En los años 80 y 90, la situación para la población centroamericana fue al revés. La mayoría de las personas que solicitaban asilo en la frontera México-EUA provenían de Centroamérica –Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua-, aún si estas últimas solían buscar protección en Costa Rica. Solicitaban asilo a raíz de los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con un impacto posterior en Honduras, intensificado después del huracán Mitch ocurrido en 1998.

  

Fue hasta 2014 que por primera vez se vio un incremento en los números de eventos de detención de personas del norte de Centroamérica en comparación con la población mexicana que cruzaba esa misma frontera. En ese año, miles de niñas, niños y adolescentes fueron detenidos cruzando hacia Estados Unidos, y el número de familias también subió. En vez de hablar de población mexicana y no mexicana (OTM – other than Mexican), el gobierno estadounidense empezó a desglosar las estadísticas de aprehensiones por nacionalidad. (WOLA, 2015)

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En estos años también hubo un mayor número de personas de Cuba y Haití llegando a la frontera. De acuerdo con Florido (2017), la población cubana aún gozaba de la política “pies secos” que les permitía regularizar su situación migratoria si llegaba a suelo estadounidense mientras que la población haitiana estaba reaccionando aún a la devastación del temblor de 2010. Fue el presidente Barak Obama quien eliminó la política privilegiada para la población cubana y quien puso un alto a la entrada de la población haitiana. Desde principios de 2016, la Patrulla Fronteriza, bajo instrucciones de la administración de Obama, empezó a limitar el número de personas que podían entrar a solicitar asilo todos los días. Esta política de “metering” siguió durante toda la presidencia de Donald Trump en todos los puertos de entrada. Algunas listas de espera fueron manejadas por la población migrante, otras por la sociedad civil, y por funcionarios municipales mexicanos. 

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Durante la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos implementó cientos de cambios migratorios a través de órdenes y reglas ejecutivas para limitar el acceso al asilo y para disuadir la migración a través de la frontera entre México-EUA. De acuerdo con Migration Policy Institute (2022) se contabilizaron 472 acciones ejecutivas migratorias durante su administración.

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Estas medidas incluyeron el programa “Quédate en México” (Migration Protection Protocols o MPP), a través del cual México acordó aceptar que solicitantes de asilo en EUA esperaran sus casos del lado mexicano, la llamada Veda de Tránsito y Asilo (Transit Country Asylum Ban) así como acuerdos parecidos a tercer país seguro entre EUA y Guatemala, Honduras y El Salvador (Cooperative Agreements). (IMUMI, 2019).

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La política que causó más indignación fue una serie de medidas para perseguir penalmente a las personas migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo a madres y padres que cruzaban con sus hijas e hijos de forma irregular, enviando a las personas adultas a procedimientos penales y separándolas de sus hijas e hijos (Criminal Consequence Initiative y Zero Tolerance). La política separó a miles de familias, algunas de ellas, en pleno 2023 no se han podido reunificar a pesar de los esfuerzos del gobierno de Biden, quien abrió una oficina especial para asegurar las reunificaciones.

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El símbolo del muro –aún si finalmente no logró construir un muro a lo largo de la frontera como había prometido– es una imagen atinada para representar las intenciones del gobierno de Trump y del partido Republicano. A través de sus asesores como Stephen Miller, atacaron los derechos de protección de persecución y tortura en las leyes a través de órdenes, reglas, y medidas ejecutivas sabiendo que, si una era declarada ilegal por el poder judicial, tendrían otras para llegar al mismo fin: cerrar la frontera México-EUA a personas pobres, con piel morena o negra, sin posibilidades de conseguir visas, o para quienes huían de la violencia y persecución en sus países. 

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Al principio de su administración, Biden hizo varias promesas en el tema migratorio relacionadas al restablecimiento y fortalecimiento del sistema de asilo estadounidense. En sus primeros días de gestión publicó una orden ejecutiva para analizar la política “Quédate en México”, reconociendo que nunca protegió a las personas sino que promovió la disuasión de las y los solicitantes de asilo, y en junio 2021 publicó la primera orden ejecutiva para terminar con MPP. (DHS, 2021) Para 2021, más de 74 mil personas habían sido regresadas a México a esperar sus procedimientos en condiciones indignas, y únicamente el 1% de éstas ganarían sus casos de asilo, después de esperar entre 6 meses y dos años en México. El programa ha sido litigado por organizaciones de la sociedad civil, y por los estados republicanos quienes han tratado de forzar la continuación del programa. 

