Los retos de la migración regional con la llegada de Joe Biden
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PRESENTACIÓN

 

Elio Villaseñor Gómez

Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

 

 

“¡Triste época la nuestra!, es más fácil

desintegrar un átomo que un prejuicio”

Albert Einstein

 

Han transcurrido los primeros dos meses de 2021, un año en torno del cual se auguraba un inicio menos complicado con respecto al 2020. Sin embargo, a casi un año de que se declarara la emergencia sanitaria el escenario no presenta cambios cualitativos, puesto que para un amplio segmento de la población las autoridades siguen siendo rebasadas por la estrategia de vacunación, que avanza a cuentagotas. Esto ha generado la percepción de que el sistema de salud sigue sin dar muestra de tener capacidad para responder a la etapa de inoculación que, desde diversos ámbitos se precisa. Y es clave para dejar atrás el vaivén entre semáforos rojos y naranjas, así como para aminorar los cada vez acentuados daños a la economía nacional y de las personas, al empleo y a la seguridad en el país.

Ese ambiente de deterioro político, económico y social es cada vez más profundo conforme el gobierno, los partidos políticos y la clase política en general, se ven más inmersos en la dinámica de un año electoral, en el que prácticamente todos los temas de politizan y se les vincula al proceso electoral. Dicho proceso, por cierto, se vaticina competido y con una anticipada polarización entre las diferentes fuerzas políticas, ante lo cual las demandas ciudadanas quedan en un lugar secundario en la agenda pública.

Lo anterior es sintomático y más visible cuando los ciudadanos de a pie y las organizaciones de la sociedad civil, colocan sobre la palestra del debate público temas y asuntos de su interés. Pero la respuesta de los gobernantes es de crítica o descalificación u obnubilados por la lucha política, dejan como temas secundarios las necesidades más apremiantes de la sociedad, sobre todo para los más agraviados por causas económicas o relacionadas con la inseguridad, como ocurre con las protestas de colectivos de mujeres que exigen justicia por los feminicidios y los abusos sexuales cometidos por funcionarios públicos, que son un problema creciente en el país, tanto en número como en gravedad.

Ello ocurre a pesar de que el gobierno da muestras de voluntad política para solucionar, en parte, ese problema nacional que se minimiza, como si la violencia de género fuera un estilo de vida al que la población habría de acostumbrase. O se le coloca como factor de conspiración hacia los imputados o hacia el mismo partido en el gobierno, afianzando en la opinión pública y la sociedad la sospecha de que reina la impunidad, a pesar de que las protestas se sustenten en diversas denuncias por violación, por denuncias intra-partidistas por abuso sexual o por una larga lista de feminicidios sin aclarar.

En ese sentido, es imperioso insistir y subrayar la poca o nula sensibilidad e interés de los actores políticos, para incorporar en la narrativa pública los temas de salud, desempleo, seguridad pública y violencia de género. Ante ello, estos actores pierden de vista que las personas ciudadanas tendrán la palabra y el voto para que los contendientes de la próxima contienda electoral, que tendrá lugar el 6 de junio, conserven o se hagan de un cargo público, lo cual será determinante para una nueva configuración del esquema de poder en México.

Más aún, la clase política quizá olvida que la omisión para atender los problemas más urgentes de la sociedad, provoca que se desprestigie aún más la actividad política. A la par que un importante número del electorado, al no encontrar cauce a sus demandas o necesidades más apremiantes, se refugie en el desánimo, la desconfianza y la abstención.

Por ello, no es de extrañar que muchas ciudadanas y ciudadanos cada día desatan olas, para difundir a través de las redes sociales múltiples asignaturas pendientes, exponiendo con mayor énfasis los agravios y la falta de respuesta a una crisis con un efecto multiplicador. Crisis que se extiende cada día en todos los aspectos y temas, que provocan un deterioro cada vez más profundo en la calidad de vida de las personas.

Es un llamado que tiene un rostro común, que anticipa la conformación de un crisol en donde existe un caldo de cultivo propicio para motivar una más activa participación social. Esto es, una marcada lucha por la dignidad de las personas y los derechos humanos que, por definición, deben ser protegidos, garantizados y preservados por el Estado que, en el actual contexto nacional, es una aspiración que el gobierno en turno está lejos de cumplir, a pesar del discurso conciliatorio.

Un ejemplo de lo anterior son las acciones y propuestas que la organización de la sociedad civil Nosotrxs, inició el pasado 22 de febrero bajo el título ‘La campaña que hace falta’, cuyos ejes, según se expuso, van más allá de la competencia comicial y la lucha política. En concreto proponen defender los derechos que hacen posible una vida digna para todas las personas, porque queremos vivir en paz; reforzar la exigencia para el reconocimiento de derechos laborales y un trabajo digno; que exista un ingreso vital de emergencia para quienes perdieron sus ingresos en la pandemia, y que no se escatime la solidaridad y el apoyo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad; seguir pugnando por el derecho a la salud; exigir el cuidado de niñas, niños, adolescentes y personas mayores; y convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil a que compartan los propósitos de esa campaña.

Esta irrupción social es un grito que germina en diversos ámbitos para ser escuchado, para que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta en la ruta de las soluciones viables. Y para construir políticas públicas que consideren el sentir y la sensibilidad gubernamental, a nivel regional y nacional.

Además de que este grito cada día toma más sonoridad, los ciudadanos nos negamos a que los políticos nos vean como si fuéramos simples beneficiarios y no como sujetos de derechos. Ese grito es un mensaje que, sin matices, busca dejar en claro a los representantes populares de los tres niveles de gobierno que están obligados a actuar por el interés público, así como actuar bajo la consigna del servicio público que están obligados a prestar, teniendo presente que las leyes y las instituciones deben estar al servicio de las personas, no al servicio de la autoridad o del poder. Lo anterior, debe ir más allá de la simple retórica o del sofisma presente en el discurso oficial.

Los ciudadanos debemos forzar la existencia de las buenas prácticas en el gobierno y a persuadir a los funcionarios públicos de avenirse a la obligación de cumplir con sus contratos y responsabilidades.

La gran disputa en este momento previo al inicio formal de las campañas electorales, estriba en que la sociedad, las organizaciones civiles, la opinión pública y la academia coloquen su mirada en las prioridades ciudadanas, en la exigencia de solución a los asuntos públicos por parte de los gobiernos, y a plantear con la contundencia que sea necesaria, que las herramientas de la política, como el diálogo, el consenso en torno de acuerdos mínimos, el interés general, el respeto, la tolerancia, el apego a las reglas democráticas y a las instituciones, así como el cumplimiento del Estado de Derecho, son elementos consustanciales a la democracia, aunque esto le incomode a los gobernantes y a no pocos políticos.