De la competitividad a la “tecno-guerra”
El nuevo perfil de América del Norte y el reposicionamiento geopolítico de México

 

Isidro Morales

Afiliado externo del Centro de Estados Unidos y México, Instituto Baker
Profesor, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 

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Entre 2018 y 2022 el mundo entró en lo que se podría llamar una “policrisis” marcando el fin de una era y el inicio de otra, cuyos actores principales y problemáticas apenas se están vislumbrando. Tres disrupciones profundas se entrelazan desde entonces entre sí dando lugar a un entramado complejo cuyos derroteros no son fáciles de visualizar: i) la escalada de la  “guerra comercial” entre Estados Unidos y China que, durante la administración Biden, se ha definido más como una rivalidad científico-tecnológica; ii) la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, provocando una reterritorialización de las fronteras y alianzas geopolíticas; iii) la relocalización de las cadenas globales de abastecimiento bajo criterios geopolíticos y de seguridad, al menos por parte de Estados Unidos, con el fin de renovar su liderazgo tecnológico y económico. Estos tres retos han modificado el pensamiento estratégico de los Estados Unidos, sobre todo con el regreso de los demócratas a la Casa Blanca con Joe Biden.

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En la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Biden, se reconoce que el principal rival geopolítico de los Estados Unidos es China, ya que su revisionismo en política internacional no es compatible con el orden liberal que se intentó globalizar con el fin de la Guerra Fría, y a que la rivalidad tecnológica que mantiene con la Unión Americana busca fortalecer un modelo autocrático e iliberal de gobierno, cuyas manifestaciones de fuerza pueden comprometer el futuro económico y político de sus aliados (White House, 2022). Washington reconoce, sin embargo, que persisten desafíos globales con los que hay que lidiar, como el combate al terrorismo, el cambio climático, las pandemias actuales y futuras, que exigen la acción colectiva y, por tanto, la cooperación multilateral, incluso con los países rivales. En ese sentido, la rivalidad comercial y tecnológica con China no necesariamente se ve como un antagonismo de confrontación, sino más bien una rivalidad que debe conducirse sin llegar a un enfrentamiento militar.

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A pesar de que la invasión rusa a Ucrania ha provocado un choque múltiple: energético, económico y geopolítico, Washington lo percibe como un problema regional, que afecta directamente a Europa, aunque hay que revertirlo para contener el expansionismo ruso. La razón por la que Washington no considera a Rusia un rival a la estatura de China, es probablemente porque cuenta con los recursos duros y blandos para contenerlo. La invasión ha hecho la necesidad de la OTAN más apremiante y la presencia del poder militar estadounidense más necesaria en el teatro europeo para mantener los equilibrios en el Viejo Continente. El hecho de que Finlandia y Suecia se conviertan pronto en nuevos miembros de la alianza militar, parece demostrarlo. Estados Unidos ha logrado canalizar recursos financieros y militares al gobierno de Selensky, con fin de resistir la ofensiva rusa. Cuenta además, con una producción creciente de crudo y gas, que lo ha hecho no solo autosuficiente, sino capaz de suministrar dichos recursos a sus aliados europeos con el fin de apoyar el embargo petrolero impuesto a los rusos -y que la misma Europa se apresta a secundar- así como para diversificar las importaciones de gas ruso de las que todavía Europa depende.

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Washington ha diseñado una estrategia de tres pilares para enfrentar dichos retos i) la securitización de la innovación tecnológica y por tanto, del comercio de insumos estratégicos de la economía estadounidense; ii) la redefinición de sus alianzas; y iii) la modernización de su ejército. Los primeros dos puntos resultan cruciales para esta nota porque redefinen directamente el peso geopolítico de Norteamérica que, hasta la administración Obama, se había concebido como un bloque para mejorar la competitividad de la región en una era de globalización y desafíos transnacionales, sobre todo el terrorismo.

