A lo largo del texto se responden dos preguntas específicas sobre cada país:

¿Cuáles han sido las medidas de emergencia adoptadas y qué grado de polémica avivaron?

¿Qué implicaciones tienen dichas medidas y qué dicen de la actuación presidencial?

 

 

COSTA RICA

 

Algunas medidas de emergencia adoptadas y polémicas derivadas

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A finales de agosto pasado, Costa Rica anunció una transición hacia una “apertura controlada” de su economía, pese a enfrentar una segunda oleada de contagios de COVID-19. Se trata de la nación centroamericana donde se registró el primer caso de COVID-19 y la última en entrar a la fase de transmisión comunitaria (lo hizo en julio pasado).

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Con 5.1 millones de habitantes, Costa Rica destacó en los primeros meses de la pandemia por privilegiar las decisiones de salubristas, epidemiólogos, médicos y científicos en las estrategias sanitarias. El gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional el 16 de marzo, que implicó cierre de fronteras, suspensión del ciclo escolar —que continúa a distancia—, prohibición de eventos masivos, limitaciones en la apertura de comercios y en el tránsito vehicular, clausura de visitas a playas y parques nacionales, entre otras medidas.

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Algunos análisis del caso costarricense han señalado como punto débil en la estrategia de este país la ausencia de un confinamiento masivo obligatorio que fue relajándose poco a poco para prevenir mayores daños a su economía, aunque las personas contagiadas sí debían cumplir un periodo de aislamiento. Se advirtió incluso de la “falta de firmeza” del gobierno en la aplicación de las

medidas de contención y confinamiento, en parte a raíz de las presiones del sector empresarial organizado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Sector Privado (UCCAEP).

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Así, desde mayo pasado, el presidente costarricense había empezado un proceso de reapertura económica que estaba planeada en cuatro fases graduales, que no pudieron desarrollarse de acuerdo a dicho plan por la segunda ola mencionada más arriba.

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Pareciera que hubo en ciertos momentos un énfasis erróneo de la estrategia en la población migrante, que desvió la atención a los contagios que se estaban gestando en otros sectores y regiones del país. En palabras del demógrafo, Luis Rosero: “Mucha gente creyó que esto no era un problema de los costarricenses, sino de los migrantes, entonces, puedo hacer lo que quiera, puedo salir, irme de fiesta, en fin”. Sí hubo focos de contagio en la parte Norte, fronteriza con Nicaragua, que afectó a transportistas transfronterizos, así como a trabajadores agrícolas irregulares, en su mayoría nicaragüenses. Sin embargo, el virus avanzaba a gran velocidad también en otras regiones, como la metropolitana y, en parte, de ahí se derivó la situación delicada actual del país.

 

 

¿Qué implicaciones tienen dichas medidas y qué dicen de la actuación presidencial?

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Costa Rica, como es sabido, se distingue del resto de países de la región por la solidez de su democracia y sus niveles de desarrollo humano, superiores al resto de sus vecinos (recientemente se convirtió en el miembro 38 de la OCDE). En esta pandemia, estos factores han sido importantes para la lucha contra esta enfermedad y los números lo confirman.

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Sobre las implicaciones que ha tenido la estrategia del presidente Carlos Alvarado, debe subrayarse que no se han reportado mayores consecuencias o denuncias por excesos en la aplicación de las medidas que hayan derivado en la violación de los derechos humanos de la población.

Lo que sí generó debate es el periodo en el que se gestó la segunda ola y el anuncio de la reapertura de actividades económicas, que a juicio de varios análisis refleja su sometimiento a los designios de los grupos empresariales organizados en el país. Además, el plan de reapertura anunciado para este mes de septiembre revela, para algunos, la preocupación de Casa Presidencia por la baja popularidad en las encuestas.

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Se trata, pues, del gran desafío que enfrentan muchos gobiernos del mundo: ¿cuál es el mejor balance entre la salud y la economía de un país?

 

 

EL SALVADOR

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Algunas medidas de emergencia adoptadas y polémicas derivadas

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Lo que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a partir de marzo pasado para prepararse ante la pandemia de COVID-19, ha despertado opiniones radicalmente opuestas en diversos análisis que van desde quienes aprueban por completo su actuación temprana (desde el 11 de marzo decretó una cuarentena obligatoria nacional, que incluyó la suspensión de las clases y el cierre del único aeropuerto internacional del país) a quienes deploran el manejo de la emergencia sanitaria por haber agudizado la crisis política en plena pandemia con distintas medidas que se mencionan en esta sección. 

