Sin embargo, en el mismo momento histórico en que el odio racista en contra de los “mexicanos” siguió creciendo de manera sostenida, los EUA entraron también en una nueva fase de su evolución económica y social. A partir de la década de los 80, el contrato económico-social que estuvo vigente desde mediados de los 30, que permitió la constitución de una clase media robusta, predominantemente de raza blanca, llegó a su fin. A partir de los 80, los ingresos y la riqueza comenzaron a distribuirse de una manera cada vez más desigual. En pocas palabras, tanto la riqueza, como los ingresos, se fueron concentrando en cada vez menos manos. Este patrón ha seguido vigente hasta este día. La combinación del odio racista, xenófobo y aporofóbico, comenzó a combinarse cada vez más con los crecientes temores de inseguridad económica, que han venido preocupando a cada vez más personas desde la década de los 80.

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El riesgo de todo lo anterior comenzó a manifestarse en el marco de la campaña electoral de 1994, en el estado de California. Fue precisamente en ese estado donde se conjugaron en tiempo reciente factores trascendentales en la vida política del país, hasta la actualidad. Tanto el temor económico de la población de votantes de raza blanca, como su proclividad a aceptar la idea de que los inmigrantes mexicanos eran los causantes de su inseguridad, se combinaron en la campaña de reelección del políticamente moribundo gobernador Pete Wilson. El resultado de la combinación de factores antes mencionados le permitió a Pete Wilson asegurar su reelección, derrotando a una formidable oponente Demócrata, quien había sido considerada como la segura ganadora en esta contienda.

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Además de la reelección de Pete Wilson, los votantes de California aprobaron un referendo electoral considerado pionero, con lo que veríamos florecer más tarde muchos otros ámbitos municipales y estatales. El referendo se conoció como la Proposición 187, la cual buscaba despojar de una amplia gama de derechos a personas extranjeras no autorizadas, incluyendo a sus hijos. El número asignado a este referendo, corresponde con el código penal del estado de California que tipifica el asesinato. La idea básica era que los extranjeros sin papeles, mayormente mexicanos, estaban asesinando al estado de California. Dada su retrógrada naturaleza, el contenido de este referendo fue objeto de demandas legales, a razón de inconstitucionalidad. Consecuentemente, muy poco de su contenido práctico se puso en vigor. Sin embargo, la meta política de sus autores intelectuales se cumplió: cambiar el futuro del debate público y el abordaje jurídico acerca de los extranjeros y la política de inmigración.

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Dentro de los círculos de dirección de ambos partidos políticos dominantes en los EUA, el desenlace de la elección estatal de California de 1994 señalaba la necesidad de asumir un discurso y una línea de acción legislativa antiinmigrante, y de restricción de la política de inmigración. Desde la cúpula de ambos partidos, estas posturas iban a ser necesarias para disputar exitosamente el apoyo de la mayoría de los votantes. Es decir, las personas de raza blanca. Los cambios no se hicieron esperar.

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Durante el primer término presidencial de Bill Clinton (1993-1996), las lecciones aprendidas de la elección estatal en California se tradujeron en varios cambios trascendentales de política pública, adoptados en el marco de las elecciones presidenciales de 1996. Uno de esos cambios fue la aprobación, en septiembre de ese año, de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en ingles). Si bien la autoría intelectual de dicha propuesta era del Partido Republicano, el Partido Demócrata bajo el liderazgo del presidente Clinton terminó haciendo suya esta iniciativa. La aprobación de IIRIRA marco el giro más restrictivo, excluyente y punitivo de la ley de inmigración en muchas décadas. Como lo comprueban los datos de los últimos 25 años, los inmigrantes mexicanos han sido el grupo más negativamente afectado a consecuencia de la aprobación de IIRIRA, la cual sigue vigente hasta este día.