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En efecto, el primer pilar de la estrategia estadounidense vincula la tecnología y el comercio con la seguridad, sobre todo en insumos e industrias clave para la movilidad eléctrica y electrónica, como los microprocesadores, las tecnologías de punta en computación, la biotecnología y las energías limpias. En este rubro, la administración Biden ha borrado la frontera entre la política externa y la interior, con el fin de fortalecer la resiliencia de su propia economía frente al reto chino. Para ello, Washington se ha embarcado en una política industrial de vanguardia, en donde el estado realiza inversiones estratégicas para que el sector privado y los organismos regulatorios pongan en marcha la reconversión de la economía apoyada todavía en la movilidad y el consumo de fósiles, hacia una verde en donde la movilidad y la conectividad descansen más en energía eléctrica generada por renovables.

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Es en ese contexto que deben entenderse las tres leyes que ha logrado aprobar el congreso estadounidense durante la primera mitad del gobierno de Biden. La Ley de Infraestructura (LI), votada en noviembre de 2021, que agrupa el mayor volumen de inversión pública (1.2 billones de dólares) a ser desembolsado en cinco años, y que busca modernizar las carreteras, caminos, sistemas de agua potable y de conexión electrónica del país. (NCSL, 2021 y USDOE, 2021). El segundo paquete lo consiguió Biden en julio de 2022, con la Ley de Reducción de la Inflación (LRI), mediante la cual pudo obtener otros 385,000 millones de dólares, desembolsables en 10 años, para apoyar directamente el desarrollo de energías renovables y el impulso de los automóviles eléctricos. Poco después, en agosto de ese año, logró que se votara lo que se conoce como la Ley de Microprocesadores y Ciencia (LMC), que prevé un desembolso de más de 52,000 millones de dólares para impulsar la investigación, producción y desarrollo de los microprocesadores de nueva generación en su país, y así superar el desabasto que la crisis del COVID 19 había generado de estos insumos estratégicos para asegurar la competitividad de la economía estadounidense en la era de la 5G.

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En efecto, la LRI y la LMC, incluyen créditos, subsidios y desembolsos tanto para impulsar la generación eléctrica y movilidad de carbono neutro, como para estimular la investigación y el desarrollo de los microprocesadores de nueva generación. En materia climática, la LRI es la más ambiciosa de todas, pues lo mismo da créditos a la producción, a la inversión y al consumo para la generación y venta de energía verde, como para la captura de carbono, el desarrollo de celdas de combustibles, nuevas baterías, y automóviles eléctricos, entre otros (IRA, 2022). Lo más controvertido de esta ley es su carácter proteccionista, ya que busca impulsar las cadenas de abastecimiento internas y, en el mejor de los casos, las de América del Norte o, en algunos casos, la de los países que cuentan con un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Estados Unidos. En materia automotriz, por ejemplo, los créditos sólo benefician a los vehículos ensamblados en América del Norte, cuyas reglas de origen exigen además incorporar el acero y otros componentes con los que han sido elaborados. Con dicha ley, queda claro que Washington busca proseguir con la desarticulación de las cadenas de suministro que se habían entablado con China, para reconstituirlas con países más cercanos, o ”near shoring”, aunque en la legislación estadounidense se han enmarcado más bien en una relocalización entre aliados, o “ally- shoring”; es decir, con países ubicados ya sea en América del Norte o con quienes se tiene un ALC.

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El objetivo de la LMC es mucho más estratégico, pues busca detonar la producción interna de microprocesadores de última generación, a la par de fortalecer la investigación y desarrollo científicos. Con esta ley, Estados Unidos busca elevar su producción interna, reconfigurar las cadenas de abastecimiento bajo los términos arriba mencionados, otorgar créditos de hasta 25% a las nuevas inversiones en este campo, y echar a andar una estrategia de ciencia y tecnología a nivel federal que garantice lo que se ha denominado su “seguridad económica”[1], corolario interno de su estrategia externa que busca mantener la superioridad tecnológica estadounidense sobre China.

