No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
1. Órganos autónomos en riesgo: el INE y el INAI
Foto de Victor Talashuk vía Unsplash.
En defensa de nuestra transparencia y democracia
Luis Knapp
Artículo 19
Son decenas de miles de servidores públicos en México, muchísimas instituciones públicas, partidos políticos, órganos autónomos y cualquier persona o entidad que realice actos de autoridad y ejerza recursos públicos, quienes además desarrollan actividades de interés público, genera una enorme cantidad de documentos, expedientes, oficios, y que gastan y cobran a partir de estos recursos. Cómo desempeñan efectivamente sus funciones, qué determinaciones toman, cómo están gastando esos recursos, de qué manera están trabajando para cumplir con los objetivos de sus cargos, puestos o labores, y si lo están haciendo en aras de un interés y beneficio social. Todas estas son cuestiones esenciales que debemos conocer.
Veamos algunos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tan sólo en la Administración Pública Federal (APF), al cierre de 2021, se contaron 301 instituciones que conforman su estructura orgánica y un total de 1,569,047 servidoras y servidores públicos adscritos. La principal función realizada por estas instituciones fue ‘Salud’ (que concentró 13.3%), seguida de ‘Infraestructura, comunicaciones y transportes’ con 11.0%. Durante 2021, el presupuesto total ejercido por las instituciones de la APF fue de 4,001,411,189,684 pesos; esta cifra representa un aumento de 17.3 % con respecto a 2020. A 16 instituciones de la APF se les realizó alguna evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios y/o políticas públicas; comparado con 2020, la cantidad de las mismas disminuyó 73.8% en 2021.
También durante 2021, las instituciones de la APF recibieron 381,725,501 solicitudes de trámites y servicios. De 2020 a 2021, éstas aumentaron 6.7%. En ese mismo año, se recibieron 27,934 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos. Esto representó un aumento de 22.0% en comparación con lo registrado en 2020. También se iniciaron 27,455 investigaciones derivadas de la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las y los servidores públicos adscritos a las instituciones de la Administración Pública Federal. Dicha cifra representó un aumento de 19.9 % con respecto a 2020. (INEGI, 2023)
Sólo son datos a nivel federal. Debe sumarse lo de todas las autoridades, personas, instituciones a niveles estatal y municipal que desarrollan, ejercen funciones y recursos públicos. Y todo este cúmulo de información nos debe interesar a todas y todos ya que precisamente estas personas e instituciones realizan día tras día actividades que trascienden, impactan, repercuten directamente en nuestras vidas, en la calidad de nuestro sistema democrático, en el uso eficiente de esa gran bolsa de dinero que es del y para nuestro país y su cabal funcionamiento.
Imaginemos un cuarto, el cual se encuentra apenas iluminado, con un escritorio al centro y una persona de la cual no se logra distinguir su rostro debido a las sombras del espacio. Bajo su custodia tiene centenares de archiveros y papeles. Esa persona no se identifica, exiguamente emite algún sonido como constatación de vida y frente a lo que se le pregunta o solicita, profiere algunas frases como “no puedo darte esa información”, “no la tengo”, “no existe”, “es confidencial”, o incluso en cierto argot burócrata conocido, “está difícil pero podemos arreglarnos”. La persona solicitante, después de insistir, no encuentra otra opción más que retirarse y dejar atrás esa sombría figura, millones de archivos y una enorme maquinaria estatal.
Este escenario, que podría verse en alguna película de Luis Estrada, mezclado con un ambiente kafkiano, no está alejado de nuestra realidad. Tuvimos un pasado político-gubernamental no tan lejano que seguía estas lógicas y en la actualidad lamentablemente continúa apareciendo esa figura sombría representada en alguna unidad u oficina de gobierno que niega dar información o la brinda de manera incompleta o la reserva discrecionalmente. Antes no existía una institución autónoma que velara por la transparencia. Ahora sí la tenemos y la estamos perdiendo, el presidente López Obrador quiere desaparecerla y retornar a aquellas épocas del priísmo puro y duro, donde la regla era el ocultamiento y la confidencialidad.
Para eso contamos y debemos contar con instituciones encargadas de la transparencia, de generar las condiciones y brindar las garantías para que nuestro derecho de acceso a la información se materialice sustancial y efectivamente. Que cualquier persona que quiera solicitar un dato, un oficio, una resolución, un contrato, lo obtenga, debiendo ser de la manera más sencilla posible y sin que acredite interés o posición especial alguna, de manera gratuita, en un simple pero vital ejercicio de sus derechos.
Algunos breves antecedentes
La historia de nuestra actual institucionalidad de transparencia no es de tan larga data. Partió de movimientos, iniciativas y exigencias desde la sociedad, lo cual siempre es importante resaltar, más ahora como el signo de estos tiempos donde el presidente López Obrador y su gobierno también han sostenido un discurso rancio, belicoso y agresivo en contra de organizaciones civiles y periodistas. Fue precisamente el denominado “Grupo Oaxaca”, conformado por personas periodistas, académicas, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, que impulsó en 2001 el establecimiento de un marco legal e institucional en materia de transparencia para México. Su labor y empuje llevó a la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en junio de 2002, lo que derivó posteriormente en el establecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), como un órgano de la Administración Pública Federal.