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Aparte del daño que hizo MPP a miles de personas solicitantes de asilo quienes sufrieron extorsiones, secuestros y falta de acceso a servicios básicos en su estancia en México, fue significativo en términos de política migratoria mexicana por varias razones: primero, fue la primera negociación migratoria entre la recién instaurada administración de Andrés Manuel López Obrador con la administración de Donald Trump, que estaba bajo presión de firmar un acuerdo de tercer país seguro y que  finalmente optó por aceptar a MPP; segundo, fue la primera negociación migratoria que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo el gobierno de López Obrador, decidió llamar una política “unilateral” -como si aceptar personas extranjeras de regreso a México no fuera una negociación bilateral. En vez de hablar de las pláticas sostenidas en el otoño de 2018, la SRE decidió “aceptar la política unilateral” de MPP “por razones humanitarias” (IMUMI, 2020, p. 22). Fue hasta el 07 de junio de 2019 que el gobierno mexicano firmó un acuerdo con el gobierno estadounidense para extender “Quédate en México” a otros puertos de entrada a lo largo de la frontera, además de compromoterse a enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur de México para aumentar la contención migratoria. Esta estrategia de comunicación se repetiría con la aceptación de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras bajo Título 42, y para las siguientes negociaciones para aceptar a personas venezolanas, cubanas, haitianas y nicaragüenses, expulsadas a México. Tercero, implicaba la aceptación de parte de México de recibir a personas extranjeras de regreso al país después de haber entrado a Estados Unidos. Anteriormente, México aceptaba a sus nacionales deportados o removidos desde EUA, pero legalmente no tenía que aceptar a personas de otras nacionalidades que no contaban con los requisitos para entrar de forma migratoria regular a México. Al contrario, Estados Unidos tenía la obligación de darles acceso al procedimiento de asilo dentro del país o en su caso de enviarles a sus países de origen si no calificaban para asilo u otro remedio migratorio. Cuarto, representó una negociación que tomó en cuenta los litigios en contra de las políticas dentro de EUA, apostando a que las cortes estadounidenses las declararán ilegales, una estrategia que continuaría en las siguientes negociaciones. 

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A pesar de que el presidente Biden intentó terminar con MPP, los múltiples litigios lo obligaron a reiniciar el programa en noviembre de 2021, terminando nuevamente en agosto de 2022. El caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos en agosto del año pasado, permitiendo que Biden terminará con MPP, pero en diciembre de ese año, otro juez de Texas ordenó su reinstalación. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, que el gobierno mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a  México bajo “Quédate en México”, y que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres tenían la obligación de publicar la política en el Diario Oficial de la Federación para explicar las medidas que tomarían para recibir a las personas y garantizar su protección y acceso a derechos y servicios desde una perspectiva de género y protección a la niñez.(AMPARO 302/2020). Justo antes de la votación de la SCJN, SRE publicó un comunicado anunciando el fin de la participación del gobierno mexicano en MPP cuando se suponía que había sido una política unilateral.

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Titulo 42

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Al principio de la pandemia, en marzo de 2020, Donald Trump invocó una ley de salud pública que básicamente le permitía cerrar la frontera entre México-EUA con el pretexto de proteger a la población dentro de Estados Unidos de la pandemia. Su intención nunca fue la protección de la salud de la población estadounidense, sino una oportunidad de disuasión migratoria, y el contexto de la pandemia le permitió implementar varias políticas anti-migrantes para cerrar aún más el acceso al asilo en ese país.

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A través de la aplicación del Título 42 cerró los puertos de entrada terrestre a cualquier persona sin residencia permanente o personas con visas que entraban por razones no esenciales, e inició un procedimiento expedito para expulsar a todas las personas que entraban por la frontera de forma migratoria irregular. (CDC, 2020).  Nuevamente EUA negoció con México, y pidió que además de aceptar a la población mexicana expulsada, aceptará a personas de Guatemala, El Salvador y Honduras. México accedió a la política y en un comunicado publicado el día siguiente del anuncio,  estableció que dejaría entrar al día hasta 100 personas de esas nacionalidades, excluyendo a niñez y adolescencia, personas de la tercera edad y otras personas vulnerables a la COVID-19. (SRE, 2020) Sin embargo, México acabó aceptando a todas las personas expulsadas por la patrulla fronteriza, primero de las tres nacionalidades centroamericanas y posteriormente a otras. (American Immigration Council, 2021) En la práctica, el Instituto Nacional de Migración no otorga un documento migratorio a las personas expulsadas, ni tiene estadísticas de personas expulsadas de EUA a México bajo Título 42.

