Para decirlo de una manera breve, corresponde al entendimiento de la democracia como un sistema en que todas, todos y todes ejerzan todos los derechos. Se dice sencillo y fácil, pero su concreción implica inmensurables esfuerzos civilizatorios en pos de la paz, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la justicia y la equidad. Justo uno de los grandes saltos de las últimas décadas ha sido pasar de la igualdad ante la ley, de suyo importante pero no suficiente, a la búsqueda de la igualdad en el ejercicio de los derechos a partir de reconocer nuestras especifidades, pluralidades y necesidades diferenciadas. Este es el núcleo duro, el motor y disparador de las luchas y esperanzas ciudadanas de los últimos lustros.

 

La dinámica global, por un lado, y la situación nacional, por el otro, obligan a hacer una valoración de por dónde seguir y qué hacer. Este inicio del 2023 es un buen momento para ello.

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En lo global, solo menciono tres aspectos: 1) la dimensión ambiental, 2) el COVID-19 y 3) la revolución tecnológica. 

 

1) La dimensión ambiental: Por un lado, sabemos ya de los límites reales de nuestra existencia como especie por el calentamiento global. Somos la primera generación, en el amplio sentido de la palabra; que puede ver su fin sin necesidad de guerras o cataclismos. No, no se necesita nada de ello, sólo seguir relacionándonos con el planeta y las demás especies cómo lo estamos haciendo, en la búsqueda de “desarrollo y progreso” sin fin, en el entendimiento de la explotación de los recursos naturales como hoy lo hacemos. Ya sabemos que los recuros planetarios son finitos y que nos los vamos a acabar de seguir como vamos.

 

Las alertas están encendidas, los focos rojos tienen tiempo parpadeando, las y los expertos de diversos ámbitos nos avisan de los graves riesgos si no cambiamos. Y no solo se trata de cambiar, sino de la prontitud con que lo hagamos. La carrera contra el tiempo empezó hace rato. Se necesita actuar antes de que sea demasiado tarde. En esta agenda tenemos todas y todos una responsabilidad y participación. Acá se vinculan lo micro y lo macro de manera clara y específica. Parafraseando aquella idea de años atrás, hoy toca actuar individialmente, colectivamente, socialmente y localmente y pensar globalmente. O mudamos a modelos económicos y sociales sostenibles y ambientalmente responsables por decisión propia, o la haremos producto de las emergencias, con la esperanza de que no sea demasiado tarde.

 

2) El COVID-19: Por otro lado, aunque también ligado a lo anterior, la pandemia del COVID-19 ha dejado múltiples ensañanzas y redefiniciones. Una nueva crisis económica global está en marcha. Hemos sido testigos del aumento de la pobreza prácticamente en todos los países y a la vez hemos visto esfuerzos de solidaridad y colaboración transformadores. La economía global ha pasado a nuevas etapas y dinámicas. En los años por venir veremos nuevos esquemas, nuevos paradigmas y entornos. Hay también nuevas dinámicas para las luchas de las mujeres, de las juventudes, de las personas en situación de movilidad y otros sectores de población. La globalización de demandas, luchas y esperanzas ha tomado también nuevas dimensiones, mayores y más interconectadas.

 

3) La revolución tecnológica: Esta es una nueva era de la humanidad, no podemos perder de vista que la revolución tecnológica es mucho, pero mucho muy amplia, diversa y profunda y que estamos sólo en los inicios. Aquí quiero hacer énfasis sobre todo en la revolución de las comunicaciones, que también trae consigo nuevas formas y entendimientos. El incremento notable de procesos comunicativos horizontales y descentralizados no tiene precedente, al igual que los procesos de concentración y homogenización (Facebook, Youtube y Amazon por mencionar algunos). Inmedibles transformaciones culturales, sociales y económicas están ya en marcha. Los muy diversos esfuerzos de la sociedad civil democrática a favor de libertades y derechos han encontrado aquí una oportunidad de mayor inicidencia y presencia. Sin embargo, lo han encontrado tambien dinámicas autoritarias y anti-derechos. Las redes sociales y el mundo digital son ya realidades de otro espacio público: el digital. La participación ciudadana encuentra acá enormes oportunidades de alcance y proyección, así como de organización y multiplicación.

