Cuando la misma Corte declaró inconstitucional las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el argumento fundamental fue la violación a los procedimientos legislativos por parte de las cámaras del Congreso de la Unión y no entró al análisis del fondo de los cambios propuestos. Queda pendiente que la Corte resuelva los procedimientos iniciados contra las leyes más importantes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley de General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En estas leyes están concentrados los mayores cambios y posibles afectaciones a la integridad del sistema electoral del país.

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La cuestión es compleja porque, en cualquiera de los escenarios, urge que se ofrezca certeza sobre lo que tendrán que hacer las autoridades para estar en condiciones de organizar las elecciones. Si la Corte se inclina por declarar la inconstitucionalidad de todo el Plan B, entonces el INE debe prepararse para iniciar el Proceso Electoral durante la primera semana de septiembre y realizar los preparativos correspondientes. Sin duda el INE ya debe de estar trabajando en este sentido, puesto que la suspensión del Plan B dejó vigente las leyes anteriores.

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Pero si la Corte decide que sí procede el Plan B, entonces el INE tendrá que realizar una gran cantidad de cambios en su estructura, modificar los reglamentos vigentes hasta la fecha, despedir a una gran cantidad de personas del Servicio Profesional Electoral y reformular muchos de los procedimientos para la organización de la elección, incluso la forma como se computan los votos de todas las elecciones del país. Esas tareas ya parecen imposibles de ser terminadas en tiempo. Recuérdese que originalmente el Plan B fue pensado para que entrara en vigor desde diciembre del año pasado, pero su aprobación final no ocurrió sino hasta marzo de este año. Por lo tanto, el calendario para su aplicación ya quedó completamente rebasado. A estas alturas, el INE ya tendría que haber remodelado y compactado sus oficinas, además de haber nombrado a los titulares de las nuevas direcciones ejecutivas y haber emitido el reglamento de su estructura orgánica y del funcionamiento de las comisiones del Consejo General.

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Otro escenario posible es que la Corte declare parcialmente constitucionales algunos de los artículos reformados en las leyes y otros no. Para el INE, ello implicaría también un intenso trabajo de reorganización que se antoja difícil en los meses que quedan para la elección. Este es justamente el tipo de incertidumbre que no conviene a ninguna democracia, pues sus implicaciones afectan no solo a las autoridades, sino a los mismos partidos y candidatos en contienda.

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Campañas presidenciales anticipadas y el Plan C

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Para enrarecer más el ambiente, el Presidente de la República adelantó la campaña presidencial desde que anunció a sus predilectos, llamados “corcholatas”, para competir por la candidatura a la Presidencia de parte de Morena. Por principio, parece evidente que, más allá de las encuestas anunciadas, será el mismo Presidente quien, a su manera, definirá al candidato de Morena. Es más, a pesar de que el partido había anunciado que realizaría dos encuestas entre octubre y noviembre, en una mañanera el Presidente anunció que el proceso de selección deberá quedar resuelto en el mes de agosto. A la vieja usanza priísta, es el presidente el que manda en su partido, y su voluntad se impone sobre las estructuras partidistas.

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En todo caso, el proceso para seleccionar al o la candidata salió de todos los marcos institucionales y legales. A diferencia del pasado, la regla de “no moverse” y esperar la definición presidencial, en la modalidad “corcholatas” la instrucción parece ser la contraria: posicionarse, recorrer el país, realizar eventos, etcétera. El problema es que la ley se diseñó para que ese tipo de posicionamientos no afectaran la equidad en la contienda electoral y los aspirantes de todos los partidos se sujetaran a un calendario definido en la etapa de las “precampañas”. A pesar de algunos recursos jurídicos interpuestos ante el INE y los resolutivos del Tribunal Electoral, los aspirantes morenistas organizan actos masivos con cualquier pretexto, sus allegados pintan bardas para posicionarlos, se levantan encuestas de preferencias y los medios dedican grandes espacios a comentar las posibilidades de cada “corcholata”. De hecho, el propio líder de Morena ha tenido que llamar al orden y a la unidad en su partido, para que la competencia no afecte el ambiente interno. En pocas palabras, se trata de una precampaña adelantada, sin un seguimiento claro de los recursos que se invierten en este proceso y que ya generó un efecto diferente al que buscaba la ley: se han posicionado al menos tres personajes como posibles candidatos, a los que incluso se les identifica como los posibles sucesores del Presidente López Obrador.