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El respaldo político brindado por la Administración Clinton a la agenda racista, xenófoba y aporofobica detrás de IIRIRA, ha tenido un impacto determinante en la manera como el Partido Demócrata se ha posicionado con relación a la agenda pro-derechos de inmigrantes, como también ante quienes han abogado por una política de inmigración humanista, pro-unidad familiar, visionaria y funcional. Las fuerzas políticas extremistas, principalmente respaldadas por el Partido Republicano, han tenido la iniciativa política dominante sobre estos temas. Uno de los preceptos popularizados por el ala Republicana desde al menos 1996, es que la única manera de considerar medidas moderadamente beneficiosas para las personas extranjeras, especialmente quienes viven en los EUA sin autorización migratoria, es la aprobación de más medidas restrictivas, excluyentes y punitivas. Esta estrategia, conducida desde el ala más extremista del Partido Republicano, se ha disfrazado con la idea de que, para que un esfuerzo de reforma de la ley de inmigración pueda tener éxito, es imperativo que tal esfuerzo goce de apoyo bipartidista. Esa noción asegura la continuidad de la agenda política extremista, cuando de derechos de inmigrantes o de política de inmigración sensata se trata.

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Parte de la explicación de la amplia brecha entre lo prometido por Barack Obama en su etapa de candidato presidencial, y lo que sucedió una vez que fue electo presidente, es precisamente su apego a la lógica de reforma migratoria establecida desde 1996. El tristemente célebre título de “Deportador en Jefe” que Barack Obama ostenta, se explica a razón del ímpetu de su administración de querer demostrar cuán duro podía ser con los inmigrantes, bajo la equivocada noción que tal conducta le generaría los votos Republicanos necesarios para intentar aprobar una reforma integral a la política de inmigración. El resultado neto de esa posición del Partido Demócrata, ha permitido la consolidación de la narrativa deshumanizante y demonizante de las personas migrantes, como también la consolidación de la tendencia cada vez más punitiva de la leyes locales y federales que tienen que ver con personas extranjeras que residen en los EUA.

 

La aceptación tácita de que los inmigrantes de hoy son algo malo para la nación, y que por lo tanto era urgente detener los flujos migratorios, especialmente los irregulares, que hace posible el ingreso a territorio de los EUA de estas personas, conllevó a la Administración Obama a declarar una crisis humanitaria en la frontera sur, como manera de contener el ingreso de menores no acompañados y grupos familiares, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Hillary Clinton, quien era la Secretaria de Relaciones Exteriores de la Administración Obama, afirmó que se debería arrestar y deportar a las personas centroamericanas, incluyendo los menores de edad.

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El funcionario designado por el presidente Obama para poner en marcha el plan de contención migratorio, fue el entonces vicepresidente Joseph Biden. A partir de junio del 2014, el objetivo mas importante de la política de los EUA hacia la región centroamericana fue detener los flujos migratorios irregulares. El gobierno de México fue alineado también en función del objetivo antes mencionado. El Plan Frontera Sur de México, fue anunciado a principios de julio del 2014 y puesto en marcha de manera inmediata.

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Estos antecedentes son importantes para entender la trayectoria que ha caracterizado la política de los EUA, tanto de administraciones Republicanas, como Demócratas, ante el cambio en la composición de las personas extranjeras que viven en los EUA. Esta trayectoria ha fluctuado de una composición mayoritariamente europea hasta 1970, hacia una composición mayormente mexicana y latinoamericana que sigue vigente hasta este día. Este contexto fue parte de la realidad en que se configuró la candidatura presidencial de Donald Trump en el verano del 2015, y a su triunfo electoral en noviembre del 2020.

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Administración Trump: ¿Anomalía o escalamiento?

