Si bien las medidas establecen criterios excepcionales de esta medida, en la práctica, muchas personas quedarán descalificadas de poder solicitar asilo. En adición, se ha anunciado la creación de centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia. La promesa es que tales centros permitirán a personas que desean solicitar protección humanitaria en los EUA lo puedan hacer a través de estos centros de procesamiento. Un propósito de esta iniciativa es frenar los flujos irregulares. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado de los EUA el 1ro de junio, será Guatemala donde se pondrá en vigencia el primero de estos centros. En dicho comunicado se afirmó que las Oficinas de Movilidad Segura comenzarán sus funciones el 12 de junio de 2023.

​

Las medidas anunciadas el 27 de abril señalan también que los EUA procesa de manera ágil las solicitudes de asilo recibidas. En caso de que la solicitud sea negada, los solicitantes serán deportados de manera expedita. Asesores de la Administración Biden han asegurado en múltiples ocasiones que la mayoría de las personas que han solicitado asilo en años recientes no califican para esta forma de protección humanitaria. Estas afirmaciones no son muy diferentes a las afirmaciones hechas por funcionarios de la administración Trump. Al final de cuentas, si bien la administración Biden no ha decidido bloquear enteramente la posibilidad de solicitar asilo, ha dejado muy claro que toda persona a quien se le niegue el asilo será deportada de manera ágil.

​

Es importante recordar que la ley de asilo ha sido una de las pocas vías por medio de las cuales una persona que se vio forzada a salir de su país, no por una razón, sino por un conjunto de condiciones que le forzaron a tomar tal acción, puede intentar ingresar y asentarse en los EUA. La naturaleza tan obtusa de las leyes de protección humanitaria vigentes es uno de los problemas de un sistema migratorio obsoleto que está muy desfasado de las realidades que en el siglo 21 empujan a tantas personas a salir de sus países. Si la ley de asilo vigente en los EUA se aplica de manera literal y rígida, como lo hizo Jeff Sessions, quien ocupó el cargo de fiscal general de los EUA durante la administración Trump, la mayoría de las personas extranjeras que han solicitado asilo en las últimas décadas recibirían una respuesta negativa a tales solicitudes. Lo que se necesita es un nuevo paradigma para el manejo humanista y visionario de los flujos migratorios actuales y de futuro.

​

En adición, las medidas anunciadas también incluyen cambios en la manera como se aplicarán las deportaciones de personas bajo los mecanismos legales (Título 8) para este fin, previo a la introducción del uso de Título 42. Además, se aplicará con más rigor la designación de los intentos de reingreso no autorizado como una ofensa criminal. Esto quiere decir que, en casos de reincidencia, una personara enfrentara una prohibición de 5 años en el ingreso a los EUA.

​

El anuncio del 27 de abril juega mucho con la percepción de nuevas vías para la migración autorizada. Por ejemplo, reafirma el compromiso de otorgar hasta 30 mil permisos menssuales de ingreso humanitario (Humanitarian Parole) para personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Este es un programa que se anunció originalmente a principios del año. En adición, se ha anunciado la emisión de permisos de ingreso similares para personas de Cuba, Haití, Guatemala, Honduras, y El Salvador, que ya hayan recibido un aviso de aprobación de una visa de reunificación familiar, y que sean invitadas a ingresar a los EUA con un permiso de ingreso (Parole) por la oficina gubernamental que procesa las solicitudes de visa. La promesa detrás de este programa es que las familias se podrán reagrupar en tiempos más razonables.

​

Pero más allá de los detalles de todo lo anunciado el 27 de abril, este anuncio se hizo unos días después del anuncio de la campaña de reelección de Joe Biden para un segundo término presidencial en el marco de las elecciones de noviembre del 2024. Aunque ya hay dos personas que han anunciado su intención de postularse para la elección interna del candidato último del Partido Demócrata en las próximas presidenciales, es muy probable que Joe Biden asegurara la nominación. Lo anterior quiere decir que la dirección del Partido Demócrata buscará cerrar filas en torno a un firme apoyo del esfuerzo de reelección.