 

Cuando entró la política del Título 42, los números de personas registradas con MPP se redujeron porque le convenía más a la administración de Trump expulsar a las personas centroamericanas que darles la oportunidad de solicitar asilo, aún si tenían que esperar sus procedimientos del lado mexicano. Sin embargo, para 2019 la situación del número de personas, así como la diversidad de nacionalidades, había cambiado y había más personas llegando de países como Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, y otros países de Sudamérica; ante las nulas o difíciles relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba, Nicaragua y Venezuela, se dificulta el retorno de las personas de estas nacionalidades a sus países de origen. Como no podía expulsar a estas nacionalidades a México, registraba a algunas personas bajo MPP, y expulsó a miles de personas haitianas directamente a Haití (las personas haitianas nunca fueron puestas en MPP porque el programa aplicaba exclusivamente a personas hispanoparlantes, más Brasil).

  

 

Exenciones al Título 42 (CBP One Piloto)

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Entre mayo de 2021 y enero de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), implementó un procedimiento para que personas en situación de vulnerabilidad pudieran entrar, con una cita previa, por un puerto de entrada y recibir un documento de parole de un año que les permitía solicitar asilo u otro remedio migratorio desde cualquier lado en EUA. CBP se coordinaba con varias organizaciones de la sociedad civil en la frontera norte de México para recibir las solicitudes de exención a Título 42, notificar las citas, coordinar las pruebas de COVID-19 y organizar la logística de las personas llegando a sus citas .(Rivera, 2022) Durante el último año y medio esta exención –para cualquier persona en condiciones de vulnerabilidad de cualquier nacionalidad– ha sido el único procedimiento para solicitar asilo en Estados Unidos. A mediados de enero de 2023, CBP anunció que la plataforma digital CBP One, que habían utilizado en el programa piloto, pasaría al uso individual de las personas migrantes y solicitantes de asilo.  

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Programa humanitario para población venezolana y expulsiones de personas venezolanas a México

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El 12 de octubre de 2022, el presidente Biden anunció que a partir de ese día Estados Unidos iba a iniciar con expulsiones de personas venezolanas. Igual que pasó con los anuncios anteriores, el gobierno de México publicó un comunicado el mismo día explicando que “ante el incremento actual de flujos migratorios y en la necesidad de que se establezca un acceso ordenado, seguro, regular y humano para las y los migrantes de la región, México permitirá de manera temporal que algunas personas de nacionalidad venezolana ingresen a territorio nacional por la frontera norte. En ese sentido, México continuará su política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias.” (SRE, 2022)  

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Al mismo tiempo que anunció la extensión de las expulsiones bajo Título 42 para la población venezolana, el gobierno estadounidense presentó un nuevo programa humanitario para 24 mil personas venezolanas que les daría la oportunidad de viajar por avión a ese país, con autorización de estancia de hasta dos años y la posibilidad de aplicar a una autorización para trabajar. Para poder acceder, las personas venezolanas tienen que contar con un pasaporte vigente (bajo las reglas del decreto de Guaidó), un patrocinador (sponsor) en EUA, nacional o con una estancia migratoria regular, y suficientes ingresos comprobables, quien solicita a la persona beneficiaria venezolana a través de una plataforma en línea. 

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Los requisitos también incluyen un candado para disuadir a las personas venezolanas de que sigan llegando a la frontera México-EUA: las personas son elegibles únicamente si entraron de forma regular a México o si entraron de forma irregular antes del 19 de octubre de 2022. En el momento del anuncio había más de 40 mil personas venezolanas varadas en México y miles más en camino desde Venezuela y Colombia.   Para estas personas el anuncio fue devastador ya que, de un día a otro, sus planes para reunificarse con sus familiares en Estados Unidos se vieron truncados. El Instituto Nacional de Migración (INM) empezó a subir a las personas venezolanas en autobuses para llevarlas a la Ciudad de México y a otras ciudades para que solicitarán asilo en México, tomarán la decisión de regresar a Venezuela o simplemente para frustrar su estancia en México. Algunas personas que contaban con familiares o redes más establecidas en EUA pudieron acceder al parole y volaron desde México a territorio estadounidense.  