Posteriormente, en 2007, a través de una reforma constitucional, se reconoció en el artículo 6° de la Constitución Federal el derecho de acceso a la información y se estableció el principio de máxima publicidad, la protección de datos personales en archivos gubernamentales, la obligación de mantener en actualización los archivos y transparentar toda la información relativa al gasto de recursos públicos. De igual forma, en 2009 también se reconoció a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales y en 2010 se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El IFAI no sólo conocería de asuntos y controversias sobre acceso a la información, sino también sobre protección de datos personales, funciones que hasta ahora el actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como su nombre lo indica, ha seguido realizando.
A partir del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia”, publicado el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, el IFAI se transformó en un organismo autónomo, especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Poco más de un año después de esta reforma trascendental, a partir de la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en mayo de 2015, de observancia general en toda la República Mexicana y reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Federal, el entonces IFAI pasó a ser el ahora INAI.
Este cambio sustancial también deriva de estándares y recomendaciones internacionales. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública y de revisar las respuestas negativas de la administración con el fin de adoptar una decisión al respecto. La experiencia y la práctica comparada han demostrado la importancia de que existan este tipo de autoridades independientes y especializadas en los distintos ordenamientos jurídicos para evitar que se diluyan los esfuerzos en el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública. Todo lo anterior, naturalmente, sin perjuicio del control judicial oportuno respecto de las decisiones que niegan el acceso a la información. En este sentido la Relatoría Especial ha instado a los países a adecuar su legislación para fortalecer la estructura institucional de supervisión de la implementación de las leyes de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares más elevados en esta materia”. (RELE-CIDH, 2014)
Contexto actual y algunas acciones
Conforme a la cita anterior, se puede observar un importante avance en el sentido de esas recomendaciones y estándares internacionales, a efecto de robustecer nuestro sistema de transparencia y acceso a la información pública, y con ello, tonificar nuestra democracia, aún con sus flaquezas y área de oportunidad, mejorable, y actualmente bajo riesgo latente.
Siempre es importante recordar de dónde venimos, las dinámicas históricas que México ha atravesado, cómo y bajo qué contextos han surgido algunas instituciones que ahora vemos tan normales y comunes. Si ahora tenemos un Instituto Nacional Electoral (INE), autónomo, es primordial voltear hacia atrás y conocer todos aquellos movimientos sociales, así como las luchas por parte de aquellas personas y partidos que estaban relegados en el sistema político, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX frente a aquél régimen priísta omnímodo. Debe considerarse tamibén aquella reforma político-electoral de 1977 que marcó un parteaguas e introdujo los primeros cambios sustanciales para comenzar a despresurizar aquél país que ya había derramado sangre bajo un sistema opresor y omnipotente, para ir abriéndose a la pluralidad existente y emprender la democratización que ya era imperiosa, para no despertar al México bronco y violento que refirió Don Jesús Reyes Heroles en aquél entonces.
Aquellos primeros avances desembocaron en el establecimiento de instituciones autónomas como contrapesos al poder y con funciones sumamente relevantes, tales como el Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor del actual y ya referido INE; también se estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se otorgó autonomía al Banco de México. Ya entrado el siglo XXI, otros organismos adquirieron autonomía constitucional, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros, y por supuesto el INAI, como ya se mencionó líneas arriba.
Y ¿qué observamos en los tiempos actuales? Un pretendido, y ya en ocasiones, un materializado retroceso ante estos logros y avances democráticos, los cuales han partido, no dejemos de recordar, desde la sociedad civil y exigencias ciudadanas. Actualmente se busca dinamitar mucho de este andamiaje institucional ciudadano, ya sea a partir de reformas constitucionales y legales que quieren quitar autonomía, independencia e imparcialidad a este marco institucional, y también mediante cooptación de las mismas. Aquí entra de igual forma un tema de vital importancia: las designaciones públicas.
El apetito voraz de los partidos políticos por querer llenar vacantes en estos organismos a partir de perfiles cercanos a sus intereses, sin importarles que sean idóneos, técnicamente solventes y especializados, que cumplan con una trascendente función social y no sean meras antenas de los mismos partidos. Tal es el caso de la cuestionada e impugnada elección de la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que ha mostrado incluso de manera clara, un actuar parcial, apegado a la línea oficial, como su lamentable y penoso proceder ante el mismo INE, llamándolo “saboteador de la voluntad del pueblo” y emitiendo una Recomendación General (46/2022) que va en contra de la autonomía de este Instituto, mismo que promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dicha invasión toda vez que estos organismos de protección de derechos humanos, en términos de la Constitución Federal, no son competentes sobre asuntos electorales y jurisdiccionales. (INE, 2022)
En esta misma línea, recientemente, también hemos observado el cada vez mayor embate gubernamental contra el mismo INE, con una serie de reformas legales que hasta la redacción de estas páginas, han sido declaradas inválidas en una primera parte por la SCJN, por violaciones al procedimiento legislativo cometidas por el Congreso de la Unión, sin que haya sido necesario entrar al fondo del asunto. Legisladores y legisladoras, que votan y aprueban iniciativas de ley con temas tan trascendentes en unas escasas horas y sin observar las normas de sus propios procedimientos.
