El presidente ya ha dado sus estadísticas, según las cuales esos grupos sociales son sólo 25 millones de personas, el 20 % de la población, por lo que no pueden vencer a las mayorías populares. Pero esa apuesta es muy arriesgada e incierta. Todas las alternancias en los gobiernos federal y locales en la transición han sido decididas por el voto urbano, fundamentalmente de las clases medias. Tal vez por ello López Obrador prefiera controlar desde arriba las elecciones y no permitir que las veleidades de la clase media y el poder de las élites económicas y políticas den al traste con los planes de continuidad a muy largo plazo de la “Cuarta Transformación” (cualquier cosa que ésta signifique).

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Ahora bien, hay que considerar que la continuidad de un gobierno personalista, carente de institucionalidad y programa, implica la permanencia del líder en un papel protagónico, como “líder moral” por lo menos, si no puede reelegirse directamente. Y en la retorcida mente del líder puede acariciarse la posibilidad de regresar al poder en las elecciones de 2030, como ya han sugerido algunos de sus cercanos. Hay precedentes en esta materia. Por ejemplo: un presidente personalista y populista como Rafael Correa en Ecuador pretendió, al colocar como sucesor a su fiel y gris operador Lenin Moreno, seguir siendo el poder tras el trono y regresar después, al siguiente ciclo electoral, a la presidencia. No lo logró. Puede decirse algo parecido de Cristina Kirchner, quien al no conseguir la aprobación legal de la reelección indefinida, no pudo ser candidata por tercera ocasión a la presidencia, pero ha seguido siendo un factor central del poder hasta la fecha, al controlar, en última instancia, la amorfa alianza peronista-kirchnerista, tanto en la oposición como en el gobierno.

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Sin embargo, estos planes no se lograrán sin resistencia. Por un lado, las reformas electorales aprobadas por el dócil congreso federal son francamente inconstitucionales, por lo que es posible que la Suprema Corte de Justicia las nulifique. Como tan trascendental decisión requiere de una mayoría calificada de los ministros (ocho de once votos), la presión política sobre ellos será brutal. Juega en contra de López Obrador que la ministra Yasmín Esquivel, la más fiel aliada del presidente en el tribunal, ha sido exhibida como plagiara no solamente en el caso de su tesis de licenciatura, como se demostró un par de meses atrás, sino también de su tesis de doctorado, como recientemente comprobó el diario El País. Estos hechos descalifican moral (y tal vez legalmente) a la ministra para ejercer su cargo, y ya hay una presión nacional e internacional para que dimita. Lo más probable es que López Obrador la obligue a permanecer para que vote en la controversia constitucional que se avecina. Al fin y al cabo, al presidente el prestigio y la legitimidad de las leyes e instituciones le importan muy poco. Aun así, no es seguro que logre un voto a favor de cuatro ministros, razón por la cual la esperanza de las movilizaciones civiles del domingo está depositada en la relativa autonomía política de que goza la Suprema Corte de Justicia. Esta será la gran batalla de aquí a junio, cuando se vence el plazo para que entren en vigencia (o no) las nuevas leyes electorales.

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En realidad, todo indica que López Obrador tiene un Plan C. Se trata de controlar al INE desde adentro, imponiendo una nueva presidencia y garantizando la designación de tres personas consejeras electorales tan pronto como el mes de abril, cuando se vence su período. Para ello el presidente tiene un plan un tanto macabro. Para no negociar con la oposición estos nombramientos, que requieren de mayoría calificada del Congreso, llevará el proceso al límite marcado por la ley, la cual indica que, en caso de desacuerdo parlamentario, las designaciones deberán hacerse por sorteo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, la Comisión de Selección de Candidatos, establecida en la barroca ley electoral, y que mediante maniobras políticas ha sido controlada por el oficialismo, debería elegir tres quintetas de candidatos para consejeros y una para presidente(a) del INE con puros candidatos fieles a la 4T. Así no habría pierde. Por absurdo que parezca, este descarado rejuego ha sido puesto en marcha, anticipándose un nuevo escándalo político si la susodicha comisión entrega sólo quintetas morenistas.

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La ausencia virtual de los partidos de oposión

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La gran movilización civil se produce en ausencia virtual de partidos de oposición. El Partido Acción Nacional recibió la semana pasada un duro golpe a su ya menguado prestigio (si le quedaba alguno). La condena de quien fue secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, en un tribunal de Estados Unidos por su asociación con el Cártel de Sinaloa y por múltiples actos de corrupción, ha desnudado la verdad por todos conocida de la alianza de sectores del gobierno federal y de algunos estatales con algún o algunos grupos criminales trasnacionales. Peor aún, se demostró la existencia de esta alianza al máximo nivel en el gobierno que declaró la “Guerra contra las Drogas”, a partir de cuyo lanzamiento la violencia criminal no ha hecho más que aumentar y tener al país en vilo. El expresidente Calderón, quien al parecer pretendía regresar al ruedo político, ha quedado fuera de la jugada antes de empezar, arrastrando a su partido en su caída.