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Mientras el programa funciona para algunas personas, las más vulnerables, sin pasaportes ni redes de apoyo establecidas, no tendrán acceso al programa. Además, como México impuso el requisito de una visa para la población venezolana en enero de 2022, la mayoría de las miles de personas que venían en camino no tenían manera de entrar de forma regular a México.

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La mayoría de las personas venezolanas que llegan a la frontera desde el 12 de octubre en adelante solicitan el ingreso a través de una exención del Título 42. Los gobiernos mexicanos y estadounidense miden el éxito de las medidas basadas en las estadísticas de personas entrando de forma irregular por la frontera. Sin embargo, las personas no desaparecieron por el simple hecho de que ya no aparezcan en los datos estadísticos. Ellas se organizan para buscar la mejor forma de conseguir protección. 

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Extensión de expulsiones a México y del parole para personas de Cuba, Haití y Nicaragua

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Basado en las estadísticas de la política de parole, combinado con las expulsiones de personas venezolanas, el 05 de enero de 2023, el gobierno estadounidense anunció el mismo esquema para personas de nacionalidad cubana, haitiana y nicaragüense. Con el nuevo programa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (UCSIS, por sus siglas en inglés) consolidó las 4 nacionalidades (Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua) en un solo programa, autorizando la entrada de 30 mil personas al mes. 

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CBP One

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Como mencionamos, el 12  de enero de 2023, DHS abrió la aplicación de CBP One a todas las personas de cualquier nacionalidad que se encuentran en la frontera norte mexicana, en la Ciudad de México y Guadalajara –a través de un sistema de georreferencia.  La aplicación es la nueva y única forma de solicitar una exención a Título 42 e ingresar por un puerto de entrada con una cita. Una vez en los Estados Unidos, las personas podrán solicitar asilo u otros remedios migratorios. Los criterios de vulnerabilidad incluyen personas que han sufrido violencia en México, sufren de alguna enfermedad física o de salud mental, tengan alguna discapacidad, estén embarazadas, tengan menos de 21 años o más de 70 años, o que no cuenten con un lugar seguro en México donde vivir. La persona tiene que presentar evidencia de su vulnerabilidad durante la entrevista.  

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Con pocos meses de implementación, se han encontrado varios problemas con la aplicación incluyendo dificultades para subir fotos y obtener citas para todas las personas de una familia, falta de reconocimiento de personas con piel oscura, la necesidad de tener un teléfono e internet de alta calidad para poder bajar y utilizar la aplicación, entre otros. (American Immigration Council, 2023).

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Para personas que solicitan citas desde el interior de México, no tienen forma de viajar a la frontera de forma documentada, ya que el INM no ha querido dar oficios de salida o Formas Migratorias Múltiples a estas personas, dejándolas en situación migratoria irregular, aun con una cita para entrar a Estados Unidos. Se estima que el gobierno estadounidense seguirá utilizando CBP One aún después de la cancelación del Título 42, para agendar citas y así solicitar asilo en la frontera. La mayor preocupación es que no habrán suficientes citas otorgadas y las personas seguirán  varadas en situaciones peligrosas en la frontera norte de México. Entre el 18 y el 31 de enero, 9,902 personas entraron con las primeras citas de CBP One a través de 8 puertos de entrada.  Sin embargo, en lugares como Matamoros hay más de 2,500 personas en espera viviendo en campamentos y en Reynosa hay entre 5,000-9,000 personas esperando citas, y todos los albergues se encuentran rebasados. (Leutert y Yates, 2023)

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Todas las nuevas medidas responden a la situación de expulsiones por Título 42, una política temporal que Biden ha intentado terminar varias veces sin éxito debido a los litigios de parte de los estados republicanos. Sin embargo, planea levantar todas las medidas relacionadas con la COVID-19 el 11 de mayo de 2023, –si no hay situación de salud pública, no hay razón para mantener Título 42. Esta situación deja la pregunta de qué va a pasar después. El gobierno de Biden está en negociaciones continuas con México para establecer restricciones nuevas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad que establece el derecho de solicitar asilo independientemente de la forma de llegar a la frontera, la situación migratoria o la nacionalidad de la persona.  

