3. MIGRACIÓN Y CRISIS HUMANITARIA: GUATEMALA Y MÉXICO

Guatemala, “tercer país” inseguro:

Crónica de la negociación entre Trump y Jimmy Morales sobre migrantes irregulares centroamericanos
 
Édgar Gutiérrez*

Excanciller de Guatemala

No necesito explicar que Guatemala es un país inseguro para sus habitantes y visitantes. Con frecuencia el Departamento de Estado de Estados Unidos difunde advertencias a sus ciudadanos para que no frecuenten amplias regiones del país, que están calificadas como “zonas rojas”. A eso hay que agregar que el 60% de la población sobrevive en condiciones extremadamente precarias, el 70% constituye un ejército de subempleados en el límite de la supervivencia, el 50% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica. Y, por si fuera poco, Guatemala figura en el ranking de los diez países más violentos del mundo, mientras el Estado ha perdido el control de amplios bolsones urbanos, arrebatados por violentas pandillas juveniles, y en al menos 20% del territorio nacional los narcos son señores y amos. No hay fronteras más porosas en el hemisferio.

 

El hambre y las ganas de comer

Para iniciar la narración sobre el acuerdo de “tercer país seguro” entre Estados Unidos y Guatemala, suscrito el pasado 26 de julio, vale parafrasear un conocido refrán español: El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, buscaba a Donald Trump y este que no se quiso esconder, “se juntaron el hambre con las ganas de comer”. Morales necesitaba congraciarse con Trump, ofreciendo el territorio guatemalteco como depósito de migrantes, a cambio de obtener vía libre para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que había presentado demandas penales contra él y su familia. A Trump, por su parte, le urgía un triunfo de su política antimigratoria en la antesala de las elecciones de 2020 (aunque ciertamente las presiones sobre México para que sellara su frontera sur e intensificara las redadas de centroamericanos, le dieron munición mediática).

Por la misma razón antiCICIG, en febrero de 2018 Jimmy Morales había adelantado un gesto servil a Trump al seguirlo, rompiendo principios de la Constitución de Guatemala y convenios de la ONU, al mudar la representación diplomática guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén. Con ese acto Morales, además, ganó los buenos oficios del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para facilitar a los personeros de Morales el acceso al círculo informal de Trump y a un puñado de senadores republicanos ultraconservadores con derecho de picaporte en la Casa Blanca. De esa manera provocaron la fisura de la política bipartidista en el Capitolio de respaldo a la CICIG desde 2014. Pero para Morales y sus secuaces no era suficiente, pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, continuó hablando de la importancia de la lucha contra la corrupción en Guatemala, y sugirió una CICIG reformada que, en dos palabras, consistía en que Washington metiese las manos en la Comisión.

 

Una negociación muy pragmática

Para cocinar las bases del “tercer país seguro”, se programaron reuniones entre los secretarios de seguridad nacional interna de ambos países, Kevin McAleenan y Enrique Degenhart, que fueron públicas a partir de abril de 2019. Se solaparon como convenios de seguridad, lo cual desconcertó a la opinión pública, pues Degenhart no tiene buena reputación en Washington.

Entre las razones cuentan que nueve meses antes, el 31 de agosto de 2018, en un momento de extrema tensión, Jimmy Morales, violando el acuerdo con la ONU, expulsó al jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez y anunció la no renovación del mandato de la Comisión. Ese día el secretario Degenhart ordenó el despliegue de catorce vehículos J8 artillados en los alrededores de las oficinas de la entidad internacional y de la embajada de Estados Unidos. Esos jeeps fueron donados por el gobierno estadounidense para reforzar a las fuerzas de seguridad guatemaltecas en el combate al narcotráfico en regiones fronterizas con México y Honduras.

Congresistas demócratas, destacadamente Norma Torres, de origen guatemalteco, criticaron con dureza la actitud de Degenhart. En diciembre, Torres planteó la creación de la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Guatemala, para exigir que el presidente de Estados Unidos imponga sanciones a las personas que han “socavado el estado de derecho en Guatemala”. El texto implícitamente alude al patrón de acciones de Jimmy Morales y de su secretario Degenhart.