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Este juicio en Estados Unidos le ha venido de maravilla a López Obrador, que así refuerza su narrativa de que los gobiernos neoliberales eran totalmente corruptos. Y ha tratado de usar este hecho, de manera pedestre y abusiva, para crear la imagen de que las grandes movilizaciones civiles en defensa del INE están en realidad protegiendo los “privilegios” de las élites neoliberales y a los delincuentes como García Luna. Paradójicamente, López Obrador los acusa de querer regresar al pasado, lo cual es falso para el movimiento civil y en todo caso se aplica mejor al propio presidente, quien pretende regresar a los tiempos del PRI. En fin, para recuperar alguna legitimidad, el expresidente Calderón y la dirigencia del PAN tendrían que hacer un mea culpa, una autocrítica y una verdadera refundación del partido, cuyo mérito democrático ha sido ser un instrumento de moderación de la extrema derecha y creación de una derecha liberal. Pero no hay voluntad política ni liderazgo para tan ingentes tareas, por lo cual se está abriendo una puerta a la radicalización y autonomización política de la extrema derecha, que hasta la fecha nunca ha tenido un partido propio en la transición. Tal proceso, en caso de suceder, beneficiaría mucho a Morena al quedar como mejor alternativa a esos sectores ultramontanos que hasta ahora están agazapados.

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El PRI vive una crisis terminal, al estar divididos sus viejos liderazgos y no tener nuevos cuadros. Carece de legitimidad frente a la ciudadanía y es de hecho un partido zombie. Sobrevive en ciertos territorios y mantiene vivas algunas viejas corporaciones. Una victoria en las elecciones locales de este año en el Estado de México le daría oxígeno. Pero así como el PAN requiere de una autocrítica y una renovación para recuperar legitimidad, el PRI no es viable a nivel nacional sin una verdadera refundación. Y tal proceso es casi imposible en ausencia de nuevos liderazgos. Movimiento Ciudadano (MC), un partido pequeño que ha tratado de mantenerse al margen de la alianza PRI-PAN, tiene ahora mejores condiciones para ofrecerse como vehículo electoral de la resistencia civil, pero la sociedad civil urbana no le tiene confianza al partido, cuyos dos gobernadores (Jalisco y Nuevo León) son básicamente impresentables. Las posibilidades mayores de MC radican todavía en la posibilidad de atraer como candidato presidencial al funcionario cuatroteísta que no resulte ungido por el líder. Pero la polarización hace difícil mantenerse en el medio y el tiempo se acaba para que los potenciales candidatos que deseen usar la franquicia construyan alguna credibilidad y legitimidad. Caso aparte son los “partidos canallas”, el Verde y el PT, que tienen una sentencia de muerte al retirarse la “claúsula de vida eterna” de la reforma electoral. Sin el traslado de votos de Morena a estos partidos, no sobrevivirán. Paradójicamente, la posible declaración de inconstitucionalidad de la reforma electoral dejaría abierta la posibilidad de que sigan vendiendo sus franquicias al mejor postor.

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El reto de unificar a la sociedad civil

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El panorama, como se ve, es poco alentador. La única esperanza radica en que el movimiento civil prodemocrático logre mantener la unidad e imponga a los partidos una candidatura alternativa. Sin embargo, no se observan líderes con capacidad de unificar la extraordinaria heterogeneidad de la sociedad civil en movimiento. Esperemos que en el proceso mismo de la resistencia aparezcan esos líderes que están faltando. No se trata de que no haya personalidades de alta visibilidad, que las hay muchas. Me refiero a que se trata de distinguidas personas con prestigios sectoriales, pero sin la trayectoria y la habilidad política necesarias para navegar las turbulentas aguas de la construcción de alianzas.

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Este punto es muy importante. La experiencia de Venezuela y Nicaragua enseña que la desconfianza y la falta de unidad de las oposiciones permite a los regímenes en proceso de autocratización mantener el poder a pesar de ser una minoría electoral. En la coyuntura actual del país, el gran problema es que los viejos partidos políticos deslegitimados quieren sobrevivir a toda costa y por tanto desean hegemonizar la oposición a la 4T. Entretanto, la sociedad civil prodemocrática emergente está demasiado fragmentada como para imponer condiciones a la partidocracia. Además, no se ha vinculado este movimiento, y tal vez no lo pueda hacer, a los otros movimientos sociales protagónicos de nuestro tiempo: el de los colectivos de familiares de víctimas, que se intersecta cada vez más con la lucha por la construcción de paz y por la defensa de los derechos humanos, constituyendo un bloque político contra la militarización; el feminismo en todas sus expresiones; y las resistencias campesinas contra los megaproyectos y el extractivismo. Sin una amplia alianza política que incorpore las agendas y los representantes de estos movimientos, la movilización en defensa de la democracia, que es y seguirá siendo bastante inorgánica, no tendrá posibilidad de derrotar al proyecto autocratizador.

 

El texto fue publicado originalmente en el blog de Nexos, Marzo 1, 2023 y se reproduce con la aprobación del autor. Puede ser consultado aquí.