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Veda de Asilo y Remoción Expedita bajo Título 8

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Durante todo el tiempo que ha permanecido el Título 42, ambos gobiernos han estado deliberando sobre posibles esquemas para limitar el número de personas que lleguen  a la frontera entre México-EUA para pedir asilo una vez que terminen las medidas relacionadas con la pandemia. Como mencionamos, la norma, antes de Trump y antes de la pandemia, era realizar una entrevista de miedo creíble a la persona que hubiera cruzado la frontera pidiendo protección. Si la persona no cumplía con los elementos suficientes, podía ser removida de forma expedita a su país de origen. Estos son procedimientos bajo el Título 8 relacionados con las personas migrantes. No obstante, los gobiernos de México y Estados Unidos están buscando formas para acordar un nuevo procedimiento.

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Por un lado, el gobierno seguirá utilizando CBP One como una especie de medición digital porque puede controlar el número de citas otorgadas en cada punto de entrada todos los días. Sin embargo, los números de personas llegando a la frontera, así como la diversidad de nacionalidades han cambiado mucho desde 2017 cuando entró Trump, y considerando las dificultades de retornar a personas de ciertas nacionalidades, EUA quiere seguir retornando a las personas a México en vez de enviarles en avión a sus países de origen si no ganan sus casos de asilo o no cuentan con otros remedios migratorios para permanecer en territorio estadounidense.  

 

Además de las negociaciones con México, la administración Biden publicó una nueva regla el 21 de febrero de 2023 que requiere que las y los solicitantes de asilo que cruzan por la frontera de forma irregular comprueben que solicitaron protección en algunos de los países de tránsito y que les fue negada la protección. En otras palabras, habría una presunción de no elegibilidad para asilo que las personas tendrían que superar demostrando que no fue posible recibir protección en algún país de tránsito.  La regla tiene un periodo de comentarios de 30 días y con toda seguridad será materia de litigio, ya que una política parecida Donald Trump fue declarada violatoria de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, la combinación de las propuestas de retornos a México combinado con la nueva medida (Asylum Ban o Transit Ban), demuestran que el gobierno estadounidense no quiere regresar a los procedimientos del pasado y va a seguir dependiendo de México para implementar medidas de contención. Lo que SRE resistió en 2018 y 2019 –el acuerdo de tercer país seguro – aparece nuevamente, no como un acuerdo formal bilateral sino una negociación y la continuación de una política migratoria a través de comunicados.  

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Conclusiones

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Durante los dos años de la administración Biden, los litigios le han impedido terminar definitivamente con MPP y ha aprovechado, de alguna forma, los litigios como pretexto para ampliar las expulsiones bajo Título 42, en vez de robustecer el sistema de asilo como lo había prometido, y no concentrarse en formas de limitar el acceso a la protección. Mientras ha implementado un programa humanitario que pueda beneficiar a miles de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, los requisitos son prohibitivos para las personas en condiciones más vulnerables y el programa no puede ser un sustituto para el acceso al asilo que debe estar garantizado independientemente de la nacionalidad, situación migratoria, lugar y forma de entrar a los EUA. A la vez, la propuesta de la veda al asilo no solamente viola la ley y principios de no devolución y debido proceso, también envía un mensaje a la región que contradice los principios de la Declaración de Los Ángeles que el mismo gobierno promovió apenas en junio de 2022. 

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El gobierno mexicano ha colaborado estrechamente con EUA, sobre todo en la continuación de MPP y al recibir personas de 7 nacionalidades expulsadas a México sin elaborar una política migratoria para proteger a las cientos de miles que permanecen en México esperando en condiciones peligrosas, sin información sobre cómo acceder a protección, servicios de salud, trabajo y educación. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha fingido que las políticas son unilaterales en detrimento de su credibilidad, mientras la Secretaría de Gobernación, a través del INM, se ha dedicado a inventar nuevas formas de crear situaciones de caos para las mujeres, los hombres, las niños, los niños y la adolescentes más vulnerables en nuestra región. 

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Referencias:

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