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Desde el momento en que Donald Trump anunció su candidatura presidencial en junio del 2015, quedó claramente establecido que el discurso anti-mexicano seria uno de los pilares de su campaña electoral. La campaña de Trump tuvo muchas similitudes con la exitosa campaña electoral de Pete Wilson en California de 1994. El estado de ansiedad acerca del futuro que afligió a los votantes de California de aquel entonces, había alcanzado la escala nacional e iba de mal en peor, en lo referente al bienestar económico y social de la mayoría de la población. Para Donald Trump era crucial presentar una lista de supuestos culpables de la inseguridad y el enojo acumulados a lo largo de las ultimas décadas, además de movilizar a los votantes, especialmente los de raza blanca, en contra de tales enemigos.

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Si se toma en cuenta la evolución de la narrativa antiinmigrante, cuyo origen sostenido reciente data desde finales de la década de los 70, y que tal narrativa ha tenido un enfoque específico antimexicanos y demás latinoamericanos percibidos como mexicanos, uno puede concluir que Donald Trump no fue una anomalía. Trump representó un escalamiento exponencial de lo que Pete Wilson hizo en California en 1994, y de la trayectoria establecida por las administraciones Clinton y Obama, aunque la retórica de odio no haya estado presente. El hecho es que millones de personas inmigrantes, especialmente de América Latina y del Caribe, han sufrido a consecuencia de una actuación política de administraciones Demócratas y Republicanas a lo largo de las ultimas décadas que, en la práctica, han sido fieles a la narrativa tóxica y falsa acerca de lo que las personas migrantes y la migración han representado para el país.

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Lo anterior sugiere que, para hablar de un enfoque y una práctica nueva hacia personas migrantes, como también para hablar de un nuevo enfoque en cuanto a política de inmigración, es urgente imaginar algo mucho mejor que lo que estaba vigente antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El verdadero desafío para la Administración Biden es desafiar de forma radical la narrativa que se originó desde finales de la década de los 70, y que se institucionalizó por medio de la aprobación de ley migratoria de 1996, con un respaldo deliberado de la Administración Clinton.

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Papel de la contención migratoria en la política exterior de los EUA hacia la región Mesoamericana

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Como lo mencioné antes, la política de los EUA hacia la región centroamericana ha estado dominada, cuando menos desde 1994, por una sola meta: contener los flujos de personas que, sin tener autorización, buscan llegar e ingresar a territorio estadounidense. Este objetivo se configuró en los últimos años de la Administración Obama y se combinaba con otros objetivos, tales como la consolidación de la democracia, el combate al crimen organizado, y la promoción/defensa de los derechos humanos. En los últimos 18 meses de la Administración Obama, la contención de los flujos migratorios no autorizados, pasó a ser la más importante prioridad. Con la llegada de la Administración Trump, la contención migratoria pasó a ser, para efectos prácticos, el objetivo rector de la política de los EUA en relación con sus vecinos al sur de su frontera.

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La respuesta de los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador fue, en última instancia, alinearse con la obsesión de contener los flujos migratorios que comenzó a configurarse desde los últimos meses de la Administración Obama y que, a partir del 2017, se consolidó como la demanda más importante de la Casa Blanca de Donald Trump. Vale la pena anotar que, en el caso del gobierno de México, donde sucedió un cambio de administración a partir de diciembre del 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que hacer un giro dramático de sus promesas de campaña, en la manera de responder a los flujos migratorios centroamericanos. Las promesas de encabezar una iniciativa internacional para atender los factores económicos, sociales y de seguridad publica que, efectivamente están detrás de los flujos migratorios, quedaron atrás. Tales promesas fueron reemplazadas por un reforzamiento de las políticas de contención heredadas del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo el redireccionamiento de la recién constituida Guardia Nacional, cuyo fin original se suponía que iba a ser el combate al narcotráfico, y pasó a convertirse en el muro de contención de la migración centroamericana no autorizada, ciertamente pagado por México.

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En el caso de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador; la respuesta fue de sometimiento pleno a los caprichos de Donald Trump. Desde declaraciones triunfalistas de que cada uno de estos países estaba listo para recibir a sus nacionales regresados o deportados desde los EUA, hasta la firma de acuerdos de cooperación de asilo, que toda persona medianamente familiarizada con la realidad política de estas naciones consideró como ridículos.