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En lo que toca al contexto nacional, ubico algunos desafíos principales:

 

Contrario a lo esperado, en México estamos viviendo una etapa de profundo deterioro, erosión e inlcuso regresión de muchas de las agendas y procesos por los que la sociedad civil democrática luchó desde los años sesenta y antes. La gran esperanza de avance y consolidación democrática con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha esfumado. La realidad es tan aplastante que hoy tenemos como resultado una gran desilusión, desencanto e incluso desesperanza en grandes sectores de la población. El fenómeno que se vive es el de tener simultáneamente un gobierno reprobado en los principales temas de interés de la gente (como seguridad, salud, economía y educación) y a la vez un presidente aprobado. El gobierno que abrazó la esperanza como signo de identidad, ha dado muestras reiteradas de que sólo se trató de un eslogan publicitario y no de un avance en la consolidación democrática del país. Hoy el deterioro del espacio público es alarmante.

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Se han reducido notablemente los espacios de diálogo y encuentro con el sector gubernamental. Tal parece que hoy, la agenda pública es sólo la del Poder Ejecutivo Federal, eventualmente sólo abierta a un reducido sector proclive al mismo. Años de luchas habían disminuido notablemente esa dinámica, que hoy regresa con más virulencia. A la par, se ha excluido la representación de la sociedad civil en diversas intancias de decisión pública. Se han reducido los espacios de consulta y deliberación, eventualmente al cumplimiento de una formalidad, lejos de acuerdos y decisiones colegiadas y acordadas. Los sistemas nacionales diseñados y logrados después de muy complicadas negociaciones, hoy están dinamitadas, debilitadas o son inoperantes (niñez y adolescencia o víctimas, por poner dos ejemplos). El mensaje es claro: el único y verdadero repesentante de la agenda pública y de lo público es el gobierno federal, aún si es contrario al marco constitucional y legal que durante años construímos.

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Baste recordar que una de las primeras acciones del actual presidente fue firmar una circular para prohibir destinar recursos públicos a organizaciones civiles y sociales, contrario a lo que la ley establecía y establece. Este hecho, se convirtió en ejemplo paradigmático de la actuación y guía gubernamental. No interesó ni interesa trabajar conjuntamente y se deconoce el carácter de entidades de interés público que tienen las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como las sociales, populares y territoriales. La exepción son aquellas que van aparejadas a la maquinaria electoral de gobierno o que sirven para la instrumentación de los programas sociales, que son vistos como herramienta gubernamental privilegiada para la compra y coacción de votos.

 

La ofensiva en contra de las OSC ha sido tremenda, difícil de comparar siquera con las épocas del México más autoritario: denostaciones y descalificaciones públicas, empezando por el presidente de la República en su conferencias de prensa mañaneras; cambios legislativos restrictivos y persecutorios, nuevos regímenes fiscales regresivos y obstaculizadores que desincentivan los aportes económicos de la gente. Hay nuevas y más difíciles obligaciones y controles. Se realizan por la autoridad fiscal auditorías, requirimientos y seguimientos a modo, incluso como respuesta a informes y declaraciones públicas, en un claro ejercicio de retaliación. Se cambió el estatus fiscal de las OSC y esto dificulta al máximo la obtención de la deducibilidad de impuestos.

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Por ejemplo, hay organizaciones que han tenido que hacer el intento de obtener la deducibilidad hasta en nueve ocasiones, sin más explicación y respuesta que el rechazo a la solicitud. Esta dinámica se ha reproducido en las entidades donde gobierna MORENA, no sólo a nivel federal. Los ejemplos regresivos, incluida la Ciudad de México (CDMX), son de alarma, ilustra el caso lo sucedido al equiparar a directivos de OSC con servidores públicos, en materia de responsabilidades, por el hecho de que sus organizaciones reciben recursos públicos. Podríamos abundar al respecto pero, no podemos dejar de mencionar como un lamentable y dramático extremo, el asesinato de defensores de derechos humanos y del medioambiente que quedan en la impunidad.

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Los avances que se habían alcanzado en institucionalidad, marco legal, política pública, transparencia y reglas de operación en: elecciones, derechos humanos, mujeres, migración, ciencia y cultura, medio ambiente, salud, niñez y adolescencia, información y transparencia, por mencionar sólo algunos, han recibido una y otra vez, recortes, cambios sin consulta y acuerdo y exclusiones. Las expectativas de gran mejoría no sólo no se concretaron sino que hoy se viven los peores momentos en el pasado reciente.

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Otro fenómeno de gran preocupación es la alarmante polarización de la sociedad. No es que López Obrador haya inventado la polarización, para nada. Ésta ya existía desde antes. Lo que es grave y de hecho reproblable, es que él, su gobierno, altos y bajos mandos del mismo, así como seguidores en imitación a su líder, lucren de ella, la exacerben y vean en su uso un término de relación con amplios sectores de la población, en particular los que no piensan como ellos y ellas. Acá hay uno de los elementos más peligrosos para la sana convivencia democrática, plural, diversa e incluyente. El tejido social se debilita y presenta mayor tensión, de suyo resquebrajado por las violencias y debilidades del Estado.

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No deja de sorprender que, aún ante todo lo anteriormente mencionado, es extraordinariamente significativo observar y registrar la acción de múltiples OSC, de la promoción de agendas de derechos y libertades, así como la multiplicación de iniciativas ciudadanas, bien digitales, bien territoriales o temáticas que buscan responder al desafiante contexto actual. La resilencia, la organización, el compromiso con la gente y sus causas han sido, son y serán un fundamental motivo de acción e inspiración. Se hizo antes, se hace ahora y se hará después. En este contexto, más que nunca hay que subrayar que el reconocimiento gubernamental a las OSC como entidades de interés público podrá darles mayor alcance, sin embargo no constituye su razón de ser.

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En otro orden de ideas, la participación ciudadana en una dimensión más amplia tiene además otros temas vitales que serán centro de acción. El 2022 cerró con dos grandes preocupaciones que serán eje de participación ciudadana en el 2023 y más adelante.

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La primera de ellas es la preocupante y acelerada militarización del país. Ya no sólo de la seguridad pública, sino que se ha optado por entregar cada vez más funciones, responsabilidades, presupuestos y ámbitos de la administración (federal y local), a las Fuerzas Armadas (FFAA). El ejemplo último y extremo, es la inaudita decisión de meter a más de seis mil efectivos de la Guardia Nacional militarizada al Metro de la CDMX, superando así en número a la que está destacada en 29 de las 32 entindades federativas de México.

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Lo que se vive es una desafiante redefinición del pacto cívico-militar. López Obrador, en un exceso de pragmatismo, pero también como reflejo de su concepción de gobierno, ha optado, contrario a lo que había ofrecido, por apoyarse cada vez más en las FFAA. El uso y abuso del concepto de seguirdad nacional para obras y plazos públicos, con la opacidad y discresionalidad que implica, se han convertido en norma y no excepción. Hoy tenemos en la profundización de la millitarización una de las más grandes amenazas al pacto democrático, las experiencias en Amércia Latina y el mundo así lo muestran, incluso las de nuestra propia historia nacional.

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El monitoreo, seguimiento cercano y rendición de cuentas de lo que hacen las FFAA hoy se hace aún más fundamental. El entendimiento de éstas como parte de las instituciones de la democracia, sujetas a sus reglas y normas, será cada día más importante. En ello la labor de la ciudadnía y de las OSC es impresindible e insustituible.

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La segunda es la reforma electoral, que a su vez es una propuesta de una profunda reforma política desde el poder y para concentrar el poder. El modelo de la reinstauración del partido hegemónico y el control de la autoridad electoral son los dos ejes rectores de esta reforma. Contraveniendo su historia y luchas, el hoy presidente y su partido, intentan dinamitar todos los caminos, puentes y medios mediante los cuales llegaron al poder. Parece la versión mexicana parcial del gran texto de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias.[2]

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Sin embargo, también terminamos el 2022 y empezamos el 2023 con renovadas expectativas y esperanzadoras iniciativas de participación ciudadana democrática. El 13 de noviembre del 2022 en más de 65 ciudades en México y cerca de 10 en el extranjero, más de 1.2 millones de personas salieron a manifestarse a las calles. No sólo el número impresionó, sino que no hay antecedente de una movilización ciudadana en tantos lugares de manera simultánea y tan espontánea. Eso sin mencionar el caudal desbordado de expresiones en redes sociales. Esa impresionante movilización se realizó en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), de la democracia y la Constitución de cara a la reforma impulsada por el gobierno. No es usual que en nuestro país se defienda a una institución, sin embargo, la defensa del INE se convirtió en una causa y expresión de la defensa misma de la democracia, de libertades y derechos.

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Ya pasaron cosas después de esas movilizaciones. Distintas voces, en diversos espacios, motivados por el ejemplo del 13 de noviembre, hoy se levantan para hacer saber que las cosas no van bien, para buscar un cambio de situación o para hacer saber de excesos y abusos. También se detuvo la reforma constitucional en materia electoral. La oposición en el Congreso de la Unión atendió el reclamo ciudadano y detuvo sólidamente unida, lo que se había perdido, el intento de reforma a nuestra Carta Magna. Esto resulta capital, pues da más elementos para la batalla jurídica y política y así detener el atropello autoritario que representa la aprobación del llamado Plan B, por la mayoría legislativa del gobierno y sus aliados, que son las reformas legales claramente inconstitucionales.

No está demás preguntarse ¿por qué la reforma constitucional no se pudo concretar? por el simple pero fundamental hecho de que el pueblo de México no le dio permiso a López Obrador y a su partido de hacerlo. No tuvieron ni los votos ni la representación en el Congreso de la Unión para ello. Intentar burlar la Constitución con modificacciones a ordenamientos legales menores es profundamente autoritario y antidemocrático. Atenta gravemente contra el pacto social y, de hecho, incentiva peligrosamente el conflicto en un entorno ya de por sí violento y polarizado.

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Otra señal esperanzadora es lo que sucedió con la elección de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pleno en su conjunto, en la elección de su presidencia y de las salas, mandó un poderoso mensaje de autonomía e independencia y de distancia al Poder Ejecitivo, contrario al sello de gestión del presidente saliente de la Corte. Los trascendentales temas por resolverse podrían tener un destino diferente al sobreseimiento y la inacción que también caracterizaron el periodo del ministro Zaldivar. La esperanza de la defensa de la Constitución tiene en la ministra Norma Piña y en la SCJN una renovada esperanza.

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Hoy se abren pistas de organización, de participación y de lucha por defender conquistas, derechos y nuestra democracia. Hoy diversos sectores ciudadanos exigen a sus representantes hacer a un lado diferencias y velar por el interés público así como retomar la senda de la transición y consolidación democrática. Hoy se exige ubicar el interés superior de defender la vida democrática de México. Por lo pronto ya se llama a la gran concentración ciudadana el domingo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México. Para aquellos y aquellas que no puedan acudir, se les pide asistir al zócalo o centro de su localidad, para que en el marco de las festividaddes de 24 de febrero (día de la bandera), salgamos todas, todos y todes a defendes nuestras libertades y nuestros derechos, antes de que sea tarde y peor. Como lo hicimos en el pasado reciente, hoy al lado de las nuevas generaciones, toca dar las nuevas batallas por la democracia.

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Hoy con visión global ante los desafíos y con visión de furturo, la participación ciudadana es una de nuestras grandes esperanzas, incluso más allá de elecciones, partidos y gobiernos. Esta es hora de activismo ciudadano y convicción para actuar en lo que creemos y para que sucedan las cosas que queremos que pasen y no un tiempo para sólo ser testigos de las cosas que no nos gustan. Hay que darle nueva dimensión a nuestros proyectos y articulaciones locales, estatales, nacionales e internacionales. Como en el pasado, como lo hemos hecho, la congruencia democrática es reclamo y guía.

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Es momento de insistir en nuevos esquemas de colaboración, nuevas alianzas y maneras de participar, construir y sumar. Tenemos que buscar nuevas formas colaborativas para enfrentar este invierno autoritario. Y también hay que construir nuevos modelos económicos y sociales ante estos modelos depredadores y excluyentes.

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Notas: 

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[1] Integrante del Grupo Parlamentario Plural.
 

[2] Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel, Cómo mueren las democracias, Ariel, México 2018, 335 p.