En cualquier construcción democrática, la transparencia y el acceso a la información son ejes fundamentales. Si los ciudadanos conocen cómo se desempeña su gobierno y bajo qué criterios se da el gasto público y la toma de decisiones, la sociedad se involucra y participa. Es en este sentido que la transparencia refuerza la confianza en el gobierno y la administración pública, pero sobre todo, convierte a la ciudadanía en observadora continua del combate a la corrupción, un fenómeno global que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo, provoca la salida de inversión y debilita los sistemas judiciales y políticos que, además, tendrían que estar al servicio del bien público, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).(2)

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El marco legal de la transparencia y su antecedente en México

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El derecho a la información garantiza los principios de libertad de expresión que emanan de la Constitución y ha ido incorporándose a los estándares internacionales sobre procesos democráticos que son el tema medular de la información.

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Tenemos dos antecedentes que preceden la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI): el primero fue la reforma al artículo 6o constitucional en 1977, en donde se integra el derecho a la información garantizado por el Estado y el segundo fue en 2001, cuando el Grupo Oaxaca -un movimiento conformado por  personas académicas y activistas por la libertad de expresión-, comenzó su lucha por “el derecho al saber”, que inició con un decálogo de acciones que desembocó en la redacción y negociación del anteproyecto de la primera Ley Federal de Transparencia en San Lázaro.

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El 24 de diciembre de 2002, un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación constituyó formalmente el IFAI como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que comenzó funciones como un órgano colegiado integrado por cinco comisionados designados por el titular del Ejecutivo. Éste fue refundado en 2015 con la promulgación de la nueva Ley de Transparencia y de la cual surge en ese mismo mayo el INAI, y esta reforma se hizo en consecuencia de la reforma constitucional de Derechos Humanos en 2011.

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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) abrió una nueva etapa en la historia democrática de México al ampliar la exigencia de transparencia más allá del poder Ejecutivo: a sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos y cualquier persona física o moral que recibiera o ejerciera recursos públicos. Los estados y municipios también son ahora obligados a dar detalles del dinero público que reciben.

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Así, el INAI garantiza el cumplimiento de dos derechos fundamentales: acceso a la información pública y protección de datos personales.

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Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos; o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad tenga la obligación de entregar la información pública que se le solicite. Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.

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Con la renovación del INAI, se reestructuró su misión, visión y objetivos. Se transformó en un organismo autónomo con nuevas atribuciones, creó comisiones de trabajo y aprobó 84 proyectos estratégicos con los que empezó a ejercer sus nuevas funciones y atribuciones con siete comisionados y comisionadas en lugar de cinco. (3)

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Una de sus funciones principales es la de expedir lineamientos y criterios que regulan la organización y funcionamiento administrativo del Instituto en materia de clasificación de la información gubernamental y de protección de datos personales a través del Pleno, que además resuelve los recursos de revisión que las personas interponen en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; proponen sanciones a quienes no cumplan con sus resoluciones y pueden interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

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Cuenta con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que comienza su operación en 2021, a través de la cual los y las ciudadanas pueden requerir información pública a las dependencias y autoridades. Ahí, las instituciones deben cumplir también con obligaciones de transparencia sin que nadie las solicite, como la publicación de los contratos que firman o el reporte de los viáticos u otros gastos que ejerzan.

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De 2015 a 2022, el INAI resolvió 126 mil recursos, 25% de los cuales han estado relacionados con el sector salud (IMSS, SSA, Cofepris). Esto no es menor, considerando que entre 2015 y 2018 el INAI recibía 26.8 recursos de revisión por día, mientras que en este sexenio la cifra se ha elevado a 53 diarios.

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El futuro de la transparencia y el derecho a estar informados

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Con la transición democrática del 2018, se han revisado muchas de las funciones institucionales a nivel federal y los recursos públicos que se invierten en ellas, ocasionando grandes recortes presupuestarios, además de cuestionamientos sobre su operatividad y valía, sobre todo, las que mantienen independencia del Ejecutivo para sus funciones, entre ellas la del INAI.

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En febrero de este año, con la recepción del Informe Anual de Labores del INAI por el Senado, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidente, observó que el Instituto es un coadyuvante de la transparencia y no un adversario, además de señalar que como órgano técnico está alejado de cualquier manejo político al ser todos sujetos a la ley y obligados de cumplimiento de forma igualitaria.(4)

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El INAI tiene autonomía constitucional e independencia de los tres poderes del Estado a fin de prevenir la limitación de su actuación. En este marco, como cualquier institución, está sujeta a ser perfectible en el desarrollo de sus actividades, sin embargo, la ruta para ello no es su desaparición, tal como lo propuso en su momento el Presidente del Senado, Alejandro Armenta, o que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública; ya que no pueden ser sustituidas por dependencias donde los nombramientos sean de índole político, se afecte la imparcialidad en términos de transparencia y con ello se vea afectada la rendición de cuentas o los contrapesos necesarios para garantizarla.