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A pesar de la aceptación de la política de contención de flujos migratorios, orquestada desde la Casa Blanca en Washington, DC; los flujos migratorios no mermaron. A lo largo del 2017, 2018, 2019 y principios del 2020, y aunque con altibajos, los flujos migratorios continuaron. La explicación de este patrón es sencilla: los factores detonantes de la migración siguieron siendo ignorados. Visto desde esta perspectiva, los esfuerzos impulsados desde la Casa Blanca de Trump, no estaban produciendo los resultados deseados. Pero luego llegó la Covid-19.

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En términos prácticos, la pandemia logró lo que los esfuerzos de Trump fallaron en producir. A partir de abril del 2020, los flujos migratorios no autorizados mermaron notablemente. La explicación de este cambio fueron las medidas de restricción de movimiento impulsadas por los gobiernos centroamericanos, incluyendo el cierre de sus fronteras, en aras de contener los estragos que la Covid-19 pudiera causar en estas naciones. Sin embargo, la pandemia no conllevó a la desaparición mágica de los factores detonantes de los flujos migratorios no autorizados. En el mejor de los casos, los puso en patrón de espera. Pero en realidad, la pandemia empeoró varios de los factores detonantes de tales flujos migratorios. En particular, las condiciones de empleo y generación de ingresos empeoraron notablemente, dejando claramente en el panorama un resurgimiento de los flujos migratorios irregulares en el mediano plazo.

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Sin embargo, los gobiernos al sur de la frontera de los EUA aprovecharon su acatamiento de la línea de contención dictada por Donald Trump y sus más fieles servidores en el Departamento de Seguridad Nacional, para conseguir otros favores políticos del gobierno de los EUA. En el caso de Honduras y Guatemala, ambos gobiernos desarticularon formal o informalmente cualquier pretensión de combate a la corrupción y la impunidad. Cuerpos otrora celebrados, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemateca (CICIG), o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH, fueron formalmente clausuradas a lo largo de los últimos dos años. Ninguno de estos desarrollos generó una amonestación por parte del gobierno de Donald Trump.

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En el caso de El Salvador, como también en el caso de México, hemos visto la llegada de nuevos gobiernos nacionales. En el caso de México, López Obrador asumió la presidencia de México a partir del primero de diciembre del 2018. En el caso de El Salvador, Nayib Bukele asumió la presidencia en junio del 2019. Ambos gobernantes han mostrado una fuerte tendencia hacia un modelo autoritario de gobernar. Sin embargo, ambos gobiernos han sido tratados con indiferencia o con apoyo visible por parte de Donald Trump.

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Una interpretación de los diferentes casos mencionados, es que el gobierno de Trump decidió ignorar claros retrocesos en el supuesto combate contra la corrupción y la impunidad, como también en el ámbito del fortalecimiento del Estado de derecho, y el ejercicio de libertades democráticas básicas, incluyendo el libre ejercicio del periodismo independiente. En tanto que los gobiernos de las naciones al sur de la frontera de los EUA se sometieran e implementaran la política de restricción de flujos migratorios, eso bastaba para estar bien con la Administración Trump. Dado este patrón, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha generado preocupación en las cúpulas gobernantes en México y países centroamericanos, sobre la manera en que la política de los EUA hacia los países de la región pudiera cambiar bajo la nueva administración.

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¿Qué ha cambiado bajo la Administración Biden-Harris?

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Lo primero de recordar es que, a lo largo de la campaña electoral presidencial que culminó con la elección de Joe Biden como presidente, este fue crítico del abordaje extremista hecho por la Administración Trump del tema inmigrantes en los EUA por sus implicaciones en términos del abandono de la protección a refugiados, la obsesión por parar los flujos migratorios (con medidas de contención migratoria como Tolerancia Cero, el programa Quédate en México -Migrant Protection Protocol, por su nombre en inglés), así como el desconocimiento práctico de la ley de asilo, conocida a lo largo de décadas.