La securitización de la innovación tecnológica y del comercio de insumos estratégicos cierra, por tanto, la era de la globalización neoliberal tal y como Washington la había concebido hasta el fin de la era Obama, en el sentido de que las compañías transnacionales eran libres de reubicar sus cadenas de valor con base a las mejores condiciones de los mercados regionales y globales. La securitización de la movilidad electrónica y de la transición energética -exacerbada aún más por la invasión rusa a Ucrania- tienden a redefinir los flujos de comercio e inversión bajo criterios geopolíticos. Esto es lo que explica el nuevo proteccionismo de Washington en sus industrias clave, así como la redefinición de sus alianzas estratégicas.

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La rivalidad tecnológica con China y la invasión rusa a Ucrania han obligado a Washington a fortalecer y, hasta ampliar, su alianza militar con Europa y Turquía a través de la OTAN. La imposición de sanciones a Rusia, el desacoplamiento de las importaciones rusas de fósiles que efectúa hoy la Unión Europea, y la urgencia por diversificar los abastecimientos energéticos han fortalecido las relaciones transatlánticas. La creación de nuevos bloques, como el QUAD ( Australia, India, Japón y EE.UU) y el  AUKUS (Australia, Gran Bretaña y EE.UU.), y el llamado Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF por sus siglas en inglés), que abre una nueva era de cooperación política y económica entre Washington y 13 miembros de la región, son signos claros de esta nueva era de fragmentación y reorganización geopolítica a través de bloques. ¿En todo este reordenamiento, qué papel le toca a México?

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El fin de la Post-Guerra Fría y la nueva estrategia articulada por Washington para enfrentar sus nuevos retos y oportunidades geopolíticas, han abierto una ventana de oportunidad para redefinir la relación que México había fraguado entre 1994 y 2016 con su vecino del norte, sobre todo en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que ya había manifestado signos de agotamiento desde la administración Obama. La rearticulación de esta nueva alianza se hará bajo nuevos términos, en donde el manejo de la rivalidad sinoestadounidense, evitando en la medida de lo posible confrontaciones bélicas, será la preocupación central de Washington.

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El eje a partir del cual se ha empezado a rearticular la relación bilateral es sin duda el  Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), ya que por ahora ni la agenda migratoria ni la de combate al narcotráfico de ambos países, cuenta con un común denominador como para redefinir el conjunto de la relación bilateral. A pesar de las limitaciones del T-MEC, el acuerdo encierra un interés común a partir del cual ambos países siguen anclando su futuro económico, sobre todo ahora que Washington ha apostado a la rearticulación de las cadenas de insumos estratégicos bajo el principio de la relocalización aliada.

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Estados Unidos ha logrado ya desacoplarse considerablemente de las importaciones chinas de microprocesadores. Como se aprecia en el Gráfico 1, en 2011 el dragón asiático proveyó 40% de las importaciones estadounidenses, mientras que en 2022 apenas eran 6% del total. El gráfico muestra también el papel clave que han jugado los países del Pacífico asiático, sobre todo Corea del Sur, Malasia, Tailandia y más reciente Vietnam, en el desplazamiento de las importaciones chinas. La reubicación de las importaciones chinas se ha realizado en países cuyo comercio gravita en torno al mercado chino, por lo que la administración Biden ha buscado un nuevo acercamiento con dichos países a través del IPEF. México, por el contrario, que llegó a abastecer el 15% de las importaciones de microprocesadores de su vecino del norte, ha sido desplazado por los países asiáticos, ya que en 2022 sólo le proveyó el 2.5%. En otras palabras, a pesar de que México se beneficia de la contigüidad con los Estados Unidos, los países del sudeste asiático como Corea del Sur, Vietnam, Malasia y Tailandia han reducido ya dichas ventajas bajo el principio de la reubicación de cadenas entre aliados.

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Gráfico 1. Unidos. Importaciones de semiconductores. Principales países. 1992-2022
Porcentajes