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La población salvadoreña estuvo tres meses en casi completo encierro, un periodo muy polémico por la forma en que las autoridades aplicaron el confinamiento haciendo uso de la fuerza policial y militar para hacerlo cumplir. Desde la primera declaratoria de “cuarentena domiciliar” y “absoluta”

por el gobierno, se sucedieron varias ampliaciones que derivaron incluso en una crisis institucional cuando Bukele decidió ignorar una sentencia de la Corte Suprema que le ordenaba frenar las detenciones y confinamientos “forzosos”de quienes habían violado la cuarentena.

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El 14 de junio la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales tanto los decretos emitidos por Bukele como las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa, a quienes se les instaba a buscar acuerdos para dar el marco legal a la política sanitaria y a la cuarentena. La resolución judicial en parte era el resultado de las denuncias sobre las detenciones de personas que fueron llevadas de forma arbitraria a centros de detención donde permanecían hacinadas, en muchos casos por más de 30 días por violar la cuarentena. Se ha calculado que el gobierno salvadoreño detuvo a más de 500 personas en las primeras 48 horas después de impuesta la cuarentena.

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La cara positiva de todo ello la han destacado quienes describen a Bukele como un líder que “ha sabido leer social y políticamente la situación” para dar respuesta “contundente” a las exigencias de una población cansada de “los viejos partidos y los dirigentes tradicionales” (como si Bukele no viniera de uno de esos partidos y sus alianzas partidarias no estuvieran estrechamente relacionadas con ellos, aunque con nombres diferentes). Del lado de Bukele, se ha señalado también su llamado a la “unidad” en torno a un Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional contra el COVID-19, que contempló la suspensión de pagos de la luz, el agua, la cuota de teléfono, cable e Internet, por ejemplo. Sin entrar en muchos detalles, se le aplaude por haber actuado con acierto y a tiempo “desde el principio”. 

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La otra cara del desempeño del gobierno salvadoreño se refleja en otros análisis que reconocen el valor de haber adoptado medidas tempranamente para evitar que en los primeros meses se dispararan los contagios.  Sin embargo, advierten, no puede soslayarse la falta de un “plan estructurado” basado en principios médicos y científicos (tests, focalización de la cuarentena, rastreo de contactos en los casos positivos, atención hospitalaria, etc.) alejado de criterios políticos.

En este sentido, se cuestionaron, por ejemplo, dos grandes ausencias: la de una “vigilancia epidemiológica activa” comunitaria y la de un equipo de asesoría médica-científica que tomara las riendas del plan sanitario (algo muy difícil de alcanzar dado el gran protagonismo personal asumido por el presidente Bukele).

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Desde abril, Amnistía Internacional (AI) empezó a señalar al Gobierno de El Salvador por implementar una estrategia de salud pública que afectaba los derechos humanos de la población, al detener a personas por incumplir el confinamiento forzoso. En concreto, los defensores de los derechos humanos criticaban la posibilidad de que la Policía y Fuerza Armada confiscaran los automóviles de quienes habían violado el confinamiento domiciliario o de que las autoridades ingresaran a las casas de las personas para obligarlas a permanecer dentro. Un informe de AI sugirió que Bukele, con sus medidas, había promovido “el uso excesivo de la fuerza”.

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También se ha cuestionado el carácter opaco de las medidas excepcionales y securitizadas en países como El Salvador, por la dificultad de acceder a información sobre la gestión de la pandemia. Se ha reportado, con preocupación, que este país ya no respondió solicitudes de acceso a la información a partir del anuncio del estado de emergencia, mientras dejó a la discreción de cada dependencia la responsabilidad de publicar información. La “prospectiva catastrofista” de Nayib Bukele, dicen los analistas, plantea a la población salvadoreña un falso dilema: “tolerar abusos, restricciones y el autoritarismo o enfermar de COVID-19”.

 

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¿Qué implicaciones tienen dichas medidas y qué dicen de la actuación presidencial?

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De esta forma, El Salvador junto con otras naciones latinoamericanas pasó a formar parte de los gobiernos de “corte autoritario” que utilizaron a la pandemia como excusa para imponer sus decisiones sin importar que se violentaran los derechos de las personas.  En respuesta a esta acusación, Bukele ha respondido lo siguiente: “Los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador. Salvas mil vidas a cambio de cinco”. Así de contundentes son sus tuits y sus frases que tanto ‘éxito’ han tenido entre sus seguidores y que lo mantienen en un alto nivel de aceptación electoral, un dato importante que Bukele se ha encargado de mencionar en varios de sus discursos con miras a las elecciones legislativas de 2021.