Cuando el secretario de seguridad de Guatemala firmó en el Salón Oval, bajo la mirada escrutadora de Trump, el acuerdo de “tercer país seguro”, varios demócratas, ONG y formadores de opinión en Washington recriminaron que “un narcotraficante” fuese el interlocutor de la Casa Blanca. Hasta ahora Degenhart no ha sido señalado de tener vínculos directos con organizaciones criminales, pero su hermano sí. El matutino elPeriódico publicó una extensa investigación sobre la presunta asociación de Ernesto Degenhart con el crimen organizado.

El caso se asemeja al del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su hermano Juan Antonio, detenido en Miami en noviembre de 2018 por presuntos nexos con narcotraficantes. De esa investigación, se derivó un señalamiento de los fiscales sobre que el presidente Hernández cooperó con su hermano y recibió 1.5 millones de dólares de los narcotraficantes para financiar su última campaña.

Por otro lado, hace diez años Degenhart fue director de migración. El Ministerio Público y la CICIG iniciaron una investigación por actos de corrupción durante su mandato, incluyendo casos que apuntaban al refuerzo de redes criminales que documentaban a rusos, chinos y árabes, entre otros. Bajo su administración, además, fue asesinado el líder sindical que había presentado denuncias por los presuntos ilícitos ante los fiscales.

 

El secreto mejor guardado

Desde junio pasado circuló el rumor de que Jimmy Morales había ofrecido a senadores republicanos y, mediante ellos, a funcionarios de la Casa Blanca, convertir a Guatemala en “tercer país seguro”. Fuentes diplomáticas en Washington lo confirmaron, pero Morales y sus colaboradores lo negaron hasta el último momento. En la segunda semana de julio The New Yorker informó que había tenido a la vista un borrador del texto, anotando que “parece redactado por un pasante”.

Vale indicar que “tercer país seguro” refiere a una interpretación de la Convención sobre Refugiados de la ONU de 1951, aplicada en Europa a partir de 1990. Se refiere a que una persona solo puede pedir asilo en el primer país al que arriba y que no lo puede hacer a la vez en varios países de tránsito y destino. Como el país de destino de más del 90% de los migrantes de los países del norte de Centroamérica es Estados Unidos, el acuerdo faculta a las autoridades migratorias estadounidenses a deportar de manera exprés a los solicitantes de asilo a un tercer país, que no es el de origen del migrante, mientras se resuelve su petición. El trámite puede durar desde tres meses hasta dos o tres años.

Ante la inminencia del daño, una decena de cancilleres, que trabajamos en el servicio diplomático durante los últimos ocho gobiernos, presentamos un alegato ante el máximo tribunal de justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Nuestro argumento fue que el presidente Morales violaría la Constitución si firmaba el convenio, pues la ley indica que un acuerdo internacional que modifica una norma interna debe ser previamente aprobado por el Congreso. El acuerdo de “tercer país seguro” implica la reforma del código migratorio. La Corte nos dio la razón, provisionalmente, y ordenó al presidente seguir los procedimientos establecidos en la Constitución.

La sentencia provisional se dio a conocer el 14 de julio[1]. Jimmy Morales tenía previsto viajar a Washington un día antes para firmar con Trump el acuerdo. Debió suspender el viaje. Hasta ese momento siguió negando que el acuerdo existía. Pero su inasistencia no se le pasó por alto a Trump. El día 15 le recriminó públicamente a Morales haber “roto el trato (cuando) nosotros estábamos listos”. Y agregó, “se escuda en las Cortes”. Acusó a las autoridades guatemaltecas de incitar caravanas de migrantes con antecedentes criminales. Cerró su declaración con una amenaza explícita: elevar aranceles a las importaciones (tal como lo hizo con México), gravar las remesas familiares y prohibir a todos quienes portamos pasaporte guatemalteco ingresar a Estados Unidos. Nueve meses antes Trump había anunciado la suspensión de la asistencia para el desarrollo, porque “Guatemala no se ha portado bien”. Paradójicamente esa orden obligó a USAID a cerrar apresuradamente proyectos en las zonas rurales de expulsión que trataban de mitigar del flujo migratorio atacando sus causas.

Las influyentes cámaras patronales no escondieron su temor frente a las amenazas. En sus estimaciones, la economía perdería 3 mil millones de dólares, encapotando el clima de negocios. Implícitamente le dieron su aval al gobierno para firmar el acuerdo. Así lo hizo Morales delegando al secretario Degenhart. Morales desobedeció la orden del máximo tribunal constitucional, por lo cual debería ser procesado penalmente.