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Además, el candidato Biden prometió que se presentaría una propuesta de reforma integral a la política de inmigración en los primeros 100 días de su gestión presidencial, plazo que se cumplió la última semana de febrero, con la presentación de propuestas legislativas en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, llegar a convertir tales propuestas en leyes que realmente cambien para bien las vidas de personas migrantes es una empresa por completo diferente. La fría realidad es que el Partido Demócrata no cuenta con los votos necesarios para aprobar sus prioridades.

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Es innegable que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha generado muchas esperanzas de cambio en lo referente al trato a las personas extranjeras que viven en los EUA, especialmente los cerca de 11 millones de personas que viven en el país sin autorización migratoria, la mayoría de las cuales son personas mexicanas, guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas. Además, se ha generado mucha expectativa de cambios, en lo relacionado con el manejo de los flujos migratorios desde países centroamericanos, incluyendo el manejo del programa de asilo.

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Lo que hemos visto hasta ahora ha sido una serie de anuncios en la forma de directivas presidenciales, como también la emisión de órdenes ejecutivas relacionadas con el tema migratorio. Una que recibió mucha cobertura de prensa, fue el anuncio hecho el mismo 20 de enero, de una iniciativa de reforma integral a la ley de inmigración, favorecida por el presidente Biden. En síntesis, son muy pocas cosas las que han cambiado desde una perspectiva práctica y de beneficio tangible para las personas migrantes. Es más, el tan espinoso tema de los casi 75 mil personas que ha estado varadas en la frontera entre México y los EUA, a la espera de poder solicitar asilo en los EUA, como también el caso de las personas que desde finales del 2020 comenzaron a salir en números crecientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, con la esperanza de llegar a los EUA. Ambos presentan un gran desafío para la administración Biden pues, entre otros, van a poner a prueba las promesas hechas en campaña electoral por Joe Biden, con las limitaciones políticas y conceptuales de gobernar.

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Con relación a Guatemala, Honduras y El Salvador, países con los que la administración Trump firmó acuerdos de cooperación de asilo, la nueva administración demócrata ha procedido a la cancelación de dichos acuerdos. En adición, la administración Biden ha anunciado su interés de iniciar una línea de trabajo, dirigida a abordar los factores causantes de los flujos migratorios no autorizados, que han sido un factor dominante de la cobertura noticiosa de la región en los últimos años. Se trata de un planteamiento conceptual nuevo, que está en vías de ser definido. Por lo tanto, es prematuro saber si se tratara genuinamente de algo nuevo, con potencial de alterar el rumbo pragmático de las cosas, o si se quedara en una buena idea, pero sin trascendencia positiva en la práctica. Como es bien conocido para quienes hemos trabajado en la relación regional entre los EUA, México y los países de la región centroamericana, son múltiples los factores que han llevado a tantas personas mexicanas y centroamericanas a salir de sus países con destino a los EUA.

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Algunos de los factores detonantes de la movilidad humana no autorizada, son de muy larga trayectoria y tienen que ver con modelos de sociedad donde el bienestar de la mayoría no ha sido una prioridad. En adición, han surgido nuevos problemas. El fortalecimiento de formas antidemocráticas de gobernar, con frecuencia vinculadas a redes del crimen organizado internacional, además de la corrupción y la impunidad, al igual que la existencia de potentes organizaciones criminales violentas, como son las pandillas, son factores que agravan el contexto en el que han venido sucediendo los flujos migratorios mayormente forzados. A lo anterior, hay que añadir el cada vez más potente impacto del cambio climático, en el corredor que vincula al sureste de México con los países centroamericanos. Los eventos climatológicos del año pasado, en un contexto de combate a la pandemia, ha llevado una situación muy precaria y propicia para mas movimientos poblacionales de gran envergadura, a una condición regional donde una verdadera crisis migratoria, pudiera estar en el futuro inmediato y de mediano-largo plazo en esta región. Una pregunta sin respuesta todavía, es cómo la administración de Joe Biden desarrollará un abordaje que le permita hacer un manejo humanista y responsable de tan graves desafíos.

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Como si todo lo anterior no fuese suficientemente complejo, hemos visto desarrollos recientes que hacen aún más complicado imaginar escenarios de respuestas positivas, relacionadas con el manejo de las relaciones regionales entre los EUA, México y los países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre esos desarrollos, está la reanudación de acusaciones criminales en los EUA en contra de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras. Están también los crecientes señalamientos de miembros claves del Congreso de los EUA, sobre el estado de la corrupción y la impunidad en los tres países antes mencionados. Finalmente, el resultado electoral de las elecciones municipales y legislativas en El Salvador del pasado 28 de febrero, que resultaron en un fortalecimiento de la figura caudillista y cada vez más autocrática de Nayib Bukele, el actual presidente, que a partir de mayo de este año tendrá el control total del aparato de Estado en esa nación. Dependiendo de la conducta política a partir de mayo de este año, y los cambios de prioridades en la política de la administración Biden hacia América Central, todo lo anterior pudiera añadir más conflictividad en la región.

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Conclusiones

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Todo lo anterior pondrá muy pronto a prueba la capacidad de articular soluciones innovadoras, respetuosas de los derechos humanos y visionarias, capaces de iniciar procesos que permitan a los países centroamericanos, como también a México, evolucionar de forma gradual y democrática hacia sociedades diferentes, donde las aspiraciones de vida digna para la mayoría de sus ciudadanos, hagan realidad el sueño de que estos países lleguen a ser lugares de donde cada vez menos personas quieran emigrar.

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Indudablemente, la administración Biden tiene el potencial de llevar a cabo un cambio sustantivo y quizás trascendental para el futuro de la relación entre los EUA y sus más cercanos vecinos al sur de su frontera. Realizar tal potencial va a requerir una conducta política valiente, dispuesta a romper con los paradigmas del pasado y reconocer que la mejor apuesta de largo plazo es que los EUA se vuelvan un socio determinante, en la gran empresa de elevar el piso económico y social para la mayoría de las personas que habitan países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El objetivo de una estrategia que busca abordar los flujos migratorios desde su raíz, debería de ser que los países al sur de los EUA tengan condiciones adecuadas para que sus ciudadanos permanezcan y no deseen emigrar. El poder caminar en esta dirección, requerirá despejar exitosamente los desafíos propios de la pandemia, como también las dificultades económicas existentes en el mundo prepandemia, pero que se han agudizado gravemente en el marco de esta crisis de salud.

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Por último, será importante reconocer que, para cambiar de forma tangible la política y el sistema migratorio todavía vigente en los EUA, y que se proyecta fielmente en los países de su periferia sur, será necesario resolver de una manera sensata los factores causantes de la presencia de millones de extranjeros que viven en los EUA sin autorización migratoria. Este es el síntoma más grave de un sistema racista, xenófobo y obsoleto, que ha tratado a la población nacida en el extranjero como si fuera una amenaza, cuando la evidencia científica nos dice lo contrario. Además, será crucial resolver la carencia actual de mecanismos que permitan una movilidad humana ordenada, segura y digna; por sobre todo desde la perspectiva y desde los derechos de las personas migrantes. Nadie que actualmente arriesga su vida y la de sus hijos en aras de tratar de llegar a los EUA, lo hace por irresponsabilidad o por satisfacer su espíritu aventurero. Si se juegan la vida al cruzar la frontera, lo hacen forzados ante la ausencia de mecanismos sensatos que reconozcan que las migraciones han sido un factor altamente positivo para los EUA, como también para los países de origen. La gran empresa de reconstruir de una mejor manera, juntos, es posible, justa y necesaria.