1. AMBIENTE POLÍTICO, ECONÓMICO Y ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA

Foto: Tomas Castelazo vía Wikicommons

¿Cómo se perfila la economía mexicana?

 
Enrique Provencio

Asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM[1]

 

El comportamiento económico estuvo presente durante todo 2019 en el debate público y sin duda así seguirá siendo. Buena parte de la discusión se ocupó de caracterizar la situación y las tendencias, sobre todo tratando de esclarecer si México estaba o no en recesión, se encontraba en el estancamiento o en una desaceleración de las actividades productivas, del consumo y de los demás agregados.

Este no fue solo un intercambio de opiniones técnicas sino también político, pues si por un lado las autoridades federales se ocuparon de quitar importancia a los indicios que mostraban que la actividad económica ya perdía fuelle desde principios del nuevo gobierno - y de hecho desde antes - algunos medios y especialistas adelantaron vísperas y dieron por hecho que ya para mediados de 2019 México se encontraba en una recesión generalizada.

Al momento de escribir este artículo, no se contaba con la información completa del cierre del año, por lo que las siguientes apreciaciones pueden tener ajustes numéricos según se disponga de las estadísticas finales de 2019 y de previsiones más completas para los años siguientes.

Para comenzar hay que decir que los problemas que afloraron desde fines de 2018, que se manifestaron con claridad en 2019 y seguramente marcarán el 2020 y los inicios de la nueva década, vienen al menos de mediados del sexenio anterior, y en especial desde el segundo semestre de 2015. Lo muestran distintos indicadores, en especial los agregados de la producción. La caída de los precios y de los volúmenes de producción del petróleo, ocurridos desde mediados de 2015, y después las medidas de consolidación fiscal y recortes presupuestales de 2016 contribuyeron mucho a que la economía fuera perdiendo vigor los siguientes años. Luego vinieron las incertidumbres provocadas por el gobierno de Trump y en especial de las amenazas de suspender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros aspectos que crearon un clima de desconfianza y que afectaron las inversiones privadas, mientras la inversión pública se reducía año tras año. También contó mucho el clima de descomposición política que se generalizó ese mismo año de 2015, luego de los escándalos de corrupción y de los hechos lamentables de Iguala, y el agravamiento de la inseguridad pública, entre otros elementos que incidieron en las expectativas y las decisiones económicas.

Hay muchos indicadores que respaldan estos dichos, pero los resumo en lo siguiente: a mediados de 2015 se esperaba que la economía mexicana creciera a tasas de 4 por ciento anual los siguientes años, pero desde entonces tal expectativa empezó a declinar y en 2018 el crecimiento fue de 2.1 por ciento, con una tendencia a la baja. Todo indica que en 2019 esta tasa fue de cero, es decir, de estancamiento promedio.

¿Importa de verdad el crecimiento del producto o hay que relativizar el agregado? Importa mucho y también hay que relativizarlo, sin duda. ¿Importa más la distribución que el crecimiento? Importa la distribución y también el crecimiento. Estos temas y preguntas fueron recordados por el propio presidente de la República durante la mayor parte de 2019, recuperando debates que ya se daban en los años setenta del siglo XX, pero que siempre es saludable tener presentes. En buena medida, el discurso oficial ha enfatizado ahora que lo importante es que se están canalizando más recursos presupuestales de manera directa a los grupos de menores ingresos y que eso, junto con otras medidas, contribuirá a mejorar el bienestar de la población, aunque no haya crecimiento económico elevado. Esto último puede ser cierto, pero tampoco se puede despreciar el hecho de que el bajo o nulo crecimiento durante periodos largos termina deteriorando los cimientos del bienestar.

En términos generales, durante 2019 lo que prevaleció en la economía fue el estancamiento, con ligeras variaciones durante el año. Pero lo que más importa no es el agregado total, sino compararlo con la producción por persona, o producto por habitante. Medido así, el primer año de este gobierno inició con una reducción de uno por ciento en el valor de la producción por persona. Desde la Gran Recesión de 2009 no había ocurrido una caída de este indicador, aunque en aquella ocasión la baja fue de más de seis por ciento. Si las previsiones actuales para 2020 se concretan y la economía crece solo uno por ciento, entonces el producto por habitante quedará en cero el segundo año de gobierno.