​

Un tema notablemente ausente de las medidas anunciadas a finales de abril es el de los factores causantes de la migración forzada. Durante la campaña electoral presidencial del 2020, Joe Biden habló mucho de la importancia de abordar los factores que detonan la migración. En los primeros meses de su administración, el presidente Biden designó a Ricardo Zúñiga como enviado especial de su administración ante la región centroamericana, y por extensión lógica, hacia México. Juan González, un alto funcionario del Consejo Nacional de Seguridad asumió también un rol activo en la gestión inicial de una nueva iniciativa política con el propósito de abordar los factores causantes de la migración.  La expectativa era que estas personas articularan una estrategia de abordaje novedoso de los factores causantes de la migración forzada.

​

En una entrevista con la cadena de Radio Pública Nacional el 26 de marzo del 2021, Juan González correctamente diagnóstico las razones por las cuales cientos de miles de personas deciden emigrar hacia los EUA, sin tener autorización para emprender tal viaje. Explicó también el rol de las élites económicas, las que él calificó como predadoras, que se han opuesto a reformas económicas (incluyendo la política tributaria), sociales y democráticas que son necesarias para empezar a corregir las múltiples condiciones que empujan a tantas personas a irse de sus países.

​

A un poco más de dos años de esas declaraciones, parecería que la administración Biden se ha dado por vencida, y que de manera deliberada ha reducido su enfoque de factores causantes a la promoción de promesas de inversión extranjera directa en países al sur de su frontera por parte de grandes corporaciones transnacionales. La urgente necesidad de emprender grandes reformas económicas, sociales, políticas y culturales, capaces de iniciar un proceso de cambios que conlleven a que países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y muchas otras naciones latinoamericanas y caribeñas; realmente se conviertan en países de donde cada vez menos personas se quieran ir, parece haber quedado en el olvido.

​

Irónicamente, Juan González afirmó en la entrevista antes mencionada que, sin corregir los múltiples factores causantes de la migración, el país caería en el mismo error del pasado en cuanto a gastar miles de millones de dólares en medidas de control fronterizo que buscan contener los flujos migratorios, sin que tales esfuerzos produzcan resultados sostenibles. Desdichadamente, buena parte de las medidas anunciadas por la administración Biden a finales de abril incluye precisamente un reforzamiento del enfoque de control fronterizo, con el agravante de extender tales políticas a países como México, Guatemala, Colombia y otros países del continente americano.

​

Lo que las nuevas medidas buscan es equipar al presidente Biden con argumentos que le permitan afirmar que su gobierno está aplicando una mano dura y firme ante quienes buscan ingresar a los EUA sin autorización migratoria, y que el presidente defiende las fronteras del país. Por el otro lado, el presidente Biden podrá también decir que está dando un trato generoso a personas que califican para solicitar asilo, aun cuando la mayoría de esas personas reciban respuestas negativas a tales solicitudes y consecuentemente sean deportadas. Desdichadamente, este abordaje al tema de las migraciones y las personas migrantes seguramente dejará insatisfechos a quienes favorecen un manejo mucho más firme ante personas extranjeras ultimadamente vistas como indeseables. Igualmente, seguirán generando críticas de quienes ven en las medidas anunciadas la continuación, aunque de forma diferente, de los preceptos migratorios puestos en vigencia por la administración Trump.

​

En el lado Republicano, es prácticamente un hecho que el ataque a la inmigración y a las personas migrantes, cuya mayoría son y seguirán siendo personas de América Latina y el Caribe, será una de las líneas centrales del ataque en contra de los demócratas a todos los niveles. Esta línea de ataque será adoptada por todos los precandidatos presidenciales del Partido Republicano, incluyendo al que será elegido como nominado para enfrentar a Joe Biden. La mejor evidencia de esto es la continuada campaña implementada principalmente por los gobernadores de Texas y Florida, centrada en la transportación de personas solicitantes de asilo a ciudades tales como Washington DC, Nueva York, Chicago, y recientemente, Sacramento. El hecho que este esfuerzo no concluyó con las elecciones del 2022 demuestra que la dirigencia del Partido Republicano seguirá ocupando a las personas solicitantes de asilo, y a las personas migrantes en general, para tratar de generar caos y contradicciones en el corazón de municipalidades e incluso estados gobernados por el Partido Demócrata, en camino al ciclo electoral del 2024.

