Desde la perspectiva de personas defensoras de derechos humanos, ésta medida fortalece la aplicación del Programa “Quédate en México” firmado en junio de 2019, en donde el gobierno mexicano en cumplimiento de tratados internacionales y siguiendo con su “tradición humanitaria”, podría recibir a personas solicitantes de asilo no mexicanas, garantizando el acceso a la educación, salud y al trabajo mientras esperan su respuesta de asilo en el país vecino.

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MPP (por sus siglas en inglés) fue cuestionado ya que se argumenta que México, y sobre todo los estados en donde se ubican las personas que están a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo, tienen un alto índice de criminalidad e inseguridad, y que, lejos de ser una medida de protección, les coloca en una situación de riesgo abonando inclusive a la revictimización, ya que muchas de estas personas están huyendo de sus países.

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Esta medida por parte del gobierno de los EUA, avalada por México, es conocida como una política de externalización de fronteras, que es la puesta en marcha de una serie de políticas públicas que tiene como objetivo sobrepasar los límites geográficos y de jurisdicción de un país en relación con la atención o gestión, en este caso de los diversos flujos migratorios, y más específicamente respecto a las rutas que utilizan las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiados para llegar al país o lugar de destino; ello implica “la participación de diversos actores, públicos y privados, estatales y supranacionales”[2].

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Con su aplicación, se instrumentan acciones encaminadas al control o contención de los distintos flujos migratorios, encabezado principalmente por uno o varios gobiernos con características de países de destino, como lo es Estados Unidos. Es importante reconocer que la externalización de las fronteras puede no estar claramente definida como una medida de control migratorio, puede estar enmascarada inclusive, como una medida de control económico en donde la negociación se centra en el control migratorio como moneda de cambio.

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El ejemplo más claro de estas negociaciones fue lo ocurrido en el mes de mayo del 2019, en donde acompañado de una narrativa y discurso claramente antiinmigrante por parte del entonces presidente etadounidense, Donald Trump, en el marco de las caravanas que salieron de Centroamérica, anunció el incremento del 25% de aranceles a algunas importaciones mexicanas, argumentando además que el gobierno de México no había realizado acciones contundentes para controlar los flujos migratorios provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

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En este contexto, en junio de 2019 se firma la Declaración Conjunta México-Estados Unidos[3], en donde México se compromete, entre otras cosas, a fortalecer sus fronteras con el despliegue de personal adscrito a la Guardia Nacional con facultades otorgadas en la Ley de la Guardia Nacional, creada un mes antes y con disposiciones encaminadas para realizar un Control Parlamentario, que hasta la fecha no ha sido un mecanismo eficiente ni participativo que permita evaluar su actuación en materia migratoria.

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Cabe mencionar que, en esta Declaración Conjunta, también se reiteró el compromiso para fortalecer y ampliar la cooperación multilateral tendiente a construir una zona de prosperidad en Centroamérica, abordando supuestamente desde las causas estructurales de la emigración que a grandes luces se realiza de una manera forzada y sin condiciones seguras para ello. Es decir, apostando hacia la prevención de la migración con acciones que no necesariamente han dado resultados ya que por lo menos en los últimos tres años, a pesar de la pandemia provocada por el COVID-19, se han observado y acompañado caravanas o éxodos migratorios en la región y en México, en las cuales participan hombres, mujeres, niñas y niños que buscan mejorar su calidad de vida y garantizar su seguridad.[4]

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El impacto de las políticas de control y contención migratoria en los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional

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La búsqueda de la seguridad, mejorar las condiciones de vida y la reunificación familiar son tres de las razones principales por las que las personas migrantes salen de sus lugares de origen, muchas veces sabiendo los riesgos a los que se pueden enfrentar. De acuerdo con el informe 2020 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)  “transitar por las distintas rutas migratorias de nuestro país, atravesadas por la violencia de grupos del crimen organizado, así como por las políticas de control y contención migratoria del Estado mexicano, que exponen a las personas migrantes y refugiadas a condiciones de mayor vulnerabilidad y riesgo, ya que las orilla a buscar rutas alternativas, lo que las invisibiliza y expone a mayor peligro de ser víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos”[5]

 

Es decir, al igual que los pocos resultados de políticas de prosperidad o de desarrollo en la región encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y fortalecidas por acciones del gobierno de México, encaminadas a reducir la migración desde Centroamérica; las políticas de control y contención migratorio, lejos de responder a una política migratoria ordenada, segura y regular colocan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor riesgo, respondiendo como se mencionó con anterioridad a la externalización de las políticas de EEUU en la región.

