No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
3. Agendas de interés: políticas frente a la violencia de género y a la soberanía energética
El bajo impacto de las políticas del gobierno mexicano ante la emergencia feminicida
Wendy Figueroa Morales
Activista feminista y Directora de la Red Nacional de Refugios
Las violencias contra las mujeres son un problema de salud pública, acceso a la justicia y una violación a los derechos humanos. Es obligación del Estado promover, proteger y garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias; le corresponde diseñar e implementar políticas públicas presupuestarias encaminadas a eliminar las desigualdades que perpetúan la violencia de género en todos los ámbitos de la vida de las mexicanas, así como proporcionar las medidas de reparación necesarias para las mujeres sobrevivientes, sus familiares y para las hijas e hijos huérfanos por feminicidio.
En México diariamente 10 mujeres y 8 niñas son víctimas de feminicidio. Mas allá de los números, las historias de cada uno de estos casos revelan la existencia de un patrón de desigualdades estructurales, en donde se normalizan las violencias como un mecanismo de subordinación contra las mujeres. También muestra la cadena de omisiones por parte de las autoridades responsables, la falta de coordinación de las instancias de procuración de justicia, entre otras fallas que dejan en impunidad la mayoría de los feminicidios en el país.
Desde que el gobierno en turno llegó se han anunciado planes, programas y acciones que carecen de la transversalización de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos e Interculturalidad.
Planes, programas y acciones sin perspectiva de género transversal
Ejemplos hay muchos, me detendré en el Plan Emergente presentado por la Secretaria de Gobernación y el INMUJERES anunciado en marzo del 2019, convirtiéndose en una de las primeras acciones que el gobierno adoptó desde que asumió el poder en diciembre de 2018. La base de este plan se encuentra en que el Estado asuma “la rectoría de la política pública para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, asegurando la coordinación en los tres órdenes de gobierno”.
Este Plan se presentó a días de que el gobierno emitiera la Circular No. 1 por la cual se establece que “los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, y que afectó la operación de programas en los que las organizaciones de la sociedad civil participaban de manera subsidiaria con el gobierno. Se eliminó el Programa de Estancias Infantiles, lo que implica profundizar las desigualdades frente a los hombres en el ámbito laboral y las actividades de cuidados, así como normalizar el papel de las mujeres como cuidadoras, aspectos que son la antesala de las violencias cotidianas.
Llevó a que se diera la orden de suspender el subsidio para Refugios y sus Centros de Atención Externa para mujeres víctimas de violencias familiar y de género y, en su caso sus hijas e hijos, lo que provocó que varios Refugios no pudieran operar e incluso cerraran, debido a que el recurso destinado en el presupuesto 2019 se otorgó muy tarde.
Las acciones anteriores resultan contrarias a lo que el Plan Emergente plasma. Es importante preguntarnos ¿para qué un Plan Emergente si ya existen marcos normativos, programas y mecanismos para atender las violencias contra las mujeres?
La CNDH sostiene que las acciones urgentes “no tienen que ver con el impacto inmediato en la disminución de feminicidios, sino por considerar que hay acciones que se tienen que priorizar y llevar a cabo inmediatamente, porque de otra forma se tiende a la perpetuación de prácticas, modos de comprender el problema, acciones y omisiones que van en detrimento de los derechos de las mujeres, y que constituyen el espacio propicio para que la violencia feminicida exista y se reproduzca”.
Por lo tanto, al presentar el gobierno un Plan con acciones urgentes, se esperaría que se priorizara y agilizara el diseño e implementación de dichas acciones, aspectos que no han sucedido.
No solo no han sucedido, sino que no existe seguimiento al Plan Emergente cuando en él se comprometen a rendir cuentas. Es así que, desde una “planeación” no articulada y continua, el 21 de febrero de 2020, la Secretaria de Gobernación vuelve a presentar estrategias mediante comunicado No. 026/2020 para fortalecer las acciones a favor de una vida libre de violencia. Allí se propone darle prioridad al tema, subirlo al primer nivel y modificar las inercias institucionales. Cabe señalar que este comunicado responde a la coyuntura concreta de los feminicidios ocurridos en el mes de febrero (Ingrid y Fátima) en donde se visibilizaron las cadenas de errores y omisiones institucionales que resultaron en las muertes violentas de ambas mujeres. En ese sentido, nuevamente las propuestas presentadas se quedan muy cortas, puesto que no se atiende desde un enfoque de derechos que permita tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia.