 

País inseguro

Como anoté al inicio, Guatemala está calificada muy negativamente en todos los indicadores internacionales: inseguridad física, influencia del crimen organizado, conflictividad social, percepción de corrupción sistémica, debilidad institucional, clima de negocios, desnutrición crónica infantil, pobreza y desigualdad social, entre otros. Es un país inseguro, al borde de convertirse en un “estado fallido”. De acuerdo al último análisis de diferentes centros académicos, en las elecciones del pasado 16 de junio, los narcos o sus operadores, ganaron en 70 municipios, esto es el 20% de las jurisdicciones del país, y, por supuesto, localizadas en fronteras y rutas de trasiego de cocaína y trata de personas que conducen a México. En la primera semana de agosto, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y férrea opositora a la política antimigratoria de Trump, visitó Guatemala, junto a una decena de congresistas, y concluyó que este país no ofrece garantías de “tercer país seguro”.

Recién el 4 de septiembre una patrulla militar fue atacada con suma crueldad por narcotraficantes en el nororiente del país, y en respuesta el gobierno de Jimmy Morales decretó la suspensión de garantías en seis provincias que incluyen 22 jurisdicciones municipales. Los críticos opinan que es una medida desproporcionada y que oculta otros fines. Por ejemplo, realizar gastos públicos susceptibles a la corrupción, perseguir a los líderes indígenas locales que protestan por la ausencia de servicios públicos y los abusos de las empresas mineras.

Por otro lado, en todos los puntos de la frontera de acceso a México, la condición de los migrantes que esperan pasar son deplorables. Las jóvenes mujeres centroamericanas (muchas de ellas menores de edad) se prostituyen para enviar algún dinero a sus familiares. Si después de algunos meses no logran pasar, regresan a sus países de origen. La inseguridad y los costos de migrar se han elevado como nunca. Los migrantes deben seguir las rutas más riesgosas quedando a merced de las organizaciones criminales. Las cuotas que cobran los “polleros” o “coyotes” se elevaron de 2 mil a 8 mil dólares.

 

Acuerdo inseguro

El acuerdo de “tercer país seguro” tiene por delante una ruta legal tortuosa. En Guatemala la corte constitucional está pendiente de emitir su sentencia definitiva. Después de tramitar los alegatos en contra del acuerdo, escuchó las razones del gobierno. Sin importar por donde se inclinen los magistrados, el acuerdo debe llegar al Congreso de la República, donde se esperan debates extensos. Por ahora Jimmy Morales, a pesar de tener la mayoría parlamentaria, no obtiene los votos necesarios para su aprobación. Y en enero próximo cambiará la legislatura que le será adversa.

En Estados Unidos más de 20 fiscales estatales se han pronunciado en contra del acuerdo, mientras que un juez federal opinó que era ilegal. Una vez que sea publicado en el diario oficial, sin duda se desatará una tormenta de amparos judiciales que atará las manos de Trump.

Por aparte hay que considerar que las negociaciones no han concluido. Los representantes de ambos gobiernos firmaron un acuerdo marco, pero se presume que hay varios anexos. Los secretarios guatemaltecos de Economía, Trabajo, Agricultura y otros viajan constantemente a Washington. Aunque no han informado oficialmente qué materias están tratando, diversas fuentes sostienen que siguen con la negociación.

A medida que el acuerdo se enfría, los comensales están perdiendo el apetito, sobre todo en Guatemala. Jimmy Morales está a cuatro meses de entregar el poder y ya logró su propósito de expulsar a la CICIG. Ahora, si esperaba que el acuerdo le diera inmunidad ante la previsible persecución penal que se desatará en su contra, hizo un mal cálculo porque es altamente improbable que Trump lo proteja.

Notas

 

* En la actualidad se desempeña como director de la Fundación Desc para América Latina y consultor en temas de gobernabilidad democrática.

 

[1] En Guatemala la Corte de Constitucionalidad sigue un procedimiento sobre amparos que contempla tres momentos: i) Admisión o no del amparo, ii) Amparo provisional, o no, que se refiere a aspectos meramente procesales del caso y abre un periodo de audiencias para conocer los argumentos de las partes (se trata de un amparo preventivo ante la inminencia de una violación constitucional); mientras el amparo no sea definitivo suspende el acto cuestionado, y iii) Amparo definitivo (restaurador) que suspende en definitiva el acto y no tiene apelación y, si ha causado efectos, ordena la reparación.

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BRÚJULA CIUDADANA. Año 11, Número 113, noviembre-diciembre 2019, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
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