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En este caso no se trata de un problema de incertidumbre jurídica para las autoridades, sino de una violación a la equidad en la contienda. Por si fuera poco, la reacción presidencial por las resoluciones de la Corte derivó en la propuesta del llamado Plan C, que rápidamente se volvió un motivo más de polémica que sigue enrareciendo el ambiente electoral. El Plan C significa en principio, el banderazo de salida a la promoción de Morena para las campañas electorales que debieran empezar en marzo del año que entra. Sin pudor alguno el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y los grupos afines al Presidente, hicieron llamados públicos a los electores para que voten por Morena y sus aliados, con el fin de lograr al menos la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, y de esa manera hacer las reformas constitucionales y legales para continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

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En estricto rigor, el Plan C es la aspiración de cualquier partido político, pues se reduce a ganar todos los espacios posibles en una elección. Pero en voz del presidente el anuncio de dicho plan implica un reconocimiento, una estrategia y una concepción del poder presidencial.

 

 

El reconocimiento

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Con el Plan C el presidente reconoce que el triunfo arrollador de 2018 y las mayorías que configuró en las dos cámaras del Congreso, no le fueron suficientes para que su llamada cuarta transformación se consolidara en su gobierno. Es también el reconocimiento de que las instituciones como el INE, el INAI y, sobre todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un peso real en el sistema político mexicano, que pueden seguir funcionando como contrapesos al poder presidencial. Finalmente, la necesidad de un nuevo plan hace evidente que el Presidente no fue exitoso al tratar de transformar destructivamente a las instituciones de nuestra democracia. De hecho, el Plan C parece reconocer que la Corte no avalará el Plan B y que es mejor iniciar desde ya, la campaña electoral para tratar de obtener en 2024 las mayorías que hoy no tiene. Para ello era necesario diseñar y empezar a operar una estrategia de fin de sexenio diferente a la que había imaginado.

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La estrategia

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El problema no es que Morena quiera ganar por carro completo en 2024, tanto en la Presidencia, como en el Congreso y en las elecciones locales. A decir de las encuestas que circulan en la actualidad, tanto el prestigio presidencial como la fuerza de Morena en el país, hacen muy factible que los aliados del presidente obtengan triunfos importantes el año que entra. Sin embargo, el presidente sabe que, a diferencia de 2018, él no estará en la boleta electoral y que la ley lo limita a hacer una campaña 100 por ciento ganadora en los 90 días que durará la campaña presidencial del 2024.

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Por eso el presidente debe considerar fundamental iniciar la campaña desde ya, dar el banderazo de salida, adelantar la nominación de la candidatura y empezar su promoción desde la tribuna mañanera, sus giras y su último recorrido por todo el país antes de la elección del 2 de junio del 2024. El problema es que la intervención presidencial en el proceso electoral es ilegal y las autoridades ya empiezan a pronunciarse al respecto.

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Desde que se anunció el Plan C, el presidente manifestó la importancia de ganar la Presidencia y el Congreso en 2024, por lo que declaró: “ya sabes por quién vas a votar”. Las quejas ante el INE no se hicieron esperar ante las expresiones presidenciales y el resultado está a la vista, tanto la Comisión de Quejas del Consejo General del INE, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidieron en que el presidente está vulnerando la equidad de la competencia electoral. Por ello ordenaron al presidente retirar las expresiones vertidas en las conferencias mañaneras, donde pidió el voto a favor de quienes apoyan sus proyectos. Incluso, el Tribunal facultó a la Comisión de Quejas del INE a ordenar a los medios de comunicación que dejen de transmitir programas, spots y otras formas de comunicación en las que se incluyan este tipo de expresiones.

