1. Una realidad de sufrimiento que se expande

 

La presencia de las personas migrantes, muchas veces de familias enteras, es el pan cotidiano en el estado de Chihuahua. No sólo en las localidades fronterizas como Juárez, Palomas u Ojinaga, sino en las principales ciudades del estado. Los migrantes se hacen presentes en los cruceros, tocan a las puertas, van a los templos a pedir apoyo. Su número se ha incrementado notablemente y se han diversificado sus países de origen: primero eran de América Central, sobre todo Honduras, El Salvador y Guatemala, luego muchos de Haití, después vinieron Cuba, Venezuela y contando.

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El camino del migrante hasta acá es de sufrmiento y el sufrimiento es su vivencia principal mientras permanecen en estas tierras. Provienen generalmente de climas cálidos, húmedos, tropicales, de regiones con mucha vegetación. Y llegan a estas llanuras desérticas, secas, inhóspitas, a climas extremosos donde en un mismo día de invierno la temperatura mínima puede llegar a menos 10 grados en una mañana de invierno o de 42 grados una tarde de verano. En un mismo día invernal puede haber una diferencia de 25 grados entre la temperatura mínima y la máxima. Esto es peor cuando se vive a la intemperie o en refugios precarios, o en albergues sin aire acondicionado ni calefacción, como viven la mayoría de las personas migrantes.

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Las inclemencias del tiempo son, tal vez, la menor de las dificultades que enfrentan los migrantes en un estado fronterizo como Chihuahua. Hay otras mucho mayores: en primer lugar, la forma en que son tratados por las autoridades migratorias de México y de los Estados Unidos (EUA). A pesar del discurso oficial, aún hay muchos funcionarios del Instituto Nacional de Migración que practican el maltrato, la extorsión o la represión hacia las personas migrantes, sea porque provienen de administraciones anteriores, sea porque muy pronto son cooptados por la cultura de la “mordida” que despoja a los migrantes del poco dinero y pertenencias que traen consigo.

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Por su parte, los agentes norteamericanos del CBP (la oficina de Protección de Aduanas y Fronteras de EUA) tratan como personas de tercera clase a las migrantes que se acercan legalmente a solicitar información o a realizar un trámite; no les dan los datos como los requieren, promueven informaciones falsas o inexactas que los confunden; postergan los plazos para darles una respuesta, etc. Y cuando los detienen tratando de pasar sin documentos, los tratan como verdaderos criminales.

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Así, la criminalización de las personas migrantes es una constante, tanto del lado norteamericano por parte de “la Migra”, como de los agentes de migración, policías municipales, estatales y Guardia Nacional en México.

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Aun cuando el trato de las autoridades migratorias sea bueno, el hecho es que los recursos que el Gobierno Federal destina para atender a migrantes se han reducido significativamente, en primer lugar, porque al principio redujo los presupuestos y, en segundo lugar, porque se disparó el número de migrantes, lo que hace que aunque se incrementen los recursos, alcancen para cubrir menos necesidades. Por ejemplo, antes a los migrantes deportados de los Estados Unidos, se les entregaba al recibirlos una “box lunch”, un kit mínimo de aseo personal y unas agujetas para sus tenis, pues los agentes de la “migra” se las quitaban; ahora no se les da nada.

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Ante la falta de recursos suficientes por parte de las autoridades mexicanas, son las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias quienes atienden en varios rubros a las personas y familias migrantes. Les ofrecen albergues, comidas calientes, orientación, apoyo psicológico, oportunidad de entrar en contacto con sus familiares, etc. Sin embargo, a pesa de que cada día hay más asociaciones de este tipo que se hacen presentes en Ciudad Juárez, son rebasadas por la llegada de multitud de migrantes por ambos lados  de las fronteras. Tan sólo de los Estados Unidos se deportan a Juárez 30 mil migrantes cada mes.

 

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2. La des responsabilización de los responsables

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La situación problemática y los sufrimientos que padecen las personas migrantes tienen responsables muy concretos. Sin embargo, los diversos actores sociales y gubernamentales buscan des responsabilizarse y no enfrentar los compromisos que debieran asumir.

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En primer lugar, están los gobiernos de los países de origen. Al ser factores como la miseria, el desempleo, la injusticia social, las violencias, sobre todo la criminal, la persecución política los principales factores internos de expulsión de las personas migrantes, deberían ser los gobiernos respectivos quienes hagan lo posible por irlos resolviendo. No es así, o no asumen esa responsabilidad o lo hacen de manera muy limitada.

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Otro de los factores de la expulsión de migrantes en nuestra región es el colonialismo ejercido por Estados Unidos sobre Latinoamérica desde hace dos siglos. Colonialismo que destruye y subordina las economías y sociedades locales, e introyecta el modo de consumir, trabajar, desear y vivir promovido por él. Así, el capitalismo norteamericano, genera un efecto de atracción de la gente a su modo de vida, a su supuesto progreso, pero al mismo tiempo, su dominio neocolonial provoca la expulsión de poblaciones que no tienen condiciones de vida digna en su país de origen, pero cuando éstas llegan a la frontera norteamericana,  se les levantan muros de hierro y de política migratoria racista y represiva. La dialéctica de la inclusión subordinada y la exclusión violenta.

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Ante esto, Washington no sólo busca des responsabilizarse del problema, sino lo agrava mediante sus políticas represoras, mediante la expulsión de migrantes para transferir a los “terceros países” toda responsabilidad.