¿Qué fue lo que provocó este mal comportamiento económico de 2019? Hay acuerdo que se debió sobre todo a tres factores generales: primero, a la caída de las inversiones privadas, que suelen ser el principal factor de estímulo; segundo, al débil desempeño del consumo privado, que es el componente más grande de las economías; y en tercer lugar a la reducción de los gastos gubernamentales generales, especialmente los de inversión. Si la economía no entró en una recesión, es decir, en una caída más significativa, larga y generalizada en toda la economía que hubiera afectado no solo al producto sino también al ingreso, al empleo y a las ventas al menudeo, fue porque las exportaciones siguieron creciendo y porque a pesar de todo el consumo nacional tuvo una mejora de alrededor del 1.5 por ciento, entre otras razones porque los salarios mejoraron significativamente durante 2019.

La mejora de los salarios fue una de las buenas noticias de 2019 y no solo en los mínimos. El salario mínimo real tuvo un aumento de casi 13 % en 2019 y si las previsiones de inflación se cumplen, en 2020 la mejora puede ser de otro tanto e incluso más. Son los aumentos reales acumulados más elevados de las ultimas cuatro décadas, tras unas alzas menores que ya habían iniciado en 2016. Esta decisión debe ser señalada como uno de los cambios más significativos y positivos en la política económica y revierte la muy prolongada historia de castigos a los trabajadores asalariados de menores ingresos. También está teniendo repercusiones en los salarios mayores al mínimo. De hecho, el salario promedio de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó en poco más de tres por ciento en términos reales (es decir, ya descontada la inflación) y algo parecido ocurrió en los salarios medios en general.

Es notable que ese comportamiento de los salarios reales haya ocurrido con una menor inflación, lo cual fue una muestra directa de que los temores a los efectos inflacionarios inmediatos de una política distinta de los salarios mínimos eran infundados. El deterioro del mínimo ha sido tan profundo y prolongado que recuperarlos llevará mucho tiempo, pero al menos puede conseguirse entre 2024 y 2025 que alcancen el nivel equivalente al costo de lo que necesitan dos personas para superar las líneas de bienestar que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En este criterio están de acuerdo incluso algunos organismos empresariales, y se trata de un objetivo factible que no pone en riesgo la estabilidad de precios.

En conjunto, la llamada masa salarial había mejorado seis por ciento en términos reales en el año transcurrido del tercer trimestre de 2018 al tercero de 2019, y este es uno de los elementos que mejor explica el fortalecimiento de la confianza económica, al menos la de los consumidores. El otro elemento es la asignación directa de más transferencias monetarias a la población de ingresos más bajos, que es percibida como una prioridad gubernamental a favor de los pobres, y que en encuestas se registra como uno de los factores que favorecen el apoyo y la buena opinión sobre el actual gobierno.

¿Han sido suficientes las mejoras salariales y las transferencias gubernamentales directas a la población más pobre para compensar los efectos del estancamiento económico? Han compensado en parte, pero no por completo, pues el bajo o nulo crecimiento sí afectó al empleo en 2019. La tasa de desempleo no aumentó, pero si se toma en cuenta el número de asegurados en el IMSS, resulta que en 2019 sí continuaron creciendo, pero fue el menor aumento desde 2014. No es que la tasa de desempleo haya crecido mucho, pero sí aumentó la población en condiciones críticas de ocupación, lo que refleja mejor los problemas en el empleo. Llama la atención que en los trabajos de CONEVAL se muestre que en el primer semestre de 2019 se redujo la pobreza laboral, pero ya en el tercer trimestre incluso aumentó un poco.

Otra cosa, además, es saber lo que ocurre con la pobreza multidimensional, que depende no solo del ingreso sino de la cobertura de los derechos sociales en educación, salud, vivienda, servicios sociales y otros aspectos, y eso se sabrá realmente hasta fines de julio de 2021 cuando se disponga de la información que estará levantando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el tercer trimestre de 2020.