​

El manejo inteligente y humanista de la migración: Una tarea que sigue pendiente

​

Los principales países de expulsión de personas hacia el extranjero siguen siendo naciones que carecen de liderazgos políticos y económicos comprometidos con una agenda transformadora de sus condiciones económicas, sociales y políticas, que aseguren la inclusión de cada vez mas de sus ciudadanos. Ni los EUA, ni otros grandes poderes económicos mundiales parecen tener interés de promover una agenda de cambios que produzcan sociedades más inclusivas en todos sus planos, más democráticas, y más sostenibles.

​

En adición, la migración de millones de personas, principalmente mexicanas, centroamericanas, y caribeñas a lo largo de las últimas décadas que se han logrado asentar en los EUA, ha generado un fenómeno financiero de gran trascendencia: Las remesas familiares. De acuerdo con el Dialogo InterAmericano, el flujo de remesas hacia América Latina y el Caribe, enviadas principalmente desde los EUA, alcanzó cerca de $150 mil millones de dólares en el curso del año pasado. Desde la perspectiva de las élites económicas, la migración de millones de sus ciudadanos hacia los EUA ha sido extremadamente rentable. En el plano económico y social, las remesas familiares representan el más importante factor de alivio a las condiciones de pobreza, que, a su vez, apacigua las tensiones políticas producidas por la negligencia en la forma como se gobierna.

​

A este escenario, se suma la continuación de un enfoque punitivo y de contención ante los flujos migratorios. Ni los EUA, ni los países latinoamericanos han sido capaces de proponer enfoques más sensatos de manejo de las migraciones centrados en la regularización de la condición migratoria de quienes viven sin papeles, especialmente en los EUA, como también en la ampliación de mecanismos ágiles de movilidad social y laboral transfronteriza. A pesar de que la evidencia demográfica, económica, y cultural demuestra que la migración ha sido extremadamente beneficiosa para los países emisores y receptores de personas migrantes; el manejo político de las migraciones sigue estando dominado por fuerzas políticas extremistas que siguen demonizando la migración y a las personas migrantes.

​

Ante esta realidad, es fácil prever que los abusos hacia personas migrantes que buscan desesperadamente asentarse en los EUA, país al que ven como la mejor opción para rehacer sus vidas y las de sus familias, seguirán vigentes. A pesar de que los EUA seguirá necesitando desesperadamente de más personas extranjeras para resolver su capacidad de renovación demográfica, incluido el plano laboral, por cuando menos la próxima década, la actitud política dominante sigue siendo una de rechazo hacia la migración y las personas migrantes.

​

Esta contradicción sigue haciendo necesario que actores claves de sociedad civil en los EUA, como también en América Latina y el Caribe, sigamos insistiendo en la urgencia de abogar en paralelo por nuevas políticas de desarrollo integral, verdaderamente inclusivas en el plano económico y social;  democráticas, y sostenibles; y por el otro, políticas de manejo de las migraciones que partan del reconocimiento del valor altamente positivo que las migraciones y las personas migrantes han tenido en ambos lados de la relación migratoria transfronteriza.

​

Desdichadamente, el fin del uso del Título 42 en los EUA, que nunca debió haber sido invocado, no significa que hayamos dado un giro transformador que genere esperanza de una vida mejor y palpable desde ya, para la mayoría de las personas que viven los países que han sido los más grandes emisores de personas migrantes. Tampoco significa que se haya dado un giro hacia un abordaje verdaderamente sensato, humanista y de genuino beneficio mutuo en lo referente al manejo de las migraciones.

​

En el caso particular de las organizaciones de sociedad civil dirigidas por personas migrantes, es imperativo no desistir de la articulación de propuestas visionarias e inspiradoras que nos ayuden a fijar rumbos de esperanza hacia un vecindario hemisférico y mundial más justo, independientemente de que esto signifique seguir nadando contra corriente. En paralelo con estos esfuerzos, debemos también seguir articulando respuestas inmediatas ante los desafíos cotidianos que enfrentan las personas migrantes a consecuencia de vivir en sociedades con sistemas multidimensionales de opresión e inequidades. Finalmente, debemos redoblar esfuerzos en el campo de la disputa de narrativas. Es crucial impulsar esfuerzos comunicacionales, a todos los niveles, que evidencien las mil y una maneras en que las personas migrantes hemos sido, somos y seguiremos siendo un beneficio neto, una bendición, para las sociedades donde vivimos.