 

A continuación, algunos de los hallazgos documentados por organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria que, en el año 2022, realizaron visitas in situ a la Ciudad de Tapachula en Chiapas y Ciudad Juárez Chihuahua, dan cuenta de los efectos de la externalización de políticas migratorias en México por parte del país vecino:

 

• Las acciones de la GN debilitan la posibilidad de detectar a personas con necesidades de protección internacional. La GN no tiene protocolos para detectar a personas con necesidades de protección internacional ni sobre el uso desproporcionado de la fuerza.[6]
   

• La frontera está militarizada, con la normalización de la presencia de la GN con armas largas, la presencia de al menos 4 retenes en un tramo no mayor a 30 km, causa temor entre las personas.[7]
   

• A consecuencia de la implementación de dichos protocolos (MPP y Título 42) y los éxodos de personas migrantes trasladándose hacia el norte de México, Ciudad Juárez, al igual que en otras ciudades fronterizas, la localidad comenzó a tener una notable ausencia de capacidades institucionales para la atención de estas poblaciones.[8]
   

• Con el despliegue de 15,000 elementos de GN en la frontera norte como parte de la Declaración Conjunta entre México- Estados Unidos en 2019, se ha visto un incremento en retenes y detenciones en zonas dentro de la mancha urbana, inclusive de personas con estancia regular en el país.[9]
   

• Desde las organizaciones acompañantes en Ciudad Juárez, integrantes del Grupo de Trabajo Humanitario han identificado detenciones arbitrarias a personas en contextos de movilidad por parte de elementos policiacos locales, estatales y de la Guardia Nacional. En algunos casos, han sido víctimas de delitos por parte de las mismas corporaciones, reteniendo documentos o siendo extorsionados, inclusive, asaltados. El derecho a la denuncia se ve limitado, al ser la autoridad juez y parte del delito. Frecuentemente se observa discriminación al intentar interponer una denuncia, inclusive recibiendo una respuesta negativa de parte de las autoridades.[10]

 

Ante este contexto de medidas históricas de externalización de política migratorias y de asilo por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia México, desde la sociedad civil se ha insistido en:

 

1. Desvincular el tema migratorio al de seguridad nacional, pública y sobre todo desmilitarizar las acciones de control y contención migratoria.
    

2. Diseñar y poner en marcha políticas públicas de inclusión de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, con trabajo no solo con poblaciones migrantes, sino con sociedad receptoras.
    

3. Fortalecer la corresponsabilidad de autoridades en los tres niveles de gobierno para garantizar derechos a la salud, educación, trabajo, identidad, entre otros.
    

4. Avanzar hacia la excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la detención por razones migratorias en lugares dependientes del INM.
    

5. Fortalecer las capacidades humanas y de infraestructura para la detección oportuna y atención integral de grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad como son niñas, niños, y adolescentes; mujeres, personas solicitantes de asilo y personas de la comunidad LGBTTIQ+.
    

6. Diseñar y poner en marcha mecanismos trasnacionales de protección de niñas, niños y adolescentes, pasando con el fortalecimiento de las entidades responsables de evaluar su interés superior y definir el plan de restitución de derechos.
    

Sin duda las acciones de externalización de fronteras no tendrán fin, sin embargo el gobierno de México está obligado por tratados internacionales en materia de derechos humanos y por su propio marco jurídico nacional, a establecer medidas que contribuyan a la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

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Notas: 

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[1] CBP One™ Hoja Informativa
 

[2] Naranjo Giraldo, G. E. (2014). Desterritorialización de fronteras y externalización de políticas migratorias. Flujos migratorios irregulares y control de las fronteras exteriores en la frontera España- Marruecos. Estudios Políticos, (45), 13–32. https://doi.org/10.17533/udea.espo.20194
 

[3] Gobierno de México. 7 de junio de 2019 Declaración Conjunta | Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
 

[4] Universidad Iberoamericana. (s.f.) Caravana Migrante (ibero.mx)
 

[5] REDODEM. Informe REDODEM 2020 - Digital _10-02-22_FINAL (1).pdf (dropbox.com) (s.f.)
 

[6] Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Visita In situ. Chiapas. Sistematización. Junio, 2022. Pp. 23
 

[7] Ibíd., p. 16
 

[8] Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Visita In situ. Ciudad Juárez. Sistematización. Septiembre, 2022. Pp. 20-24
 

[9] Ídem.
 

[10] Ídem.