Y aquí entra otra gran protagonista de cualquier sistema que se repute democrático: la división de poderes. Que de igual forma se ha tratado de trastocar desde el Poder Ejecutivo con esa hambre feroz de concentración de poder, a partir de una pretendida superioridad moral con la que se quiere justificar cualquier acción o declaración virulenta desde la palestra presidencial, que consideran tener valores morales más altos que el resto del mundo y reacio a cualquier crítica.
Los también recientes y fuertes embates al Poder Judicial y, en particular, a la Suprema Corte, que hasta en amenazas se han traducido, siguen pintando de cuerpo entero estas pretensiones autocráticas de concentración total y que el gobierno no sea tocado ni con el pétalo de una investigación periodística crítica.
Tampoco se trata de defender ciegamente ni meter las manos al fuego por ninguna institución, poder o persona. Lo que se tenga que mejorar, que se mejore. Finalmente son creaciones humanas, operadas por humanos y habrá áreas de oportunidad. Que quien cometa una infracción, falta o delito, sea sancionado. Que cualquier práctica o procedimiento que no esté cumpliendo con el objetivo para el que se estableció, se reforme y mejore. Pero querer llegar a arrasar, desmantelar o destruir construcciones democráticas que precisamente se levantaron como respuesta a un régimen autoritario anterior, es arbitrario y aborrecible.
En esta vorágine autocrática se encuentra actualmente el INAI en serio riesgo de desaparecer. Por ahora se encuentra paralizado de manera dolosa, al no designar personas comisionadas que cubran el quórum requerido para sesionar y continuar trabajando, teniendo un actual rezago de más de 4 mil asuntos. La intención es clara. Desaparecer al INAI y retornar sus funciones a dependencias del gobierno. Caminar décadas hacia atrás.
Además, esta actitud gubernamental resulta aún más alarmante si observamos que en el actual sexenio la transparencia no es precisamente lo suyo. Se establecen reservas discrecionales de información por seguridad nacional e interés público y han habido aumentos considerables de recursos interpuestos ya sea por negativas, insuficiencia o declaración de inexistencia de información solicitada (ARTICLE 19, 2023). En este contexto, ¿desaparecer al INAI?, ¿que el gobierno sea juez y parte?, ¿permitir retrocesos autocráticos?
Frente a todo esto, ¿qué se puede hacer?. Al menos, partir de las siguientes acciones, desde un seguimiento y participación más activa, ante lo que nos debe (pre)ocupar:
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Mantenerse informado(a) ante las pretensiones del gobierno de desaparecer el INAI y trastocar cualquier otra institución autónoma. En el último año del actual sexenio, podrían arreciar más estos embates y materializarse reformas regresivas.
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Ejercer siempre el derecho a la protesta social, salir a las calles y exigir que se preserve nuestro sistema democrático, aún con sus debilidades o falencias, pero es el mejor sistema que podemos tener antes de caer en uno autoritario y anulador de nuestros derechos.
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Exigir transparencia y deliberaciones públicas en las designaciones de aquellos perfiles de organismos autónomos en donde partidos y gobierno pretendan cooptar a dichas instituciones. Deben ser perfiles idóneos, especializados, imparciales.
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Impugnar ante juzgados y tribunales aquellos actos y omisiones de las autoridades que vayan contra la Constitución, los tratados internacionales y nuestros derechos humanos.
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Defender a capa y espada la división de poderes como principio fundamental en defensa de nuestra democracia y evitar concentraciones ilegítimas de poder.
Realmente es muy importante dar seguimiento puntual a todas estas cuestiones, de cara a las elecciones de 2024. Evitemos regresar a épocas de un partido hegemónico, omnipresente y con claves autoritarias. No se vaya a cumplir aquella advertencia de despertar al México bronco y violento, pero en esta ocasión para defender nuestros derechos y conquistas democráticas.
Notas:
ARTICLE 19 (2023). Las funciones del INAI no pueden ser absorbidas por otras instituciones, es un órgano central para la protección del derecho a saber de la sociedad. https://articulo19.org/las-funciones-del-inai-no-pueden-ser-absorbidas-por-otras-instituciones-es-un-organo-central-para-la-proteccion-del-derecho-a-saber-de-la-sociedad/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Censo Nacional de Gobierno Federal 2022.https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngf/2022/doc/cngf_2022_resultados.pdf
Instituto Nacional Electoral (2022). INE promueve ante la SCJN una controversia constitucional contra la CNDH por invasión de competencias y una queja por incumplimiento de sentencia de la Cámara de Diputados.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2014). El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/Informe%20Tem%C3%A1tico%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%202014.pdf