Plan del gobierno actual, un listado de buenas intenciones
Después de un análisis exhaustivo que desde la Red Nacional de Refugios hemos realizado al Plan Emergente y cada una de las acciones propuestas y presentadas por el Gobierno de México en relación a la prevención, atención, sanción y eliminación de las violencias contra las mujeres y niñas (el cual estamos próximas a publicar), hemos identificado en términos generales que cada una de las propuestas presentadas por el Gobierno de la 4ta Transformación son, en algunos casos, compendios de acciones enunciadas de manera muy general, desvinculadas de los marcos normativos, políticas públicas y diagnósticos que ya se tienen a partir del activismo de movimientos feministas, organizaciones de la sociedad civil, en colaboración con legisladoras que durante más de 13 años han logrado impulsar. Incluso no parecen tener alguna vinculación con la Iniciativa Spotlight que actualmente se desarrolla en 4 entidades federativas de nuestro país. Es como si se quisiera borrar la historia.
Además, cada acción planteada no cuenta con objetivos, líneas de acción e indicadores que permitan dar seguimiento a los avances de los mismos. Al carecer de esta ruta crítica está el riesgo de caer nuevamente en la realización de muchas actividades que no abonen a los objetivos de erradicar las violencias contra las mujeres.
Por lo tanto, las acciones del gobierno se convierten en un listado de “buenas intenciones” que no son realizables, pero tampoco exigibles por la sociedad civil, ni por las mujeres. No hay informe de resultados, no hay un ejercicio activo sobre los logros, avances y retos que se han encontrado para su implementación.
Preocupa que la visión de las violencias contra las mujeres sea limitada a un asunto de seguridad pública y no desde su dimensión de derechos humanos, en donde subyacen las desigualdades estructurales. Por ello, es notorio que las acciones no atienden las necesidades de las mujeres en sus diversidades. El abordaje de seguridad de la violencia no toma en cuenta estándares de derechos humanos que advierten de los impactos de estas estrategias en los derechos de las mujeres, principalmente las que viven en contextos de pobreza y marginalidad.
México no ha abordado el impacto diferenciado de la pandemia en las mujeres
Esta visión limitada de las violencias contra las niñas y mujeres está también presente en el abordaje de la pandemia del COVID19 que aqueja al mundo. En México se carece de una política feminista que aborde el impacto diferenciado que tiene el coronavirus en las mujeres, se actúa a pasos muy lentos ante los índices de violencias contra las mexicanas, ante el incremento de las llamadas de auxilio de mujeres que están en riesgo ante el aislamiento social.
No ha existido ninguna acción o plan que asegure el acceso de las mujeres a los servicios y la atención de salud sexual y reproductiva; que implemente medidas directas de compensación a trabajadoras informales, incluyendo trabajadoras sanitarias y domésticas a nivel nacional; o que establezca células de reacción inmediata para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género con geolocalización para que lleguen y prevengan feminicidios. No se ha hablado de difundir estratégicamente, mediante los medios de comunicación, uso del tiempo, distribución igualitaria de labores domésticas y de cuidados. Todo lo anterior son propuestas que les hemos planteado desde las OSC, feministas y defensoras de derechos humanos, sin embargo, parecen no escucharnos...
Al contrario, se retiene presupuesto etiquetado para prevenir feminicidios y restituir las secuelas de las violencias contra las mujeres e infantes dentro de la familia; se priorizan procesos administrativos burocráticos más allá de la vida y los derechos humanos de las mujeres; se desdeña por parte del Ejecutivo el papel de las organizaciones de la sociedad civil pero son las mismas instancias de gobierno quienes nos refieren los casos de extremo riesgo...
Pero dentro de todos estos obstáculos estructurales y las violencias sistemáticas, México tiene una gran fortaleza: habemos mujeres orgullosamente autodenominadas “locas feministas” que aún sin conocernos nos sumamos, unimos nuestras voces, capacidades y recursos intelectuales, personales, legislativos, afectivos e incluso económicos a favor de los derechos humanos de todas las mujeres. Hay hombres que están en proceso de deconstruir sus machismos, reconocer sus privilegios y asumir su participación en las relaciones desiguales.
Día a día actuamos y exigimos desde nuestros propios espacios un México congruente en cada una de las declaraciones y actuaciones del gobierno en turno y la urgencia de contar con políticas feministas que garanticen la igualdad sustantiva y la democracia.
