México. Crisis en la gestión migratoria y el protagonismo de COMAR

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Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar Olvera

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Introducción

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En este trabajo analizamos cómo frente al crecimiento de los flujos migratorios de Centroamérica, con un perfil creciente de solicitantes de asilo y refugio, en el contexto de graves problemas de la gestión de la movilidad humana en México en los últimos años, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) asume una mayor importancia pese al raquítico respaldo del Estado mexicano. Ante la persistencia y aumento de los flujos migratorios de la región referida y otras zonas del planeta se tendrán que reforzar los apoyos del gobierno mexicano a COMAR y avanzar en la construcción de una política integral de desarrollo, migración y derechos humanos.

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Aumento de las migraciones, de la solicitud de asilo e importancia de COMAR

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Para Elisa Ortega (2022, p.138) las caravanas migrantes que han llegado a México desde finales de 2018 procedentes de Centroamérica han dado un nuevo giro al discurso securitario de las migraciones: literalmente se les ha equiparado con “invasiones” condensando las tres construcciones del migrante irregular bajo la lente securitaria como amenaza al orden público y la seguridad nacional, como amenaza sociocultural, y como amenaza socioeconómica. Las respuestas de los gobiernos de Estados Unidos y México han sido acordes, convirtiendo a México en la primera línea de “defensa” del muro a que hizo referencia el expresidente Trump durante todo su mandato y consolidándolo como un país frontera.

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En el contexto anterior, las políticas de protección a los migrantes en México y Estados Unidos son limitadas, con fallas en su funcionamiento y la consigna de reducir al máximo el otorgamiento del asilo y refugio a la masa creciente de migrantes centroamericanos y de otros países que lo solicitan desde antes de las caravanas. ++. Con el arribo de las caravanas en 2018 y 2019, el control migratorio,  se profundiza la militarización de las políticas migratorias en ambos lados de la frontera de México y se restringen al máximo el otorgamiento de asilo y refugio en Estados Unidos. Esto permite al Estado norteamericano minimizar su presión y controlar los flujos emigratorios antes de

que lleguen a ese país (Vega, 2020). El autor citado señala que esta tendencia de aplicar

acciones que se formulan en los países de destino y que se aplican en los países de

origen y tránsito para controlar la migración es una tendencia mundial que incide

directamente en las agendas de seguridad y control fronterizo. Así mismo conjetura que

México paulatinamente se convertirá en un país de inmigración cuando los migrantes que

transitan por territorio mexicano para cruzar a Estados Unidos busquen su residencia

permanente ante la imposibilidad de ingresar al vecino país del norte.

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De hecho, las caravanas son utilizadas como coartada por el gobierno de Trump en 2019 para desmantelar el sistema de asilo con el anuncio de los llamados Protocolos de Protección Migrante (MPP), también llamado Programa Permanece en México, como nueva estrategia de deportación expedita a México de todos los solicitantes de asilo, que habiendo pasado por este país, no hayan solicitado el asilo en el mismo. Con esta disposición se deportan a más de 60 mil solicitantes de asilo a diversos lugares de la frontera norte mexicana con lo que se incrementan su vulnerabilidad y los graves problemas sociales para su atención.

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El 7 de junio de 2019 el secretario de Relaciones Exteriores de México en Washington acepta la política migratoria, de control fronterizo y seguridad regional de Estados Unidos ante la amenaza de que si no se frenaban las migraciones de Centroamérica, se gravarían las exportaciones de México como castigo. El 20 de marzo de 2020 se consolida la estrategia antiinmigrante norteamericana con el establecimiento unilateral del programa Título 42, que aprovechando la irrupción del Covid en la región, suspende la aceptación de solicitudes de asilo y autoriza la deportación expedita de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades por cuestiones sanitarias. De esta manera, según Ortega (2022, p.158), Estados Unidos aplica normas racializadas contra los migrantes centroamericanos para desaparecer el asilo.

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En el caso mexicano, con la llegada de nuevas caravanas en 2019 y 2020, se profundizan las medidas para limitar al máximo el otorgamiento de asilo y refugio con el pretexto de limitaciones institucionales. Se reduce al máximo el acceso a las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que se otorgó en la primera caravana de 2018 y  se incrementa la participación de la Guardia Nacional con el despliegue de más de 20 mil agentes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para la vigilancia de las fronteras, detención, encarcelamiento y deportaciones crecientes. La Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados (COMAR) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se enfrentan a miles de solicitantes de asilo sin contar con las instalaciones, el personal y los presupuestos para ello. Esto genera el proceso llamado “atrapamiento migrante” en México de decenas de miles de ellos que no pueden ingresar a Estados Unidos, no pueden regresar a sus países sin poner en peligro sus vidas y no se les otorga un documento legal que les permita transitar por el país,  que los proteja de las múltiples violencias y extorsiones de las policías y criminales.

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Pasada la pandemia en 2021, crecen nuevamente los flujos migratorios desde Centroamérica a México buscando llegar a la frontera a Estados Unidos con una gran gama de migrantes provenientes de decenas de diferentes países. La ACNUR informa que México registró 118 mil 756 solicitudes de asilo en 2022, con un aumento notable en la cantidad de venezolanos, cubanos, y nicaragüenses que solicitaron asilo en el país, resaltando la ausencia de alternativas de estancia legal para los migrantes en México (Debate, 25 mayo 2023).

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Sin embargo, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM), el número de detenidos apenas y decreció 18.5% entre 2021 y 2022, mientras la expedición de Tarjeta Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) creció en 47.4%. En el año fiscal 2021 se expidieron 87,674 visas y la cifra subió a 129,205 en 2022. En lo que respecta a la propuesta de presupuesto para COMAR de 2023 sólo se contempla un aumento de 2 millones 671 mil pesos al ascender a 48 millones 339 mil pesos, 5.9% más que en 2022 (Gráfica 1). Los principales beneficiarios de las tarjetas humanitarias hasta noviembre de 2022 son los hondureños con 29,390 solicitudes, los cubanos con 17,487 y los haitianos con 15,780, venezolanos con 12,998 y los nicaragüenses con 8,740.

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Datos recientes de la UPM de enero a marzo de 2003 confirman la procedencia de los principales beneficiarios de las TVRH y su importancia, en ese periodo se otorgaron 37,710 tarjetas, 64.7% (23,509 tarjetas) más que en 2022 en los mismos meses de enero a marzo (INM, 2022 y 2023; UPM, 2023). Este raquítico aumento presupuestal ante un enorme crecimiento en la demanda de asilo en el país muestra la falta de compromiso del Estado mexicano y todos los partidos políticos del país representados en el Congreso.