Sin embargo, como experta en política de inmigración, creo que existe otra cara de la tragedia que no se puede pasar por alto: las políticas de control de inmigración de los gobiernos de EUA y México durante décadas, que han visto dispararse el número de personas retenidas en tales instalaciones.

​

Tras el incendio, Felipe González Morales, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes, comentó en Twitter que “el uso extensivo de la detención de inmigrantes conduce a tragedias como esta”. 

​

Y Estados Unidos es uno de los que hace ese “uso extensivo” en ambos lados de la frontera. 

​

​

Esperas largas y miedo a la deportación

​

Hoy México mantiene un sistema de detención muy extenso. Comprende varias docenas de centros de detención a corto y largo plazo, que albergaba a más de 300.000 personas en 2021.

​

En comparación, el sistema de detención de inmigrantes de EUA es el más grande del mundo. Mantiene 131 instalaciones compuestas por Centros de Procesamiento de Servicios propiedad del gobierno, Instalaciones de Detención por Contrato de gestión privada y una variedad de instalaciones de detención, incluidas las prisiones.

​

México cuenta con leyes vigentes que deberían garantizar que los migrantes detenidos solo tengan estadías breves y se les otorgue el debido proceso, como el acceso a abogados e intérpretes. La ley también establece que deben tener condiciones adecuadas, incluido el acceso a la educación y la atención de la salud.

​

Pero lo que los migrantes a menudo enfrentan, en realidad, en estos centros de detención son las malas condiciones sanitarias, el hacinamiento, las estadías prolongadas y la desesperación por la casi certeza de la deportación.

​

El incendio en Ciudad Juárez se inició después de que los migrantes -hombres de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador- supieran que serían enviados de regreso a esas naciones, según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La deportación habría terminado con sus esperanzas de buscar refugio en los EUA. 

​

​

La aplicación de la ley de inmigración de EE. UU. se desplaza hacia el sur

​

El motivo por el cual México (no EUA) estaba deportando, tiene mucho que ver con la forma en que las dos naciones han colaborado para controlar la migración irregular que se dirige a EUA., especialmente desde el cambio de siglo. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las autoridades estadounidenses consideraron cada vez más la inmigración como un problema de seguridad, un eje que afectó no solo la legislación interna de EUA sobre inmigración, sino también sus relaciones bilaterales con México. 

​

En 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón unió esfuerzos con el presidente George W. Bush en la Iniciativa Mérida para emprender una guerra contra las drogas en México, construir una "frontera entre Estados Unidos y México del siglo XXI" y trasladar la aplicación de la ley de inmigración al territorio mexicano.

​

Estos esfuerzos, respaldados por una financiación masiva de los EUA, continúan hoy.

​

Con este dinero, México estableció bases navales en sus ríos, cordones de seguridad y vigilancia con drones. También instaló puntos de control móviles en las carreteras y controles biométricos en los centros de detención de migrantes, todo con el objetivo de detectar, detener y deportar a migrantes, en su mayoría centroamericanos, que intentaban llegar a Estados Unidos.

​

La intención era desplazar la aplicación de las leyes de inmigración de EUA al sur de la frontera. En ese sentido, la política ha tenido éxito. Cifras del Instituto Guatemalteco de Migración muestran que de los 171.882 migrantes con destino a Estados Unidos deportados a la región del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Honduras y Guatemala) en 2022, México envió de regreso a 92,718, en comparación con los 78,433 de Estados Unidos.

​

 

La prevención a través de la disuasión no está funcionando

​

Las detenciones y deportaciones realizadas por México han hecho poco para detener el flujo de migrantes que ingresan al país en ruta a los Estados Unidos.

​

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin estiman que, de 2018 a 2021, un promedio anual de 377,000 migrantes ingresaron a México desde la región del Triángulo Norte. La gran mayoría se dirigió a los EUA. para escapar de la violencia, la sequía, los desastres naturales, la corrupción y la pobreza extrema.

​

Miles de migrantes que también vienen de otros países pasan por México, huyendo de las condiciones en países como Haití y Venezuela, así como de naciones africanas.

​

Mientras tanto, en los últimos años se ha visto un endurecimiento de las políticas de control fronterizo dirigidas a los solicitantes de refugio en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto comenzó en la administración de Donald Trump, pero el presidente Joe Biden lo ha continuado a pesar de las promesas de campaña del demócrata de un sistema de inmigración más “humano”.

​

Desde 2019, Washington ha adoptado una serie de políticas que obligan a los migrantes que se presentan en la frontera sur de Estados Unidos a solicitar refugio mientras permanecen en México o los expulsan a sus países de origen.

​

Esto ha creado un cuello de botella de cientos de miles de migrantes en las ciudades fronterizas de México y aumentó el número de personas que ingresan a los centros de detención en ese país.

Para 2021, el número de inmigrantes detenidos en dichos centros había llegado a 307,679, casi el doble que en 2019.

​

Como resultado, muchos centros, incluido el implicado en el incendio, han sufrido condiciones de hacinamiento y deterioro. Un informe de 2021 del centro de investigación sobre inmigración Global Detention Project documentó ampliamente cómo las condiciones y prácticas de los centros de inmigración de México habían provocado protestas generalizadas por parte de los migrantes detenidos. Los disturbios y las protestas se han vuelto cada vez más comunes, con incidentes en instalaciones en Tijuana y la ciudad sureña de Tapachula en los últimos meses.

​

​

Sin final a la vista

​

Es poco probable que la tragedia en Ciudad Juárez afecte el flujo constante de migrantes que ingresan a México con la esperanza de llegar al norte de la frontera. Para muchas de estas personas, las opciones para tomar un camino que no sea la seguridad en los EUA simplemente no existen.

​

Solo unos pocos pueden solicitar el estatus de refugiado en los EUA desde el extranjero y las esperas son largas. El programa de "libertad condicional humanitaria" de Biden, que permite la entrada a EUA de hasta 30,000 personas por mes, es solo una opción para quienes viven en un puñado de naciones. También está siendo impugnado en los tribunales. Y para los pocos afortunados que logran solicitar asilo en los EUA, las tasas de denegación siguen siendo altas (63 % en 2021), mientras que los retrasos en los tribunales de inmigración indican que se están decidiendo menos casos. Los jueces de inmigración de EUA solo concedieron refugio a 8,349 solicitantes en 2021.

​

Mientras tanto, la “prohibición de tránsito” entrante de la administración Biden significará que cualquier persona que busque refugio en la frontera sur de los EUA a partir del 11 de mayo de 2023, sin haber solicitado asilo primero en el camino, será deportada rápidamente, gran parte a México.

​

Lo más probable es que la política solo empeore el cuello de botella en el procesamiento de migrantes en México y agregue presión sobre el ya volátil sistema de centros de detención del país.

​

* Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Conversation y lo puedes leer aquí. Se publica la traducción al español hecha por Xiomara Peraza bajo la licencia de Creative Commons.