En ese orden de ideas, no hay que obviar que en México iniciamos el año en un entorno en el que la incertidumbre y la polarización se mantienen como los ejes de la vida social y política. Tal situación es preocupante toda vez que la polarización es el medio mediante el cual se justifica la acción pública con un enfoque que a la postre divide, escinde y excluye a todo aquel actor político que discrepe por cualquier hecho o no comulgue con la visión oficial.

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La polarización que prima en el discurso político gubernamental, está probada que impide el diálogo y el discernimiento mutuo y colegiado para plantear vías de solución de los múltiples problemas que aquejan a los ciudadanos y al país. Lo grave es que ante la inexistencia de vasos comunicantes entre el gobierno y los gobernados, y ante la discrepancia de información o argumentos, sin matices se descalifique y se califique de enemigo del régimen y, consecuentemente, del pueblo, circunstancia que de facto erosiona la convivencia democrática, la pluralidad y la conciliación de posturas sociales, económicas y políticas.

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Lo anterior incide ante un panorama en el que los grandes males que aquejan al país impactan diversos ámbitos del quehacer nacional. De estos, iniciamos el año con la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; los ya recurrentes incidentes que afectan el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro (que en 53 años de existencia, ha registrado seis catástrofes, cuatro de ellas bajo la actual administración capitalina); la deshonestidad intelectual en la que incurrió la magistrada Yasmin Esquivel y el plagio de la tesis de licenciatura, lo que ha manchado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la UNAM; la persistencia de los actos de corrupción; la imparable y ascendente violencia con una alta dosis de participación del crimen organizado; la ausencia de justicia y la prevaleciente impunidad en una amplia gama de delitos; la desigualdad y la pobreza acentuada entre los más vulnerables; la postura circunspecta del gobierno en el ámbito de las relaciones internacionales, que impide aprovechar en favor de México y del empleo de millones de mexicanos las oportunidades comerciales y económicas del nuevo rol de la economía global (como el nearshoring y una postura más provechosa para el país en los resolutivos de la X Cumbre de Líderes de América del Norte).

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Los anteriores son elementos de un escenario de inicio de año que impiden construir una narrativa que fortalezca la gobernabilidad y la gobernanza, y aleje los riesgos de inestabilidad del país, justo cuando la mirada de la clase política se centra en las elecciones federales de este año, principalmente en las del Estado de México, considerado como un espejo de lo que podría suceder en materia electoral el 2 de junio de 2024, cuando tenga lugar el relevo en la Presidencia de la República, se renueven ambas cámaras del Congreso de la Unión, nueve gubernaturas (incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México) y 30 Congresos locales.

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Desgraciadamente, el interés de una buena parte de la clase política se centra en mantenerse o cooptar el mayor número de cargos y puestos en los gobiernos y las administraciones federal y estatales para seguir viviendo del presupuesto nacional, relegando a un segundo plano la exigencia de un bienestar mayor del grueso de la población. En ese propósito, para algunos políticos no importa el costo si con ello alcanzan una porción de poder y que, para otros, tampoco importa si se logra destruyendo y creando un ambiente de miedo a través de la militarización de varios ámbitos de la vida pública del país.

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En esa vía, el camino elegido borda hacia el retroceso y la amenaza a las instituciones encargadas de vigilar y ser un contrapeso al gobierno, además de limitar o anular la acción de organismos encargados de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza lograda a lo largo de las últimas cuatro décadas.

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Además, es patente la fragmentación social que en buena medida ha sido auspiciada desde el gobierno, lo que ha ido gradualmente rompiendo el tejido social y dividiendo a los ciudadanos entre aquellos que apoyan al gobierno y los otros que no están de acuerdo. Ello en un contexto en el que, por si fuera poco, atestiguamos una forma peculiar de ejercer el poder y semejar la justicia con la máxima que se atribuye a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, cuando lo que desde diversos ámbitos del quehacer nacional se pugna es rescatar el buen ánimo y la unidad como lo esencial.

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Frente a esa situación tampoco tenemos porque aceptar el rol de ser súbditos al gobierno en turno por el solo hecho de recibir apoyos que constitucionalmente son derechos de los ciudadanos. De ahí que resulten poco atinadas las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la ayuda que su gobierno da a los pobres, no es un asunto personal, sino “una estrategia política” para mantener a la cuarta transformación en el poder, lo que a todas luces es un uso indebido de las lealtades de las personas en situación de vulnerabilidad económica.

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Con esa expresión queda claro que las políticas sociales del actual gobierno federal son prebendas para condicionar la orientación política de las personas, cuando lo que se debería enarbolar es que dichas políticas son benéficas y deben destinarse a superar las desigualdades sustantivas en el país, no como recurso sino como una tarea propia del Estado social de derecho.

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Ante ese panorama, los ciudadanos tenemos que continuar siendo actores desde lo local, lo regional y lo nacional con una agenda ciudadana propia, sobre todo, porque ante la politización de los múltiples problemas existentes actualmente en el país, hace urgente más que pertinente la formación de ciudadanía, de que tomemos conciencia y vayamos más allá de la crítica o la controversia.

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Lo anterior es un apremio y un reto para la sociedad ante el ya comentado ambiente de polarización, frente al cual la ciudadanía puede impulsar una nueva narrativa sustentada en el diálogo y el intercambio de ideas, la reflexión y la autocrítica, el debate y la búsqueda de consensos y, por encima de todo, la razón, la tolerancia y el respeto hacia todos los actores civiles y políticos sin importar sesgo o concepción ideológica, pero con una clara conciencia democrática.

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Esto implica no sólo enlistar sino señalar las causas, las características y la posible solución de la gran cantidad de males o problemas que gravitan actualmente sobre el país y el gran riesgo de que se intensifiquen y afecten en mayor grado las vidas de las personas y la estabilidad del país en los próximos meses.

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La muestra de un ejercicio como el descrito es el que el pasado 30 de enero tuvo lugar en la presentación del documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de País”, que un grupo de 52 políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambientalistas y deportistas elaboraron para cambiar el rumbo del País en el 2024 y para revertir el clima de polarización e incertidumbre sobre el futuro de México, ante la falta de gobernabilidad, inseguridad y de justicia. Se trató de un diagnóstico en el que el eje rector es construir un México mejor, apuntalado en 7 premisas, a saber: Un México en paz y con desarrollo; Paz, concordia y democracia; Igualdad y calidad de vida; Pobreza y desigualdad; Prosperidad; Marginación y discriminación; y Globalización y  medio ambiente. Es una convocatoria para avanzar en aspectos como seguridad, paz y certidumbre, inversión, empleo formal y digno, salario remunerador, desarrollo, salud, nutrición, educación, servicios, bienes y apoyos en seguridad social, justicia, transparencia, rendición de cuentas, verdadero combate a la corrupción y a la impunidad.

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Esa convocatoria es un referente que debe impulsarnos a retomar nuestro papel de sociedad activa, participante y para renacer nuestra conciencia democrática, además de ser la expresión de una creciente mayoría de ciudadanos hartos de la impostura y anhelantes de una verdadera democracia y exigentes de un gobierno con lucidez y voluntad solidaria que sea garantía de un Estado de Bienestar, capaz de enfrentar los sucesos políticos, económicos y sociales que se avecinan, por más ominosos que sean, mismos que serán decisivos en la construcción del futuro inmediato del país.