de justicia queda en entredicho.
Tampoco está de más mencionar que, en el Congreso de la Unión, tuvo lugar la fallida intentona de la bancada morenista de mantener en sus manos la presidencia de la Mesa Directiva durante los tres años de la legislatura. Afortunadamente, la reacción de la oposición hizo entrar en razón a Porfirio Muñoz Ledo, quien entendió que era más lo que tenía que perder aferrándose al puesto que lo que podría ganar. Con todo, no debe perderse de vista que, para pasar por encima de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso, los diputados de Morena ya están cocinando una ley a modo.
En pocas palabras, es preocupante la tendencia a ignorar los principios y los valores del orden democrático en aras de satisfacer objetivos que, incluso, pueden entrar en contradicción con el Estado de derecho y con la democracia. Los ominosos ejemplos de la “Ley Bonilla” y la “Ley Garrote” son muestra fehaciente de los peligros que conlleva poner la acción legislativa al servicio de intereses políticos.
Todos estos hechos apuntan en un sentido contrario al fortalecimiento del Estado de derecho. Representan un serio desafío al orden constitucional y a la democracia. En una sociedad democrática, la ley impone límites al ejercicio del poder al tiempo que protege los derechos y las libertades de la ciudadanía. En una sociedad compleja y diversa, la ley ofrece reglas que permiten la convivencia civilizada de la pluralidad. Hoy, más que nunca, ante la avalancha de casos atentatorios contra el Estado de derecho y los principios del orden democrático, es vital entender que la defensa de la democracia equivale a la defensa del orden constitucional.