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Habrá que esperar la reacción del presidente ante tales resoluciones de las autoridades electorales, pero en todo caso, el presidente no tuvo empacho en reincidir con sus comentarios. Los precedentes están puestos y en adelante, nadie se podrá llamar a sorpresa si se acusa al presidente de mantener una estrategia que bien podría violentar la ley. Ese podría ser el tono del debate público, a partir de este mes. Es parte de una estrategia focalizada estrictamente en la elección de 2024.

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La concepción del poder

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Como parte del Plan C, el presidente de la República anunció que, una vez que Morena obtenga las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 2024, con el nuevo Congreso, a un mes de terminar su sexenio, enviará las iniciativas de reforma constitucional necesarias, para realizar los cambios que hoy ha rechazado la Suprema Corte de Justica de la Nación, o quizá el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Más allá de que esa parte de la estrategia sea factible, prevalece en el discurso del presidente una premisa que no se acompasa con las mejores prácticas democráticas: el presidente asume que sus partidos asumirán sin duda alguna las propuestas de reformas, incluso sin considerar el punto de vista de quien haya ganado la elección para ocupar la silla presidencial. Se asume también que de esa manera se consolidará su proyecto de cambio y que la Suprema Corte avalará las reformas, aunque no fueran acordes con la Constitución. Son los mismos principios con los que se solicitó al Congreso “no cambiar ni una sola coma” a sus proyectos.

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El problema es que todo el esquema se basa en un ejercicio vertical y personalizado del poder. Al parecer ni el presidente ni Morena aprendieron la lección de los últimos meses. El rechazo de la Corte al proyecto de la Guardia Nacional y sobre el Plan B, mostraron claramente que hay principios y contenidos constitucionales que no pueden ser violentados impunemente. Pero, sobre todo, dichas experiencias mostraron que en la política y en el trabajo legislativo, el buen ejercicio parlamentario, el diálogo y en particular la negociación, son herramientas que no se pueden desdeñar, a pesar de que el presidente haya obtenido la votación de 2018.

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Morena perdió la oportunidad de construir una reforma democrática en materia electoral, que realmente resolviera muchos de los problemas y retos que sigue enfrentando nuestra democracia. No se puede negar que, después de casi 10 años de la reforma de 2014, existen muchos puntos que pudieran ser mejorados o precisados para llevar el proceso electoral a resultados óptimos en los procedimientos e, incluso, en todos los temas relativos al costo de la democracia y los recursos de los partidos. Sin embargo, prevaleció la inflexible palabra presidencial con la instrucción de no tocar nada de su propuesta de ley. Además, se impusieron los tiempos que dictó el presidente, lo cual imposibilitó el simple debate de los contenidos de la propuesta. Finalmente, Morena fue incapaz de actuar como partido político y prefirió obedecer ciegamente la disposición presidencial. Así se perdió la oportunidad de construir, para privilegiar el ánimo destructor de las instituciones.

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Ciertamente se podrá decir que, en otros tiempos, los presidentes de la etapa post revolucionaria en el siglo XX actuaron como lo hace López Obrador el día de hoy. Sin embargo, aquellos presidentes contaban con un aparato ideológico basado en la Revolución Mexicana, un partido producto de la misma Revolución que justamente basaba su operación en todo tipo de negociaciones internas para trasladar los poderes y, sobre todo, no contaba con una oposición partidista, con presencia en todo el país, que pudiera cuestionar las decisiones de la mancuerna Partido-Gobierno.

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El problema es que, durante esta administración, el Congreso pocas veces reconoció la realidad de la composición plural de la sociedad y de las fuerzas políticas que operan en el país, por lo que no se privilegió la negociación y la construcción de acuerdos. La propuesta presidencial de realizar en el último mes de gobierno todos los cambios necesarios para consolidar un proyecto, se basa en una concepción del poder centralizado en una persona y parece haber aprendido la lección de todo un sexenio en la forma de legislar.

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Conclusión

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Nos acercamos a un proceso electoral en medio de la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el Plan B y las características de la estrategia presidencial para llevar a cabo su llamado Plan C. Urgen las definiciones jurídicas por parte de la Corte, pero también se antoja una actitud más democrática que facilite el buen desarrollo de las elecciones. En un caso, la Corte tiene la palabra y en otro caso el Presidente decidirá qué camino tomar para fortalecer la democracia o para debilitarla.