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Esta iniciativa se da en medio de tensiones que han afectado la operación de la institución. Con la salida de tres de los siete comisionados que avalan su funcionamiento, el INAI es inoperante desde abril con la salida del comisionado Javier Acuña, al no contar con el quórum mínimo necesario para sesionar en pleno, además de que, para retomar sus actividades ordinarias, requiere la elección de por lo menos un comisionado más por parte del Senado de la República, elección que se ha visto retrasada después de que el presidente López Obrador vetara la propuesta enviada por la Cámara Alta para su ratificación.

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Ante este panorama, los miembros del INAI buscaron ejercer presión en el Senado y presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando un permiso para poder sesionar con solo cuatro comisionados (el minímo legal para ello es de cinco). Si bien el recurso legal presentado sigue en revisión, Loretta Ortiz, ministra de la SCJN, le negó al Instituto la posibilidad de que su Pleno sesionara con sólo cuatro integrantes.(5)

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El 2 de mayo, la jueza Celia Quintero Rico, jueza del Decimoséptimo Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al Senado nombrar a los tres comisionados pendientes del INAI; sin embargo, el Senado clausuró el periodo ordinario de sesiones luego de la aprobacion de una serie de reformas que requería el gobierno del presidente López Obrador, pero dejó pendiente el nombramiento de comisionados del INAI.

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Con estas acciones, tan solo en el periodo de inoperabilidad, el INAI tiene pendientes 8 mil recursos de revisión, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitivad (IMCO).(6)

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Además de la actual situación en materia de operatividad, en días pasados el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -a través de un Punto de Acuerdo presentado a la Comisión Permanente- un informe detallado sobre las razones por las cuales se ha recortado el presupuesto al INAI, puntializando entre otras cosas que el presupuesto del Instituto se ha ajustado a la baja de manera considerable pues, de 2018 a 2021, ha tenido una pérdida continua de 17.6 por ciento en términos nominales y en 2022 de 10.5 por ciento, lo que representa una pérdida del 16.9 por ciento si se hace el cálculo en términos de inflación.(7)

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Aunado a lo anterior, el informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública que envía la SHCP al Congreso muestra que en el primer trimestre de 2023 el presupuesto asignado al INAI ha tenido una reducción del 29.5 por ciento respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos para este año.

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La explicación de dicha reducción presupuestal por parte de la SHCP se limita en señalar que se destinaron “menores recursos para coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales, así como ser miembro del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Archivos y demás colegiados que establezcan las normas vigentes”.

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En este sentido, la apuesta del actual gobierno por centralizar el poder tiene varias complejidades que van más allá de la pérdida de credibilidad, al constituir una regresión en el funcionamiento de la transparencia y el combate a la corrupción, a la vez que se afecta el derecho de la ciudadanía de ser informada.

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades ascendió a 9,500 millones de pesos (cerca de 475 millones de dólares) en 2021.(8)

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En el mismo tenor, de acuerdo el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, presentado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México mantuvo por tercer año consecutivo la calificación de 31 puntos en una escala en donde 100 es la mejor calificación posible, y ubica a nuestro país en la posición 126 de los 180 países evaluados. De los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó la última posición.(9)

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Reflexiones finales

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Si consideramos estos datos y los ponemos en la balanza, es necesario garantizar un marco institucional de transparencia y una cultura que permee las estructuras sociales de raíz para que en México se revierta este mal. El INAI debe tender a la mejora de su funcionamiento y cumplir con las demandas y necesidades actuales, debe ser una institucion de vanguardia y con dientes, que permita sensibilizar a la ciudadanía para ejercer el derecho a saber y de exigir cuentas claras de lo que pasa en el país.

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Se dice que mantener esta institución es costoso, sin embargo, ¿tan costoso como perder todo lo que hemos logrado? ¿Tan costoso como mantener la corrupción de nuestro país y los viejos paradigmas obscurantistas? No lo creo. Como ciudadanía, salimos a la calle a defender al INE y la democracia de nuestro país, y es igual de necesario defender una institución democrática que nos da las herramientas para combatir la corrupción.

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Es necesario que exista voluntad política por parte del Senado y el Ejecutivo Federal para garantizar su continuidad y no solo eso, sumar a su fortalecimiento. Es necesario un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno que garantice la prevalecencia de la transparencia de nuestro país. Una transparencia joven, si consideramos los 21 años en que ha sido institucionalizada. Lo cierto es que mantener a este órgano autónomo es costoso, pero ¿no es más costosa la corrupción?

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Referencias bibliográficas.

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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.gob.mx/indesol/documentos/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-97187
    

2. La lucha contra el problema mundial de la corrupción: https://www.unodc.org/newsletter/es/200601/page004.html
    

3. ¿Qué es el INAI? https://home.inai.org.mx/?page_id=1626
    

4. Comunicado de prensa 891 Senado de la República. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50360-piden-en-el-senado-mejorar-desempeno-del-inai-y-expresan-preocupacion-por-su-futuro.amp.html
    

5. Comunicado de prensa INAI/065/2023. https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-065-23.pdf
    

6. La paralisis del INAI (IMCO) https://imco.org.mx/la-paralisis-del-inai-y-de-la-lucha-anticorrupcion/
    

7. Transparencia presupuestaria: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
    

8. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021.
   https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2021/doc/encig2021_principales_resultados.pdf
    

9. Indice de Percepción de Corrupción https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent