Cotidianamente la ciudadanía atestiguamos confrontaciones entre los actores políticos en una arena política en la que imperan las descalificaciones y el odio, en  una contienda en la que no se ven como adversarios políticos sino como  enemigos declarados; una pugna que coloquialmente es conocida como una lucha  de todos contra todos, lo que decanta en un claro desgaste de la institucionalidad en el país.

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Lo anterior deja como resabio y como lectura única, que en el país existen dos realidades. Por un lado, la batalla política que protagonizan los actores políticos y, por otro, el de la realidad de la población cuyas necesidades básicas y más apremiantes figuran en un segundo plano.

Son dos vías en las que la divergencia es la pauta sin que exista el menor interés en colocar a los ciudadanos de a pie como centro de la agenda pública para la solución de asuntos que les son urgentes: La pobreza, el Coneval, en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, indica que entre 2018 y 2020 la pobreza en las zonas urbanas pasó de 34.5 millones de personas a 39.0 en 2020. La carestía de la vida, la inseguridad, la falta de empleo (al 31 de enero de 2023, el IMSS registró 21 millones 484 mil 595 puestos de trabajo; 86.3% permanentes y 13.7% eventuales). El ingreso digno, la organización México, ¿Cómo vamos?, señaló que, al cierre del 2022, el 38.5% de los mexicanos [49.6 millones de personas] se encontraban en situación de pobreza laboral, es decir, los ingresos que perciben por su trabajo no alcanzan para comprar la canasta alimentaria básica. Debido a la inflación, en enero de 2023 el Coneval ajustó el valor monetario mensual de la canasta alimentaria de la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso para lugares de residencia urbanos a $2,143.72, desde $1,930.38 en 2022. Las carencias y el desabasto en el sector salud y los rezagos presupuestales en el ámbito educativo. En este último, de acuerdo con datos de la SHCP, en 2022, el gasto en educación fue de $836,299’000,000, su nivel más

bajo desde 2012 -cuando ascendió a $883,101’000,000- y que equivale a una reducción real anual de 3.8%.

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La preocupación de muchos ciudadanos es justificable. Por ejemplo, basta citar que la actual crisis de inseguridad que prevalece a lo largo y lo ancho del país, está alcanzando niveles de ingobernabilidad en algunas zonas o regiones en aquellas entidades en las que se ha denunciado el vacío de autoridad y el crecimiento de grupos del crimen organizado, a los cuales los gobiernos confrontan de manera reactiva.

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El nivel de violencia del crimen organizado es inédito, puesto que datos oficiales  revelan que de 2019 a 2023 se contabilizan más de 143 mil asesinatos y la cifra de desaparecidos sumó más de 31 mil personas con lo que se acumulan 109 mil desaparecidos en el periodo citado.

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Además, los índices delictivos registran un incremento exponencial en delitos como homicidio doloso, robo, secuestro (Alto al Secuestro contabiliza 5,256 plagios en lo que va del sexenio de López Obrador), extorsión, además, de la  corrupción, que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional, México se estancó y sumó 31 puntos de 100 posibles de este indicador, para colocarse en el lugar 126 de las 180 naciones evaluadas, muy lejos de las que obtuvieron los mejores puntajes y al lado de Bolivia, Laos y Uzbekistán.

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En este contexto, la sociedad civil busca disputar el espacio público para colocar en la palestra del debate nacional propuestas que permitan enfrentar los temas que amenazan a nuestra vida democrática, además de llamar la atención sobre las graves secuelas de la violencia, la inflación, los abusos de poder y otros que aquejan a la población, como los ya descritos líneas arriba.

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En ese trance, la ciudadanía que se renueva cotidianamente por la dinámica poblacional y social enfrenta el reto de ganar espacios para propiciar el diálogo y una relación armónica en defensa de sus derechos e incluso en defensa propia ante el oprobio gubernamental, teniendo como expresión y significado, el afirmarse como actor de la vida pública y el quehacer nacional, de defenderse e ir

más allá de una postura pragmática y cómo alternativa real ante un panorama en el que las ideologías se han disipado.

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Lo anterior no es una tarea fácil debido a que el entorno actual se caracteriza por un gobierno que no se escucha al de enfrente, entre éstos la sociedad civil organizada a la que se trata con desdoro como divisa cotidiana.

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En este contexto, la rebeldía y el no acatar por el simple hecho de que es mandatado, es la peculiaridad de un amplio segmento de la población y signo de muchos de los cambios político-democráticos que se han registrado en el país. Es inequívoca esa perseverancia ciudadana que ha sido forjada tras una brega de larga data en pro de la democratización de México.

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De ahí que, desde muchas partes del país, surjan olas cívicas, movimientos y expresiones ciudadanas cuya intención es formular y aportar diagnósticos, análisis y propuestas en defensa de los derechos ciudadanos y políticos, con el ánimo de compartir el espíritu de resistencia con propuestas basadas en el diálogo y con el fin último de sumar esfuerzos para concretar causas comunes a la población, ante la evidencia palpable de que se requiere un amplio debate, propositivo y que eleve el nivel de la discusión pública en la que se contrasten no sólo políticas públicas sino también un proyecto de Nación.

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En esa ruta, la gran tarea es revertir el ambiente de polarización y aprensión por un espacio de reconstrucción y sumar las mejores propuestas de solución de los múltiples tópicos que interesan a la población y a los gobiernos a nivel local, nacional y global. En esa labor, el elemento medular es reconocer la diversidad como factor legítimo de convergencia y eje del consenso, y como vía para cerrarle el paso a los dislates, a las animadversiones y a la diatriba. Esa es la ruta azarosa para reconstruir la inteligencia ciudadana, de asumir potestades públicas para encontrar solución a sus problemas más urgentes y para defender las garantías y las libertades democráticas.

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Lo anteriormente descrito es un apremio en la actual coyuntura, pues vivimos una nueva época de la evolución de la humanidad, no definida solo por los cambios tecnológicos, sino por el establecimiento de nuevas reglas de la economía global y de la capacidad de los individuos en la construcción de una nación, en la que la gran oportunidad de la ciudadanía es ser actores convertidos en impulsores de un país donde sea eje rector el respeto y la prevalencia del Estado de derecho.