La política presupuestal del Gobierno Federal en 2019 y para 2020 fue contradictoria: por un lado mejoró el gasto público en algunos programas sociales bajo los nuevos criterios de asignación directa a la población beneficiada y aumentó lo destinado a algunas inversiones sobre todo en petróleo, pero por otro mantuvo una estrategia de reducción de la inversión pública en general y en algunos sectores, sobre todo en medio ambiente y agua, en comunicaciones y transportes e incluso en salud y otros destinos de alta repercusión social, además de ajustar drásticamente los gastos corrientes y de operación de las actividades públicas. Era indispensable e impostergable impedir dispendios y cualquier signo de corrupción en el quehacer gubernamental, implantar un ejercicio del gasto honesto y riguroso y sobre todo lograr que el presupuesto favorezca a los grupos de población de menores ingresos. Eso no está a discusión, aunque muchas medidas se adoptaron sin estimar bien las consecuencias, y en el camino se afectó a la misma población que se buscaba beneficiar.

Lo que resulta discutible es que no se haya intentado una política presupuestal menos restrictiva, que al tiempo de implantar nuevas prácticas de gasto, favoreciera el fortalecimiento de los servicios y los bienes públicos y sobre todo iniciara el proceso de recuperación de las inversiones públicas, sobre todo en el sur y sureste del país. Hay que distinguir entre las prácticas anticorrupción, o la llamada austeridad republicana,  y la austeridad económica. Esta última es nociva para el desarrollo social y para la salud económica general, pues deprime la demanda y sobre todo termina afectando la infraestructura y los propios servicios de educación y salud, los de abasto de agua y de calidad ambiental, los servicios de electricidad y los de la vivienda, entre otros y tal y como viene ocurriendo desde hace años, sobre todo después de 2015.

Si la inversión pública se mantiene tan baja como quedó para 2020, que es de menos de dos por ciento del producto interno bruto y que significa una de las más reducidas de la historia contemporánea de México, resultará muy difícil que la economía se recupere. Las inversiones privadas no han complementado a las públicas y menos las han sustituido. Los pocos proyectos de inversión gubernamental, además de mal planeados y de ser contradictorios con otras prioridades, como las de protección ambiental, carecen de estrategias sostenibles de financiamiento y son insuficientes para reactivar el dinamismo productivo, incluso en el sur y el sureste de la República.  Sin una inversión más dinámica, resultará cierto el pronóstico de que será difícil rebasar el 2.5 por ciento de crecimiento productivo en el periodo de 2020 a 2024, y eso terminará afectando sobre todo al empleo, pero también a las capacidades productivas de la sociedad.

Por esta razón, en mi opinión el Gobierno Federal debe repensar su estrategia presupuestal de los siguientes años, y eso implicará no solo una mayor eficiencia recaudatoria, sino convencer a la sociedad de que requerimos un mayor esfuerzo fiscal. No tendremos Estado de Bienestar, ni sistema de salud universal y gratuito, o educación de mayor calidad para todos, tampoco la transición energética que nos quite la dependencia del petróleo cada vez más escaso, entre tantas otras urgencias, sin una mayor disponibilidad de recursos públicos, y ello supone hacer política a favor de alguna reforma hacendaria que mejore los márgenes de acción pública.

A fines de 2019 se hicieron algunos esfuerzos por articular un programa de inversiones públicas y privadas que alentara la recuperación económica y fortaleciera las capacidades productivas. El resultado fue positivo pero claramente insuficiente como para cambiar el rumbo económico de los próximos años; sin embargo, se dispone aún de instrumentos que si se emplean bien, pueden mejorar las cosas. En especial, se puede utilizar mejor la banca de desarrollo y ampliar el crédito productivo; se puede estimular mejor la inversión en la innovación y en la puesta al día de actividades que están rezagadas en el desarrollo tecnológico; se puede, sobre todo, poner en marcha un programa ambicioso de protección ambiental y contra las emisiones de gases de efecto invernadero, que den lugar a un nuevo acuerdo ambiental para el desarrollo.

Si finalmente queda aprobado el nuevo tratado comercial México – Estados Unidos – Canadá a mediados de 2020, se habrá dado un paso favorable para una mejor perspectiva económica, pero la historia de los últimos 25 años ya mostró que la política comercial no es suficiente, que requerimos muchos esfuerzos dirigidos a la economía interna, y que entre ellos quizá el más importante es una política sectorial para la industria, en especial para las manufacturas, y para la agricultura y el sector primario, y sobre todo para el desarrollo de las regiones más rezagadas, sobre todo el Sur y parte del Sureste. Estas son prioridades que todavía están a la espera de una política gubernamental clara.

[1] Coordina el Informe del Desarrollo en México.

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