No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
2. LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA, ALGUNAS ARISTAS
¿Existen condiciones para la justicia en contextos de gran criminalidad o gran corrupción?
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Los recientes acontecimientos de violencia en México nos obligan a repensar si el Estado mexicano cuenta con instituciones capaces de dar una respuesta en el contexto macrocriminalidad y gran corrupción que vivimos.
México supera el 99 por ciento de impunidad y el 95 por ciento de cifra negra. No hay ni justicia ni confianza en las instituciones del Estado. En lo que va de la administración federal se reportan cerca de 2,500 homicidios dolosos, lo cual lo coloca como país de gran inseguridad y violencia.
Frente a este panorama ¿se puede esperar que haya justicia en los próximos años?
Primero habría que empezar por tener la claridad de que el gran cuello de botella está en la procuración de justicia. De acuerdo a las últimas cifras de Hallazgos, (Hallazgos 2018, México Evalúa) de las entidades federativas evaluadas, solo 3.9 por ciento de los casos logran vinculación a proceso, el 40 por ciento están en fase de investigación, en 49.6 por ciento se dio otra determinación y, dentro de este último porcentaje, en un 60.5 por ciento los casos son enviados al archivo temporal. En este sentido, dado el bajísimo número de casos que logran ser judicializados, se requiere continuar reflexionando por qué el sistema de procuración de justicia no logra funcionar.
En espacios anteriores habíamos hablado del problema del modelo de investigación y de gestión que tienen las fiscalías. En la práctica no se ha podido implementar un nuevo modelo que funcione adecuadamente para el contexto que vive el país. Continúa investigándose por delito, de manera separada, fragmentada, con áreas especializadas que no se comunican entre sí, en lugar de investigar por fenómeno criminal, a partir de determinados contextos, integrando todas las especialidades que requieran la mirada de dicho fenómeno y formando grupos multidisciplinarios.
Se cree que un solo ministerio público que tiene más de 40 carpetas de investigación, algunas de casos complejos, es capaz por sí mismo, con el limitadísimo apoyo policial, de dar respuesta a casos de grave criminalidad y gran corrupción.
Se cree que un solo ministerio público que tiene más de 40 carpetas de investigación, algunas de casos complejos, es capaz por sí mismo, con el limitadísimo apoyo policial, de dar respuesta a casos de grave criminalidad y gran corrupción.
No es casual que se ahogue a un fiscal de casos, se le quite el apoyo policial, se le pongan trabas para comunicarse con otras áreas y cadenas de autorizaciones en decisiones que debería de tomar por sí mismo. Se sigue privilegiando el formalismo excesivo y la interpretación más restrictiva de la ley en el actuar de los ministerios públicos. Las procuradurías se han conformado como el espacio institucional que mantiene la impunidad.
Divide y vencerás. Hemos fragmentado todo, sobre especializado sin conectar, sin coordinar, sin comunicar, sin armar equipos, se continúan comunicando mediante oficios que tardan meses en tener respuestas, en lugar de contar con bases de datos que permitan interconectividad entre las instituciones. Tal y como vienen operando muchas fiscalías, es el modelo perfecto para el fracaso.
No se podrá dar la vuelta a la impunidad hasta que no estemos dispuestos a crear modelos de gestión y de investigación diferentes, hasta que no se combata decididamente la corrupción que hay al interior de muchas fiscalías en el país. El servicio de carrera, al menos en la Fiscalía General de la República, no se ha instaurado como una medida prioritaria; personal sin ser examinado y valorado se recicla de un área a otra y seguimos con las mismas personas que pudieron haber violado la ley, participando en la transformación de las instituciones.
Por cuanto hace al poder judicial evidentemente con la implementación del sistema acusatorio hubo una transformación en la forma como se organizan los juzgados, pero no necesariamente hubo una adaptación que diera una respuesta efectiva frente a la gran corrupción o macrocriminalidad.
No ha sido posible que los juzgados detecten rápidamente en qué casos las personas han sido torturadas para obtener una confesión; tampoco ha sido sencillo que en las audiencias intermedias se pueda detectar la prueba ilícita de tal manera que no llegue al juicio oral. Los tribunales no siempre han asumido su papel de ser un órgano de control frente a investigaciones irregulares.
¿Existen fórmulas diferentes para enfrentar la gran corrupción y la gran impunidad?
En Guatemala, desde la sociedad civil y con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se impulsaron diversos cambios institucionales y reformas legales necesarias para fortalecer el sistema de justicia, entre ellas se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la cual tiene competencia exclusiva para ciertos fenómenos de alto impacto y criterios específicos de selección y permanencia del personal que la integra. Se crearon también los jueces de mayor riesgo, a través de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (Dec.21/2009).
La Corte Suprema de Justicia determina cuáles tribunales son competentes para conocer los procesos que presenten mayor riesgo para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia, así́ como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan. Esto es así porque dichos procesos requieren medidas extraordinarias de seguridad para el resguardo de la seguridad personal, en la realización de los actos jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigación, acusación y defensa así como para el resguardo y traslado de los procesados privados de libertad o el resguardo de la seguridad personal en el espacio físico de juzgados y tribunales, incluyendo los aspectos de logística. Esto logró resultados claros en la persecución y procesamiento de altos cargos involucrados en casos de gran corrupción.
En México grupos de víctimas y sociedad civil plantean la necesidad de un mecanismo internacional contra la impunidad, dado que se considera que los actuales órganos de gobierno no tienen la capacidad ni la independencia para llevar dar resultados en casos de gran corrupción y graves violaciones a derechos humanos.