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Al mandatario salvadoreño, se le ha acusado de sacar provecho del estado de emergencia en el país para “concentrar el poder y atacar” al resto de instituciones indispensables para el control y fiscalización del poder Ejecutivo, lo cual es contrario al equilibrio de poderes, una noción que no parece respetar Bukele cuando ha desacatado resoluciones judiciales, por ejemplo. Human Rights Watch lo ha llamado “caudillo populista” por azuzar una confrontación permanente con todas las instituciones democráticas, la prensa del país y varias instituciones académicas.

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El antecedente más claro en esta línea autoritaria en El Salvador se dio en febrero pasado, cuando Bukele entró a la Asamblea Legislativa, la tomó por asalto prácticamente, acuerpado por elementos militares armados para forzar al órgano legislativo a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que supuestamente se invertirían en su estrategia de seguridad (compra de helicópteros, gafas de visión nocturna, un sistema de videovigilancia, un barco y más equipo para que los militares combatan al crimen). 

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“De a poco, el liderazgo carismático que llevó a Nayib Bukele a ocupar la silla presidencial va cediendo su lugar a una cara más autoritaria, intransigente discordante con la necesidad de contener el virus sin atropellar las libertades fundamentales de las personas”, dice el texto de un reporte de Article19.

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El difícil acceso a la información ha derivado en serios cuestionamientos de las acciones del Ejecutivo que, desde el principio de la pandemia, hizo difícil, casi nula, la labor de un comité creado por el Parlamento para supervisar los 2.000 millones de dólares de ayuda de emergencia que se habían aprobado hasta ese momento para afrontar la pandemia. Después de dos meses, los representantes de la sociedad civil en el comité renunciaron porque no tuvieron acceso a la verificación del uso de los recursos económicos y, por tanto, a su juicio, no se cumplió la razón por la que fueron invitados.

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Las acciones que se han visto salpicadas por escándalos de corrupción son, entre otras, la construcción del Hospital El Salvador, compras de equipos médicos y distribución de alimentos, que han sido financiados con préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las denuncias apuntan a la existencia de “presupuestos inflados y la poca supervisión” de más de $1,000 millones de dólares que fueron entregados al Ejecutivo, entre préstamos, donaciones, LETES y CETES, para manejar la emergencia.

 

 

GUATEMALA

 

Algunas medidas de emergencia adoptadas y polémicas derivadas

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Este país de 16.6 millones de habitantes estuvo de marzo a julio regido por una declaratoria de Estado de Calamidad Pública que significó en la práctica el cierre de fronteras, la prohibición de eventos masivos, la paralización del transporte público, la suspensión del ciclo escolar, toque de queda, vigente entre las 18H00 y las 4H00 (hora local), entre otras acciones, para evitar la propagación del COVID-19. Las medidas de contención y confinamiento también implicaron la prohibición del ingreso de ciudadanos provenientes de países con alto grado de contagio y el cierre total de las fronteras, el cierre de las empresas —excepto las proveedoras de servicios esenciales como los alimentarios.

 

En junio pasado, cuando el país cumplía casi tres meses de confinamiento, el presidente de Guatemala relevó de sus puestos al ministro de Salud y a cuatro altos cargos más para sustituirlos con un nuevo equipo, una decisión que se interpretó como tardía, pues la cúpula del Ministerio de Salud llevaba semanas siendo acusada de serias deficiencias, denuncias por la saturación en los hospitales y por falta de transparencia en la conducción de la política sanitaria. En medio de esta crisis, también se conformó la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID). 

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Las medidas de contingencia fueron útiles para prevenir los contagios al principio pero se ha advertido que hicieron falta medidas especiales para los sectores más pobres de la población que tuvieron que salir a las calles para encontrar el sustento. El gobierno repartió bonos económicos, canastas de alimentos y subsidios al pago de algunos servicios, por ejemplo, pero eso no frenó a muchas personas en un país donde la pobreza afecta a más del 50 por ciento de la población.