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El gobierno federal tiene una seria responsabilidad en esta problemática de las personas migrantes. Por presión o por no haber de otra, ha tenido que ser partícipe de facto de la política migratoria de los Estados Unidos: ha militarizado las fronteras, contenido migrantes, improvisado una política de atención, sin suficientes recursos, sin que en ella participen estados, municipios y sociedad. No ha extirpado la corrupción alojada desde hace añales en el Instituto Nacional de Migración, donde sigue habiendo extorsiones, maltratos, represión, perpetradas (y perpetuadas) contra las personas migrantes. Las dependencias federales del país no están adecuadamente preparadas, ni tienen presupuesto suficiente, ni protocolos, ni infraestructura física adecuada para brindar un trato digno al número creciente de migrantes. Ciertamente no rehúye la responsabilidad, pero la cubre a medias y asume una responsabilidad que no le corresponde al aceptar el rol que le asigna el gobierno de los Estados Unidos.

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Los gobiernos de las entidades federativas y municipios fronterizos, de pronto se enfrentaron con un problema que rebasa con mucho sus capacidades. Algunos de ellos hacen lo más que pueden para brindarles una atención adecuada. Sin embargo, hay otros, sobre todo los de la oposición, que tratan de des responsabilizarse trasladando toda responsabilidad al Gobierno Federal y ni siquiera ejercen un control adecuado sobre las policías estatales o federales, que muy frecuentemente son las principales extorsionadoras y maltratadoras de personas migrantes.

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En Chihuahua hay dos casos significativos que muestran la actitud de las autoridades locales:

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• El de la gobernadora blanquiazul María Eugenia Campos Galván: en abril de 2022 firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott -mostrado en la Cámara de Diputados por la legisladora juarense Andrea Chávez- que pretende  “…detener el flujo de migrantes de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua”.  Para esto utilizarán drones y la tecnología de la “Plataforma Centinela”, sobada estrategia del gobierno panista que costará 4 mil 200 millones de pesos a los contribuyentes chihuahuenses, quienes así financiarán las acciones antiinmigrantes del  fascista gobernador texano.
   

• El del ayuntamiento de Juárez, encabezado por el morenista Cruz Pérez Cuéllar: quien declaró días antes del incendio del 27M: “Nuestro nivel de paciencia con los migrantes se está agotando”.  Ya en noviembre pasado el área de derechos humanos del municipio demandaba al Instituto Nacional de Migración que se ejecutaran “redadas de migrantes en los cruceros porque ha habido muchas quejas de la gente”. Ciertamente a las autoridades municipales llegan muchas quejas, pero las más no se refieren a la presencia de las personas migrantes, sino a la pésima calidad de los servicios públicos, como el transporte, el alumbrado, o el asfaltado de las calles y la galopante inseguridad pública.

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3. Hacia un cambio de paradigma para pensar y actuar ante la cuestión de las personas migrantes

 

El éxodo masivo de migrantes hacia los Estados Unidos va a continuar al menos en el futuro próximo Para que no se repitan no sólo las tragedias como la del 27M en Ciudad Juárez, sino también para reducir al máximo los sufrimientos de este tipo de personas es necesario cambiar el paradigma con el que se piensa en ellas y con el que se actúa con relación a ellas.

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El paradigma predominante actual es el que el Papa Francisco llama “la cultura de los muros”: las personas migrantes son “peligrosas”, potencialmente criminales, bárbaros que asaltan las ciudadelas del “desarrollo”, por lo tanto, hay que interponer todo tipo de muros ante ellas: muros de hierro en la frontera, muros de militares y policías, muros de leyes y normatividades, centros de detención, más muros y candados.

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Este paradigma debe cambiarse por el de la dignidad de la persona, la acogida y los cuidados. Las y los migrantes son personas humanas, con todos los derechos en todas partes. Como tales merecen que sociedades y gobiernos los acojan, no los criminalicen, les brinden todos los cuidados que sus posibilidades les permitan, en lugar de muros y candados. Partiendo de este cambio en la manera de pensar a las personas migrantes, hay toda una serie de tareas que podemos llevar a cabo:

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• Llevar a cabo por todos los medios, sobre todo por las redes sociales,  a las falsas concepciones y a las fake news que se difunden criminalizando a las personas migrantes, culpándolas de todo tipo de males, a las actitudes xenofóbicas y racistas.
   

• Promover en cada localidad la conciencia sobre las causas del problema migratorio, sobre los responsables del mismo , y sobre las formas para que la población acoja con solidaridad a las personas migrantes.
   

• Exigir al Estado mexicano que construya una política migratoria con enfoque efectivo de derechos humanos, abriéndose a la participación ciudadana. Quienes saben del asunto de las personas migrantes, incluso más que el propio gobierno, son las organizaciones de la sociedad que las apoyan y las cuidan, las iglesias y las y los activistas. Hay que escucharlas, invitarlas a participar. Ellas demandan recurrentemente la desmilitarización de las fronteras y la no criminalización de las personas en movilidad y brindarles atención y cuidado dignos, sin consideraciones políticas. Hay que escucharlas y tener la humildad de dejarse guiar por ellas.
   

• Aprovechando el llamado ciclo progresista de la región, se debe promover la construcción de un Pacto Latinoamericano por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes que sirva como base para un diálogo multilateral con el gobierno de Washington. Muchos sectores de allá lo apoyarían.
   

El masivo éxodo migrante continuará, las tragedias y las muertes se repetirán si no se transforma la cultura de los muros y los candados en la cultura de la acogida a personas portadoras de derechos, independientemente de su origen y de su situación legal.