Frente a situaciones extraordinarias, como las que vive el país, se requieren medidas extraordinarias. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos está sugiriendo un Mecanismo Forense Extraordinario para identificar cerca de 37 mil restos que se encuentran bajo custodia de las instituciones del estado. Se reflexionó que se requiere empujar la institucionalidad para que los servicios periciales tengan las capacidades para identificar restos.
Pero las familias no pueden esperar el tiempo que llevará el fortalecimiento de los servicios periciales y, por ello, están construyendo junto con las instituciones del Estado, este mecanismo forense extraordinario que logre resolver los casos pendientes, a fin de que los servicios periciales se enfoquen en su fortalecimiento y que puedan ir resolviendo los nuevos casos que surjan. De lo contrario se paralizarían y no darán respuesta para casos del pasado, ni para los más recientes.
El esfuerzo de sociedad civil por lograr una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se hizo pensando que los esquemas y modelos actuales no funcionan para enfrentar casos donde está implicado el poder del Estado en la comisión de los delitos. Esta ley deja la posibilidad de crear al interior de la misma fiscalía, grupos o comisiones de investigación formados con expertos nacionales e internacionales, que pueden dar pautas para resolver casos de gran complejidad.
Estas áreas podrían funcionar como enlace con un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Guatemala no hubiera podido lograr la judicialización de estos casos sin esa importante mancuerna Fiscalía-Comisión Contra la Impunidad, aunado a las medidas tomadas en el poder judicial.
El actual Fiscal General de la República ha anunciado que se hará una nueva Ley Orgánica para la Fiscalía. Preocupa que no se haya dado la oportunidad de probar el nuevo modelo que ofrece la actual Ley Orgánica y preocupa aún más, que se vuelva al modelo anterior, cuando ya se demostró que no dio resultados.
Impulsar una nueva Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la corrupción, sin que haya medidas decididas para que se investiguen estos casos en las fiscalías no va a funcionar. Las medidas se tienen que impulsar de manera articulada, con una mirada integral respecto de todos los órganos del Estado que intervendrían. Es claro que tampoco habrá resultados frente a la gran corrupción y frente a las graves violaciones a derechos humanos, si no contamos con instituciones del Estado capaces de proteger efectivamente a víctimas, imputados, testigos y a los servidores públicos -fiscales, policías y jueces- que intervendrán en estos casos.
En el poder judicial hay otra deuda pendiente: la protección de los derechos humanos en los juzgados de distrito en los juicios de amparo. En casos que se comiencen a investigar bajo el sistema acusatorio, los jueces de control deben dar las garantías de protección cuando se violen estos derechos. Este control también lo deberán proporcionar los jueces de juicio oral.
Pero la realidad es que esto no está sucediendo. En el sistema acusatorio se continúan repitiendo violaciones y errores que se daban en el sistema inquisitivo. Es tarea de la defensa el lograr la exclusión de esa prueba, pero con la defensa pública también saturada, esto se ve como poco probable. Se sigue recurriendo al juicio de amparo frente a estas violaciones.
Por otra lado, gran parte del rezago que tenemos en casos de graves violaciones a derechos humanos, como los casos de las masacres de San Fernando Tamaulipas o de gran corrupción, se siguen llevando de acuerdo al sistema inquisitivo. Un juicio de amparo, solo para que las víctimas pudieran obtener la calidad de víctima o las copias del expediente, llevó a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, cerca de 6 años. Los juicios de amparo no son un “recurso eficaz y efectivo”.
Mientras no contemos con instituciones de procuración de justicia que funcionen de manera eficiente frente a las violaciones que se puedan estar cometiendo en las investigaciones, va a ser difícil que contemos con procesos penales que logren establecer responsabilidades para todos los niveles de involucramiento de agentes del estado.
En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recientemente se liberaron imputados por violaciones al debido proceso. Frente a este caso y otros en materia administrativa donde los jueces de Distrito dieron un revés a las actuaciones del estado, observamos una especie de ataque al poder judicial, por liberar o por otorgar amparos, señalándolos como responsables de la impunidad. Habrá que conocer a detalle las resoluciones, pero lo cierto es que es deber del poder judicial el controlar los abusos cometidos por agentes del estado mexicano; si no lo hicieran, estarían renunciando a su mandato constitucional de garantizar que en los procesos penales no haya violaciones a los derechos humanos. Casos como el de Ayotzinapa, nos deberían llevar a reflexionar que las arbitrariedades nacieron en la Fiscalía General de la República, quien claudicó en su papel de procurar justicia sin violar derechos humanos de las partes.
¿Se requiere reconfigurar al poder judicial para que de respuesta frente a la impunidad en casos de graves violaciones y gran corrupción?
Sí. Parte importante es repensar el modelo de designación de algos cargos y no dejar a un lado los cambios que se requieren en la procuración de justicia.
Según los principios del sistema acusatorio, los jueces no pueden jugar un papel de parte, no pueden ser parciales, porque estarían violando el principio de independencia judicial. Deben velar porque el proceso se lleve a cabo siguiendo las reglas y principios establecidos, que no se comentan violaciones a derechos humanos y excluyendo las pruebas obtenidas de manera irregular.
En los próximos días se presentará una propuesta legislativa para reformar el poder judicial. Aplaudimos esta decisión si se focaliza en las causas que impiden que haya resultados en términos de impunidad, pero reitero, el sistema de justicia en México, solo dará resultados, si a la par se piensa en la reconstrucción del sistema de procuración de justicia y de protección a testigos, víctimas, procesados y operadores del sistema de justicia.
No descartemos que dado el nivel de fortalecimiento, profesionalización, y depuración de personal que requieren estas instituciones, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad sería necesario para salir de la crisis de justicia en que vive nuestro país.