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Por otro lado, el equipo de expertos en la COPRECOVID pareció un acierto al atribuir cierto liderazgo a personas profesionales. De ahí salió, por ejemplo, el plan para salir del confinamiento y reactivar la economía, denominado Tablero de Alerta Sanitaria, que como un semáforo, con distintos colores según sea el riesgo, toma en cuenta el número de casos y el porcentaje de pruebas positivas en cada municipio y comenzó a aplicarse a fines de julio. La adopción de este tablero en todo caso ha sido cuestionada por el bajo número de pruebas que se han realizado a diario y por la escasa capacidad del Laboratorio Nacional de Salud del país para procesar las pruebas de COVID-19.

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Un incidente que complicó la situación de Guatemala durante esta pandemia han sido las deportaciones hechas por Estados Unidos en los primeros dos meses de la emergencia, cuando ya el país del norte era uno de los más afectados por virus en el mundo. Se hicieron públicos decenas de contagios cuyo origen eran los vuelos que Estados Unidos había enviado con personas deportadas. Dichos vuelos eran parte de acuerdos del presidente de Guatemala con el de Donald Trump, pero finalmente Guatemala decidió suspenderlos en tanto hubiera la seguridad de que ninguna persona deportada estuviera contagiada.  

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Esto le valió a Guatemala un enfrentamiento con Washington al punto que se reportó que tanto El Salvador como Honduras recibieron el espaldarazo de Trump reflejado en el envío de cargamentos de ventiladores mecánicos y otros equipos sanitarios. Estos dos países siguieron recibiendo también vuelos de personas deportadas en todo momento.

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¿Qué implicaciones tienen dichas medidas y qué dicen de la actuación presidencial?

 

En el caso de Guatemala y de otros países centroamericanos, los análisis destacan el escaso margen que tiene para definir e implementar las políticas públicas necesarias para enfrentar crisis como las de esta pandemia, pues reciben las presiones de poderosos sectores empresariales que a toda costa intentan (y logran) incidir en las medidas que pueden afectar sus intereses. El ejemplo es claro en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) cuyos dirigentes pugnaron por equiparar la crisis de salud con la de la economía y hubo fuertes debates entre ellos y la visión más técnica y científica del director de la COPRECOVID al respecto. Se ha señalado también que el gobierno ha dejado a la discreción de los patronos cómo va a darse solución a los problemas laborales derivado del cierre temporal de las empresas, algo que se interpreta como una clara concesión al CACIF. 

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Otro tema que ha sido blanco de críticas en Guatemala ha sido la “marcada animadversión” del presidente hacia los periodistas y su labor, documentada en un reporte de Article19. Se le ha criticado además una preocupante tendencia a suprimir derechos fundamentales en el país amparado en un marco legal derivado de los tiempos de guerra civil, la Ley de Orden Público, que “se perfila para ser utilizada como una herramienta más del Ejecutivo en situaciones de efervescencia social y política antes que valorar soluciones que consideren los derechos humanos como un criterio de acción”.

 

 

HONDURAS

 

Algunas medidas de emergencia adoptadas y polémicas derivadas

 

El presidente de este país, Juan Orlando Hernández, instauró el toque de queda desde marzo (y seguía vigente incluso este 6 de septiembre), un confinamiento absoluto que encerró a la población hondureña en sus casas y con la vigilancia de las fuerzas de seguridad. Las medidas de contención y confinamiento incluyeron la suspensión de labores en el sector público y privado y el cierre de las fronteras, un conjunto que derivó en disturbios y protestas por sus efectos negativos en el ingreso de la población pobre y de algunos sectores económicos.

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Todo ello tenía como meta reducir los contagios y evitar un colapso de los hospitales. La meta no se alcanzó y los contagios se han disparado a tal nivel que para julio pasado se mostraban imágenes de hospitales saturados, sin capacidad suficiente para atender a la cantidad de enfermos que había en diversas zonas del país. El mismo presidente dio positivo al virus y estuvo hospitalizado.

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La aplicación del estado de excepción ha motivado varias protestas por la escasez de varios productos y algunas organizaciones como ACI Participa (2020) reportaron en abril más de un centenar de manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades. De acuerdo a esta organización, muchas de estas protestas fueron reprimidas con gas lacrimógeno y armas de fuego. De esta forma, el gobierno revocó varios derechos constitucionales “que afectan a la libertad de expresión y al derecho a un juicio justo”.

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Una de las situaciones que más han acaparado la atención del caso hondureño es la denuncia de casos de corrupción en el gobierno reflejados en la destitución de Marco Bográn, el director de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h), la oficina de compras del Estado, quien fue investigado por sospechas de corrupción en la compra de hospitales móviles para atender la pandemia. Entre las denuncias de este tipo también se conoció la del estatal Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por la compra gubernamental de 804.000 mascarillas en cajas donde se advertía que no eran para uso médico y fueron distribuidas entre el personal sanitario a pesar de ello. 

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Otra entidad, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), ha dicho a la prensa que el Congreso aprobó unos 3.500 millones de dólares para atender la emergencia, de los cuales se destinaron entre 120 y 140 millones de dólares para hospitales, entre otras necesidades, pero no se sabía qué había pasado con el resto de los fondos. 

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Además, una auditoría a Invest-h  hecha por la organización ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, por la compra de 290 ventiladores mecánicos pulmonares, más de 2,3 millones de productos de bioseguridad y siete hospitales móviles, encontró poca transparencia en los procesos. Se identificaron deficiencias en términos de la “planificación de las compras, millonarios pagos anticipados sin garantías e inexistencia de penalidades por entregas tardías”, que en un principio fueron explicadas por la situación de emergencia en el país. 

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¿Qué implicaciones tienen dichas medidas y qué dicen de la actuación presidencial?

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El presidente hondureño tiene una trayectoria problemática en términos de la democracia en su país y, por ello, no pocos análisis lo sitúan dentro de las figuras presidenciales que aprovecharon (o abusaron) de la coyuntura pandémica para impulsar y afianzar sus iniciativas de supresión de derechos, incluidos el de la libertad de investigar, difundir información y a la protesta pacífica. En esta misma línea, se ha cuestionado el hecho de que en países como Honduras (al igual que Bolivia, Brasil y Venezuela) las recomendaciones de salud pública tengan que restringir la libertad de expresión o la libertad de prensa, cuando lo más efectivo sería contrarrestar la propagación del coronavirus con “la propagación de información vital y factual”.

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Como se ha visto en el cúmulo de denuncias de corrupción, se ha constatado también que en Honduras se dio una respuesta bastante opaca a la emergencia y no se dieron las garantías para que las autoridades hicieran un uso transparente de los fondos públicos aprobados para la pandemia. En este caso, se manifestó, como en el caso salvadoreño, el desdén del gobierno por las leyes que contemplan la creación de organismos de la sociedad civil para actuar como veedores y garantes de la transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, se ha reportado que los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional están preocupados por la militarización del país, y por los abusos y violaciones a los derechos humanos

cometidos por los cuerpos de seguridad durante la emergencia.

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Observaciones finales

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La pandemia encontró una Centroamérica muy vulnerable: excepto por el caso de Costa Rica, los países de la región contaban con regímenes de seguridad social y sanitarios “endebles”, además de mercados laborales que ofrecían muy poca protección a las personas trabajadoras y unas finanzas públicas “enfermas” castigadas por la ausencia de acuerdos políticos necesarios para su modernización, sostenibilidad y suficiencia.

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Muchos países se decantaron por medidas estrictas (aplaudidas por unos, criticadas por otros) para prevenir los contagios en sus territorios y así ocurrió en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde se decretaron suspensiones de algunas garantías constitucionales en forma de estado de excepción, de calamidad sanitaria, de emergencia y similares. Nuevamente la excepción fue Costa Rica, cuyo constitucionalismo resistió la prueba, pese al reconocimiento de que la situación era especialmente grave y a la insistencia de algunas voces que así lo reclamaban. Tal vez a ello deba referirse la supuesta “falta de firmeza” que algunos han atribuido al gobierno costarricense y que repercutió en la segunda ola de COVID-19 que ahora está enfrentando el país.

Aun así, parece existir un gran consenso en contra de las tentaciones que, desde el populismo y el autoritarismo, han utilizado la gravedad de la emergencia pandémica para vulnerar los derechos ciudadanos. Muchas voces pugnan por el fortalecimiento democrático en la región en vista de las muestras de retroceso que estamos atestiguando. Desde WOLA, se ha advertido 
que una “una nueva generación de líderes autocráticos” han usado la pandemia (y la necesidad real de que se actué con rapidez y decisión) para consolidar su poder. También se ha señalado el uso excesivo de la fuerza en los tres países donde se suspendieron algunas garantías constitucionales, como en Guatemala, donde se denunciaron amenazas a algunos defensores de derechos humanos.

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